Trinidad Valencia García
Expediente 309/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 7 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 309/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 20/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Trinidad Valencia García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Visto el estado de autos así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del proveído de tres de mayo de la presente anualidad, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Vista la diligencia de reconocimiento de firma que antecede, de la que se advierte que ********* cumplió con el requerimiento que se le formuló en proveído de veinticinco de abril del año en curso, consistente en reconocer el contenido y firma del ocurso presentado ante este juzgado el veinticuatro del mismo mes y año. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6°, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, dispositivos que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados." "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." De la transcrita fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo es improcedente en los casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley y, en el caso que se analiza, la causa que se manifiesta resulta del numeral 6° de dicho ordenamiento legal. De la literalidad de este último precepto, se advierte que el juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, de ahí la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por un acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, debidamente firmada, pues es a través de la firma o de la impresión de las huellas digitales que se externa la voluntad de las partes de ejercitar un derecho. Con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, es menester relatar lo siguiente: a) Mediante escrito presentado el once de abril de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, supuestamente Trinidad Valencia García promovió el presente juicio de amparo. b) Por razón de turno le correspondió conocer a este juzgado, la cual se radicó el doce de abril pasado, bajo el número 309/2019-IV, y se requirió al promovente para que, por escrito y con cuatro copias para correr traslado a cada una de las partes: Bajo protesta de decir verdad precisara y acreditara con documento fehaciente, cuál es su domicilio. Señalara como autoridades responsables al Delegado y al Subdelegado de Prestaciones Económicas, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Baja California. c) Mediante escrito recibido el veinticuatro de abril pasado en la oficialía de este tribunal, se pretendió cumplir con el auto aclaratorio, el cual se mandó reconocer en virtud de que el suscrito, sin ser un perito en la materia, advirtió que la firma que lo calzaba, de la simple confrontación con la demanda, eran notoriamente discrepantes. d) En diligencia de dos de mayo de dos mil diecinueve, se llevó a cabo la diligencia de reconocimiento de firma. En la especie, el suscrito advierte de la simple confrontación de las firmas que calzan la demanda de amparo (1), el escrito aclaratorio (2) y la asentada en la diligencia de reconocimiento (3), que son totalmente diferentes entre sí. Se afirma lo anterior, porque la firma asentada en el libelo constitucional (1), en el escrito aclaratorio (2) y en la diligencia de reconocimiento de firma (3), tienen elementos caligráficos completamente diferentes. Ciertamente, el suscrito sin ser un perito en la materia advierte de la simple confrontación, así como atendiendo a las reglas de la lógica y de las máximas de la experiencia, que entre las firmas que calzan la demanda de amparo (1), el escrito aclaratorio (2) y en la diligencia de reconocimiento (3), existe una diferencia notaria, por las siguientes razones: - La primera (demanda), los trazos son ilegibles, continuos y regulares, sin que existan separaciones entre el nombre y los apellidos, iniciando con letra mayúscula el primer nombre y apellido. Los trazos lineales son ligeramente ondulados. - La segunda (escrito aclaratorio) los trazos son ilegibles y regulares, existe separación entre el nombre y los apellidos, esto es, está separada en tres bloques, contiene letra mayúscula el primer nombre y el segundo apellido. Los trazos lineales de la primer palabra son en zigzag. - La tercera (diligencia de reconocimiento) los trazos son irregulares, temblorosos, enmarañados, gruesos y está separada en dos bloques, con letra mayúscula únicamente en la letra inicial del nombre. Los trazos verticales no son ni ondulados ni en zigzag. También, se observa que las características de presión y calidad de las firmas de los escritos de demanda (1) y aclaratorio (2) son firmes, continuas y sin presentar temblor alguno; a diferencia de la plasmada en la diligencia de reconocimiento de firma (3), la cual presenta ciertos temblores y los trazos no son continuos. De lo anterior se colige que si la demanda de amparo presentada en este juzgado y con la que se formó el presente controvertido, así como el escrito aclaratorio, no contienen la firma autógrafa de ********, es incuestionable que ésta no exteriorizó su deseo a través del signo gráfico consistente en la firma de promover el presente juicio, ya que de lo expuesto en la presente determinación se concluye que aquellas firmas (demanda y escrito aclaratorio) ni siquiera son parecidas o semejantes, sino TOTALMENTE DISTINTAS a la asentada en la diligencia de reconocimiento. En ese