Ulises Abigail Piña Nuñez
Expediente 1314/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 5 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1314/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 05/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Ulises Abigail Piña Nuñez
- Luis Delfino Lopez Raya (Promovente)
- LUIS DELFINO LOPEZ RAYA (PROMOVENTE) y Otros.
- ULISES ABIGAIL PIÑA NUÑEZ y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cinco de enero de dos mil veintitrés. Intégrese a los autos para que obre como corresponda el oficio 001, signado por el Juez de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla, con anexo, por medio del cual devuelve debidamente diligenciado el despacho 621/2022 (orden 951/2022), de este índice, de cuyas actuaciones se advierte que el veintinueve de diciembre de dos mil veintitrés, notificó al quejoso ********************, el proveído de veintiséis de diciembre de dos mil veintidós, corriéndole traslado con copia del mismo; de lo que esta autoridad queda enterada, para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, dese de baja la presente comunicación oficial y háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E. Notifíquese por lista a las partes.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que el quejoso interpusiera recurso de queja contra el auto de ocho de diciembre de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo, sin que lo haya hecho; en consecuencia, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, se declara que el auto de mérito ha quedado firme, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente totalmente concluido y en cumplimiento al artículo 18, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto en el que se desechó la demanda de amparo, pero se concedió la suspensión de oficio y de plano, es susceptible de depuración, después de transcurridos tres años. Se ordena fijar la anotación correspondiente en la carátula de este expediente. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, así como por el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, líbrese despacho al Juez de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla, a efecto de que en auxilio de las labores de este Juzgado, por conducto de quien legalmente corresponda, realice lo siguiente: a) Se constituya en las instalaciones del Centro Penitenciario de Tepeaca, Puebla; b) Busque, por conducto del personal de custodia correspondiente, al quejoso ********************, y se cerciore de su identidad; c) Le haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación -Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla-, así como el número de expediente -juicio de amparo 1314/2022; d) Notifique al demandante constitucional la presente determinación e) Le corra traslado con copia autorizada de la presente determinación; f) Asiente razón en el sentido de si el quejoso quiso o no recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia; sin que se encuentre facultada la persona encargada de realizar la diligencia para asentar manifestaciones que no se encuentren relacionadas con la materia de la presente determinación. Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se autoriza a las personas encomendadas para que realicen la diligencia aún en horas y días inhábiles. En ese orden, dígase al juez auxiliante que deberá remitir dentro del término de cuarenta y ocho horas a partir de su notificación, copia certificada de las constancias que acrediten que se practicó la diligencia de mérito. Apercibido que de no hacerlo se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente vía despacho al quejoso directo en el lugar de su reclusión en los términos aquí señalados; por lista al promovente ********************, en cumplimiento a lo acordado en auto de seis de diciembre del actual; y, por oficio a la autoridad responsable y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.Así lo proveyó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante Juan Miguel Juárez Caudillo, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe. [Firma electrónica]. [Firma electrónica]. Mercedes En la misma fecha, se turnó el expediente a la actuaría. Conste. [Firma electrónica]. El suscrito Secretario del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, doy fe de que la resolución que antecede (y la promoción que le dio origen, en su caso) se agregó al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y coincide en su totalidad al expediente electrónico e impreso de conformidad con los párrafos quinto y séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Doy fe. [Firma electrónica]."San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que el quejoso interpusiera recurso de queja contra el auto de ocho de diciembre de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo, sin que lo haya hecho; en consecuencia, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, se declara que el auto de mérito ha quedado firme, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente totalmente concluido y en cumplimiento al artículo 18, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto en el que se desechó la demanda de amparo, pero se concedió la suspensión de oficio y de plano, es susceptible de depuración, después de transcurridos tres años. Se ordena fijar la anotación correspondiente en la carátula de este expediente. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, así como por el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, líbrese despacho al Juez de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla, a efecto de que en auxilio de las labores de este Juzgado, por conducto de quien legalmente corresponda, realice lo siguiente: a) Se constituya en las instalaciones del Centro Penitenciario de Tepeaca, Puebla; b) Busque, por conducto del personal de custodia correspondiente, al quejoso ********************, y se cerciore de su identidad; c) Le haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación -Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla-, así como el número de expediente -juicio de amparo 1314/2022; d) Notifique al demandante constitucional la presente determinación e) Le corra traslado con copia autorizada de la presente determinación; f) Asiente razón en el sentido de si el quejoso quiso o no recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia; sin que se encuentre facultada la persona encargada de realizar la diligencia para asentar manifestaciones que no se encuentren relacionadas con la materia de la presente determinación. Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se autoriza a las personas encomendadas para que realicen la diligencia aún en horas y días inhábiles. En ese orden, dígase al juez auxiliante que deberá remitir dentro del término de cuarenta y ocho horas a partir de su notificación, copia certificada de las constancias que acrediten que se practicó la diligencia de mérito. Apercibido que de no hacerlo se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente vía despacho al quejoso directo en el lugar de su reclusión en los términos aquí señalados; por lista al promovente ********************, en cumplimiento a lo acordado en auto de seis de diciembre del actual; y, por oficio a la autoridad responsable y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito."San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que el quejoso interpusiera recurso de queja contra el auto de ocho de diciembre de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo, sin que lo haya hecho; en consecuencia, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, se declara que el auto de mérito ha quedado firme, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente totalmente concluido y en cumplimiento al artículo 18, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto en el que se desechó la demanda de amparo, pero se concedió la suspensión de oficio y de plano, es susceptible de depuración, después de transcurridos tres años. Se ordena fijar la anotación correspondiente en la carátula de este expediente. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, así como por el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, líbrese despacho al Juez de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla, a efecto de que en auxilio de las labores de este Juzgado, por conducto de quien legalmente corresponda, realice lo siguiente: a) Se constituya en las instalaciones del Centro Penitenciario de Tepeaca, Puebla; b) Busque, por conducto del personal de custodia correspondiente, al quejoso ********************, y se cerciore de su identidad; c) Le haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación -Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla-, así como el número de expediente -juicio de amparo 1314/2022; d) Notifique al demandante constitucional la presente determinación e) Le corra traslado con copia autorizada de la presente determinación; f) Asiente razón en el sentido de si el quejoso quiso o no recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia; sin que se encuentre facultada la persona encargada de realizar la diligencia para asentar manifestaciones que no se encuentren relacionadas con la materia de la presente determinación. Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se autoriza a las personas encomendadas para que realicen la diligencia aún en horas y días inhábiles. En ese orden, dígase al juez auxiliante que deberá remitir dentro del término de cuarenta y ocho horas a partir de su notificación, copia certificada de las constancias que acrediten que se practicó la diligencia de mérito. Apercibido que de no hacerlo se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente vía despacho al quejoso directo en el lugar de su reclusión en los términos aquí señalados; por lista al promovente ********************, en cumplimiento a lo acordado en auto de seis de diciembre del actual; y, por oficio a la autoridad responsable y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de diciembre de dos mil veintidós. Intégrese a los autos para que obre como corresponda el oficio 2051 del Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla, con anexo, por medio del cual devuelve debidamente diligenciado el despacho 577/2022 (orden 890/2022), de este índice, de cuyas actuaciones se advierte que el quince de diciembre del presente año, notificó al quejoso ********************, el proveído de ocho de diciembre de dos mil veintidós del presente año; de lo que esta autoridad queda enterada, para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, dese de baja la presente comunicación oficial y háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E. Notifíquese por lista a las partes.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, ocho de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos, para que surta los efectos legales procedentes, el oficio 1975 remitido -vía correo electrónico institucional- por el Juez de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla, por medio del cual, devuelve diligenciado el despacho 572/2022 (orden 885/202), de este Juzgado de Distrito; lo anterior, pues del citado despacho se desprende que la Diligenciaria Non de su adscripción, mediante diligencia practicada a las veintitrés horas con cuarenta minutos del seis de diciembre del actual, realizó lo siguiente: 1. Localizó al quejoso ******************** en el Centro Penitenciario de Tepeaca, Puebla y le requirió para que manifiestara en ese acto o dentro del término de tres días, legalmente computado, si ratificaba o no la demanda de derechos fundamentales promovida a su favor por ********************, a lo cual, dicho quejoso contestó que sí ratificaba la demanda. 2. Asentó las condiciones físicas en que se encontraba el quejoso, señalando que se encontraba limpio y aseado, con lenguaje fluido y orientado y sin presentar algún tipo de lesión externa; asimismo, le preguntó que sí había sufrido alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, a lo que contestó negativamente, es decir, que no había sufrido alguno de esos actos (violencia o tortura). 3. Cuestionó al quejoso si se le han permitido comunicarse con su abogado, familiares o personas de confianza, a lo que contestó afirmativamente, esto es, que sí tiene comunicación con sus familiares y con su abogado y que no se le ha negado la misma con ellos. 