Transportadora de Gas Natural de la Huasteca

Expediente 15/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 7 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
15/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
29/03/2022

Partes del expediente

  • Transportadora de Gas Natural de la Huasteca
  • Juez Sexto de Distrito Con Sede En Celaya, Estado de Guanajuato

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Cumplimiento de ejecutoria. Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que trascurrió el término de tres días que se concedió a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada en autos; consecuentemente, al no haber hecho uso de tal derecho, este juzgado federal, atendiendo a los elementos que obran en el expediente y a los datos proporcionados por la autoridad responsable, de oficio procede a determinar si se cumplió o no. En tal virtud, cabe destacar que, en sentencia de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa para los siguientes efectos: "(.) en el caso se impone otorgar el amparo y protección de la justicia federal solicitados, a fin de que el juez responsable: 1. Deje sin efectos la resolución reclamada; 2. En su lugar, dicte otra en el que atienda a los lineamientos establecidos en esta sentencia; prescinda de las consideraciones bajo las cuales desechó la promoción y, en su caso, la admita a trámite, salvo que advierta un motivo de improcedencia distinto al que se analizó en este fallo." Determinación que causó ejecutoria el nueve de marzo de la presente anualidad; por lo que se requirió a la autoridad responsable para que diera cumplimiento en los términos anotados. En relación con dicho cumplimiento, de autos se desprende que, en auto de diecisiete de los corrientes, se recibió el oficio registrado con el número 3332, remitido por la autoridad responsable juez Sexto de Distrito en el estado de Guanajuato, a través del cual informó el contenido del auto dictado el quince de marzo actual en el juicio federal 43/2021-I de su índice, con el que se evidencia que la citada autoridad, en acatamiento a la ejecutoria de amparo de mérito, dejó sin efectos la determinación reclamada de fecha quince de diciembre de dos mil veintiuno y dictó otra en la que determinó procedente admitir a trámite las diligencias de jurisdicción voluntaria a fin de que se valide el contrato de servidumbre voluntaria, continua y aparente de paso, solicitada por la aquí quejosa, tal como se aprecia de lo siguiente: Por tanto, si la protección federal se otorgó para los efectos precisados y la autoridad responsable realizó los actos descritos, se concluye que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, sin excesos ni defectos, en términos del numeral 196 de la ley de la materia. Háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno respectivo, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE) que se llevan en este juzgado. Archivo y clasificación del expediente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 18, fracción I, inciso a) del aludido acuerdo general, el presente expediente es susceptible de depuración, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que se dictó sentencia en la que se otorgó la protección constitucional. Debiéndose conservar la demanda, la sentencia, el presente acuerdo en que se tuvo por cumplida la ejecutoria y se ordenó el archivo del expediente como asunto totalmente concluido. Sin que haya lugar a ordenar la devolución de documentos originales, por no haber sido ofrecidos por las partes.

  2. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponde el oficio signado por el juez Sexto de Distrito en el estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad; mediante el cual informa el contenido del auto dictado el quince de marzo actual en el juicio federal ********** su índice, con el que aduce dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. En razón de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, con copia del oficio de cuenta, dese vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que se le haga de este proveído, manifieste lo que a su interés convenga; apercibida que de no hacerlo, este juzgado determinará si la sentencia de amparo fue o no cumplida.

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los autos y en atención a que trascurrió el término legal a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran la sentencia dictada en el presente asunto en la que se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, según el artículo 2°, se declara que dicha sentencia causó ejecutoria. Háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno respectivo, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE) que se llevan en este juzgado. Sin que se soslaye el hecho de que no se realice el respectivo cómputo a la autoridad responsable, toda vez que carece de legitimación para interponer recurso de revisión; de conformidad con la jurisprudencia número P./J. 22/2003, publicada en julio de 2003, tomo XVIII, página 23, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir." En consecuencia, se solicita al juez Sexto de Distrito en el estado de Guanajuato, que dé cumplimiento, en los siguientes términos (en relación con el expediente número ********************de su índice): Deje sin efectos la resolución reclamada; y, En su lugar, dicte otra en la que atienda a los lineamientos establecidos en la sentencia dictada en este amparo; prescinda de las consideraciones bajo las cuales desechó la promoción y, en su caso, admita a trámite, salvo que advierta un motivo de improcedencia distinto al que se analizó en el fallo de este juicio. Por lo que se le otorga un plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, con el apercibimiento que, de no hacerlo, se le impondrá una multa conforme a la Unidad de Medida y Actualización diaria decretada por el Ejecutivo Federal, incrementada cien veces, de conformidad con los artículos 192, 197 y 258 de la ley de la materia. Finalmente, remítase al juez responsable el tomo de pruebas que se formó con las constancias que allegó con su informe justificado, toda vez que resulta innecesaria su retención.

