Ulises Gomez Andrade

Expediente 447/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 26 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
447/2021
Año
2021
Actuaciones
26
Última actuación
29/09/2021

Partes del expediente

  • Ulises Gomez Andrade
  • Juez de Control de la Región Judicial Centro Con Sede En Esta Ciudad de Puebla (Rosa Aurora Espejel Prado)

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    (publicación citatorio) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL PERSONAL AUTORIZADO POR LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE 28 DE septiembre DE 2021, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la resolución dictada el veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, mediante la cual se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, ha sido notificada a todas las partes y que el término genérico de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de inconformidad ha fenecido para todas ellas. Lo anterior, en virtud de que las últimas notificaciones se efectuaron por lista el treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, las cuales surtieron efecto el uno de septiembre siguiente y, por ende, el aludido plazo transcurrió del dos al veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, descontándose los siguientes días: i) cuatro, cinco, once, doce, dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de septiembre de dos mil veintiuno, por ser sábados y domingos, inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo; ii) catorce y dieciséis de septiembre, por mención expresa de dicho numeral; y, iii) quince de septiembre, declarado inhábil por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal mediante sesión celebrada el dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, comunicada mediante circular 9/2021 del Secretario Ejecutivo del Pleno. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha determinación ha quedado firme; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), archívense las presentes actuaciones como asunto concluido e insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo, no es de relevancia documental, pero sí es susceptible de depuración después de transcurridos tres años. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó y concedió tanto la suspensión provisional como la definitiva, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Por otro lado, ya que resulta innecesario conservar las pruebas documentales que remitió la autoridad responsable 1. Rosa Aurora Espejel Prado, Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, con sede en la capital, como justificación a su informe y en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se ordena devolverle lo siguiente: ( Tres discos en formato Versátil Digital (DVD), relativos a los registros de audio y video de las audiencias celebradas el veinticinco de abril, treinta de abril y seis de agosto, todas de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 1207/2021/PUEBLA. No ha lugar a solicitarle el acuse de recibo respecto de las constancias devueltas, toda vez que la responsable se encuentra en el lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, y cerciorarse que lo acuse de dicha misiva, se haga constar la entrega de las documentales descritas. Para dar margen a lo anterior, se ordena agregar la certificación de desglose correspondiente en las fojas en donde obran las micas o sobres que contienen los discos antes aludidos, para los efectos legales procedentes. Finalmente, dígase a la parte quejosa que cuenta con el plazo de noventa días hábiles para recuperar y recoger el dispositivo USB que acompañó en su escrito presentado en este juzgado el diecisiete de mayo de dos mil veintiuno; con el apercibimiento que de no hacerlo, dicho dispositivo será destruido. Notifíquese personalmente al quejoso Ulises Gómez Andrade, en el lugar de su reclusión -Centro Penitenciario de la ciudad de Puebla-, a su personal autorizado términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, en el domicilio señalado en la demanda de amparo; por lista al tercero interesado Eder Alberto Amaro Hernández; por oficio a las autoridades responsables, a los fiscales terceros interesados y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, por cualquier medio de comunicación interna al Actuario Judicial adscrito que le corresponda notificar el oficio dirigido a la jueza de control responsable..."