4. Ratificó a la autoridad ante quien está detenido, la suspensión de plano decretada por este órgano jurisdiccional. 5. Asentó las condiciones del lugar en el que se encontraba recluido el quejoso, precisando que se trataba en un lugar limpio y ventilado. 6. Notificó al directo quejoso el acuerdo dictado el seis de diciembre de dos mil veintidós y le corrió traslado con copia autorizada del mismo. 7. Previno al quejoso para que nombrara a un abogado o abogados que lo representaran en este juicio de amparo, para lo cual, le dijo que debía proporcionar los datos de la cédula profesional debidamente registrada en la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, asimismo, se le dijo que podía nombrar a ******************** como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo (con número de cédula profesional ********************); y se le apercibió que de no hacerlo este órgano jurisdiccional le nombraría uno de oficio de estimarlo necesario. 8. Notificó a la autoridad responsable el oficio 1566/2022 de seis de diciembre de dos mil veintidós y sus anexos, tal como se desprende del acuse respectivo. Por tanto, dese de baja el despacho de mérito y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Informe de suspensión de plano. Agréguese a los autos el oficio 356/2022 remitido -vía correo electrónico institucional- por el Encargado del Despacho de la Dirección del Centro Penitenciario Distrital de Tepeaca de Negrete, Puebla -autoridad responsable-, mediante el cual, rinde el informe solicitado en relación con la suspensión de plano decretada en determinación de seis de diciembre de dos mil veintidós, pues para tal efecto realiza lo siguiente: ( Comunica que acata la medida cautelar concedida; ( Niega la existencia de alguna orden para trasladar al quejoso ******************** a diverso centro penitenciario; ( Informa que en el Centro Penitenciario no existe restricción alguna sobre el ingreso de visitas de cualquier tipo, siempre que se cumplan con los requisitos de ingreso; ( Refiere que ni el quejoso ni otro recluso tienen prohibidas las visitas; y, ( Remite copia certificada de diversos registros de acceso de cualquier visita a los reclusos con fecha seis de diciembre de dos mil veintidós, y algunas relativas a visitas al quejoso ******************** en diversas datas. De lo que se toma nota, para los efectos legales procedentes. Desechamiento de la demanda. El suscrito juzgador Federal advierte que respecto de la demanda de amparo promovida por ********************, a favor y en nombre de ********************, en la que se reclamó al Director del Centro Penitenciario de Tepeaca, Puebla la orden de traslado a diverso centro penitenciario, con el temor de que en su ejecución pudiera ser privado de la vida o se pudieran cometer actos en contra de su dignidad, se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 6 y 15, interpretados en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, por lo que, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo. Se explica. Los citados preceptos disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. Si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se harán los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación. En caso de que éste sea autoridad responsable, se hará del conocimiento al Procurador General de la República. Cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se remitirá copia certificada de lo actuado en estos casos. Transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda. Cuando, por las circunstancias del caso o lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar del quejoso, se trate de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, el juez tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados, y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima. Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo determinado para que comparezca el agraviado, ni podrán las autoridades negarse a practicar las diligencias que de ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales para considerar la desaparición de una persona. (.) " De los preceptos legales transcritos se advierte que el juicio de amparo: ( Únicamente puede promoverse por parte de la persona a quien afecte la norma general o el acto reclamado; ( Se puede promover directamente por la parte afectada, por su representante y por su defensor, si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal; y, ( Puede promoverse por cualquier persona, incluso, por un menor de edad, cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo. Conforme al contenido de las anteriores hipótesis normativas, se aprecia que la legislación reguló en el artículo 6 de la Ley de Amparo, tanto la legitimación activa en la causa, como la legitimación activa en el proceso, e incluso la personalidad. La legitimación procesal deriva de las normas que establecen quienes pueden ser partes en un proceso, esto es, por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de en el proceso y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio, es ejercitado por quien conforme a derecho está en aptitud de hacerlo valer, o bien, porque cuenta con la representación legal de dicho titular, por ende, los sujetos legitimados son aquellos que en el proceso pueden asumir la figura de actores del derecho de contradicción. En tanto, que la legitimación en la causa se identifica con la vinculación de quien invoca un derecho substantivo que la ley establece en su favor, y que hace valer mediante la intervención de los órganos jurisdiccionales cuando ese derecho es violado o desconocido; es decir, es la afirmación que hace el actor, el quejoso, el demandado o el tercerista, de la existencia de un derecho sustantivo, cuya aplicación y respeto pide el órgano de justicia, por encontrarse frente a un estado lesivo. Cobra aplicación la siguiente tesis: "LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO. Por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de ad procesum y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio es ejercitado en el proceso por quien tiene aptitud para hacerlo valer, a diferencia de la legitimación ad causam que implica tener la titularidad de ese derecho cuestionado en el juicio. La legitimación en el proceso se produce cuando la acción es ejercitada en el juicio por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionará, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular. La legitimación ad procesum es requisito para la procedencia del juicio, mientras que la ad causam, lo es para que se pronuncie sentencia favorable." De lo antes señalado, se advierte que, la legitimación en el proceso, es un presupuesto procesal, pues se refiere a la capacidad de las partes para ejecutar válidamente actos procesales y, por tanto, es condición para la validez formal del juicio. En este orden de ideas, la hipótesis normativa prevista en el artículo 6° de la Ley de Amparo, relativa a que el juicio de amparo se puede promover directamente por la parte afectada, por su representante y por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, adopta el concepto de la legitimación procesal activa, pues como se dijo, esta última consiste en una potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación de un juicio; y en el juicio de amparo, tal potestad legal corresponde desde luego a la parte directamente afectada, a los representantes legales del quejoso, al defensor cuando el acto reclamado deriva de un procedimiento penal, y a cualquier persona en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Entonces, la propia interpretación literal del citado numeral, permite establecer que el juicio de amparo indirecto no puede promoverse por persona distinta de aquella a quien perjudique el acto reclamado, o que no sea su representante legal o su defensor, si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal o que no se ubique en el supuesto del artículo 15 de la Ley de Amparo. En efecto, el referido artículo 15, establece la posibilidad de que cualquier persona, aunque sea menor de edad, promueva el amparo a nombre de la persona física afectada por la norma general o el acto reclamado, sin embargo, dicha hipótesis requiere necesariamente dos requisitos, a saber: 1). Que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y, 2). Que el agraviado se encuentre imposibilitado para promover directamente el amparo. Sentado lo anterior, conviene recordar que ******************** promovió la demanda de amparo a favor y en nombre de ********************, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo; y que, para justificar su acción, señaló que el directo quejoso se encontraba imposibilitado para firmar directamente la demanda porque en el lugar de su reclusión -Centro Penitenciario de Tepeaca, Puebla- estaban prohibidas las visitas por la contingencia sanitaria provocada por la propagación del virus Covid-19. Sin embargo, de la diligencia de seis de diciembre de dos mil veintidós, practicada por la Diligenciaria Non adscrita al Juzgado de lo Penal y de lo Civil del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla en cumplimiento a la determinación emitida por este órgano jurisdiccional en la misma data, se desprende, en lo que interesa, que el quejoso manifestó que sí tiene comunicación con sus familiares y su abogado y que no se le ha negado la misma con ellos. Aunado a lo anterior, el Encargado del Despacho de la Dirección del Centro Penitenciario Distrital de Tepeaca de Negrete, Puebla, en cumplimiento a lo requerido por este órgano de control constitucional en la citada determinación, realizó lo siguiente: ( Informó que en el Centro Penitenciario no existe restricción alguna sobre el ingreso de visitas de cualquier tipo, siempre que se cumplan con los requisitos de ingreso; ( Refirió que ni el quejoso ni otro recluso tienen prohibidas las visitas; y, ( Remitió copia certificada de diversos registros de acceso de cualquier visita a los reclusos con fecha seis de diciembre de dos mil veintidós, y algunas relativas a visitas al quejoso ******************** en diversas datas. De lo anterior, se puede colegir que el directo quejoso nunca estuvo imposibilitado o impedido para para presentar la demanda de amparo, en específico el día de su presentación -seis de diciembre de dos mil veintidós-. Entonces, si bien se reclama la orden de traslado a diverso centro penitenciario, con el temor de que en su ejecución pudiera ser privado de la vida o se pudieran cometer actos en contra de su dignidad, actos que se encuentran previsto en el artículo 15 de la Ley de Amparo, por ende, se puede tener por cumplido el primer requisito -antes señalado- para que cualquier persona promueva en nombre del directo quejoso, lo cierto es que el segundo requisito no se tiene colmado, ya que aquél debió encontrarse imposibilitado para promover directamente el amparo. Por lo que, si bien el quejoso directo ******************** se encuentra privado de su libertad, ello no quiere decir que estuviera o esté incomunicado o tuviera impedimento alguno para firmar la demanda de amparo que se analiza, ya que alguna persona o abogado pudo acceder a las instalaciones de su reclusión y recabar la firma, ya que no hay motivo para determinar, como ya se dijo, que se encontraba incomunicado. Lo anterior evidencia, que no se acredita el segundo requisito previsto en el artículo 15 de la Ley de Amparo, que permite que cualquier persona, inclusive un menor de edad, pueda promover la demanda de amparo a nombre de otro, toda vez que la legitimación en la causa, para promover el juicio de amparo indirecto, en términos del citado precepto legal, requiere, como se dijo, que se cumplan dos requisitos esenciales, primero, que se reclamen actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional y, segundo, que el afectado esté imposibilitado para hacerlo directamente (lo que no ocurre en el presente caso). Así las cosas, se advierte que no existió legitimación procesal para instaurar la presente demanda de amparo en favor del quejoso directo ********************, porque aquél no estuvo imposibilitado para ejercer la acción constitucional; por ende, no existió razón que