  4. Principal

    VISTOS, para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo indirecto número 15/2022; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el siete de enero de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad de Celaya, turnado ese día a este Juzgado, ********************, por conducto de su apoderado legal ********************, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de actos del Juzgado Sexto de Distrito en el estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, que hizo consistir en: "III.- ACTO RECLAMADO: El auto que por esta vía se combate es el Auto de fecha 15 de Diciembre del año 2021, emitido por el C. Juez Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato, en cuyos términos desecha el escrito inicial." Foja 3 vuelta del cuaderno de amparo. En ese ocurso la parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos humanos vulnerados, los reconocidos en los artículos 8, 14, 16, 17, 22, 27, párrafos, segundo, cuarto, quinto y sexto, 106 y 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por razón de turno, correspondió conocer de dicho juicio a este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato. Por auto de diez de enero de dos mil veintidós, formó el expediente y lo registró bajo el número 15/2022; además, admitió la demanda; solicitó el informe con justificación a la autoridad señalada como responsable; dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento. Finalmente, señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, es competente legalmente para conocer y resolver el juicio de amparo planteado, de conformidad con los artículos 37 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente y con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. La competencia territorial se surte, pues el acto reclamado carece de ejecución, por lo que se actualiza la tercera regla prevista en el artículo 37 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1ª./J. 17/2014 (10ª) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Lo anterior, aunado a que el procedimiento de origen se tramita en esta ciudad de Celaya, Guanajuato, donde ejerce jurisdicción este juzgado federal. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Por cuestión de método, se procede a la fijación de los actos reclamados, como está preceptuado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, con la finalidad de lograr congruencia entre lo pedido y lo que se resolverá, conforme al criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". De este modo, se establece que en el presente juicio el acto reclamado lo constituye: 1. El auto de quince de diciembre de dos mil veintiuno, emitido dentro del expediente número ********************, por el cual no se admitió a trámite la solicitud de validación de los acuerdos alcanzados y protocolizados mediante escritura pública número ********************, otorgada por el Notario Público número 37 con ejercicio en Santiago de Querétaro, Querétaro. Acto reclamado a la siguiente autoridad: a. Juzgado Sexto de Distrito en el estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad de Celaya. TERCERO. Certeza del acto reclamado. El juez Sexto de Distrito en el estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad de Celaya (foja 39) al rendir su informe con justificación manifestó que es cierto el acto reclamado. Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo que además se corrobora con las constancias que remitió el juez responsable consistente en copias certificadas del expediente número ********************; documental a la que se le otorga valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Del análisis de las constancias allegadas al sumario, se desprenden como antecedentes relevantes del acto reclamado los siguientes: 1. Mediante escrito presentado el diez de diciembre de dos mil veintiuno, ********************, por conducto de su apoderado legal ********************solicitó la validación de los acuerdos alcanzados mediante el contrato de servidumbre voluntaria continúa y aparente de paso, el cual consta en la escritura pública número ********************, otorgada por el Notario Público número 37 con ejercicio en la ciudad de Santiago de Querétaro, Querétaro, entre dicha empresa y ******************** (fojas 3 a 6 del tomo de pruebas). 