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la resolución dictada el veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, mediante la cual se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, ha sido notificada a todas las partes y que el término genérico de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de inconformidad ha fenecido para todas ellas. Lo anterior, en virtud de que las últimas notificaciones se efectuaron por lista el treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, las cuales surtieron efecto el uno de septiembre siguiente y, por ende, el aludido plazo transcurrió del dos al veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, descontándose los siguientes días: i) cuatro, cinco, once, doce, dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de septiembre de dos mil veintiuno, por ser sábados y domingos, inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo; ii) catorce y dieciséis de septiembre, por mención expresa de dicho numeral; y, iii) quince de septiembre, declarado inhábil por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal mediante sesión celebrada el dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, comunicada mediante circular 9/2021 del Secretario Ejecutivo del Pleno. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha determinación ha quedado firme; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), archívense las presentes actuaciones como asunto concluido e insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo, no es de relevancia documental, pero sí es susceptible de depuración después de transcurridos tres años. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó y concedió tanto la suspensión provisional como la definitiva, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Por otro lado, ya que resulta innecesario conservar las pruebas documentales que remitió la autoridad responsable 1. Rosa Aurora Espejel Prado, Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, con sede en la capital, como justificación a su informe y en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se ordena devolverle lo siguiente: ( Tres discos en formato Versátil Digital (DVD), relativos a los registros de audio y video de las audiencias celebradas el veinticinco de abril, treinta de abril y seis de agosto, todas de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 1207/2021/PUEBLA. No ha lugar a solicitarle el acuse de recibo respecto de las constancias devueltas, toda vez que la responsable se encuentra en el lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, y cerciorarse que lo acuse de dicha misiva, se haga constar la entrega de las documentales descritas. Para dar margen a lo anterior, se ordena agregar la certificación de desglose correspondiente en las fojas en donde obran las micas o sobres que contienen los discos antes aludidos, para los efectos legales procedentes. Finalmente, dígase a la parte quejosa que cuenta con el plazo de noventa días hábiles para recuperar y recoger el dispositivo USB que acompañó en su escrito presentado en este juzgado el diecisiete de mayo de dos mil veintiuno; con el apercibimiento que de no hacerlo, dicho dispositivo será destruido. Notifíquese personalmente al quejoso Ulises Gómez Andrade, en el lugar de su reclusión -Centro Penitenciario de la ciudad de Puebla-, a su personal autorizado términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, en el domicilio señalado en la demanda de amparo; por lista al tercero interesado Eder Alberto Amaro Hernández; por oficio a las autoridades responsables, a los fiscales terceros interesados y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, por cualquier medio de comunicación interna al Actuario Judicial adscrito que le corresponda notificar el oficio dirigido a la jueza de control responsable...

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de once de agosto pasado, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que ninguna de ellas haya desahogado la aludida vista. En consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable encargada del cumplimiento del fallo protector con los elementos que obran en autos. 