le impidiera promover personalmente en lo individual o por conducto de representante legal. En consecuencia, procede desechar de plano la demanda de amparo respecto del quejoso directo ******************** por la manifiesta e indudable improcedencia de la demanda de amparo, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Orienta esta determinación, la tesis aislada VI.2o.C.242 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, Abril de 2006, página 1051, novena época, con número de registro 175298, la cual no ha sido superada, que dice: "LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA EN EL AMPARO. NO DEBE PREVENIRSE AL PROMOVENTE SI NO ES TITULAR DEL DERECHO VIOLADO O DESCONOCIDO CUYA TUTELA PRETENDE A TRAVÉS DEL JUICIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que al tenor de la jurisprudencia P./J. 43/96 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, julio de 1996, página 48, si el juzgador federal advierte que la representación con que se ostenta el promovente del juicio de amparo no está debidamente justificada, debe prevenirlo para que satisfaga el requisito omitido; también lo es que tal obligación no se actualiza cuando quien pide amparo no tiene legitimación en la causa, por no ser titular del derecho violado o desconocido cuya tutela pretende a través del juicio de control constitucional, esto en virtud de que, aun cuando se trata de un presupuesto procesal, no es de aquellos que puedan enmendarse o satisfacerse durante el procedimiento, dado que si la ley no otorga al sujeto el derecho de ser parte quejosa, por más que se le previniera para que demostrara tener tal carácter, tarde o temprano tendría que sobreseerse de conformidad con los artículos 73, fracción XVIII y 4o. de la Ley de Amparo¨. Notificación a directo quejoso. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, así como por el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, líbrese despacho al Juez de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla, a efecto de que en auxilio de las labores de este Juzgado, por conducto de quien legalmente corresponda, realice lo siguiente: a) Se constituya en las instalaciones del Centro Penitenciario de Tepeaca, Puebla; b) Busque, por conducto del personal de custodia correspondiente, al quejoso ********************, y se cerciore de su identidad; c) Le haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación -Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla-, así como el número de expediente -juicio de amparo 1314/2022; d) Notifique al demandante constitucional la presente determinación; e) Le corra traslado con copia autorizada de la presente determinación; f) Asiente razón en el sentido de si el quejoso quiso o no recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia; sin que se encuentre facultada la persona encargada de realizar la diligencia para asentar manifestaciones que no se encuentren relacionadas con la materia de la presente determinación. Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se autoriza a las personas encomendadas para que realicen la diligencia aún en horas y días inhábiles. En ese orden, dígase al juez auxiliante que deberá remitir dentro del término de cuarenta y ocho horas a partir de su notificación, copia certificada de las constancias que acrediten que se practicó la diligencia de mérito. Apercibido que de no hacerlo se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente vía despacho al quejoso directo en el lugar de su reclusión en los términos aquí señalados; por lista al promovente ********************, en cumplimiento a lo acordado en auto de seis de diciembre del actual; y, por oficio a la autoridad responsable y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. AUTO DE SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. San Andrés Cholula, Puebla, seis de diciembre de dos mil veintidós. Radicación. Visto lo de cuenta; fórmese expediente y regístrese la demanda de cuenta con el número 1314/2022 que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo indirecto que se lleva en este Juzgado. Cuestiones preliminares. En ese tenor, de la demanda de cuenta se advierte que el promovente Luis Delfino López Raya, a favor y en nombre de Ulises Abigail Piña Núñez, reclama del Director del Centro Penitenciario de Tepeaca, Puebla la orden de traslado a diverso centro penitenciario, con el temor de que en su ejecución pueda ser privado de la vida o se cometan actos en contra de su dignidad, lo que se encuentra proscrito en el artículo 22, primer párrafo, Constitucional y, por ende, entran en el catálogo que prevé el artículo 15 de la ley de la materia . De ahí que se cumplan con los requisitos para la recepción y tramitación de la presente demanda bajo el esquema de "caso urgente". Por otro lado, de propia la certificación secretarial se aprecia que la demanda, con la que se da cuenta, fue presentada en esta fecha electrónicamente- ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y que la misma cuenta con la evidencia criptográfica que prevén los artículos 2, fracción XVI, 22, 52 y 53 del AG12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, misma que se tiene a la vista y acredita que el promovente es titular de la firma electrónica que lo autoriza para enviar promociones de conformidad con el artículo 3, quinto párrafo de la Ley de Amparo. Asimismo, se aprecia que dicha signatura electrónica se encuentra vigente. Trámite. Con fundamento en lo que disponen los artículos 103 fracción I, 107 fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1 fracción I, 15, 20, 35, 37, 107 y 109 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se tramita la demanda de amparo promovida por Luis Delfino López Raya, a favor y en nombre de Ulises Abigail Piña Núñez, contra actos atribuidos al Director del Centro Penitenciario de Tepeaca, Puebla. Suspensión de Oficio y de Plano. Conviene destacar que del estudio integral de la demanda se advierte que Luis Delfino López Raya, a favor y en nombre de Ulises Abigail Piña Núñez, señala como acto reclamado la orden de traslado a diverso centro penitenciario, con el temor de que en su ejecución