2. De dicho ocurso conoció el Juzgado Sexto de Distrito en el estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, quien por auto de quince de diciembre de dos mil veintiuno, lo radicó bajo el número ********************; además, determinó ".no dar trámite al procedimiento que intenta y dejar a salvo los derechos de la parte accionante." (fojas 135 a 141 ídem). Resolución que es el acto reclamado en la presente instancia constitucional. QUINTO. Estudio del fondo del asunto. La parte quejosa sostiene que la resolución reclamada es violatoria de sus derechos fundamentales, por lo siguiente: Se violentan las formalidades esenciales del procedimiento. El contrato de servidumbre voluntaria continúa y aparente de paso es válido pues se cumplieron los requisitos y formalidades previstas en la Ley de Hidrocarburos. La vía que intentó se encuentra prevista en el artículo 105 de la Ley de Hidrocarburos y de una lectura a ese numeral, se advierte cual es la vía que intentó. Que en la Ley de Hidrocarburos y su reglamento se instauraron mecanismos y procedimientos para lograr los fines ahí previstos. El legislador previó el procedimiento para alcanzar la validación de los acuerdos de voluntades en el artículo 105 de la Ley de Hidrocarburos y que su petición se apegó a esos lineamientos. En su petición señaló como fundamento dicho numeral y el diverso 70 del Reglamento de la Ley de Hidrocarburos, por lo que dicha solicitud es idónea para validar el acuerdo alcanzado. Que el argumento de la resolución reclamada para inadmitir la petición es que la vía no fue precisada, pero su solicitud la realizó con fundamento en los numerales precisados, los cuales no establecen una vía especifica en la cual se deba proceder. La solicitud de validación de acuerdos alcanzados mediante contrato origina un procedimiento especial, acorde la naturaleza de la Ley de Hidrocarburos y coincidente con su petición. Que en el juzgado de origen se han admitido diversos asuntos derivados de peticiones similares, por lo que esa es la vía idónea para validar los acuerdos alcanzados. En términos del artículo 1380 del Código de Comercio de aplicación supletoria a la Ley de Hidrocarburos, de estimar que la demanda es oscura o irregular debió prevenirlo para aclarar tal circunstancia. Los argumentos son sustancialmente fundados en atención a la causa de pedir y suficientes para conceder el amparo solicitado, pues en la demanda sí se aprecia cuál es la vía que la promovente estaba planteando. De hecho, el mismo juzgado de Distrito advirtió cuál era la naturaleza de la pretensión, lo cual es un dato útil para determinar la vía procesal que la quejosa pretendía instaurar. El artículo 17 constitucional establece el derecho de acceso efectivo a la justicia, el que tiene como fin que las instancias judiciales constituyan un mecanismo eficaz y confiable al que las personas acudan para dirimir cualquier conflicto que derive de las relaciones jurídicas en las que participan y que, para ello, no se establezcan requisitos innecesarios, excesivos o carentes de razonabilidad. Asimismo, los juzgadores deben evitar en todo momento, prácticas tendentes a denegar o limitar el referido derecho de acceso a la justicia, pues tienen la obligación de resolver las cuestiones que se les plantean sin obstáculos o dilaciones innecesarias y evitando formalismos o interpretaciones no razonables que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo y la auténtica tutela judicial, por lo que los órganos encargados de administrar justicia, al interpretar los requisitos y las formalidades procesales legalmente previstos, deben tener presente la ratio de la norma para evitar que los meros formalismos impidan un enjuiciamiento de fondo del asunto. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia I.4o.A. J/1 (10a.) emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y texto: "ACCESO A LA JUSTICIA. LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEBEN EVITAR, EN TODO MOMENTO, PRÁCTICAS QUE TIENDAN A DENEGAR O LIMITAR ESE DERECHO. A fin de satisfacer efectivamente el derecho fundamental de acceso a la justicia, debe acudirse al artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual prescribe la obligación por parte del Estado, de conceder a toda persona bajo su jurisdicción, un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de derechos, los cuales pueden estar reconocidos tanto en la legislación interna, como en la propia convención. Asimismo, en la interpretación que se ha hecho de este numeral por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sido criterio sostenido que, para la satisfacción de dicha prerrogativa, no basta con la