Ulises Salvador Carrillo Ocampo

Expediente 255/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 13 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
255/2019
Año
2019
Actuaciones
13
Última actuación
04/11/2019

Partes del expediente

  • Ulises Salvador Carrillo Ocampo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, CUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio y anexos recibidos en este Órgano Jurisdiccional el veintidós de octubre del año en curso (fojas 123 a 125), la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de veintitrés del mes próximo pasado (foja 126), se dio vista a la parte agraviada con la referida comunicación y anexos, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó al promovente el veinticuatro de ese mismo mes (foja 127); por tanto, el plazo de tres días otorgado transcurrió del veintiocho al treinta de ese mes, sin contar los días inhábiles que mediaron en dichas fechas, por corresponder a sábado y domingo, de conformidad con el dispositivo 19 de la legislación de Amparo. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Legislación de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. ....". En ese sentido, mediante resolución de tres de abril de dos mil diecinueve (fojas 40 a 56), se determinó sobreseer y conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, en los términos siguientes: ". lo procedente es conceder a la parte quejosa el amparo solicitado respecto de los referidos preceptos, a fin de que las autoridades responsables le restituyan en sus derechos violados, en acatamiento a lo dispuesto en el ordinal 77 de la Ley de Amparo. Por lo cual, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, deberán: 1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa, lo previsto en los arábigos 11, 12, 13 y 22, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve; esto es, para que las autoridades responsables no apliquen en el presente ni en un futuro tales preceptos legales, hasta en tanto no se modifiquen dichas normativas. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, devuelva a la parte quejosa la cantidad de $7,140.96 pesos (fojas 16 y 17), por concepto de inscripción de documento público o privado, fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit, al ser contraria a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia, cantidad pagada por la justiciable, con apoyo en la Ley de Ingresos del Estado, dada la naturaleza del mecanismo de tributación que se aplicó. De igual forma, al incidir la inconstitucionalidad aducida en un elemento esencial de la contribución analizada, la restitución correspondiente sólo implica que la parte quejosa deje de pagar la tarifa que le fue aplicada, sin relevarla de la obligación de enterar la cuota fija mínima de $290.00 (doscientos noventa pesos 00/100 moneda nacional), por cada uno de los conceptos que se establecieron en el recibo de pago, sin las contribuciones adicionales, que al efecto establece el último párrafo de la fracción I, del artículo 22 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el arábigo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa, tal circunstancia se cumple al enterar la cantidad mínima que exige la contribución declarada inconstitucional. En la inteligencia de que la cuota de $290.00 (doscientos noventa pesos 00/100 moneda nacional), que se comenta, es aplicable porque está referida a la inscripción de documento público o privado, tal como el que originó la impugnación en la vía de amparo; de ahí, que al ser una cuota fija y mínima para un caso similar, en la que no se aplica el cobro de los impuestos adicionales que prevén los artículos 11, 12 y 13 de la mencionada Ley de Ingresos, es esta cuota la que debe aplicarse y no otra. 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el arábigo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto. (.) Concesión de amparo que debe hacerse extensiva al acto de aplicación de los artículos tildados de inconstitucionales, ya que resulta ilegal al ser consecuencia de la aplicación de la norma declarada inconstitucional. (.)" Resolución que quedó firme por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, mediante ejecutoria terminada de engrosar el dieciocho de septiembre del año en curso, dentro del amparo en revisión 619/2019 de su índice (fojas 100 a 108). De lo transcrito se colige, que los actos que debían realizar las autoridades responsables, en el ámbito de sus respectivas atribuciones para cumplir con dicha sentencia, son los siguientes: Se desincorporara de la esfera jurídica del quejoso lo previsto en el precepto 22, fracción I de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecinueve, en relación con los dispositivos 11, 12 y 13 de la citada ley de ingresos y se abstuviera de aplicarlo en contra del agraviado, hasta en tanto fueran reformados. Le devolviera al agraviado única y exclusivamente el remanente que excediera de la aplicación de $290.00 (Doscientos noventa pesos 00/100 Moneda Nacional) respecto de la cantidad $7,140.96 (Siete mil ciento cuarenta pesos 96/100 Moneda Nacional), por concepto de inscripción de documento público o privado, fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit. En el entendido de que la cantidad remanente a devolver deberá encontrarse debidamente actualizada. En cumplimiento a ello, mediante oficio y anexos presentados en la Oficialía de Partes de este Juzgado el veintidós de octubre del año en curso (fojas 123 a 125), la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, acompañó copia con firma original de recibido del cheque número 0001504 de la institución bancaria Santander, Sociedad Anónima, valioso por la cantidad de $6,894.19 (Seis mil ochocientos noventa y cuatro pesos 19/100 Moneda Nacional), por concepto de la suma que en su momento erogó el solicitante del amparo con motivo de la aplicación de los normativos tildados de inconstitucionales en el presente juicio de amparo y su actualización correspondiente, el cual le entregaron el dieciocho de octubre de dos mil diecinueve. Ahora, atendiendo a los efectos de la sentencia protectora del amparo, los cuales han quedado precisados con anterioridad, se advierte que las autoridades responsables acataron los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, pues desincorporaron de la esfera jurídica de la parte quejosa la porción normativa reclamada y le devolvieron la contribución principal erogada por ésta, así como lo relativo a la actualización fiscal correspondiente. Lo anterior es así, dado que la parte quejosa erogó a favor de la administración pública estatal, por los derechos e impuestos en comento, la citada cantidad de $7,140.96 (Siete mil ciento cuarenta pesos 96/100 Moneda Nacional), luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que a dicha cantidad se tenían que descontar la diversa suma de $290.00 (Doscientos noventa pesos 00/100 Moneda Nacional), que