URBANO ROMAN MELENDEZ y Otros.

Expediente 560/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
560/2016
Año
2016
Actuaciones
7
Última actuación
20/09/2016

Partes del expediente

  • URBANO ROMAN MELENDEZ y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinte de septiembre de dos mil dieciséis. Visto, el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de cinco de septiembre de dos mil dieciséis, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, desahogando la misma en relación a éste, únicamente la parte quejosa, tal como se advierte del escrito con el que se da cuenta; por lo que procede analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable con los elementos que obran en autos. Así, en sentencia emitida el ocho de julio de dos mil dieciséis (foja 144 a 163), se sobreseyó en parte y se concedió en lo demás el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa para que el juez responsable realizara lo siguiente: Deje insubsistente el auto de formal prisión dictado contra los aquí quejosos el diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, dentro de la causa penal ********************; Reponga el procedimiento a partir de la diligencia de declaración preparatoria de once de marzo de dos mil dieciséis, respectivamente, la recabe nuevamente y en la misma haga del conocimiento de los quejosos la totalidad de los derechos que establece el artículo 20 apartado A Constitucional, anterior a las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, y dentro del término constitucional, resuelva nuevamente la situación jurídica. Determine qué actuaciones subsistirán, en su caso. En el entendido de que el desahogo de la declaración preparatoria deberá efectuarse en el lapso que resulte de restar al término constitucional, las horas que transcurrieron desde que el inculpado quedó a su disposición y el momento en que se efectuó dicha diligencia, ello con la finalidad de no exceder el término constitucional y para estar en similares condiciones a la prevalecieron en el aludido periodo. No pasa inadvertido por este juzgador, la dilación en la admisión de las pruebas que hace valer la parte quejosa en su demanda de amparo; sin embargo, dado los efectos del juicio de amparo, éste puede subsanarse en la reposición del procedimiento, por eso no es motivo de estudio." (fojas 162 vuelta y 163). Resolución que el veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis causó ejecutoria por lo que se solicitó su cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 232 a 235). Por lo que en cumplimiento a la referida ejecutoria, la autoridad responsable Juez Municipal de lo Penal de San Pedro Cholula, Puebla, mediante oficio sin número de treinta de agosto de dos mil dieciséis (fojas 247 a 253), remitió a esta autoridad diversas constancias dictadas en la causa penal 0******************** de su índice, de las que se advierte que el juez responsable siguiendo los lineamientos de la sentencia de amparo, realizó lo siguiente: - Dejó insubsistente el auto de formal prisión dictado contra los aquí quejoso de diecisiete de marzo de dos mil dieciséis. - Ordenó la reposición del procedimiento a partir de la diligencia de declaración preparatoria de once de marzo de dos mil dieciséis. - El veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, recabó nuevamente la declaración preparatoria de los quejosos, en la cual hizo del conocimiento de los mismos la totalidad de los derechos que establece el artículo 20 Apartado A Constitucional, anterior a las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho. - Finalmente, señaló las nueve horas del treinta de agosto de dos mil dieciséis, para que tuviera verificativo el desahogo de las pruebas ofrecidas por los aquí quejosos. Mediante diverso oficio 1022 de uno de septiembre de dos mil dieciséis, el juez responsable informó a esta autoridad que las pruebas ofrecidas por los aquí quejosos (testimonial en vía de interrogatorio a cargo de los agraviados Humberto Meléndez Sánchez, Mario Humberto Meléndez Martínez, José Gonzalo Garita Sánchez, Osvaldo Martínez Tlapapatl y Abel Martínez Luna y de los testigos de cargo Elizabeth Martínez Tlapapal, Mariana Martínez Luna, Javier Meléndez Martínez y José Juan Manuel Martínez Luna) no se desahogaron ya que los agraviados y testigos no comparecieron a las mismas, a pesar de estar notificados de ello (foja 258). Igualmente, mediante el referido oficio 1022 de uno de septiembre de dos mil dieciséis, el juez responsable remitió a esta autoridad copia certificada de la resolución de uno de septiembre del año en curso, mediante la cual con la libertad de jurisdicción que le fue concedida resuelve la situación de los aquí