Ubaldo Castillo Arellano
Expediente 343/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 343/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 17/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Ubaldo Castillo Arellano
Actuaciones
- Principal
Agréguese en autos el oficio signado electrónicamente por el secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, mediante el cual trascribe el proveído de trece de mayo del año en curso, emitido dentro del juicio de amparo 378/2022 de su índice, del que se advierte que en auto de veintiocho de marzo pasado, la titular del órgano de su adscripción aceptó el conocimiento de la demanda de amparo promovida por ************ contra actos del Secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato y otras autoridades; por tanto, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se considera que no es de relevancia documental. De conformidad con lo previsto en la fracción I, inciso a), del artículo 20 del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, se ordena la destrucción del presente cuaderno, en el plazo a que alude dicho acuerdo.
- Principal
Agréguese en autos el oficio remitido vía correo electrónico por la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, al que adjunta la boleta de turno de la demanda de amparo promovida por Ubaldo Castillo Arellano contra actos del Secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato y otras autoridades y de la solicitud dirigida al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, a fin de que informe sobre la determinación que haya tomado respecto de la incompetencia legal planteada por este Juzgado; en ese sentido, estese en espera que el homólogo federal informe sobre el particular para acordar lo que en derecho corresponda.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ********** contra actos del Secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato y otras autoridades; con apoyo en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021 y 1/2022, fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 343/2022-V. A efecto de proveer respecto de la demanda, debe decirse que la competencia constituye un presupuesto de orden público, por lo que primeramente debe establecerse si este órgano jurisdiccional la tiene -competencia- para conocer de la demanda de cuenta. Para tal efecto, es necesario traer a contexto el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, que en lo conducente dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal transcrito se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, las cuales se puntualizan en el orden siguiente: a) En el último párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. b) La segunda regla se encuentra contenida en el primer párrafo del citado numeral, la que se caracteriza porque el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. c) La tercera previsión normativa que se contiene en el comentado artículo 37 de la Ley de Amparo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la regla anterior, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o si ha comenzado a ejecutarse en uno y sigue ejecutándose en otro, entonces es competente el Juez de Distrito ante quien se presentó la demanda. Pues bien, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que el quejoso esencialmente reclama en la presente instancia constitucional: La orden de traslado del Centro de Readaptación Social (cereso) de León, Guanajuato, en donde se encontraba recluido, al Centro Federal de Readaptación Social número 15 "CPS CHIAPAS", ubicado en Villa Comaltitlán, Chiapas, en donde actualmente se encuentra internado. Con base en lo expuesto, se llega a la conclusión de que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal, en razón del territorio, para conocer de la presente demanda de amparo, dado que los efectos de ese mandato comenzaron a ejecutarse en una jurisdicción (León, Guanajuato) y continuaron ejecutándose en otra (Villa Comaltitlán, Chiapas). Se afirma lo anterior, porque según se advierte de los antecedentes narrados en la demanda, dicho traslado se materializó el pasado diez de marzo del año en curso, fecha en que el directo quejoso *********** fue llevado del Centro de Readaptación Social (cereso) de León, Guanajuato, al Centro Federal de Readaptación Social número 15 "CPS CHIAPAS", ubicado en Villa Comaltitlán, Chiapas, en donde actualmente está recluido. Por lo que, al comenzar a ejecutar los efectos de ese mandato en una jurisdicción y continuar ejecutándose en otra, diversas a la de este órgano jurisdiccional, es incuestionable que se actualiza la regla de competencia prevista en el artículo 37, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, en donde se establece que es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda, pero con jurisdicción sobre uno de los lugares en que se dio una parte de la ejecución. Sin que obste a lo anterior que en el criterio trascrito se tomara como referencia el párrafo segundo del artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, ya que la propio Primera Sala del Alto Tribunal sostuvo que su contenido es similar a la regla competencial prevista en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo vigente, como se lee en la jurisprudencia 1a./J. 63/2019 (10a.) visible en la página 933, Libro 71, Octubre de 2019, Tomo I, Materias Común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA LA ORDEN PARA TRASLADAR A UN INTERNO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO, CUANDO SU EJECUCIÓN NO HA INICIADO, O BIEN, HA CONCLUIDO, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 90/2007-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 35/2008, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.", determinó que, la orden para