corresponde a la cuota mínima establecida para la inscripción de instrumento público o privado, por lo que al ser el parámetro base para un caso similar, en la que no se aplica el cobro de los impuestos adicionales que prevén los artículos 11, 12 y 13 de la mencionada Ley de Ingresos, es la que debía de cubrir la parte promovente del amparo y no otra. Entonces, realizando las operaciones aritméticas correspondientes, se advierte que el Recaudador responsable tenía que devolver la cantidad de $6,850.96 (Seis mil ochocientos cincuenta pesos 96/100 Moneda Nacional), por lo que se desprende que la obligación tributaria principal ha sido devuelta. Sin embargo, como se expuso, en la ejecutoria en análisis se determinó que la cantidad anterior debía devolverse con la actualización correspondiente, la que se encuentra contemplada en el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue expedido el veintiuno de enero de dos mil diecinueve (foja 17) y el siete de octubre del año en curso, la autoridad responsable expidió al aquí quejoso el cheque 0001504 (foja 124); por lo que el periodo de actualización comprende del mes de enero a octubre de este año. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de diciembre de dos mil dieciocho entre el índice para el mes de agosto de dos mil diecinueve (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); sin embargo, en los casos en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes inmediato anterior de los meses respectivos, no hubiera sido publicado por el Banco de México al día en que, en su caso, se expidió el recibo fiscal o bien, se efectuó la devolución de la cantidad erogada, la actualización de que se trate se realizará aplicando el índice mensual anterior publicado, esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de diciembre de dos mil dieciocho fue de 103.020; y para el mes de agosto de esta anualidad fue de 103.670 de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.0063. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la suma total de la cantidad erogada por concepto del derecho e impuesto en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizado a la fecha de su pago, esto es la cantidad de $6,894.12 (Seis mil ochocientos noventa y cuatro pesos 12/100 Moneda Nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $43.16 (Cuarenta y tres pesos 16/100 Moneda Nacional). Así de las constancias que obran en autos se advierte que el citado Recaudador responsable, acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que devolvió a la parte quejosa la cantidad de $6,894.19 (Seis mil ochocientos noventa y cuatro pesos 19/100 Moneda Nacional) por concepto de la devolución de los conceptos materia del presente juicio. No pasa inadvertido que el monto que el Recaudador responsable debía devolver a los agraviados era de $6,894.12 (Seis mil ochocientos noventa y cuatro pesos 12/100 Moneda Nacional); sin embargo, éste reintegró la diversa de $6,894.19 (Seis mil ochocientos noventa y cuatro pesos 19/100 Moneda Nacional), es decir, entregó el excedente de $0.07 (Cero pesos 07/100 Moneda Nacional). Pese a esto, se estima que la concesión otorgada al quejoso se encuentra cumplida, toda vez que la autoridad responsable entregó la totalidad del monto erogado por éste por la aplicación de preceptos inconstitucionales, más su actualización y, si bien, al peticionario se le hizo entrega de una cantidad excedente, ello ya no es materia de análisis del cumplimiento de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en todo caso, quedan a salvo los derechos de la autoridad recaudadora para hacer las gestiones necesarias a fin de requerirles esa cantidad que entregó de más, en los términos que las leyes determinen. Por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión. En ese tenor, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del artículo 196 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, de ese cuerpo normativo, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido, sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en las fracciones II y IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues se sobreseyó en el presente sumario constitucional y se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a las autoridades responsables, así como al Agente del Ministerio Público de la Federación.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTITRÉS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el ocurso de cuenta, suscrito por la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa haber dado cumplimiento a la ejecutoria emitida en el presente juicio de garantías; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el libelo y anexos de cuenta, dese vista a la parte quejosa a efecto de que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, en relación con dicho cumplimiento, apercibida que de no hacer manifestaciones dentro del lapso concedido, este Órgano Jurisdiccional, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de garantías, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    ** TEPIC, NAYARIT, DIECISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, a través del cual solicita se notifique a la parte quejosa para que comparezca ante las oficinas de la Dirección General Jurídica de esa Secretaría, a fin de que se le entregue el cheque puesto a su disposición en acatamiento al fallo protector, toda vez que el promovente del amparo señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado de Distrito; en consecuencia, agréguese a sus autos el oficio de cuenta para los efectos legales correspondientes y anexo. En ese tenor, de conformidad con el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, dése vista a la parte quejosa con el oficio y anexo de cuenta, así como requiérasele, para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante las oficinas de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a fin de que le haga entrega del cheque emitido en cumplimiento a la ejecutoria dictada el tres de abril de dos mil diecinueve (fojas 40 a 56), dentro de los autos del juicio biinstancial en que se actúa; asimismo, deberá informar al día siguiente hábil en que transcurra el término otorgado, si ya le fue entregado el título nominativo de que se trata. Bajo apercibimiento que de no hacerlo dentro del lapso concedido, este Órgano Jurisdiccional, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás constancias que obran en autos se pronunciará en relación con el cumplimiento de referencia, sin tomar en consideración las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea. Resulta aplicable por analogía, la tesis III.3º.A.52 A, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en la página mil cuatrocientos cincuenta y cinco, Tomo XXI, correspondiente al mes de mayo del dos mil cinco, Materia Administrativa, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente dice: "**