1. Antecedentes. El veintiocho de junio de dos mil veintiuno, este juzgado de distrito dictó sentencia en el presente juicio, en la que por una parte se negó el amparo y, por otra, se concedió el amparo al quejoso Ulises Gómez Andrade, respecto a la determinación de vinculación a proceso, dictada en la continuación de la audiencia inicial de treinta de abril de dos mil veintiuno, celebrada dentro de la causa penal 1207/2021/PUEBLA, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de robo agravado, previsto y sancionado por los artículos 373, 374, fracción IV, y 380, fracciones X, XI y XX, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de Eder Alberto Amaro Hernández. Mediante acuerdo emitido el veinte de julio del año en curso, dicha sentencia causó ejecutoria; ello, en atención a que no fue recurrida por parte legitimada para hacerlo, a través del recurso de revisión; por lo que, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requirió a la autoridad responsable 1. Rosa Aurora Espejel Prado, Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, con sede en la capital, dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Sustanciada la etapa de ejecución, por auto de once de agosto de la presente anualidad, se tuvo por recibido el oficio signado por la citada autoridad responsable -registro 14143 de 2021-, a través del cual, remitió un disco versátil digital en el que obra la audiencia de seis de agosto de dos mil veintiuno, llevada a cabo en la causa penal 1207/2021/PUEBLA, con lo cual, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que estimaran conducente sobre tal cumplimiento, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. 2. Análisis de la ejecutoria de amparo. En la sentencia de amparo de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, se declaró constitucional que 1. Rosa Aurora Espejel Prado, Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, con sede en la capital, en audiencia celebrada el veinticinco de abril de dos mil veintiuno, haya calificado de legal la detención en flagrancia del quejoso Ulises Gómez Andrade y, en su continuación el treinta de abril del actual, le haya impuesto la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, dentro de la causa penal 1207/2021/PUEBLA y, por ende, se le negó el amparo y protección de la Justicia Federal por cuanto a esos actos combatidos. Negativa que se hizo extensiva respecto a los actos de ejecución de la citada medida cautelar, al no reclamarse por vicios propios, sino como consecuencia directa de la resolución controvertida. En diverso sentido, se declaró parcialmente inconstitucional la resolución mediante la cual, la citada jueza de control vinculó a proceso al quejoso, dentro de la referida causa penal, por violar la garantía de exacta aplicación de la ley penal (legalidad), consagrada en el artículo 14 Constitucional, respecto al incorrecto encuadramiento de la agravante contenida en la fracción XX del artículo 380 del Código Penal del Estado de Puebla -cuando se cometa con violencia contra transeúntes- y no en la prevista en su fracción I -si el robo se ejecuta con violencia contra la víctima de aquél o contra otra u otras personas que se encuentren en el lugar de los hechos-. Por tanto, se le concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal respecto de dicha determinación. Las anteriores conclusiones tuvieron lugar -medularmente- con base en lo siguiente: A. Que se colmaron las condiciones exigidas por los artículos 16 Constitucional y 146, fracción II, inciso a), del Código Nacional de Procedimientos Penales, para establecer que el quejoso fue detenido en flagrancia. B. Que se logró la inmediatez en la puesta a disposición del quejoso ante la representación social respectiva y que su puesta a disposición ante la autoridad jurisdiccional se ajustó al parámetro de cuarenta y ocho horas, previsto en el artículo 16 Constitucional. C. Que se cumplieron con las formalidades esenciales del procedimiento, previstas y reguladas en los artículos 14 y 16 Constitucionales, por ejemplo que el auto de vinculación a proceso se emitió por autoridad jurisdiccional, que no se aplicó ley de forma retroactiva en perjuicio del quejoso y que satisfizo el procedimiento que los artículos 307 a 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevén para el desahogo de la audiencia inicial y, en su caso, su continuación. D. Que la jueza de control veló por el derecho del quejoso de contar con la asesoría de un profesional del derecho, tal como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 20, apartado B, fracción VIII, pues se cercioró de que sus defensores particulares, intervinientes en la audiencia inicial y su continuación, fueran licenciados en dicha materia y que ello constara en la videograbación respectiva, actuación que repercutió en todas las decisiones que se tomaron en la indicada audiencia; lo anterior, en cumplimiento al criterio establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dentro de la contradicción de tesis 405/2017. E. Que durante el desahogo de la audiencia inicial y su continuación no se advirtió que la defensa haya incurrido en errores sistemáticos que evidenciaran desconocimiento notorio e indudable de las técnicas de litigación del procedimiento de origen y que hayan ameritado su remoción en términos del artículo 121 del Código Nacional. F. Que la fiscalía