trasladar a un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica, es un acto de tracto sucesivo, pues sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, la cual culmina hasta que es ingresado en el otro centro penitenciario; dicho criterio tomó como referencia el párrafo segundo del artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido es similar a la regla competencial prevista en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo vigente. Ahora bien, cuando se reclama una orden de traslado cuya ejecución aún no inicia, para esta Primera Sala esa circunstancia de ningún modo le quita la naturaleza jurídica de acto de tracto sucesivo, pues su ejecución se caracteriza porque se lleva a cabo en momentos subsecuentes, encaminados a un mismo fin. Esta condición, relacionada con la esencia del acto reclamado, es el factor que permite fijar, de manera objetiva, la competencia territorial de los órganos de control constitucional para conocer de los juicios de amparo indirecto promovidos en su contra, sin importar si la ejecución del traslado aún no inicia, o bien ha concluido, pues ello puede variar con el transcurso del tiempo y, por consiguiente, esa circunstancia cambiante, ajena a la naturaleza del acto, no podría operar como dato decisivo para fijar la mencionada competencia, pues de ser así, se provocaría incertidumbre jurídica y retardo en la pronta impartición de la justicia. Tampoco debe confundirse la indicada naturaleza jurídica del traslado con su eventual inexistencia, pues de llegarse a resolver en el momento procesal oportuno que no es cierta, tal situación no daría lugar a la incompetencia territorial del órgano de control constitucional ante el cual se estuviera tramitando el asunto, sino al sobreseimiento en el juicio, en términos de lo dispuesto en la fracción IV del artículo 63 de la ley de la materia. Entonces, de la presente demanda el suscrito considera deben conocer los Juzgados de Distrito en turno en el Estado de Guanajuato, con residencia en León. Lo anterior, ya que si bien es cierto que tanto dichos órganos jurisdiccionales como los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, pueden conocer de la misma en virtud de que la orden de traslado se materializó en sus respectivas jurisdicciones; también lo es que a fin de lograr una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo, y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se estima que los órganos jurisdiccional con sede en León, Guanajuato, deben conocer de la demanda que se promueve, en virtud de que en el centro penitenciario de dicha localidad se encontraba recluido el ahora quejoso y donde probablemente tendrá mayores probabilidades de acceso a la justicia. Consecuentemente, en términos del artículo 37, en relación con el 48, ambos de la Ley de Amparo, y el aludido Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, se ordena: I. Remitir los autos del presente juicio de amparo al Juez de Distrito en turno en el Estado de Guanajuato, con sede en León, a quien se considera competente para conocer del mismo. II. Solicitarle comedidamente informe si acepta o no el conocimiento del mismo. III. Formar el cuaderno de antecedentes respectivo, con copia de la demanda y del presente proveído; y, IV. Realizar las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno correspondiente. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ************ al contar con cédula profesional *****************, registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y en términos de la última parte del segundo párrafo del precepto legal en cita a ******************, al no encontrarse en ese supuesto, y a ************ por así haberlo solicitado. Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTITRÉS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por ********** contra actos del Secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato y otras autoridades; con apoyo en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021 y 1/2022, fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 343/2022-V. A efecto de proveer respecto de la demanda, debe decirse que la competencia constituye un presupuesto de orden público, por lo que primeramente debe establecerse si este órgano jurisdiccional la tiene -competencia- para conocer de la demanda de cuenta. Para tal efecto, es necesario traer a contexto el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, que en lo conducente dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal transcrito se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, las cuales se puntualizan en el orden siguiente: a) En el último párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. b) La segunda regla se encuentra contenida en el primer párrafo del citado numeral, la que se caracteriza porque el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. c) La tercera previsión normativa que se contiene en el comentado artículo 37 de la Ley de Amparo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la regla anterior, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o si ha comenzado a ejecutarse en uno y sigue ejecutándose en otro, entonces es competente el Juez de Distrito ante quien se presentó la demanda. Pues bien, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que el quejoso esencialmente reclama en la presente instancia constitucional: La orden de traslado del Centro de Readaptación Social (cereso) de León, Guanajuato, en donde se encontraba recluido, al Centro Federal de Readaptación Social número 15 "CPS CHIAPAS", ubicado en Villa Comaltitlán, Chiapas, en donde actualmente se encuentra internado. Con base en lo expuesto, se llega a la conclusión de que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal, en razón del territorio, para conocer de