  4. Principal

    ** TEPIC, NAYARIT, VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio de la resolución terminada de engrosar el dieciocho del mes y año en curso, por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, dentro del amparo en revisión 619/2019 de su índice, derivado del diverso 271/2019, de la estadística del Órgano Colegiado mencionado en primer término, relativo al juicio de amparo 255/2019, así como los autos originales del sumario constitucional en un tomo. Ahora bien, de lo resuelto por el referido Tribunal Colegiado Auxiliar, se aprecia que se desechó el recurso de revisión interpuesto por el Director Jurídico Contencioso dependiente de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Administración y Finanzas, en representación del Titular y Recaudador de Rentas de dicha dependencia, con sede en esta ciudad, en contra de la sentencia dictada en este juicio de amparo el tres de abril de dos mil diecinueve (fojas 40 a 56), en la que, por una parte se sobreseyó en el presente sumario constitucional y por la otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Ulises Salvador Carrillo Ocampo, en contra de los actos del Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit y otras autoridades, por lo que quedó firme. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Entonces, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 192 de la Ley de Amparo vigente, requiérase a la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de DIEZ DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio correspondiente, dé cumplimiento al fallo protector concedido. De igual forma, solicítese a la responsable que en las constancias que envíe a fin de acreditar el cumplimiento al fallo protector, indique la mecánica, operaciones aritméticas y cualquier elemento que hubiera utilizado para determinar la cantidad a devolver a la parte quejosa y su debida actualización, con motivo de la declaración de inconstitucionalidad de los preceptos impugnados; esto es, deberá indicar el procedimiento que llevó a cabo para determinar la suma a devolver al solicitante del amparo. Asimismo, con sustento en el dispositivo 192, párrafo tercero de la actual Ley de Amparo, así como con el diverso artículo 33, fracción LI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, requiérase al Titular de dicha Secretaría, con residencia en esta ciudad, en su carácter de superior jerárquico, para que ordene a la autoridad responsable, a dar cumplimiento con la ejecutoria de amparo; en la inteligencia de que, deberá emplear los medios a su alcance, incluso las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, pues no basta que en su calidad de superior jerárquico emita un oficio en el que requiriera a la responsable para que dé cumplimiento al fallo. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia I.9o.A. J/3 (10a.) emitida por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el libro 4, Tomo II, página mil trescientos ochenta, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto expresa: **Apercibidas que de no hacerlo sin causa justificada, con fundamento en los arábigos 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo en vigor, se les impondrá una multa equivalente a CIEN VALORES DIARIOS de la unidad de medida y actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26 apartado B, párrafo sexto y séptimo constitucional en relación con el segundo y tercer transitorio del Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo). Además, se les hace del conocimiento a las citadas autoridades que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este Órgano Jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo los Titulares respectivos dejaran el cargo que desempeñan, seguirán teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el dispositivo 193 de la Ley citada. Finalmente, agréguese a este juicio de amparo el cuaderno de antecedentes correspondiente a partir de la interposición del citado recurso de revisión. **

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