expresó los datos de prueba con los que sustentó su pretensión de vincular a proceso al aquí quejoso y que el auto de vinculación se emitió dentro del plazo constitucional. G. Que existieron datos de prueba suficientes y pertinentes para establecer la existencia de hechos con apariencia del delito de robo agravado, bajo las calificativas contenidas en el artículo 380, fracciones X -que el robo se cometa llevando armas- y XI -cuando sean los ladrones dos o más-, del Código Penal del Estado de Puebla. H. Que dichos datos de prueba también eran suficientes para establecer la probable responsabilidad del ahora quejoso en su participación o intervención. I. Que, en consecuencia, existió una correcta valoración tanto de los datos de prueba expuestos por la fiscalía como de los datos de prueba y del medio de prueba incorporados por la defensa dentro del plazo constitucional ampliado. J. Que, no obstante la conclusión señalada en la letra G, la calificación del citado delito agravado realizada por la autoridad era incorrecta por cuanto al establecimiento de la agravante contenida en la fracción XX del artículo 380 del código penal local -cuando se cometa con violencia contra transeúntes- en vez de la contenida en la fracción I del citado numeral -si el robo se ejecuta con violencia contra la víctima de aquél o contra otra u otras personas que se encuentren en el lugar de los hechos-; de modo que violó el principio de exacta aplicación de la ley penal, consagrado en el artículo 14 Constitucional. K. Lo anterior, porque la agravante contenida en la indicada fracción I, es genérica, ya que no requiere una calidad específica de la víctima como sí la requiere la fracción XX, pues precisa que aquélla debe tener la calidad de transeúnte; de ahí que si de acuerdo a la exposición efectuada por el fiscal, la víctima no tenía calidad de transeúnte, no se actualiza la agravante prevista en la referida fracción XX, sino la contemplada en la aludida fracción I, al carecer, la víctima violentada, de una calidad específica. L. Que, sin perjuicio de lo último, fue correcta la apreciación de la jueza de control cuando determinó la existencia de una violencia moral en agravio de la víctima, definida por el último párrafo del artículo 380 del código penal como el uso de amagos, amenazas o cualquier tipo de intimidación por parte del sujeto activo sobre el sujeto pasivo, para causarle en su persona o en sus bienes, males graves o se realice en desventaja numérica sobre el sujeto pasivo; lo anterior, cuenta habida que el ahora quejoso amagó y amenazó a la víctima con el objeto punzocortante que portaba. M. Que se encuentra convencional, constitucional y legalmente justificada la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, atendiendo a la clasificación y naturaleza del delito de robo agravado, es decir, que se cometió con medio violento (arma). En ese tenor, el amparo se concedió para el efecto de que la jueza de origen, una vez que quedara firme la sentencia de amparo y se le requiriera su cumplimiento, realizara lo siguiente: 1. Dejara sin efectos únicamente la determinación de vinculación a proceso, dictada en audiencia de treinta de abril de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 1207/2021/PUEBLA, por la probable responsabilidad del quejoso en la comisión de los hechos con apariencia de los delitos de robo agravado, previsto y sancionado por los artículos 373, 374, fracción IV, y 380, fracciones X, XI y XX, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de Eder Alberto Amaro Hernández. 2. Reiterara todo lo manifestado por las partes en el debate de formulación de la imputación, medidas cautelares, solicitud de vinculación a proceso y plazo para el cierre de investigación complementaria, así como el desahogo de los datos de prueba y el medio de prueba incorporados por la defensa, en los términos de las audiencias de veinticinco y treinta de abril de dos mil veintiuno. 3. Enseguida, con base en las consideraciones expuestas en la sentencia, resolviera la situación jurídica del quejoso, reiterando las consideraciones que no fueron motivo de concesión de amparo y variando las que sí fueron materia de dicha concesión; esto es, debía vincular al quejoso a proceso por su probable responsabilidad en la comisión del delito de robo agravado, previsto y sancionado por los artículos 373, 374, fracción IV, y 380, fracciones I, X y XI, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de Eder Alberto Amaro Hernández, lo que significaba la recalificación y el cambio de la agravante contenida en la fracción XX por la contenida en la fracción I del citado numeral 380. 