existencia formal de un recurso, sino que éste debe ser efectivo; es decir, capaz de producir resultados o respuestas y tener plena eficacia restitutoria ante la violación de derechos alegada; en otras palabras, la obligación a cargo del Estado no se agota con la existencia legal de un recurso, pues éste debe ser idóneo para impugnar la violación y brindar la posibilidad real, no ilusoria, de interponer un recurso sencillo y rápido que permita alcanzar, en su caso, la protección judicial requerida. En estas condiciones, la existencia de esta garantía constituye uno de los pilares básicos, no sólo de la Convención Americana citada, sino de todo Estado de derecho. Por tanto, los órganos jurisdiccionales deben evitar, en todo momento, prácticas que tiendan a denegar o limitar el referido derecho de acceso a la justicia." Por tanto, los requisitos para admitir los juicios, incidentes, o recursos intentados, establecidos por el legislador, son de interpretación estricta para no limitar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, por lo que debe buscarse, con apoyo en los principios pro homine e in dubio pro actione, la interpretación más favorable al ejercicio de ese derecho humano, sin soslayarse los presupuestos esenciales de admisibilidad y procedencia de los juicios, incidentes y recursos. Lo anterior encuentra sustento en la tesis aislada 1a. CCXCI/2014 (10a.) de la Primera Sala Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. LOS ÓRGANOS ENCARGADOS DE ADMINISTRAR JUSTICIA, AL INTERPRETAR LOS REQUISITOS Y LAS FORMALIDADES ESTABLECIDOS EN LA LEY PARA LA ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA DE LOS JUICIOS, DEBEN TENER PRESENTE LA RATIO DE LA NORMA PARA EVITAR FORMALISMOS QUE IMPIDAN UN ENJUICIAMIENTO DE FONDO DEL ASUNTO. La tutela judicial efectiva, consagrada como derecho humano en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su vertiente de recurso efectivo, implica la obligación para los tribunales de resolver los conflictos que se les plantean sin obstáculos o dilaciones innecesarias y evitando formalismos o interpretaciones no razonables que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo y la auténtica tutela judicial, por lo que los órganos encargados de administrar justicia, al interpretar los requisitos y las formalidades procesales legalmente previstos, deben tener presente la ratio de la norma para evitar que los meros formalismos impidan un enjuiciamiento de fondo del asunto. Por tanto, los requisitos para admitir los juicios, incidentes en ellos permitidos, o recursos intentados, establecidos por el legislador, son de interpretación estricta para no limitar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, haciendo posible, en lo esencial, el ejercicio de dicho derecho, por lo que debe buscarse, con apoyo en los principios pro homine e in dubio pro actione, la interpretación más favorable al ejercicio de ese derecho humano, sin soslayarse los presupuestos esenciales de admisibilidad y procedencia de los juicios, incidentes en éstos permitidos o recursos intentados." Ahora, sobre el procedimiento para la validación de acuerdos celebrados entre los propietarios o titulares de terrenos o bienes, con asignatarios y contratistas que estén interesados en llevar a cabo actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, con las que se afecte o se involucre a predios, terrenos o bienes de terceros, al resolver la contradicción de tesis 49/2017 la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció: ".SEXTO. Estudio. [.] La Ley de Hidrocarburos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de agosto de dos mil catorce -emitida con motivo de la reforma constitucional en materia energética de diciembre de dos mil trece-, prevé en su Título Cuarto, Capítulo IV, la posibilidad de establecer condiciones para el uso, goce o afectación de los terrenos, bienes o derechos que resulten necesarios para que se lleven a cabo las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, mismos que deben ser negociados y acordados entre sus propietarios o titulares, y los asignatarios o contratistas. Sin embargo, no se trata de cualquier tipo de uso y ocupación superficial, sino que posee una naturaleza especial, tal y como se advierte de la regulación contenida en la propia Ley de Hidrocarburos. De inicio, la Ley de Hidrocarburos señala que los acuerdos en cuestión se llevarán a cabo a través de un procedimiento especial de negociación, cuyo eje central será la transparencia, con