Ursula Alcaraz Pacheco

Expediente 188/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 7 actuaciones registradas, la última del 15 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
188/2018
Año
2018
Actuaciones
7
Última actuación
15/05/2018

Partes del expediente

  • Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta Y Nueve, Con Sede En Mazatlán, Sinaloa
  • Ursula Alcaraz Pacheco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, QUINCE DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la certificación que antecede, se advierte que dentro del plazo que prevé el numeral 86 de la ley de la materia, no se interpuso medio de impugnación en contra de la sentencia de dieciocho de abril del año en curso (fojas 32 a 36); por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los preceptos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al ordenamiento legal, por disposición expresa en su dispositivo 2°, se declara que la misma HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el arábigo 214 de la legislación en comento, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y vigésimo segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es destruible. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción II, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues el presente juicio de garantías se sobreseyó, carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es destruible. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado de autos, se advierte que mediante oficios y anexos signados por el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit y al Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, ambos con sede en esta ciudad (fojas 66 a 68, 79 a 80 y 120 a 127, respectivamente), manifestaron la forma en que dieron cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de tres de abril del año que transcurre (foja 128), se dio vista a la parte quejosa con el referido oficio y anexos, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera; por lo que, el término de tres días otorgado para que manifestara lo que a su derecho conviniera transcurrió del once al trece de abril de dos mil dieciocho, sin que en dicho lapso se hubiere realizado manifestación respecto del citado cumplimiento; asimismo, se le apercibió que de no hacer expresión alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado federal procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "**Así pues, mediante resolución dictada en el presente sumario de amparo el veinticuatro de febrero de dos mil dieciocho (fojas 48 a 62), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos siguientes: ".para el efecto de que las autoridades responsables Comité de Vigilancia y Director General, ambos del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, con residencia en esta ciudad, desincorporen de la esfera jurídica del gobernado el contenido del artículo 20, fracción II y la tabla del numeral 21 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit y se abstengan de aplicarlo en su contra, hasta en tanto sea reformado el contenido de los mismos. De igual forma, al haberse declarado la inconstitucionalidad de la norma, la concesión del amparo se hace extensiva al acto de aplicación de la mismas, por tanto, las autoridades responsables ejecutoras denominadas Comité de Vigilancia y Director General, ambos del Fondo de Pensiones del Estado de Nayarit, ambos con residencia en esta ciudad, deberán dejar insubsistente el dictamen de pensión por retiro por edad y tiempo de servicio, de dieciséis de enero de dos mil diecisiete y deberán emitir uno nuevo en el cual den un trato igual al gobernado a aquel que señala la tabla que establece el arábigo 21 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, para el caso de las mujeres. Finalmente, el Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado, con sede en esta ciudad, deberá cubrir al quejoso el importe de su pensión, en los términos antes señalados, previo dictamen que se sirvan emitir las autoridades citadas en el párrafo anterior." De lo anterior se colige, que los actos que debían realizar las autoridades responsables, para cumplir con dicho fallo protector, son los siguientes: Desincorporaran de la esfera jurídica del gobernado el contenido del artículo 20, fracción II y la tabla del numeral 21 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit. Dejaran insubsistente el dictamen de pensión por retiro por edad y tiempo de servicio, de dieciséis de enero de dos mil diecisiete y emitieran nuevo laudo en el cual debían dar un trato igual al gobernado a aquel que establece el arábigo 21 de la citada Ley; así como cubrir al quejoso el importe de su pensión, de acuerdo al dictamen que emitieran las entes responsables. Luego, por oficios y anexos recibidos el diecisiete de marzo, veintitrés de junio ambos de dos mil diecisiete y dos de abril de esta anualidad, en la oficialía de partes de este juzgado de distrito, signados por el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit y Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, ambos con sede en esta ciudad (fojas 66 a 68, 79 a 80 y 120 a 127, respectivamente), informaron que dieron cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio, es decir desincorporaron de su esfera jurídica lo previsto en los artículos 20 fracción II, y 21 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, dejaron insubsistente el acuerdo de dieciséis de enero de dos mil diecisiete, emitieron nuevo laudo donde se le dio un trato igual al gobernado al que se estableció y se le cubrió al quejoso el importe de su pensión ante el nuevo dictamen emitido por la ente responsable, como se advirtió en la copia de la transferencia bancaria de cuatro de julio de dos mil diecisiete (foja 122). Al respecto, es oportuno descartar que con la anterior respuesta, se dio vista a la quejosa mediante proveído de tres de abril del presente año, la cual le fue notificada por lista el nueve del mismo mes y año, por lo que es evidente que tuvo pleno conocimiento de la respuesta dada por la autoridad responsable. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte quejosa en el goce de sus derechos y garantías violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es, declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y vigésimo segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Juzgado Federal determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó.

  3. Principal

    ÚNICO. **********, respecto de los actos que reclamó a la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Nueve, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, por las razones precisadas en el considerando cuarto de la presente sentencia.

  4. Principal

    ÚNICO. **********, respecto de los actos que reclamó a la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Nueve, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, por las razones precisadas en el considerando cuarto de la presente sentencia.

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