4. Decidiera la subsistencia de la imposición de la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, con base en la nueva calificación del delito, por todo el tiempo que durara el procedimiento. Asimismo, se dijo que la protección constitucional concedida al quejoso, no tenía el alcance de dejarlo en libertad (con motivo de la invalidez parcial de la continuación de audiencia inicial), sino que se limitaba a retrotraer las cosas al estado en que se encontraban al momento en que la jueza de control procedió a emitir la resolución de vinculación a proceso, a efecto de restituirlo en el goce de los derechos fundamentales violados en su perjuicio. En el entendido de que la jueza responsable debía conducir la audiencia correspondiente hasta su total conclusión, en observancia al principio de inmediación, debido proceso y derecho de defensa del imputado. 3. Estudio de los actos emitidos en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En lo que interesa, la autoridad responsable 1. Rosa Aurora Espejel Prado, Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, con sede en la capital, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo y dentro de la causa penal 1207/2021/PUEBLA, realizó lo siguiente: A. Mediante acuerdo dictado el dos de agosto de dos mil veintiuno, dejó sin efectos únicamente la determinación de vinculación a proceso, dictada en audiencia de treinta de abril de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 1207/2021/PUEBLA, por la probable responsabilidad del quejoso en la comisión de los hechos con apariencia de los delitos de robo agravado, previsto y sancionado por los artículos 373, 374, fracción IV, y 380, fracciones X, XI y XX, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de Eder Alberto Amaro Hernández. B. En audiencia oral celebrada el seis de agosto del actual, reiteró todo lo manifestado por las partes en el debate de formulación de la imputación, medidas cautelares, solicitud de vinculación a proceso y plazo para el cierre de investigación complementaria, así como el desahogo de los datos de prueba y el medio de prueba incorporados por la defensa, en los términos de las audiencias de veinticinco y treinta de abril de dos mil veintiuno. C. Enseguida, en dicha audiencia, con base en las consideraciones expuestas en la sentencia dictada en el presente sumario constitucional, resolvió la situación jurídica del quejoso, reiterando las consideraciones que no fueron motivo de la concesión de amparo y variando las que sí fueron materia de dicha concesión; esto es, vinculó al quejoso a proceso por su probable responsabilidad en la comisión del delito de robo agravado, previsto y sancionado por los artículos 373, 374, fracción IV, y 380, fracciones I, X y XI, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de Eder Alberto Amaro Hernández, lo que significó la recalificación y el cambio de la agravante contenida en la fracción XX por la contenida en la fracción I del citado numeral 380. D. Finalmente, en la misma audiencia, determinó la subsistencia de la imposición de la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, con base en la nueva calificación del delito, por todo el tiempo que dure el procedimiento. 4. Opinión jurisdiccional. Ante lo expuesto, este órgano jurisdiccional considera que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que, con fundamento en el antepenúltimo párrafo, del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos ni defectos. Ciertamente, la jueza responsable cumplió con el núcleo esencial del fallo protector, habida cuenta que: i) dejó sin efectos únicamente el auto de vinculación a proceso reclamado; ii) reiteró todo lo manifestado por las partes en la audiencia inicial y su continuación; iii) resolvió la situación jurídica del quejoso, reiterando las consideraciones que no fueron motivo de la concesión de amparo y variando las que sí fueron materia de dicha concesión; esto es, vinculó al quejoso a proceso por su probable responsabilidad en la comisión del delito de robo agravado, previsto y sancionado por los artículos 373, 374, fracción IV, y 380, fracciones I, X y XI, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de Eder Alberto Amaro Hernández; y, iv) finalmente, determinó la subsistencia de la imposición de la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, con base en la nueva calificación del delito. De ahí que la ejecutoria de amparo se encuentra íntegramente cumplida. Notifíquese personalmente al quejoso Ulises Gómez Andrade, en el lugar de su reclusión -Centro Penitenciario de la ciudad de Puebla-, a su personal autorizado términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, en el domicilio señalado en la demanda de amparo, así como al tercero interesado Eder Alberto Amaro Hernández; y, por oficio a las autoridades responsables, a los fiscales terceros interesados y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito...