pueda ser privado de la vida o se cometan actos en contra de su dignidad. En ese tenor, se provee sobre la suspensión de plano en los siguientes términos: Con fundamento en el artículo 125 de la Ley de Amparo, se decreta de oficio y de plano la suspensión de los actos reclamados, consistentes en la tortura, la privación de la vida, que se le ejecuten actos que vayan en contra de la dignidad humana e incomunicación, o cualquier acto de los previstos en el artículo 22, primer párrafo, Constitucional, para el efecto de que dichos actos cesen de manera inmediata como medida para evitar la consumación de los mismos. En diverso sentido, no ha lugar a decretar la suspensión de plano respecto de la orden de traslado reclamado, al no ubicarse en alguno de los supuestos contenidos en el citado artículo 15 de la ley de la materia, ya que esa orden de un centro penitenciario a otro sin autorización judicial previa, cuenta con una regulación específica y un medio de defensa en la Ley Nacional de Ejecución Penal; por tanto, constituye un acto dictado dentro del procedimiento, al que le es aplicable el plazo genérico de quince días para la presentación de la demanda de amparo indirecto y las reglas de la suspensión del acto reclamado a petición de parte. Tal como lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la quejas 36/2020 y 46/2020. De dichos precedentes, derivó la tesis 1a. XXI/2021 (10a.), del tenor siguiente: ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. AL CONTAR CON UNA REGULACIÓN ESPECÍFICA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, CONSTITUYE UN ACTO DICTADO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO, AL QUE LE ES APLICABLE EL PLAZO GENÉRICO DE QUINCE DÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO [ABANDONO DE LAS JURISPRUDENCIAS 1a./J. 83/2015 (10a.) Y 1./J. 58/2016 (10a.)]. Hechos: Una persona privada de la libertad en un centro penitenciario, promovió juicio de amparo indirecto con el argumento de que la autoridad administrativa le había notificado verbalmente una orden para trasladarlo del centro en que se encontraba interna a uno diverso. La demanda se desechó de plano al considerar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa no agotó el medio de defensa regulado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de promover el juicio constitucional. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que la orden de traslado de un centro penitenciario a otro sin autorización judicial previa, cuenta con una regulación específica y un medio de defensa en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por tanto, constituye un acto dictado dentro del procedimiento, al que le es aplicable el plazo genérico de quince días para la presentación de la demanda de amparo indirecto y las reglas de la suspensión del acto reclamado a petición de parte. Justificación: El artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que la autoridad administrativa podrá ordenar y ejecutar el traslado urgente o excepcional, sin autorización judicial previa, cuando se trate de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, a condición de que la autoridad penitenciaria notifique a la autoridad jurisdiccional, dentro de las veinticuatro horas posteriores al traslado, para que en un plazo de cuarenta y ocho horas, resuelva sobre la legalidad de la medida; luego, establece que si el Juez de Control o Ejecución califica la legalidad del traslado en el plazo fijado, contra esa determinación será procedente el recurso de apelación establecido en el artículo 132, fracción VII, de la ley mencionada; mientras que si es omiso, podrá intentar la controversia judicial regulada en los artículos 117, fracción III y último párrafo, 122, 123 y 124, de la misma ley, a fin de que una autoridad jurisdiccional resuelva sobre la legalidad del traslado y corrobore que no existe afectación injustificada a alguno de los derechos fundamentales de la persona privada de la libertad en el centro de reclusión, con posibilidad de suspender los efectos del traslado de manera inmediata, de oficio o a petición de parte. Así, la persona privada de la libertad ya no queda sin defensa, dado que dispone de un recurso que procede con posterioridad a la ejecución del traslado, al margen de que la autoridad administrativa haya notificado a la autoridad jurisdiccional y de que ésta resuelva o no respecto a la legalidad del acto. Sobre esa base, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abandona los criterios establecidos en las jurisprudencias 1a./J. 83/2015 (10a.) y 1a./J. 58/2016 10a.), porque derivaron de una concepción existente antes de la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuando no se contaba con una legislación especial que regulara la emisión de la orden de traslado, ni se preveía algún recurso para su impugnación, por lo que únicamente se tenía como parámetro verificar que la orden de traslado fuera calificada por una autoridad jurisdiccional de manera previa a su ejecución, y por ello, cuando el traslado se ejecutaba sin cumplir esa previsión, válidamente se le consideraba como un acto emitido fuera del procedimiento, respecto del que debía concederse la suspensión de oficio y de plano. Sin embargo, ante la nueva regulación legal que opera en materia de traslados penitenciarios, tal concepción ha sido superada y deviene inaplicable, aun cuando la orden de traslado impugnada se ejecute sin control judicial previo, por lo que si el inconforme finalmente decide acudir a la instancia de amparo, tendrá que agotar los referidos medios de defensa, así como sujetarse al plazo y reglas de la suspensión que operan respecto de los actos que se emiten dentro de un procedimiento." Requerimiento de informe. Hágase del conocimiento de la autoridad señalada como responsable, que deberá acatar dicha suspensión bajo su más estricta responsabilidad e informar a este Juzgado de Distrito de manera inmediata, las medidas tomadas al respecto y justificarlas con copia certificada de las constancias que correspondan. Asimismo, la autoridad responsable deberá comunicar lo siguiente: Si dentro del Centro Penitenciario a su cargo