sentido, si el antes nombrado no suscribió la demanda de amparo ni el escrito aclaratorio, es inconcuso que existe ausencia de voluntad para accionar ante la autoridad judicial a fin de que se analice su solicitud de amparo y, por ende, falta uno de los presupuestos necesarios para la procedencia del presente juicio, como lo es que debe instaurarse a instancia de parte agraviada, por lo que, procede desechar la demanda que se estudia. Estimar lo contrario y admitir la demanda de amparo en la forma en que está propuesta, implicaría fomentar la práctica viciosa de que cualquier persona, sin ser la interesada, firmara una demanda con el propósito de presentarla oportunamente, para después, en cualquier tiempo subsanar la omisión de voluntad con la ratificación de quien no la suscribió. Máxime que a la diligencia de reconocimiento de firma no puede otorgársele el alcance de tener por presentada la demanda, en tanto que el objeto de dicha diligencia se limita a que el autor del documento reconozca como suya la firma impresa en él y no a hacer suyo el contenido de un instrumento que no suscribió. Finalmente, cabe señalar que el suscrito no soslaya la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1234, Tomo II, Junio de 2017, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro: "PERICIAL EN MATERIA DE CALIGRAFÍA Y GRAFOSCOPIA. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA ORDENAR OFICIOSAMENTE SU PRÁCTICA Y DESAHOGO, A FIN DE VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA QUE CALZA LA DEMANDA DE AMPARO, RECONOCIDA POR QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE EN ELLA, ÚNICAMENTE CUANDO ADVIERTA QUE LA FIRMA RATIFICADA Y LAS PLASMADAS DURANTE LA DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN SON NOTORIAMENTE DIFERENTES."; sin embargo, se estima que la misma no es aplicable, ya que en el caso se está en presencia de una hipótesis diferente a la prevista en dicha jurisprudencia, pues aquella parte de la base de la notoria diferencia entre la firma de la demanda y la de la ratificación, y en la especie se está en el supuesto de que las firmas de la demanda y el escrito aclaratorio son totalmente distintas a la plasmada en la diligencia de reconocimiento, es decir, que ni siquiera son parecidas o semejantes para presumir que exista una notoria diferencia, sino que son totalmente disímiles a simple vista. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 6, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN I, INCISO C) DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE TRES DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE A LA PARTE QUEJOSA:Vista la diligencia de reconocimiento de firma que antecede, de la que se advierte que ********* cumplió con el requerimiento que se le formuló en proveído de veinticinco de abril del año en curso, consistente en reconocer el contenido y firma del ocurso presentado ante este juzgado el veinticuatro del mismo mes y año. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6°, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, dispositivos que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados." "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." De la transcrita fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo es improcedente en los casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley y, en el caso que se analiza, la causa que se manifiesta resulta del numeral 6° de dicho ordenamiento legal. De la literalidad de este último precepto, se advierte que el juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, de ahí la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por un acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, debidamente firmada, pues es a través de la firma o de la impresión de las huellas digitales que se externa la voluntad de las partes de ejercitar un derecho. Con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, es menester relatar lo siguiente: a) Mediante escrito presentado el once de abril de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, supuestamente Trinidad Valencia García promovió el presente juicio de amparo. b) Por razón de turno le correspondió conocer a este juzgado, la cual se radicó el doce de abril pasado, bajo el número 309/2019-IV, y se requirió al promovente para que, por escrito y con cuatro copias para correr traslado a cada una de las partes: Bajo protesta de decir verdad precisara y acreditara con documento fehaciente, cuál es su domicilio. Señalara como autoridades responsables al Delegado y al Subdelegado de Prestaciones Económicas, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Baja California. c) Mediante escrito recibido el veinticuatro de abril pasado en la oficialía de este tribunal, se pretendió cumplir con el auto aclaratorio, el cual se mandó reconocer en virtud de que el suscrito, sin ser un perito en la materia, advirtió que la firma que lo calzaba, de la simple confrontación con la demanda, eran notoriamente discrepantes. d) En diligencia de dos de mayo de dos mil diecinueve, se llevó a cabo la diligencia de reconocimiento de firma. En la especie, el suscrito advierte de la simple confrontación de las firmas que calzan la demanda de amparo (1), el escrito aclaratorio (2) y la asentada en la diligencia de reconocimiento (3), que son totalmente diferentes entre sí. Se afirma lo anterior, porque la firma asentada en el libelo constitucional (1), en el escrito aclaratorio (2) y en la diligencia de reconocimiento de firma (3), tienen elementos caligráficos completamente diferentes. Ciertamente, el suscrito sin ser un perito en la materia advierte de la simple confrontación, así como atendiendo a las reglas de la lógica y de las máximas de la experiencia, que entre las firmas que calzan la demanda de amparo (1), el escrito aclaratorio (2) y en la diligencia de reconocimiento (3), existe una diferencia notaria, por las siguientes razones: - La primera (demanda), los trazos son ilegibles, continuos y regulares, sin que existan separaciones entre el nombre y los apellidos, iniciando con letra mayúscula el primer nombre y apellido. Los trazos lineales son ligeramente ondulados. - La segunda (escrito aclaratorio) los trazos son ilegibles y regulares, existe separación entre el nombre y los apellidos, esto es, está separada en tres bloques, contiene letra mayúscula el primer nombre y el segundo apellido. Los trazos lineales de la primer palabra son en zigzag. - La tercera (diligencia de reconocimiento) los trazos son irregulares, temblorosos, enmarañados, gruesos y está separada en dos bloques, con letra mayúscula únicamente en la letra inicial del nombre. Los trazos verticales no son ni ondulados ni en zigzag. También, se observa que las características de presión y calidad de las firmas de los escritos de demanda (1) y aclaratorio (2) son firmes, continuas y sin presentar temblor alguno; a diferencia de la plasmada en la diligencia de reconocimiento de firma (3), la cual presenta ciertos temblores y los trazos no son continuos. De lo anterior se colige que si la demanda de amparo presentada en este juzgado y con la que se formó el presente controvertido, así como el escrito aclaratorio, no contienen la firma autógrafa de ********, es incuestionable que ésta no exteriorizó su deseo a través del signo gráfico consistente en la firma de promover el presente juicio, ya que de lo expuesto en la presente determinación se concluye que aquellas firmas (demanda y escrito aclaratorio) ni siquiera son parecidas o semejantes, sino TOTALMENTE DISTINTAS a la asentada en la diligencia de reconocimiento. En ese sentido, si el antes nombrado no suscribió la demanda de amparo ni el escrito aclaratorio, es inconcuso que existe ausencia de voluntad para accionar ante la autoridad judicial a fin de que se analice su solicitud de amparo y, por ende, falta uno de los presupuestos necesarios para la procedencia del presente juicio, como lo es que debe instaurarse a instancia de parte agraviada, por lo que, procede desechar la demanda que se estudia. Estimar lo contrario y admitir la demanda de amparo en la forma en que está propuesta, implicaría fomentar la práctica viciosa de que cualquier persona, sin ser la interesada, firmara una demanda con el propósito de presentarla oportunamente, para después, en cualquier tiempo subsanar la omisión de voluntad con la ratificación de quien no la suscribió. Máxime que a la diligencia de reconocimiento de firma no puede otorgársele el alcance de tener por presentada la demanda, en tanto que el objeto de dicha diligencia se limita a que el autor del documento reconozca como suya la firma impresa en él y no a hacer suyo el contenido de un instrumento que no suscribió. Finalmente, cabe señalar que el suscrito no soslaya la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1234, Tomo II, Junio de 2017, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro: "PERICIAL EN MATERIA DE CALIGRAFÍA Y GRAFOSCOPIA. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA ORDENAR OFICIOSAMENTE SU PRÁCTICA Y DESAHOGO, A FIN DE VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA QUE CALZA LA DEMANDA DE AMPARO, RECONOCIDA POR QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE EN ELLA, ÚNICAMENTE CUANDO ADVIERTA QUE LA FIRMA RATIFICADA Y LAS PLASMADAS DURANTE LA DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN SON NOTORIAMENTE DIFERENTES."; sin embargo, se estima que la misma no es aplicable, ya que en el caso se está en presencia de una hipótesis diferente a la prevista en dicha jurisprudencia, pues aquella parte de la base de la notoria diferencia entre la firma de la demanda y la de la ratificación, y en la especie se está en el supuesto de que las firmas de la demanda y el escrito aclaratorio son totalmente distintas a la plasmada en la diligencia de reconocimiento, es decir, que ni siquiera son parecidas o semejantes para presumir que exista una notoria diferencia, sino que son totalmente disímiles a simple vista. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 6, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN I, INCISO C) DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTICINCO DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE A LA PARTE QUEJOSA: Agréguese en autos el escrito supuestamente firmado por el quejoso ***********, antes de proveer respecto de su contenido y tomando en consideración que el suscrito, sin ser un perito en la materia, advierte de la simple confrontación del ocurso de cuenta con el escrito inicial de demanda, que la firma que calza aquél tiene rasgos notoriamente discrepantes con la estampada en el libelo constitucional; por tanto, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de tres días legalmente computado, comparezca ante este juzgado debidamente identificada, en día y horas hábiles, a fin de que en diligencia formal reconozca la firma del ocurso de cuenta; apercibida que de no hacerlo se tendrá por no presentado.
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