quejosos Urbano Román Meléndez y Gilberto Cuatecatl Cuapa, decretándoles auto de formal prisión por el delito de lesiones dolosas, previsto y sancionado por los artículos 305 y 306, fracción II del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de Humberto Meléndez Sánchez y Mario Humberto Meléndez Martínez (fojas 260 a 270). Documental que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tiene pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA. Háganse las anotaciones en el libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido; insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento. Finalmente, agréguese a los autos el escrito de cuenta de los quejosos Urbano Román Meléndez y Gilberto Cuatecatl Cuapa, mediante el cual desahogan la vista que se les dio en auto de cinco de septiembre de dos mil dieciséis, al referir que la autoridad responsable Juez Municipal de lo Penal de San Pedro Cholula, Puebla, no ha dado cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pues refieren que dicha autoridad los dejó en estado de indefensión en la declaración preparatoria ya que mediante escrito presentado a dicha autoridad el veintinueve de agosto del año en curso, ofrecieron como pruebas de su parte la testimonial de los agraviados y testigos, probanzas que admitió; sin embargo, supuestamente el mismo día les notificó por conducto de sus abogados, según lo refiere el diligencia adscrito a dicho juzgado, y sin que las mismas se hayan desahogado, aunado a que el juez de la causa debió manifestarles la garantía de ampliación de término constitucional para que diera tiempo del desahogo de dichas probanzas. Además de que en la resolución de uno de septiembre de dos mil dieciséis, en la cual vuelve a resolver su situación jurídica, decretándoles auto de formal prisión por el delito de lesiones, no valora adecuadamente las pruebas que obran en autos y que demuestran su inocencia, pues agrega declaraciones y hechos no vinculativos. Dichas manifestaciones son infundadas, en virtud de que lo que refieren los quejosos no forma parte de los efectos de la ejecutoria de amparo, ello en atención a que, primeramente, por cuanto hace a que el juez de la causa no les informó sobre la garantía de ampliación de término constitucional para que diera tiempo del desahogo de las probanzas que ofrecieron a su favor en declaración preparatoria, no fue materia de estudio en la ejecutoria de amparo, la cual únicamente se constriñó a que el juez responsable, repusiera el procedimiento a partir de la diligencia de declaración preparatoria de once de marzo de dos mil dieciséis, la recabe nuevamente y en la misma les hiciera saber a los quejosos la totalidad de los derechos que establece el artículo 20 apartado A Constitucional, anterior a las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, y dentro del término constitucional, resolviera nuevamente su situación jurídica. Y, la garantía a que hacen referencia los amparista de ampliación de término constitucional está contemplada en el artículo 19 Constitucional (anterior a las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho); aunado a que dicho dispositivo legal establece que el plazo constitucional de setenta y dos horas podrá prorrogarse únicamente a petición del indiciado, además de que los quejosos estuvieron asistidos de un defensor particular el Licenciado Gabriel Carreón Ramos, según se advierte de dichas diligencias, quien no manifestó nada al respecto (fojas 250 a 252). Y, en segundo lugar, por cuanto hace a las manifestaciones de los quejosos de que en la resolución de uno de septiembre de dos mil dieciséis, en la cual el juez responsable vuelve a resolver su situación jurídica, decretándoles auto de formal prisión por el delito de lesiones, no valora adecuadamente las pruebas que obran en autos y que demuestran su inocencia, pues agrega declaraciones y hechos no vinculativos; también resulta infundada. Lo anterior es así ya que el amparo concedido en el presente sumario constitucional fue concedido por violaciones de forma encontradas en la declaración preparatoria de los amparistas, más no por violaciones de fondo del auto de formal prisión reclamado de diecisiete de marzo de dos mil dieciséis dictado en la causa penal 0******************** del índice del juez responsable; motivo por el cual las manifestaciones que hacen los ocursantes no forman parte de los efectos de la sentencia de amparo dictada en el presente juicio, por lo cual no es materia del presente sumario constitucional, sino de un nuevo acto reclamado de la autoridad responsable, por lo que la parte quejosa tiene a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía que considere pertinente.

