Uriel Delgado Ortiz
Expediente 363/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 10 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 363/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 30/03/2023
Partes del expediente
- Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Mercantil, con Residencia en Tepic, Nayarit
- Uriel Delgado Ortiz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
treinta de marzo de dos mil veintitrésCALIFICA CUMPLIMIENTO Y ARCHIVO En treinta de marzo de dos mil veintitrés, la licenciada Nephely Sofía Plascencia Kyriacou, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit CERTIFICA que: Los datos de la siguiente tabla coinciden con las que constan en el sumario constitucional en que se actúa: Fecha en que dio cumplimiento la autoridad Fecha en que informó el cumplimiento la autoridad Fecha de notificación de la vista de cumplimiento a la parte quejosa 16 de marzo de 2023 22 de marzo de 2023 24 de marzo de 2023 El término de tres días previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, concedido a la parte quejosa, mediante proveído de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, en el que se le dio vista con el cumplimiento dado al fallo protector por la autoridad responsable, transcurrió del veintisiete al veintinueve de marzo del año en curso; sin que se realizara manifestación al respecto. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta a la Jueza con la certificación y con el estado que guardan los autos del juicio de amparo 1261/2022. Conste.- Tepic, Nayarit, treinta de marzo de dos mil veintitrés. Estado procesal. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que la parte quejosa no realizó manifestación dentro del término previsto en el artículo 196 de la Ley de la Amparo, respecto del cumplimiento dado al fallo protector por la autoridad responsable, en atención al proveído de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés se le apercibió que se resolvería conforme a las constancias que obran en autos. Calificativa. En el caso concreto, se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión, a la parte quejosa, para el efecto de desincorporar de su esfera jurídica lo previsto en los artículos 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, ejercicio fiscal dos mil veintidós, a fin de que las autoridades responsables no apliquen a la parte quejosa ni en el presente ni en el futuro tales preceptos legales hasta en tanto no se modifique dicha normativa. De igual modo, la autoridad responsable deberá devolver el monto que pagó por concepto de derecho de inscripción de providencias precautorias y embargo; y, la respectiva actualización de la cantidad a devolver. Resolución que fue recurrida y confirmada mediante ejecutoria de veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, dictado por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad. Ahora bien, del análisis del comunicado y anexos recibidos en este juzgado federal el veintidós de marzo de dos mil veintitrés, la autoridad responsable acreditó haber dado cumplimiento al fallo protector dictado en el presente juicio de amparo porque le fue devuelta a la parte quejosa la cantidad de ********************, mediante transferencia electrónica de la institución bancaria BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, lo que pone en evidencia que restituyó de esa manera a la parte quejosa en el pleno uso, goce y disfrute de sus derechos violados. En ese contexto lo que procede es hacer efectivo el apercibimiento que se le hizo a la parte quejosa en auto de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Con fundamento en el numeral 196 de la Ley de Amparo, párrafo cuarto, SE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO PRONUNCIADA EN EL PRESENTE JUICIO. Destino del expediente principal. Con sustento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido arábigo de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido, el cual este órgano jurisdiccional determina que es susceptible de DEPURACIÓN, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. De lo anterior, háganse las anotaciones respectivas en el SISE. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así, lo acordó y firma la licenciada Montserrat Cesarina Camberos Funes, Jueza Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante la Secretaria Nephely Sofía Plascencia Kyriacou, que autoriza y da fe. urg.
- Principal
se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Carlos Manuel Fernández Hernández, por su propio derecho, contra el acto reclamado a la Junta Especial Número sesenta y uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, por los fundamentos y motivos expuestos en el considerando sexto, para los efectos señalados en el considerando séptimo de esta resolución. Notifíquese personalmente y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Incidental
Tepic, Nayarit, trece de marzo de dos mil veintitrés. Se recibe oficio. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, signado por la Actuaria Judicial del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual adjunta la resolución pronunciada el veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, en el recurso de queja 898/2022, de la cual se desprende que dicho ente colegiado DECLARÓ INFUNDADO el referido recurso interpuesto por la parte quejosa, contra el proveído de nueve de noviembre de dos mil veintidós; en consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno relativo, acúsese al tribunal de mérito. Luego entonces, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con fundamento en el dispositivo 214 de la Ley de Amparo en vigor, aplicado a contrario sensu, ARCHÍVESE el presente expediente como asunto totalmente concluido. Destino del expediente principal. Luego, con fundamento en el artículo 21 inciso d, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que prevé que son susceptibles de destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en el antepenúltimo y penúltimo párrafo, del citado precepto; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es destruible. Se dice lo anterior, ya que se ubica como se dijo en el inciso d del arábigo 21, del citado Acuerdo General, pues en el presente asunto se desechó la demanda de amparo, carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de destrucción. Notifíquese.