  4. Principal

    (SE PUBLICA POR LISTA AVISO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de once de agosto pasado, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que ninguna de ellas haya desahogado la aludida vista. En consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable encargada del cumplimiento del fallo protector con los elementos que obran en autos. 1. Antecedentes. El veintiocho de junio de dos mil veintiuno, este juzgado de distrito dictó sentencia en el presente juicio, en la que por una parte se negó el amparo y, por otra, se concedió el amparo al quejoso Ulises Gómez Andrade, respecto a la determinación de vinculación a proceso, dictada en la continuación de la audiencia inicial de treinta de abril de dos mil veintiuno, celebrada dentro de la causa penal 1207/2021/PUEBLA, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de robo agravado, previsto y sancionado por los artículos 373, 374, fracción IV, y 380, fracciones X, XI y XX, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de Eder Alberto Amaro Hernández. Mediante acuerdo emitido el veinte de julio del año en curso, dicha sentencia causó ejecutoria; ello, en atención a que no fue recurrida por parte legitimada para hacerlo, a través del recurso de revisión; por lo que, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requirió a la autoridad responsable 1. Rosa Aurora Espejel Prado, Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, con sede en la capital, dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Sustanciada la etapa de ejecución, por auto de once de agosto de la presente anualidad, se tuvo por recibido el oficio signado por la citada autoridad responsable -registro 14143 de 2021-, a través del cual, remitió un disco versátil digital en el que obra la audiencia de seis de agosto de dos mil veintiuno, llevada a cabo en la causa penal 1207/2021/PUEBLA, con lo cual, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que estimaran conducente sobre tal cumplimiento, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. 2. Análisis de la ejecutoria de amparo. En la sentencia de amparo de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, se declaró constitucional que 1. Rosa Aurora Espejel Prado, Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, con sede en la capital, en audiencia celebrada el veinticinco de abril de dos mil veintiuno, haya calificado de legal la detención en flagrancia del quejoso Ulises Gómez Andrade y, en su continuación el treinta de abril del actual, le haya impuesto la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, dentro de la causa penal 1207/2021/PUEBLA y, por ende, se le negó el amparo y protección de la Justicia Federal por cuanto a esos actos combatidos. Negativa que se hizo extensiva respecto a los actos de ejecución de la citada medida cautelar, al no reclamarse por vicios propios, sino como consecuencia directa de la resolución controvertida. En diverso sentido, se declaró parcialmente inconstitucional la resolución mediante la cual, la citada jueza de control vinculó a proceso al quejoso, dentro de la referida causa penal, por violar la garantía de exacta aplicación de la ley penal (legalidad), consagrada en el artículo 14 Constitucional, respecto al incorrecto encuadramiento de la agravante contenida en la fracción XX del artículo 380 del Código Penal del Estado de Puebla -cuando se cometa con violencia contra transeúntes- y no en la prevista en su fracción I -si el robo se ejecuta con violencia contra la víctima de aquél o contra otra u otras personas que se encuentren en el lugar de los hechos-. Por tanto, se le concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal respecto de dicha determinación. Las anteriores conclusiones tuvieron lugar -medularmente- con base en lo siguiente: A. Que se colmaron las condiciones exigidas por los artículos 16 Constitucional y 146, fracción II, inciso a), del Código Nacional de Procedimientos Penales, para establecer que el quejoso fue detenido en flagrancia. B. Que se logró la inmediatez en la puesta a disposición del quejoso ante la representación social respectiva y que su puesta a disposición ante la autoridad jurisdiccional se ajustó al parámetro de cuarenta y ocho horas, previsto en el artículo 16 Constitucional. C. Que se cumplieron con las formalidades esenciales del procedimiento, previstas y reguladas en los artículos 14 y 16 Constitucionales, por ejemplo que el auto de vinculación a proceso se emitió por autoridad jurisdiccional, que no se aplicó ley de forma retroactiva en perjuicio del quejoso y que satisfizo el procedimiento que los artículos 307 a 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevén para el desahogo de la audiencia inicial y, en su caso, su continuación. D. Que la jueza de control veló por el derecho del quejoso de contar con la asesoría de un profesional del derecho, tal como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 20, apartado B, fracción VIII, pues se cercioró de que sus defensores particulares, intervinientes en la audiencia inicial y su continuación, fueran licenciados en dicha materia