  2. Principal

    CAPTURA CITATORIO- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCION DE VEINTE DE SEPTIEMBRE DE 2016 QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, veinte de septiembre de dos mil dieciséis. Visto, el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de cinco de septiembre de dos mil dieciséis, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, desahogando la misma en relación a éste, únicamente la parte quejosa, tal como se advierte del escrito con el que se da cuenta; por lo que procede analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable con los elementos que obran en autos. Así, en sentencia emitida el ocho de julio de dos mil dieciséis (foja 144 a 163), se sobreseyó en parte y se concedió en lo demás el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa para que el juez responsable realizara lo siguiente: Deje insubsistente el auto de formal prisión dictado contra los aquí quejosos el diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, dentro de la causa penal ********************; Reponga el procedimiento a partir de la diligencia de declaración preparatoria de once de marzo de dos mil dieciséis, respectivamente, la recabe nuevamente y en la misma haga del conocimiento de los quejosos la totalidad de los derechos que establece el artículo 20 apartado A Constitucional, anterior a las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, y dentro del término constitucional, resuelva nuevamente la situación jurídica. Determine qué actuaciones subsistirán, en su caso. En el entendido de que el desahogo de la declaración preparatoria deberá efectuarse en el lapso que resulte de restar al término constitucional, las horas que transcurrieron desde que el inculpado quedó a su disposición y el momento en que se efectuó dicha diligencia, ello con la finalidad de no exceder el término constitucional y para estar en similares condiciones a la prevalecieron en el aludido periodo. No pasa inadvertido por este juzgador, la dilación en la admisión de las pruebas que hace valer la parte quejosa en su demanda de amparo; sin embargo, dado los efectos del juicio de amparo, éste puede subsanarse en la reposición del procedimiento, por eso no es motivo de estudio." (fojas 162 vuelta y 163). Resolución que el veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis causó ejecutoria por lo que se solicitó su cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 232 a 235). Por lo que en cumplimiento a la referida ejecutoria, la autoridad responsable Juez Municipal de lo Penal de San Pedro Cholula, Puebla, mediante oficio sin número de treinta de agosto de dos mil dieciséis (fojas 247 a 253), remitió a esta autoridad diversas constancias dictadas en la causa penal 0******************** de su índice, de las que se advierte que el juez responsable siguiendo los lineamientos de la sentencia de amparo, realizó lo siguiente: - Dejó insubsistente el auto de formal prisión dictado contra los aquí quejoso de diecisiete de marzo de dos mil dieciséis. - Ordenó la reposición del procedimiento a partir de la diligencia de declaración preparatoria de once de marzo de dos mil dieciséis. - El veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, recabó nuevamente la declaración preparatoria de los quejosos, en la cual hizo del conocimiento de los mismos la totalidad de los derechos que establece el artículo 20 Apartado A Constitucional, anterior a las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho. - Finalmente, señaló las nueve horas del treinta de agosto de dos mil dieciséis, para que tuviera verificativo el desahogo de las pruebas ofrecidas por los aquí quejosos. Mediante diverso oficio 1022 de uno de septiembre de dos mil dieciséis, el juez responsable informó a esta autoridad que las pruebas ofrecidas por los aquí quejosos (testimonial en vía de interrogatorio a cargo de los agraviados Humberto Meléndez Sánchez, Mario Humberto Meléndez Martínez, José Gonzalo Garita Sánchez, Osvaldo Martínez Tlapapatl y Abel Martínez Luna y de los testigos de cargo Elizabeth Martínez Tlapapal, Mariana Martínez Luna, Javier Meléndez Martínez y José Juan Manuel Martínez Luna) no se desahogaron ya que los agraviados y testigos no comparecieron a las mismas, a pesar de estar notificados de ello (foja 258). Igualmente, mediante el referido oficio 1022 de uno de septiembre de dos mil dieciséis, el juez responsable remitió a esta autoridad copia certificada de la resolución de uno de septiembre del año en curso, mediante la cual con la libertad de jurisdicción que le fue concedida resuelve la situación de los aquí quejosos Urbano Román Meléndez y Gilberto Cuatecatl Cuapa, decretándoles auto de formal prisión por el delito de lesiones dolosas, previsto y sancionado por los artículos 305 y 306, fracción II del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de Humberto Meléndez Sánchez y Mario Humberto Meléndez Martínez (fojas 260 a 270). Documental que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tiene pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA. Háganse las anotaciones en el libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido; insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento. Finalmente, agréguese a los autos el escrito de cuenta de los quejosos Urbano Román Meléndez y Gilberto Cuatecatl