Ubertino Mercado Páramo
Expediente 953/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 953/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 22/11/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Ubertino Mercado Páramo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Agréguese a sus autos el oficio que remite la Magistrada Propietaria de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en Guanajuato, capital, a través del cual acusa recibo del diverso 18942/2017 del índice de este juzgado, con el que se le notificó el proveído de ocho de noviembre del año en curso, y se le devolvió el tomo de pruebas que se formó con motivo con las constancias que remitió.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que el proveído de diez de octubre de dos mil diecisiete, en el que este Tribunal sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo promovido por el quejoso Ubertino *******, no fue recurrido dentro del término legal, por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara firme dicho proveído. Lo anterior, sin que pase inadvertido para este juzgador el hecho de que no obren en autos la totalidad de las constancias de notificación a las autoridades responsables, del proveído mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, toda vez que de conformidad con el artículo 87, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, éstas carecen de legitimación para interponer recurso de revisión en contra de dicho fallo, al haberse sobreseído el mismo. Notifíquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Por consiguiente, toda vez que el presente juicio se sobreseyó, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede. En relación al cuaderno original del incidente de suspensión, será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo, del citado acuerdo, toda vez que se concedió la suspensión provisional, por lo que, se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en diciembre 2012, específicamente en su capítulo: "JUZGADOS DE DISTRITO. VALORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES AUXILIARES Y JUDICIALES, DE CONFORMIDAD CON EL AGC 1/2009", subtítulo: "EXPEDIENTES QUE CORRESPONDE CLASIFICAR COMO DEPURABLES O DESTRUIBLES POR LOS JUZGADOS DE DISTRITO DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO"; por tanto, mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para mejor resguardo. Ahora bien, atendiendo al punto vigésimo, fracción III del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo a que alude dicho acuerdo. Por ser innecesaria su retención, devuélvanse a la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con sede en Guanajuato, capital, el tomo de pruebas que se formó con motivo de las constancias que remitió. Se solicita acuse de recibo. Finalmente, toda vez que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Incidental
Agréguense en autos el oficio y anexo de cuenta que remite el Juez Quinto de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual envía el diverso enviado por la Magistrada Propietaria de la Octava Sala penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, residente en Guanajuato, capital; en ese sentido, se acuerda: A sus autos el oficio que remite la Magistrada Propietaria de la Octava Sala penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, residente en Guanajuato, a través del cual acusa recibo del diverso 13480, con el que se notificó la interlocutoria dictada en la presente incidencia.
- Principal
Visto el oficio signado por el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, mediante el cual, con fundamento en los artículos 45 y 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, estima que este Órgano Jurisdiccional es quien debe conocer de la demanda de amparo presentada por ***********, contra actos de la Magistrada de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, y otras autoridades, dada la vinculación del presente asunto con el diverso juicio de amparo 578/2016-IV de la estadística de este Juzgado y, como consecuencia, remite el juicio de amparo 887/2017-V-1 de su índice, los cuadernillos relativos al incidente de suspensión deducido de dicho expediente y un tomo de pruebas; en ese sentido, se acuerda: a) En términos de los invocados numerales, se comparte la determinación adoptada por el homólogo federal, por lo que a este tribunal le corresponde el conocimiento de la diversa demanda de amparo tramitada por el quejoso **********. b) Fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 953/2017-II; acúsese el recibo de estilo correspondiente. c) Hágase lo anterior del conocimiento del órgano jurisdiccional oficiante, así también a la jefa de la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, residente en esta ciudad, para efecto de compensación de las cargas de trabajo con motivo de que este tribunal conocerá de la demanda de amparo remitida por el Juez Quinto de Distrito. No resulta necesario solicitar los informes justificados a las autoridades responsables en virtud de que ya obran agregados en autos. Infórmese a las responsables que toda comunicación relacionada con el acto reclamado en el presente juicio deberá dirigirse a este Juzgado Federal. Sin que resulte necesario ordenar abrir el incidente de suspensión respectivo, debido a que en interlocutoria de veintidós de septiembre del año en curso, dictada en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 887/2017-V-1, del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, se proveyó respecto a la medida cautelar solicitada; por lo que, únicamente intégrense los citados cuadernos, con el número de registro que le corresponde al presente expediente, por ser accesorios a éste. Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde. Ahora bien, dado que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada, ya que es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio. El suscrito considera que en relación al acto reclamado por el quejoso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas." La disposición legal transcrita contempla la hipótesis de litispendencia, que se traduce en la simultánea tramitación de dos o más juicios en los que los elementos esenciales de las acciones respectivas son los mismos. El tratadista Eduardo Pallares en su Diccionario de Derecho Procesal Civil, editorial Porrúa, vigésima novena edición, página 553, define la litispendencia como: "el estado de litigio que se halla pendiente de resolución ante un tribunal, o lo que es igual, el estado del juicio del que ya conocen los tribunales y no ha sido resuelto por sentencia ejecutoria. En este último caso, se dice que hay rex judicata, cosa juzgada respecto del juicio que ha de considerarse concluido en su parte declarativa aunque pendiente de ejecución de la sentencia." Para que opere la causal de improcedencia mencionada, la Ley de Amparo exige que se colmen los siguientes requisitos: Que la ley o acto que se reclamen sean materia de otro juicio de amparo; Que ese juicio esté pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia o en revisión; y, Que ambos juicios los promueva el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Para comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualizan los anteriores requisitos exigidos por el numeral 61, fracción X, de la Ley de Amparo, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, y de la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 285, Tomo XXV, Junio de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE."; se ordena traer a la vista como hecho notorio el juicio de amparo 907/2017-VI del índice de este órgano jurisdiccional, del que se obtienen los siguientes datos: I. Mediante escrito presentado el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato con sede en esta ciudad, Ubertino Mercado Páramo, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra el siguiente acto reclamado, atribuible a las siguientes autoridades responsables: -ACTO RECLAMADO- "1. De la autoridad ordenadora reclamo la orden de aprehensión dictada en mi contra. 