Ubertino Mercado Páramo

Expediente 951/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
951/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
17/11/2017

Partes del expediente

  • Ubertino Mercado Páramo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Agréguese en autos el oficio signado por la Magistrada Propietaria de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad del mismo nombre, mediante el cual acusa recibo del diverso 18946/2017 del índice de este órgano jurisdiccional, con el que se le notificó el proveído de ocho de noviembre de dos mil diecisiete y se le devolvieron las constancias que remitió como sustento de su informe justificado.

  2. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que el proveído de diez de octubre del año en curso, en el cual se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, no fue recurrido; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que quedó firme. Sin que pase por inadvertido para el suscrito el hecho de que no obre en autos el acuse de recibo de la autoridad responsable foránea, de la sentencia emitida en el presente asunto, toda vez que de conformidad con el artículo 87, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, éstas carecen de legitimación para interponer recurso de revisión en contra del fallo constitucional, puesto que la sentencia reclamada fue dictada en ejercicio de la potestad de la autoridad responsable. Notifíquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Por otra parte, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción I, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia constitucional. Respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se concedió la suspensión definitiva, por lo que deberán conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento; en el entendido de que mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental. Atendiendo al punto vigésimo, fracción III del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo a que alude dicho acuerdo, por lo que, se ordena mandarlo al lugar que le corresponde en el archivo de este Juzgado hasta en tanto se destruya. En virtud de que resulta innecesaria la retención de las constancias que como justificación a su informe remitió la Magistrada responsable, devuélvansele y solicítesele el acuse de recibo correspondiente. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  3. Principal

    Glósese a los autos el oficio firmado por el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual anexa el diverso signado por el Juez Tercero Penal de Partido, con sede en Celaya, Guanajuato, del que se advierte que este Juzgado tuvo al Magistrado de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, dando cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo 578/2017-IV, declarando el fallo protector cumplido.