Cuapa, mediante el cual desahogan la vista que se les dio en auto de cinco de septiembre de dos mil dieciséis, al referir que la autoridad responsable Juez Municipal de lo Penal de San Pedro Cholula, Puebla, no ha dado cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pues refieren que dicha autoridad los dejó en estado de indefensión en la declaración preparatoria ya que mediante escrito presentado a dicha autoridad el veintinueve de agosto del año en curso, ofrecieron como pruebas de su parte la testimonial de los agraviados y testigos, probanzas que admitió; sin embargo, supuestamente el mismo día les notificó por conducto de sus abogados, según lo refiere el diligencia adscrito a dicho juzgado, y sin que las mismas se hayan desahogado, aunado a que el juez de la causa debió manifestarles la garantía de ampliación de término constitucional para que diera tiempo del desahogo de dichas probanzas. Además de que en la resolución de uno de septiembre de dos mil dieciséis, en la cual vuelve a resolver su situación jurídica, decretándoles auto de formal prisión por el delito de lesiones, no valora adecuadamente las pruebas que obran en autos y que demuestran su inocencia, pues agrega declaraciones y hechos no vinculativos. Dichas manifestaciones son infundadas, en virtud de que lo que refieren los quejosos no forma parte de los efectos de la ejecutoria de amparo, ello en atención a que, primeramente, por cuanto hace a que el juez de la causa no les informó sobre la garantía de ampliación de término constitucional para que diera tiempo del desahogo de las probanzas que ofrecieron a su favor en declaración preparatoria, no fue materia de estudio en la ejecutoria de amparo, la cual únicamente se constriñó a que el juez responsable, repusiera el procedimiento a partir de la diligencia de declaración preparatoria de once de marzo de dos mil dieciséis, la recabe nuevamente y en la misma les hiciera saber a los quejosos la totalidad de los derechos que establece el artículo 20 apartado A Constitucional, anterior a las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, y dentro del término constitucional, resolviera nuevamente su situación jurídica. Y, la garantía a que hacen referencia los amparista de ampliación de término constitucional está contemplada en el artículo 19 Constitucional (anterior a las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho); aunado a que dicho dispositivo legal establece que el plazo constitucional de setenta y dos horas podrá prorrogarse únicamente a petición del indiciado, además de que los quejosos estuvieron asistidos de un defensor particular el Licenciado Gabriel Carreón Ramos, según se advierte de dichas diligencias, quien no manifestó nada al respecto (fojas 250 a 252). Y, en segundo lugar, por cuanto hace a las manifestaciones de los quejosos de que en la resolución de uno de septiembre de dos mil dieciséis, en la cual el juez responsable vuelve a resolver su situación jurídica, decretándoles auto de formal prisión por el delito de lesiones, no valora adecuadamente las pruebas que obran en autos y que demuestran su inocencia, pues agrega declaraciones y hechos no vinculativos; también resulta infundada. Lo anterior es así ya que el amparo concedido en el presente sumario constitucional fue concedido por violaciones de forma encontradas en la declaración preparatoria de los amparistas, más no por violaciones de fondo del auto de formal prisión reclamado de diecisiete de marzo de dos mil dieciséis dictado en la causa penal 0******************** del índice del juez responsable; motivo por el cual las manifestaciones que hacen los ocursantes no forman parte de los efectos de la sentencia de amparo dictada en el presente juicio, por lo cual no es materia del presente sumario constitucional, sino de un nuevo acto reclamado de la autoridad responsable, por lo que la parte quejosa tiene a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía que considere pertinente.

  3. Principal

    (CAPTURA CITATORIO, PRINCIPAL) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCIÓN DE 05 DE SEPTIEMBRE DE 2016, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA:"Agréguese a sus autos el oficio signado por el Juez Municipal de lo penal de San Pedro Cholula, Puebla, con anexo y, visto su contenido, téngase a la referida autoridad manifestando haber dado cumplimiento al auto de uno de septiembre de dos mil dieciséis, y con éste, a la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, con el contenido del oficio de cuenta (y anexo), dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto en seguida se anuncian: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo"

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cinco de septiembre de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el oficio signado por el Juez Municipal de lo penal de San Pedro Cholula, Puebla, con anexo y, visto su contenido, téngase a la referida autoridad manifestando haber dado cumplimiento al auto de uno de septiembre de dos mil dieciséis, y con éste, a la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, con el contenido del oficio de cuenta (y anexo), dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto en seguida se anuncian: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo.

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