Ulises José Garcia Javier

Expediente 179/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de agosto de 2016.

Datos del expediente

Expediente
179/2015
Año
2015
Actuaciones
2
Última actuación
26/08/2016

Partes del expediente

  • Ulises José Garcia Javier

Actuaciones

  1. Principal

    CAPTURA AVISO- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCION DE VEINTISEIS DE AGOSTO DE 2016 QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de agosto de dos mil dieciséis. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista concedida mediante auto de cuatro de agosto de dos mil dieciséis, respecto del oficio S.A.6190 signado por la autoridad responsable 2. Director del Departamento de Recursos Humanos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, sobre el cumplimiento dado a la sentencia de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el ocho de julio de dos mil quince se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la parte quejosa, para los siguientes efectos: "En ese orden, el amparo se concede para que cuando se notifique la determinación que declare ejecutoria esta sentencia, el Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla: 1. Deje sin efectos la resolución de tres de febrero de dos mil quince, dictada en el expedientillo de determinación de responsabilidad oficial relacionado con la causa 247/210, que impone a Ulises José García Javier una sanción consistente en destitución del cargo de secretario de acuerdos. 2. Deje insubsistentes todos los actos emitidos con la finalidad de cumplimentar la resolución mencionada en el punto anterior. 3. Emita otra determinación en la que resuelva que no se acredita el tipo administrativo atribuido al quejoso Ulises José García Javier, previsto en el artículo 73, fracciones I a XIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla. (.)." Luego, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, mediante oficios 3708 (foja 190) y 4019 (foja 212) el entonces 1. Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla remitió copia certificada de las resoluciones de dieciocho de agosto y uno de septiembre, ambos de dos mil quince dictados dentro del expedientillo de determinación de responsabilidad oficial relacionado con la causa 247/2010, documentales que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tienen pleno valor probatorio y, de las que se advierten que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo realizó lo siguiente: a) Dejó sin efectos la resolución de tres de febrero de dos mil quince dictada dentro del expedientillo de determinación de responsabilidad oficial relacionado con la causa penal 247/2010, que impuso a Ulises José García Javier una sanción consistente en la destitución del cargo de secretario de acuerdos; y, b) En atención a la ejecutoria de amparo, dejó insubsistentes todos los actos emitidos con la finalidad de cumplimentar la resolución mencionada en el punto anterior, ordenando girar oficio al Director de Recursos Humanos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla y al Director de Agencias del Ministerio Público Zona Sur-Oriente del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla a efecto de que no sea molestado en su persona el quejoso con motivo de la resolución dictada; y, c) Finalmente, dictó una diversa determinación en la que resolvió que no se acredita el tipo administrativo atribuido al quejoso Ulises José García Javier, previsto en el artículo 73, fracciones I a XIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla. Así, con lo anterior, mediante auto de once de septiembre de dos mil quince (fojas 219 a 221), se tuvo por cumplida la sentencia de amparo, ordenándose el archivo definitivo del presente asunto, como totalmente concluido; sin embargo, inconforme con dicha determinación, la parte quejosa interpuso recurso de inconformidad, el cual fue radicado ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, y resuelto en los siguientes términos: "PRIMERO.- Se declara fundada la presente inconformidad. SEGUNDO.- Se ordena devolver los autos a la Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, para los efectos indicados en la parte final del último considerando de la presente ejecutoria." Por lo que, atendiendo a lo resuelto por el Tribunal de Alzada, mediante auto de dieciséis de marzo de dos mil dieciséis (foja 326 a 328), se dejó insubsistente el acuerdo emitido el once de septiembre de dos mil quince (en el que se declaró cumplida la sentencia de amparo), así como las anotaciones realizadas en las carátulas del presente expediente y, con fundamento en el artículo con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requirió nuevamente a la entonces autoridad responsable 1. Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, contra cuyos actos se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Ulises José García Javier, para que diera cabal cumplimiento a la sentencia de amparo emitida en el presente juicio de derechos fundamentales, para lo cual debería realizar lo siguiente: - Remitir copia certificada de los oficios girados a autoridades Director de Recursos Humanos del Tribunal Superior de Justicia del Estado y al Director de Agencias del Ministerio Público Zona Sur Oriente de Tehuacán, Puebla, ya que en dicha resolución se ordenó hacer del conocimiento del Representante Social los hechos materia de procedimiento de responsabilidad, pues podían constituir una conducta delictiva, lo anterior, en virtud de que resultaba indispensable para que, de acuerdo con su texto, pudieran advertirse los términos en que se solicitó el cumplimiento, y a partir de ello determinar si se acataban o no los efectos precisados en el punto 2 de la sentencia protectora. Aunado a lo anterior, la responsable debería remitir los acuses que justificaran que los oficios fueron recibidos por las autoridades a las que se dirigieron, y las constancias de las actuaciones que hubieran llevado a cabo las propias autoridades para acatar lo ordenado por el juez responsable, consistentes en la restitución en el cargo del quejoso en los mismos términos y condiciones como lo venía desempeñando antes de su ilegal destitución, y en el pago de su sueldo y demás prestaciones que dejó de percibir a partir de la emisión del acto reclamado; así como la anulación de todo lo actuado en su contra dentro de alguna averiguación previa derivada de dicho acto. En acatamiento a lo anterior, mediante oficios 0765 (foja 336) y S.A. 2416 (foja 389) signados respectivamente por las autoridades responsables 1. Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla y 2. Director del Departamento de Recursos Humanos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla informaron las gestiones para dar cumplimiento; sin embargo, fue hasta el veintiuno de abril de dos mil dieciséis, que se tuvo a la autoridad responsable 1. Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla remitiendo copia certificada de las constancias donde se advierte que el quejoso fue debidamente restituido en el cargo de Secretario de acuerdos del Juzgado Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla en los términos que estableció y condiciones como lo venía desempeñando antes de su ilegal destitución. Y, que mediante oficios 0938 (foja 431) y FGR/DAM/PSO/177/2016 (foja 438) signados respectivamente por la autoridad responsable 1. Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla y de la Encargada de la Dirección de Agencias del Ministerio Público Región Judicial Sur-Oriente en Tehuacán, Puebla, las autoridades responsables informaron la anulación de todo lo actuado en contra del aquí quejoso dentro de la averiguación previa derivada del acto que dio origen al presente juicio de amparo, ya que la última de las autoridades mencionadas determinó el no ejercicio de la acción penal y el archivo definitivo de la carpeta de investigación; pero fueron omisos en dar cumplimiento al diverso efecto que indicó el Tribunal Colegiado que resolvió la inconformidad planteada, en el sentido de remitir las constancias con las que acredite que le fueron debidamente pagados su sueldo y demás prestaciones que dejó de percibir a partir de la emisión del acto reclamado; por lo que, en la misma fecha se requirió nuevamente el debido cumplimiento. Así, fue hasta el diez de junio de dos mil dieciséis que el 2. Director del Departamento de Recursos Humanos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, mediante oficio S.A.-4877 (foja 564), informó el monto actualizado respecto de la cuantificación del pago de los salarios que dejó de percibir el quejoso con motivo de la emisión del acto reclamado en la presente instancia, remitiendo mediante diverso S.A.5642 (foja 574) copia certificada del cheque emitido a favor del aquí quejoso y, finalmente, mediante oficio S.A. 6190 (foja 592) hizo del conocimiento de este órgano de control constitucional que el quejoso Ulises José García Javier ya había comparecido a recoger el título de crédito a su favor mencionado. En virtud de lo expuesto, se concluye que se cumplieron los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, de ahí que, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al tratarse este expediente de un asunto concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de destrucción, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Por último, se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 04 DE agosto DE 2016, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de agosto de dos mil dieciséis. Visto, agréguese a los presentes autos el oficio S.A. 6190 signado por el 2. Director del Departamento de Recursos Humanos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla y, en atención a su contenido, téngasele manifestando haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto; en consecuencia, con el contenido del oficio de mérito con anexo, dése vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, este juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos aportados por la autoridad responsable, en términos del artículo tercero transitorio del Decreto publicado el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.) sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo..."

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