  4. Principal

    Agréguense a los autos los oficios que suscribe el secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado con sede en esta ciudad, mediante los cuales, en relación al primero de ellos, remite las constancias del juicio de amparo 924/2017-B, de su estadística, así como los cuadernillos relativos al incidente de suspensión deducido de ese expediente, promovido por *********, contra actos del Magistrado de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y otras autoridades, por considerar que este órgano jurisdiccional es el competente para conocer del mismo, en atención a que el nombrado promovió diverso juicio de amparo contra actos derivados de la misma causa criminal, a saber, el registrado con el número 578/2016-IV, del índice de este Juzgado, teniendo dicho registro como último antecedentes de los juicios de amparo promovidos con motivo de la citada causa criminal, anterior a la que se remite. Téngase por recibidos los cuadernos incidentales que anexa al oficio de cuenta; en consecuencia, fórmense las carátulas correspondientes. Consecuentemente, acorde con lo establecido en los artículos 45 y 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, este juzgado federal acepta el conocimiento del juicio de amparo promovido, debiendo formarse los expedientes impreso y electrónico respectivamente, bajo el número 951/2017-VII, anótese su ingreso en el libro de Gobierno de este Juzgado; asimismo, procédase a la digitalización de las constancias referentes para la integración del expediente electrónico, en el entendido de que aquéllas por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado Federal. Hágase lo anterior del conocimiento del órgano jurisdiccional oficiante, así también a la jefa de la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado, residentes en esta ciudad, para efecto de compensación de las cargas de trabajo con motivo de que este tribunal conocerá de la demanda de amparo remitida por el homólogo Octavo de Distrito. No resulta necesario solicitar los informes justificados a las autoridades responsables en virtud de que ya obran agregados en autos. Infórmese a las responsables que toda comunicación relacionada con el acto reclamado en el presente juicio deberán dirigirse a este Juzgado. Sin que resulte necesario ordenar abrir el incidente de suspensión respectivo, debido a que en interlocutoria de dos de octubre del año en curso, dictada en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 924/2017, del índice del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado con sede en esta ciudad, se proveyó respecto a la medida cautelar solicitada. Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde. En atención al segundo de los comunicados de la autoridad oficiante, téngase por recibido y se acuerda lo siguiente: Agréguese en autos el oficio que remite el Magistrada Propietaria de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, capital, mediante el cual rinde su informe justificado, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente. Con fundamento en el numeral 119 de la legislación en consulta, téngasele ofertando como pruebas de su intención las documentales que acompaña, las que se admiten y se tienen por desahogadas, dada su propia y especial naturaleza. Dado lo voluminoso de las constancias que adjunta, se ordena formar un tomo de prueba para mejor manejo del expediente, en la inteligencia que se seguirá actuando en el presente. Asimismo, glósese a los autos el oficio que remite el Juez Tercero Penal de Partido, con sede en esta ciudad, mediante el cual, con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, remite copia certificada del auto de plazo constitucional dictado el cinco de octubre de dos mil diecisiete, en contra del quejoso *********, dentro del proceso penal 115/2017 de su índice, en virtud de que el nombrado compareció ante ese juzgado el pasado veintinueve de septiembre del año en curso, rindiendo su declaración preparatoria y resolviendo su situación jurídica en la fecha ya mencionada. Ahora, de las referidas constancias que remite el a quo, a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por un servidor público en ejercicio de sus funciones, se desprende que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del numeral 61 de la ley de la materia que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exclusivamente la sentencia de primera Instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente." Del artículo anterior se obtiene que el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio. b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo. c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Tiene aplicación a lo anterior la tesis 51 sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 39, Tomo IV, Apéndice 2000, Materia Común del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." En el caso concreto, los supuestos descritos con antelación, y que derivan del mencionado artículo 61, se encuentran satisfechos, como a continuación se verá: I. La orden de aprehensión reclamada emana de la resolución de trece de septiembre de dos mil diecisiete, dictada por el Magistrado Supernumerario que integra la Décima Sala Penal, en auxilio de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, dentro del toca 43/2016 de su índice, la cual originalmente había sido negada en el proceso penal 1/2016 (actualmente registrado con el número 115/2017 del índice del Juzgado Tercero Penal de Partido de Celaya, Guanajuato). II. Con posterioridad a la presentación de la demanda, exactamente el cinco de octubre de dos mil diecisiete, el Juez de la causa dictó la resolución de término constitucional en el proceso penal 115/2017 de su índice, en la que determinó decretar auto de formal prisión en contra del impetrante ***********, al considerarlo probable responsable en la comisión del delito de despojo, en agravio de **********. III. En virtud de ello, no es posible decidir sobre la constitucionalidad de la orden reclamada, sin afectar la nueva situación jurídica, por lo que las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión deben considerarse consumadas de un modo irreparable. IV. Existe autonomía entre la orden reclamada y la nueva resolución, por cuanto la primera se rige por lo que establece el artículo 16 constitucional, mientras que la segunda en lo que dispone el numeral 19 del propio cuerpo legal; es decir, la resolución de plazo constitucional puede subsistir con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Es aplicable, la jurisprudencia 1a./J. 17/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 270, junio de 2008, tomo XXVII, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto." Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia. En apoyo a la conclusión anterior se invoca la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 386, Tomo XVII, Marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación, que reza: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Con fundamento en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas tanto en el juicio en que se actúa, como en los cuadernos incidentales derivados del mismo, en los casos en que deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. Por otra parte, resulta un hecho notorio para el suscrito que en el presente circuito generalmente las autoridades responsables acusan recibo de diversas determinaciones emitidas por este órgano jurisdiccional, lo que incrementa la carga de trabajo y la voluminosidad de los expedientes obstaculizando con ello el manejo físico y estudio de los mismos; y, debido a que el propio artículo 26, fracción II, de la Ley de Amparo, dispone que las notificaciones que se practiquen a las autoridades responsables y a las diversas que tengan el carácter de terceras interesadas, se les harán por medio de oficio, el cual será entregado a través del funcionario adscrito designado, quien recabará recibo del mismo, el cual se agregará a los autos y hará las veces de acuse. Por lo que, a fin de evitar lo anteriormente señalado, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que resulta innecesario que informen cada vez que reciban comunicación proveniente de este juzgado, salvo aquellos casos en los que de manera expresa les sea solicitado el acuse de recibo. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. De conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE". Finalmente, tengase a los quejosos señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que precisa en su demanda de amparo, y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Gerardo Cerda Herrera y Miguel Ojeda Lanuza, en virtud de que cuentan con cédulas profesionales números 988740 y 976094, registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, creado por Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

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