URBANO ROMAN MELENDEZ y Otros.

Expediente 467/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
467/2016
Año
2016
Actuaciones
7
Última actuación
05/09/2016

Partes del expediente

  • URBANO ROMAN MELENDEZ y Otros.
  • Maria del Refugio Isabel Castaños Perez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cinco de septiembre de dos mil dieciséis. Vista, agréguese a los autos la razón asentada por el Actuario de este juzgado, de la que se desprende que no le fue posible notificar a la parte quejosa el auto de treinta de agosto de dos mil dieciséis, toda vez que al constituirse en el domicilio indicado en autos para tales efectos, tocó la reja que impide el paso a la privada y esperó por un lapso de diez minutos sin recibir respuesta, por lo que no pudo entrar para llegar al interior "once mil cinco" y dejar el aviso de notificación, ya que nadie lo atendió y no tenía la certeza de que al dejarlo en la entrada común de la privada, la notificación llegara a su destinatario, por lo que se vio impedido para realizar la mencionada diligencia. Atento a lo anterior, se comisiona nuevamente al Actuario judicial de la adscripción que corresponda, a fin de que lleve a cabo dicha diligencia, aún en horas inhábiles, en términos del artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo y, hecho lo anterior, en caso de continuar la imposibilidad asentada en la razón de cuenta (que se encuentre cerrado el domicilio que busca y nadie atienda a su llamado) deberá ajustarse a los lineamientos establecidos en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo.