y que ello constara en la videograbación respectiva, actuación que repercutió en todas las decisiones que se tomaron en la indicada audiencia; lo anterior, en cumplimiento al criterio establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dentro de la contradicción de tesis 405/2017. E. Que durante el desahogo de la audiencia inicial y su continuación no se advirtió que la defensa haya incurrido en errores sistemáticos que evidenciaran desconocimiento notorio e indudable de las técnicas de litigación del procedimiento de origen y que hayan ameritado su remoción en términos del artículo 121 del Código Nacional. F. Que la fiscalía expresó los datos de prueba con los que sustentó su pretensión de vincular a proceso al aquí quejoso y que el auto de vinculación se emitió dentro del plazo constitucional. G. Que existieron datos de prueba suficientes y pertinentes para establecer la existencia de hechos con apariencia del delito de robo agravado, bajo las calificativas contenidas en el artículo 380, fracciones X -que el robo se cometa llevando armas- y XI -cuando sean los ladrones dos o más-, del Código Penal del Estado de Puebla. H. Que dichos datos de prueba también eran suficientes para establecer la probable responsabilidad del ahora quejoso en su participación o intervención. I. Que, en consecuencia, existió una correcta valoración tanto de los datos de prueba expuestos por la fiscalía como de los datos de prueba y del medio de prueba incorporados por la defensa dentro del plazo constitucional ampliado. J. Que, no obstante la conclusión señalada en la letra G, la calificación del citado delito agravado realizada por la autoridad era incorrecta por cuanto al establecimiento de la agravante contenida en la fracción XX del artículo 380 del código penal local -cuando se cometa con violencia contra transeúntes- en vez de la contenida en la fracción I del citado numeral -si el robo se ejecuta con violencia contra la víctima de aquél o contra otra u otras personas que se encuentren en el lugar de los hechos-; de modo que violó el principio de exacta aplicación de la ley penal, consagrado en el artículo 14 Constitucional. K. Lo anterior, porque la agravante contenida en la indicada fracción I, es genérica, ya que no requiere una calidad específica de la víctima como sí la requiere la fracción XX, pues precisa que aquélla debe tener la calidad de transeúnte; de ahí que si de acuerdo a la exposición efectuada por el fiscal, la víctima no tenía calidad de transeúnte, no se actualiza la agravante prevista en la referida fracción XX, sino la contemplada en la aludida fracción I, al carecer, la víctima violentada, de una calidad específica. L. Que, sin perjuicio de lo último, fue correcta la apreciación de la jueza de control cuando determinó la existencia de una violencia moral en agravio de la víctima, definida por el último párrafo del artículo 380 del código penal como el uso de amagos, amenazas o cualquier tipo de intimidación por parte del sujeto activo sobre el sujeto pasivo, para causarle en su persona o en sus bienes, males graves o se realice en desventaja numérica sobre el sujeto pasivo; lo anterior, cuenta habida que el ahora quejoso amagó y amenazó a la víctima con el objeto punzocortante que portaba. M. Que se encuentra convencional, constitucional y legalmente justificada la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, atendiendo a la clasificación y naturaleza del delito de robo agravado, es decir, que se cometió con medio violento (arma). En ese tenor, el amparo se concedió para el efecto de que la jueza de origen, una vez que quedara firme la sentencia de amparo y se le requiriera su cumplimiento, realizara lo siguiente: 1. Dejara sin efectos únicamente la determinación de vinculación a proceso, dictada en audiencia de treinta de abril de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 1207/2021/PUEBLA, por la probable responsabilidad del quejoso en la comisión de los hechos con apariencia de los delitos de robo agravado, previsto y sancionado por los artículos 373, 374, fracción IV, y 380, fracciones X, XI y XX, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de Eder Alberto Amaro Hernández. 2. Reiterara todo lo manifestado por las partes en el debate de formulación de la imputación, medidas cautelares, solicitud de vinculación a proceso y plazo para el cierre de investigación complementaria, así como el desahogo de los datos de prueba y el medio de prueba incorporados por la defensa, en los términos de las audiencias de veinticinco y treinta de abril de dos mil veintiuno. 3. Enseguida, con base en las consideraciones expuestas en la sentencia, resolviera la situación jurídica del quejoso, reiterando las consideraciones que no fueron motivo de concesión de amparo y variando las que sí fueron materia de dicha concesión; esto es, debía vincular al quejoso a proceso por su probable responsabilidad en la comisión del delito de robo agravado, previsto y sancionado por los artículos 373, 374, fracción IV, y 380, fracciones I, X y XI, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de Eder Alberto Amaro Hernández, lo que significaba la recalificación y el cambio de la agravante contenida en la fracción XX por la contenida en la fracción I del citado numeral 380. 