- Incidental
Tepic, Nayarit, nueve de marzo de dos mil veintitrés. Causa ejecutoria. Vista la certificación que antecede, se desprende que no se interpuso medio de impugnación en contra de la sentencia dictada el quince de febrero de dos mil veintitrés, en la que se concedió el amparo, en consecuencia, conforme lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su arábigo 2°, se declara que ha CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Requerimiento. Con fundamento en lo dispuesto por el numeral 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito Diecinueve, con residencia en Tepic, Nayarit, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio correspondiente, dé cumplimiento al fallo protector concedido. Apercibimiento. Con fundamento en los artículos 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo se apercibe a la autoridad responsable que en caso de no dar cumplimiento al fallo protector se le impondrá una multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización, al momento de la emisión del presente auto. Incidente de inejecución. En términos del numeral 193, quinto párrafo, de la Ley de Amparo, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado correspondiente para la substanciación del incidente de inejecución de sentencia, en la inteligencia de que si por algún motivo el titular respectivo dejara el cargo seguirá teniendo responsabilidad que puede derivar en la separación del cargo y la consignación del titular y en su caso a su superior jerárquico. Se recibe escrito. Téngase por recibido el escrito de cuenta signado por Asunción Acevedo Rodríguez, a través del se ostenta como tercero interesado y solicita copias certificadas de todo lo actuado, sin embargo, no ha lugar de emitir pronunciamiento, toda vez que el ocursante carece de personalidad para promover en el juicio de amparo toda vez que no tiene reconocido tal carácter, empero, tampoco es parte de éste ni como quejoso, autoridad responsable, autorizado de alguna parte procesal o delegado de la autoridad responsable. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis IV.1o.A.6 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, localizable a página dos mil doscientos sesenta y ocho, Tomo XXIV, agosto de dos mil seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente dice: "LEGITIMACIÓN PROCESAL EN EL JUICIO DE AMPARO. CARECE DE ELLA QUIEN NO REÚNA ALGUNA DE LAS CALIDADES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 5o. DE LA LEY DE LA MATERIA Y, POR TANTO, DEBEN DESESTIMARSE LAS PROMOCIONES, RECURSOS O INCIDENTES QUE PROMUEVA. De conformidad con el artículo 5o. de la Ley de Amparo, las partes en el juicio de garantías son: el agraviado o agraviados; la o las autoridades responsables; el o los terceros perjudicados, pudiendo tener tal carácter, enunciativamente, la contraparte del agraviado cuando el acto reclamado emana de un juicio o controversia que no sea del orden penal, o cualquiera de las partes en el mismo juicio cuando sea promovido por persona extraña al procedimiento; el ofendido o las personas que, conforme a la ley, tengan derecho a la reparación del daño o a exigir la responsabilidad civil proveniente de la comisión de un delito, en su caso, en los juicios de amparo promovidos contra actos judiciales del orden penal, siempre que éstas afecten dicha reparación o responsabilidad; la persona o personas que hayan gestionado en su favor el acto contra el que se pide amparo, cuando se trate de providencias dictadas por autoridades distintas de la judicial o del trabajo; o que, sin haberlo gestionado, tengan interés directo en la subsistencia del acto reclamado y el Ministerio Público Federal, los cuales por disposición expresa de la ley pueden intervenir en el procedimiento, sin más limitaciones que las que en la misma se señalan. En esa tesitura, se concluye que aquella persona física o moral que intente oficiosamente introducirse a la relación procesal sin tener previamente reconocida por el juzgador la calidad de parte, formal o accidentalmente, carece de legitimación procesal y, por ende, la autoridad que conozca del juicio deberá desestimar las promociones, recursos o incidentes que promueva, con la salvedad prevista en el diverso 96 del ordenamiento en consulta, más aún cuando de su contenido se advierta la pretensión de afectar a las partes en el conflicto." Notifíquese.
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