2. De las autoridades ejecutoras señalo la ejecución de la referida orden de aprehensión." -AUTORIDADES RESPONSABLES- "c) Como autoridad ordenadora señalo: 1.- A la Magistrada de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato. 2.- Como ejecutoras señalo al Juez Tercero Penal de Partido de la Ciudad de Celaya, Guanajuato. 3.- Como ejecutora señalo al Jefe de Grupo de la Policía Ministerial, especializado en mandamientos judiciales de esta Ciudad." II. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de mérito al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, quien mediante auto de seis de septiembre de dos mil diecisiete, la admitió y la registró bajo el número 869/2017-A1. III. Ahora bien, seguidos los trámites y una vez rendidos los informes justificados de las autoridades responsables, mediante auto de diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete y con fundamento en los artículos 45 y 46 de la Ley de Amparo, dicho órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente para seguir conociendo de la demanda de amparo promovida por ************, dada la vinculación citado asunto con el diverso juicio de amparo 578/2016-IV de la estadística de este Juzgado Federal. IV. Por consiguiente, el juicio 869/2017-A1 de la estadística del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, fue remido a este órgano jurisdiccional para ser radicado bajo el número *********, el veintidós de septiembre de dos mil diecisiete, el cual a la fecha se encuentra tramite. V. Por otra parte, el mismo quejoso **********, mediante escrito presentado el doce de septiembre de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, volvió solicitar el amparo y protección de la justicia federal, en contra del mismo acto reclamado -orden de aprehensión-, atribuible a las mismas autoridades responsables Magistrada de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, Juez Tercero Penal de Partido de esta ciudad y Jefe de Grupo de la Policía Ministerial Especializado en Mandamientos Judiciales de esta ciudad; por lo que, correspondió conocer de la demanda de mérito al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato, quien en auto de trece de septiembre de dos mil diecisiete, la admitió y la registró bajo el número 887/2017-V-1. VI. De la misma manera, una vez rendidos los informes justificados, el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato, mediante auto de veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, se declaró legalmente incompetente para seguir conociendo del juicio 887/2017-V-1 de su índice, en virtud de la vinculación del citado asunto con el diverso juicio de amparo 578/2016-IV de la estadística de este Juzgado Federal; por lo que, fue remitido a este órgano jurisdiccional a través del oficio que se acuerda. En ese orden, resulta incuestionable que en la presente controversia se actualiza la causal de improcedencia arriba transcrita, toda vez que la demanda que se estudia: 1. Igualmente es promovida por Ubertino Mercado Páramo. 2. El acto reclamado se nacen consistir en la orden de aprehensión. 3. Son las mismas autoridades responsables: Magistrada de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, Juez Tercero Penal de Partido de esta ciudad y Jefe de Grupo de la Policía Ministerial Especializado en Mandamientos Judiciales de esta ciudad. 4. Se encuentra en trámite el juicio de amparo 907/2017-VI, del índice de este Tribunal. Por tanto, como el presente juicio lo promueve el mismo quejoso, contra el mismo acto reclamado y las mismas autoridades responsables, y que derivan de un expediente que aún se encuentra en trámite; es incuestionable que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la ley de la materia, al surtirse los requisitos que exige dicho motivo de improcedencia. Tiene aplicación a lo anterior la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 142, Tomo 215-216, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Séptima Época, del rubro y texto siguiente: "LITISPENDENCIA Y COSA JUZGADA, IMPROCEDENCIAS DEL JUICIO DE AMPARO POR. EN SU CONFIGURACIÓN NO INFLUYEN LAS VIOLACIONES CONSTITUCIONALES ALEGADAS EN LAS DOS DEMANDAS DE GARANTÍAS. Debe sobreseerse en los autos del juicio constitucional de acuerdo con lo que se ordena en el texto de los artículos 73, fracciones III o IV (según corresponda), y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, cuando los actos reclamados sean materia de un diverso juicio de garantías promovido por la misma quejosa y en contra de las mismas autoridades, independientemente de las violaciones constitucionales alegadas, cuestión que no influye en la configuración de estas causales de improcedencia." Así como la tesis sustentada por el entonces Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, localizable en la página 35, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo 205-216 Sexta parte, que establece: "ACTOS MATERIA DE OTRO AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL. AMPARO CONTRA. Para que se actualice la improcedencia del juicio de garantías a que se refiere el artículo 73, fracción III, de la Ley de Amparo, es necesario que el quejoso impugne en un posterior juicio constitucional los mismos actos a las mismas autoridades, que en el amparo que se revisa; resultando intrascendente, para la operancia de la causal aludida, si la sentencia dictada en ese ulterior procedimiento causó o no estado." Consecuentemente, con fundamento en lo previsto por el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso numeral 61, fracción X de la Ley de Amparo, se decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional. En apoyo a la conclusión anterior se invoca la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 386, Tomo XVII, Marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación, que reza: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En términos del artículo 21 tercer párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. Tengase al quejoso señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que precisa en su demanda de amparo, y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Gerardo Cerda Herrera y Miguel Ojeda Lanuza, en virtud de que cuentan con cédulas profesionales números 988740 y 976094, registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, creado por Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. De conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE". Fórmese un tomo de pruebas con las constancias remitidas por el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato, las cuales consisten en las copias certificadas del toca 43/2016 del índice de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con sede en Guanajuato, capital.
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