la presente demanda de amparo, dado que los efectos de ese mandato comenzaron a ejecutarse en una jurisdicción (León, Guanajuato) y continuaron ejecutándose en otra (Villa Comaltitlán, Chiapas). Se afirma lo anterior, porque según se advierte de los antecedentes narrados en la demanda, dicho traslado se materializó el pasado diez de marzo del año en curso, fecha en que el directo quejoso *********** fue llevado del Centro de Readaptación Social (cereso) de León, Guanajuato, al Centro Federal de Readaptación Social número 15 "CPS CHIAPAS", ubicado en Villa Comaltitlán, Chiapas, en donde actualmente está recluido. Por lo que, al comenzar a ejecutar los efectos de ese mandato en una jurisdicción y continuar ejecutándose en otra, diversas a la de este órgano jurisdiccional, es incuestionable que se actualiza la regla de competencia prevista en el artículo 37, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, en donde se establece que es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda, pero con jurisdicción sobre uno de los lugares en que se dio una parte de la ejecución. Sin que obste a lo anterior que en el criterio trascrito se tomara como referencia el párrafo segundo del artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, ya que la propio Primera Sala del Alto Tribunal sostuvo que su contenido es similar a la regla competencial prevista en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo vigente, como se lee en la jurisprudencia 1a./J. 63/2019 (10a.) visible en la página 933, Libro 71, Octubre de 2019, Tomo I, Materias Común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA LA ORDEN PARA TRASLADAR A UN INTERNO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO, CUANDO SU EJECUCIÓN NO HA INICIADO, O BIEN, HA CONCLUIDO, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 90/2007-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 35/2008, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.", determinó que, la orden para trasladar a un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica, es un acto de tracto sucesivo, pues sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, la cual culmina hasta que es ingresado en el otro centro penitenciario; dicho criterio tomó como referencia el párrafo segundo del artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido es similar a la regla competencial prevista en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo vigente. Ahora bien, cuando se reclama una orden de traslado cuya ejecución aún no inicia, para esta Primera Sala esa circunstancia de ningún modo le quita la naturaleza jurídica de acto de tracto sucesivo, pues su ejecución se caracteriza porque se lleva a cabo en momentos subsecuentes, encaminados a un mismo fin. Esta condición, relacionada con la esencia del acto reclamado, es el factor que permite fijar, de manera objetiva, la competencia territorial de los órganos de control constitucional para conocer de los juicios de amparo indirecto promovidos en su contra, sin importar si la ejecución del traslado aún no inicia, o bien ha concluido, pues ello puede variar con el transcurso del tiempo y, por consiguiente, esa circunstancia cambiante, ajena a la naturaleza del acto, no podría operar como dato decisivo para fijar la mencionada competencia, pues de ser así, se provocaría incertidumbre jurídica y retardo en la pronta impartición de la justicia. Tampoco debe confundirse la indicada naturaleza jurídica del traslado con su eventual inexistencia, pues de llegarse a resolver en el momento procesal oportuno que no es cierta, tal situación no daría lugar a la incompetencia territorial del órgano de control constitucional ante el cual se estuviera tramitando el asunto, sino al sobreseimiento en el juicio, en términos de lo dispuesto en la fracción IV del artículo 63 de la ley de la materia. Entonces, de la presente demanda el suscrito considera deben conocer los Juzgados de Distrito en turno en el Estado de Guanajuato, con residencia en León. Lo anterior, ya que si bien es cierto que tanto dichos órganos jurisdiccionales como los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, pueden conocer de la misma en virtud de que la orden de traslado se materializó en sus respectivas jurisdicciones; también lo es que a fin de lograr una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo, y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se estima que los órganos jurisdiccional con sede en León, Guanajuato, deben conocer de la demanda que se promueve, en virtud de que en el centro penitenciario de dicha localidad se encontraba recluido el ahora quejoso y donde probablemente tendrá mayores probabilidades de acceso a la justicia. Consecuentemente, en términos del artículo 37, en relación con el 48, ambos de la Ley de Amparo, y el aludido Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, se ordena: I. Remitir los autos del presente juicio de amparo al Juez de Distrito en turno en el Estado de Guanajuato, con sede en León, a quien se considera competente para conocer del mismo. II. Solicitarle comedidamente informe si acepta o no el conocimiento del mismo. III. Formar el cuaderno de antecedentes respectivo, con copia de la demanda y del presente proveído; y, IV. Realizar las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno correspondiente. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ************ al contar con cédula profesional *****************, registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y en términos de la última parte del segundo párrafo del precepto legal en cita a ******************, al no encontrarse en ese supuesto, y a ************ por así haberlo solicitado. Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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