4. Decidiera la subsistencia de la imposición de la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, con base en la nueva calificación del delito, por todo el tiempo que durara el procedimiento. Asimismo, se dijo que la protección constitucional concedida al quejoso, no tenía el alcance de dejarlo en libertad (con motivo de la invalidez parcial de la continuación de audiencia inicial), sino que se limitaba a retrotraer las cosas al estado en que se encontraban al momento en que la jueza de control procedió a emitir la resolución de vinculación a proceso, a efecto de restituirlo en el goce de los derechos fundamentales violados en su perjuicio. En el entendido de que la jueza responsable debía conducir la audiencia correspondiente hasta su total conclusión, en observancia al principio de inmediación, debido proceso y derecho de defensa del imputado. 3. Estudio de los actos emitidos en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En lo que interesa, la autoridad responsable 1. Rosa Aurora Espejel Prado, Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, con sede en la capital, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo y dentro de la causa penal 1207/2021/PUEBLA, realizó lo siguiente: A. Mediante acuerdo dictado el dos de agosto de dos mil veintiuno, dejó sin efectos únicamente la determinación de vinculación a proceso, dictada en audiencia de treinta de abril de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 1207/2021/PUEBLA, por la probable responsabilidad del quejoso en la comisión de los hechos con apariencia de los delitos de robo agravado, previsto y sancionado por los artículos 373, 374, fracción IV, y 380, fracciones X, XI y XX, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de Eder Alberto Amaro Hernández. B. En audiencia oral celebrada el seis de agosto del actual, reiteró todo lo manifestado por las partes en el debate de formulación de la imputación, medidas cautelares, solicitud de vinculación a proceso y plazo para el cierre de investigación complementaria, así como el desahogo de los datos de prueba y el medio de prueba incorporados por la defensa, en los términos de las audiencias de veinticinco y treinta de abril de dos mil veintiuno. C. Enseguida, en dicha audiencia, con base en las consideraciones expuestas en la sentencia dictada en el presente sumario constitucional, resolvió la situación jurídica del quejoso, reiterando las consideraciones que no fueron motivo de la concesión de amparo y variando las que sí fueron materia de dicha concesión; esto es, vinculó al quejoso a proceso por su probable responsabilidad en la comisión del delito de robo agravado, previsto y sancionado por los artículos 373, 374, fracción IV, y 380, fracciones I, X y XI, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de Eder Alberto Amaro Hernández, lo que significó la recalificación y el cambio de la agravante contenida en la fracción XX por la contenida en la fracción I del citado numeral 380. D. Finalmente, en la misma audiencia, determinó la subsistencia de la imposición de la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, con base en la nueva calificación del delito, por todo el tiempo que dure el procedimiento. 4. Opinión jurisdiccional. Ante lo expuesto, este órgano jurisdiccional considera que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que, con fundamento en el antepenúltimo párrafo, del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos ni defectos. Ciertamente, la jueza responsable cumplió con el núcleo esencial del fallo protector, habida cuenta que: i) dejó sin efectos únicamente el auto de vinculación a proceso reclamado; ii) reiteró todo lo manifestado por las partes en la audiencia inicial y su continuación; iii) resolvió la situación jurídica del quejoso, reiterando las consideraciones que no fueron motivo de la concesión de amparo y variando las que sí fueron materia de dicha concesión; esto es, vinculó al quejoso a proceso por su probable responsabilidad en la comisión del delito de robo agravado, previsto y sancionado por los artículos 373, 374, fracción IV, y 380, fracciones I, X y XI, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de Eder Alberto Amaro Hernández; y, iv) finalmente, determinó la subsistencia de la imposición de la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, con base en la nueva calificación del delito. De ahí que la ejecutoria de amparo se encuentra íntegramente cumplida. Notifíquese personalmente al quejoso Ulises Gómez Andrade, en el lugar de su reclusión -Centro Penitenciario de la ciudad de Puebla-, a su personal autorizado términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, en el domicilio señalado en la demanda de amparo, así como al tercero interesado Eder Alberto Amaro Hernández; y, por oficio a las autoridades responsables, a los fiscales terceros interesados y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito...

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