  2. Principal

    CAPTURA AVISO- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCION DE TREINTA DE AGOSTO Y CINCO DE SEPTIEMBRE AMBOS DE 2016 QUE EN LO CONDUCENTE DICEN: San Andrés Cholula, Puebla, treinta de agosto de dos mil dieciséis. Vista, la certificación de esta fecha y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo y, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis (fojas 129 a 143), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la parte quejosa, para el efecto de que el Juez responsable realizara lo siguiente: Deje sin efectos el acuerdo que dictó el once de marzo de dos mil dieciséis, únicamente en la parte en que fijó los montos para que los aquí quejosos pudieran gozar de su libertad provisional bajo caución dentro de la causa penal 04/2016. Dicte un nuevo acuerdo en el que purgue los vicios formales destacados, siguiendo los lineamientos precisados en la presente resolución, y con plenitud de jurisdicción, bajo su más estricta responsabilidad, resuelva lo procedente conforme a derecho." (foja 142). Resolución que el ocho de julio de dos mil dieciséis causó ejecutoria, por lo que se solicitó su cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 197 a 199). Así, en cumplimiento a la referida ejecutoria, la autoridad responsable Juez Municipal de lo Penal de San Pedro Cholula, Puebla, por oficio 952 recibido en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, remitió copia certificada de la resolución emitida en la misma fecha, dictada en la causa penal 04/2016 de su índice, de la que se desprende que realizó lo siguiente: - Dejó sin efectos la resolución reclamada de once de marzo de dos mil dieciséis, así como las diversas de trece de julio y once de agosto, ambas de dos mil dieciséis, con las que pretendió dar cumplimiento a la sentencia de amparo (foja 246). - Con la libertad de jurisdicción que le fue concedida, volvió a establecer los montos para que los aquí quejosos puedan gozar de su libertad provisional dentro de la causa penal 04/2016 de su índice, que se les sigue por el delito de lesiones. Resolución de diecisiete de agosto de dos mil dieciséis en la cual el juez de la causa establece, por concepto de obligaciones procesales o como lo denominó de "libertad caucional", que toma en consideración los antecedes y generales de los procesados aquí quejosos, la gravedad y circunstancias del delito imputado, el mayor o menor interés en sustraerse de la acción de la justicia y las condiciones económicas de los mismos, estableciendo además que el monto fijado por tal concepto de $12,290.40 (doce mil doscientos noventa pesos con cuarenta centavos moneda nacional) por cada uno de los aquí quejosos, corresponde al grado de culpabilidad mínimo que resulta de multiplicar ciento ochenta días (seis meses, que es la sanción mínimo que establece el delito imputado de lesiones previsto y sancionado por el artículo 305, fracción II del Código Penal del Estado de Puebla) por sesenta y ocho pesos con veintiocho centavos moneda nacional, que corresponde al salario mínimo vigente en la época de los hechos que fue en el año dos mil quince. Asimismo, por concepto de la posible multa a imponer establece que toma en consideración los antecedes penales de los quejosos, la gravedad y circunstancias del delito cometido, que representan un interés mínimo de sustraerse de la acción de la justicia, sus ingresos económicos y sus dependientes económicos, estableciendo que el grado de culpabilidad de los quejosos es mínimo, y tomando en consideración que el delito imputado previsto y sancionado por el artículo 305, fracción II del Código Penal del Estado de Puebla, establece como multa mínimo de diez días de salario mínimo, les fija por tal concepto la cantidad de $682.80 (seiscientos ochenta y dos pesos con ochenta centavos moneda nacional), por cada uno de los quejosos, que resulta de multiplicar diez días por sesenta y ocho pesos con veintiocho centavos moneda nacional, que era el salario mínimo vigente en la época de los hechos que fue en el año dos mil quince. Por otra parte, refiere que en virtud de que los agraviados hasta el momento no han acreditado gasto alguno erogado por sus lesiones, no se encuentra en posibilidad de fijar garantía por concepto de reparación del daño. Documental que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tiene pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA. Háganse las anotaciones en el libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento. San Andrés Cholula, Puebla, cinco de septiembre de dos mil dieciséis. Vista, agréguese a los autos la razón asentada por el Actuario de este juzgado, de la que se desprende que no le fue posible notificar a la parte quejosa el auto de treinta de agosto de dos mil dieciséis, toda vez que al constituirse en el domicilio indicado en autos para tales efectos, tocó la reja que impide el paso a la privada y esperó por un lapso de diez minutos sin recibir respuesta, por lo que no pudo entrar para llegar al interior "once mil cinco" y dejar el aviso de notificación, ya que nadie lo atendió y no tenía la certeza de que al dejarlo en la entrada común de la privada, la notificación llegara a su destinatario, por lo que se vio impedido para realizar la mencionada diligencia. Atento a lo anterior, se comisiona nuevamente al Actuario judicial de la adscripción que corresponda, a fin de que lleve a cabo dicha diligencia, aún en horas inhábiles, en términos del artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo y, hecho lo anterior, en caso de continuar la imposibilidad asentada en la razón de cuenta (que se encuentre cerrado el domicilio que busca y nadie atienda a su llamado) deberá ajustarse a los lineamientos establecidos en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    (SE NOTIFICA POR LISTA AVISO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA EL SIGUIENTE AUTO: San Andrés Cholula, Puebla, treinta de agosto de dos mil dieciséis. Vista, la certificación de esta fecha y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo y, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis (fojas 129 a 143), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la parte quejosa, para el efecto de que el Juez responsable realizara lo siguiente: Deje sin efectos el acuerdo que dictó el once de marzo de dos mil dieciséis, únicamente en la parte en que fijó los montos para que los aquí quejosos pudieran gozar de su libertad provisional bajo caución dentro de la causa penal 04/2016. Dicte un nuevo acuerdo en el que purgue los vicios formales destacados, siguiendo los lineamientos precisados en la presente resolución, y con plenitud de jurisdicción, bajo su más estricta responsabilidad, resuelva lo procedente conforme a derecho." (foja 142). Resolución que el ocho de julio de dos mil dieciséis causó ejecutoria, por lo que se solicitó su cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 197 a 199). Así, en cumplimiento a la referida ejecutoria, la autoridad responsable Juez Municipal de lo Penal de San Pedro Cholula, Puebla, por oficio 952 recibido en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, remitió copia certificada de la resolución emitida en la misma fecha, dictada en la causa penal 04/2016 de su índice, de la que se desprende que realizó lo siguiente: - Dejó sin efectos la resolución reclamada de once de marzo de dos mil dieciséis, así como las diversas de trece de julio y once de agosto, ambas de dos mil dieciséis, con las que pretendió dar cumplimiento a la sentencia de amparo (foja 246). - Con la libertad de jurisdicción que le fue concedida, volvió a establecer los montos para que los aquí quejosos puedan gozar de su libertad provisional dentro de la causa penal 04/2016 de su índice, que se les sigue por el delito de lesiones. Resolución de diecisiete de agosto de dos mil dieciséis en la cual el juez de la causa establece, por concepto de obligaciones procesales o como lo denominó de "libertad caucional", que toma en consideración los antecedes y generales de los procesados aquí quejosos, la gravedad y circunstancias del delito imputado, el mayor o menor interés en sustraerse de la acción de la justicia y las condiciones económicas de los mismos, estableciendo además que el monto fijado por tal concepto de $12,290.40 (doce mil doscientos noventa pesos con cuarenta centavos moneda nacional) por cada uno de los aquí quejosos, corresponde al grado de culpabilidad mínimo que resulta de multiplicar ciento ochenta días (seis meses, que es la sanción mínimo que establece el delito imputado de lesiones previsto y sancionado por el artículo 305, fracción II del Código Penal del Estado de Puebla) por sesenta y ocho pesos con veintiocho centavos moneda nacional, que corresponde al salario mínimo vigente en la época de los hechos que fue en el año dos mil quince. Asimismo, por concepto de la posible multa a imponer establece que toma en consideración los antecedes penales de los quejosos, la gravedad y circunstancias del delito cometido, que representan un interés mínimo de sustraerse de la acción de la justicia, sus ingresos económicos y sus dependientes económicos, estableciendo que el grado de culpabilidad de los quejosos es mínimo, y tomando en consideración que el delito imputado previsto y sancionado por el artículo 305, fracción II del Código Penal del Estado de Puebla, establece como multa mínimo de diez días de salario mínimo, les fija por tal concepto la cantidad de $682.80 (seiscientos ochenta y dos pesos con ochenta centavos moneda nacional), por cada uno de los quejosos, que resulta de multiplicar diez días por sesenta y ocho pesos con veintiocho centavos moneda nacional, que era el salario mínimo vigente en la época de los hechos que fue en el año dos mil quince. Por otra parte, refiere que en virtud de que los agraviados hasta el momento no han acreditado gasto alguno erogado por sus lesiones, no se encuentra en posibilidad de fijar garantía por concepto de reparación del daño. Documental que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tiene pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA. Háganse las anotaciones en el libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el oficio y anexo signado por el Juez Municipal de San Pedro Cholula, Puebla, visto su contenido y en cumplimiento al autos de doce de agosto del actual, téngase a la referida autoridad manifestando haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, con el contenido del oficio de cuenta y anexo dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto en seguida se anuncian: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo."

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