se encuentran prohibidas o no las visitas, de cualquier tipo, con motivo de la pandemia provocada por la propagación del virus Covid-19 o por algún otro motivo; Si en específico el quejoso tiene prohibidas o no las visitas y, de ser así, refiera la razón de esa medida; Remita copia certificada de las constancias que apoyen su dicho; y, En caso de que no existan esas prohibiciones, remita copia certificada de tres registros de acceso de cualquier visita a los reclusos con fechas cinco y seis de diciembre de dos mil veintidós, en el entendido de que si se cuenta con el registro de acceso de alguna vista al quejoso Ulises Abigail Piña Núñez en esos días, también lo exhiba en copia certificada. Se apercibe a la autoridad responsable, que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Se hace del conocimiento de la indicada autoridad que la violación de este mandamiento constituye un delito federal, conforme al artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia el inicio del proceso penal correspondiente en su contra. Asimismo, hágasele saber que podrá emitir su informe respectivo a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 3jdo6ctoap@correo.cjf.gob.mx, y a efecto de confirmar su envío se proporciona el número de teléfono de este Juzgado 222-119-9543; y, que el licenciado Víctor Hugo Jiménez Loranca, es el secretario encargado de llevar el trámite del presente expediente, quien cuenta con teléfono móvil 2221085566 y correo electrónico institucional victor.jimenez.lorancacorreo.cjf.gob.mx, así como correo electrónico personal la.mesa.ahotmail.com, para recibir dicha información. En el entendido que de remitirlo vía correo electrónico, ya no será necesario enviarlo vía ordinaria; ello, de no tener pruebas voluminosas que ofrecer para acreditar el acto reclamado, o alguna causa de sobreseimiento. Ratificación de la demanda. En virtud de que el quejoso directo Ulises Abigail Piña Núñez se encuentra detenido en el Centro Penitenciario de Tepeaca, Puebla, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, así como por el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, líbrese despacho al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla, a efecto de que en auxilio de las labores de este Juzgado, por conducto de quien legalmente corresponda y de forma inmediata después de recibida la comunicación oficial, realice lo siguiente: 1. Con fundamento en los artículos 21, último párrafo, de la Ley de Amparo y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se avoque a la localización del quejoso Ulises Abigail Piña Núñez, para lo cual deberá constituirse en el Centro Penitenciario de Tepeaca, Puebla, o bien, en el lugar en el que le indiquen que se encuentra detenido o recluido el referido quejoso y, una vez localizado, le requiera para que manifieste en ese acto o dentro del término de tres días, legalmente computado, si ratifica o no la presente demanda de derechos fundamentales promovida a su favor por Luis Delfino López Raya, con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por no interpuesta y quedarán sin efectos las providencias dictadas, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. En el entendido de que si es informado que ha sido trasladado a un diverso lugar de reclusión o retención, sin previo acuerdo, deberá constituirse al nuevo lugar siempre que se encuentre en algún municipio perteneciente al Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla; para lo cual deberá indagar sobre su paradero. 2. Asiente las condiciones físicas en que se encuentra el quejoso y si ha sufrido alguno de los actos previstos por el artículo 22 constitucional. 3. Además, deberá preguntarle al quejoso si se le ha permitido comunicarse con su abogado, familiares o personas de confianza. 4. Ratificar a la autoridad ante quien esté detenido el quejoso, la suspensión de plano decretada por este órgano jurisdiccional. 5. Asentar las condiciones del lugar en el que está recluido el quejoso, esto es, si cuenta con una adecuada ventilación y medidas de higiene suficientes para su estancia en detención. 6. Notifique al directo quejoso el presente acuerdo y le corra traslado con copia autorizada del mismo. 7. Lo prevenga para que nombre a un abogado o abogados que la representen en este juicio de amparo, para lo cual, deberá proporcionar los datos de la cédula profesional debidamente registrada en la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, para lo cual podrá nombrar a Luis Delfino López Raya como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo (con número de cédula profesional 11561514); con el apercibimiento que, de no hacerlo este órgano jurisdiccional le nombrará uno de oficio de estimarlo necesario . 8. Con fundamento en el artículo 28, fracción III, de la Ley de Amparo , notifique el oficio 1566/2022 de esta fecha, dirigido a la autoridad responsable Director del Centro Penitenciario de Tepeaca, Puebla (el cual se adjunta a la presente comunicación, junto con copia autorizada de la demanda de amparo) y, de viva voz, hacerle de su conocimiento que si su denominación no es exactamente como se encuentre en su organigrama interno, ello no la exime de recibir el aludido oficio, dada la naturaleza de los actos reclamados; de lo contrario, se le impondrá la multa con la que fue apercibida. Para dar margen a lo anterior, el fedatario de la adscripción deberá levantar acta pormenorizada de todo lo anterior de forma clara, legible y completa. Asimismo, hágasele saber los documentos para traslado contendrán las evidencias criptográficas de las firmas electrónicas de los funcionarios que actúan en esta determinación, que hacen la vez de la certificación correspondiente, de conformidad con el artículo 36, segundo párrafo del AG12/2020. Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se autoriza a las personas encomendadas para que realicen la diligencia aún en horas y días inhábiles. En ese orden, dígase al juez auxiliante que deberá remitir dentro del término de veinticuatro horas a partir de su notificación, copia certificada de las constancias que acrediten que se practicó la diligencia de mérito. Apercibido que de no hacerlo se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Asimismo, hágase saber al Juez despachado que podrá remitir la comunicación oficial aludida a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 3jdo6ctoap@correo.cjf.gob.mx, y a efecto de confirmar su envío se proporciona el número de teléfono de este Juzgado 961-138-5495; y, que el licenciado Víctor Hugo Jiménez Loranca, es el secretario encargado de llevar el trámite del presente expediente, quien cuenta con teléfono móvil 2221085566 y correo electrónico institucional victor.jimenez.loranca@correo.cjf.gob.mx, así como correo electrónico personal la.mesa.a@hotmail.com, para recibir dicha información. Vista a ministerio público. Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que le compete y córrasele traslado con copia de la demanda. Incidente de suspensión. No es necesario abrir incidente de suspensión, cuenta habida que los efectos de la suspensión de plano, abarcan aquellos que en su caso se decretarían con el trámite de la medida cautelar provisional. Domicilio. Toda vez que la parte quejosa señala como domicilio para oír notificaciones los estrados de este Juzgado, los cuales, técnicamente no constituyen un domicilio para realizar notificaciones personales, en términos del artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, realícense las notificaciones personales a la parte quejosa, por lista de acuerdos. Tiene aplicación al caso la Tesis aislada número XXII.1.22k, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito que se lee a foja 1067, del tomo VIII, Diciembre de 1998, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al rubro dice: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL. Del contenido de los artículos 28, fracción III, 29, fracción III y 30, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se colige que por domicilio o casa para oír y recibir notificaciones, en el lugar de residencia del Juez o tribunal que conozca del asunto, debe entenderse el señalamiento que haga el quejoso de un lugar diverso a los estrados, hipótesis en la cual, si la autoridad judicial ordena una notificación personal, el actuario debe apegarse a las formalidades a que alude la fracción I del artículo 30 de dicha ley; empero, si señala como tal los estrados del tribunal, por analogía, se estará a lo que prevé la primera parte de la fracción II del propio dispositivo legal, en el sentido de que cuando no conste en autos el domicilio del quejoso, ni la designación de casa o despacho para oír notificaciones, la notificación se hará por lista; puesto que la forma de notificar por estrados, acorde con lo que preceptúa el numeral 28, fracción III, de la ley de la materia, es a través de una lista que se coloca en las oficinas del tribunal o juzgado, en un lugar visible al público." Ahora bien, toda vez que el quejoso está recluido en el Centro Penitenciario de Tepeaca, Puebla, de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, realícense las notificaciones que este juzgado estime pertinentes en dicho centro penitenciario. Consulta del expediente electrónico. Como lo solicita el promovente, en atención a que de una consulta al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), se advierte que Luis Delfino López Raya, es titular del usuario: "raya76", el cual se encuentra vigente; con fundamento en los artículos 35, 36, 37, 38 y 39 del AG12/2020, se otorga a Luis Delfino López Raya, el acceso al expediente electrónico del presente asunto dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Sin que lo anterior implique que las notificaciones se le realicen electrónicamente, en virtud que la parte promovente no lo solicitó expresamente. Signifíquese a la parte interesada que si advierte una falla en los sistemas del Consejo de la Judicatura Federal, que le impida el envío de documentos por vía electrónica o la consulta de las determinaciones judiciales que obran en el expediente electrónico o carpeta digital, dada su relevancia para las notificaciones electrónicas, deberá hacerlo del conocimiento, por vía impresa, del titular del Área Técnica del Consejo de la Judicatura Federal o por vía electrónica, a través del subvínculo denominado "Aviso de fallas técnicas", al que podrá accederse mediante el uso de la firma electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o de no ser posible por esta vía, a los correos electrónicos destinados para tal efecto en la pantalla principal del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o desde la cuenta de correo proporcionada para la obtención del Certificado Digital de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con los artículos 13 y 64 del acuerdo aludido, o bien, tendrá que dar aviso de dicha situación de manera inmediata a este órgano jurisdiccional, quien comunicará tal situación a la unidad administrativa encargada de operar el sistema. En tanto dure ese acontecimiento, se suspenderán, únicamente por ese lapso, los plazos correspondientes, atento a lo dispuesto por el artículo 30, fracción III de la Ley de Amparo. Asimismo, deberá tomar en cuenta que el trámite que se dará a su aviso de falla, se seguirá según el procedimiento previsto en los últimos dos preceptos referidos del acuerdo general. Hágase del conocimiento del Oficial Judicial "A" (antes Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes) adscrito a este juzgado, el contenido del presente acuerdo para los efectos legales procedentes. De las notificaciones a las autoridades... Se habilitan días y horas inhábiles.. Interconexión entre autoridades. .. Transparencia y acceso a la información pública... Digitalización.. Exhortación a las partes para continuar su juicio en línea. Notifíquese personalmente vía despacho al quejoso directo en el lugar de su reclusión en los términos aquí señalados; por lista al promovente Luis Delfino López Raya; por oficio a la autoridad responsable y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, por cualquier medio interno al Oficial Judicial "A" (antes Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes) adscrito a este juzgado.
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