lineamientos específicos para la elaboración de avalúos y con tabuladores oficiales, tomando especiales medidas cuando se trate de sujetos previstos en la Ley Agraria. De hecho, la Ley de Hidrocarburos establece un procedimiento en aquellos casos en los que no se pueda arribar a un acuerdo, que implica la posible constitución de una servidumbre legal, así como la potencial instauración de un proceso de mediación. Incluso, el Reglamento de la Ley de Hidrocarburos prevé la posibilidad de que participen testigos sociales en los procesos de negociación entre asignatarios o contratistas, y los propietarios o titulares del terreno. Ahora bien, resulta pertinente analizar cuáles fueron las razones que suscitaron ese tipo de regulación, esto es, por qué motivos dicho uso y ocupación territorial se sujetó a una regulación tan exhaustiva o pormenorizada: El sector energético en México y, en específico, el sector de hidrocarburos, son estratégicos para el desarrollo del país, desde el punto de vista económico y de finanzas públicas, así como para el funcionamiento de las actividades productivas en nuestro territorio nacional. [.] Lo anterior, pues con la reforma energética y, en especial, con los cambios en materia de hidrocarburos, se diseñó un estricto acompañamiento y vigilancia de las actividades de la industria de hidrocarburos en las materias de impacto, emisiones, riesgo, responsabilidad y el tema de externalidades, aunado al cálculo de emisiones contaminantes. De ahí que se reitere que el tema de hidrocarburos represente un sector estratégico e indispensable para el desarrollo económico, de finanzas públicas, y de seguridad pública y en materia ambiental. Ahora bien, la Ley de Hidrocarburos, por lo que hace al uso y ocupación superficial que prevé, regula los acuerdos que puedan efectuarse entre los propietarios o titulares de terrenos o bienes, con asignatarios y contratistas que estén interesados en llevar a cabo actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, con las que se afecte o se involucre a predios, terrenos o bienes de terceros. En consecuencia, como ya se ha señalado, no se trata de cualquier tipo de uso y ocupación superficial, sino de uno que reviste características y notas especiales que, por su naturaleza, implica especial interés público. Esto es, la Ley de Hidrocarburos, al prever acuerdos en los que se regule el uso, goce o afectación de los terrenos, bienes o derechos que resulten necesarios para que se lleven a cabo actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, involucra el manejo de sustancias y residuos que requieren un tratamiento especial; por lo que su regulación atiende a criterios especiales vinculados a la prevención y gestión integral de residuos, seguridad industrial, protección al medio ambiente y equilibrio ecológico. De ahí que no estemos en presencia de una figura común de uso y ocupación superficial, pues si bien su naturaleza pudiera asemejarse en un principio a diversas reguladas en el derecho civil, como las servidumbres legales de paso o agrarias; lo cierto es que en ellas únicamente se encuentran vinculados derechos e intereses de las partes involucradas o de las partes que pudieran verse afectadas con los acuerdos de voluntades. No obstante, el uso y ocupación superficial que aquí se estudia, conlleva un interés y trascendencia especial, aunado a que el tema de hidrocarburos representa un sector estratégico e indispensable para el desarrollo económico y de finanzas públicas del país. Ahora bien, la naturaleza de tales usos y ocupaciones superficiales, así como de la relevancia de dicho sector en nuestro país, se encuentra reforzada a partir del contenido del artículo 105 de la Ley de Hidrocarburos, cuyo texto es el siguiente: [.] Como puede advertirse, la Ley de Hidrocarburos exige que los acuerdos sobre usos y ocupaciones superficiales sean presentados -ya sea por el asignatario o contratista-, ante el Juez de Distrito en materia civil o Tribunal Unitario Agrario competente. Así, del artículo 105 de la Ley de Hidrocarburos, se advierte que el acuerdo alcanzado será presentado, pero no como una mera formalidad o simplemente para que la autoridad jurisdiccional tenga conocimiento del acuerdo y su contenido. Por el contrario, el artículo es categórico al señalar que el órgano jurisdiccional validará el acuerdo, es decir, la autoridad se encuentra facultada para analizar las particularidades del asunto y el cumplimiento de los requisitos normativos aplicables. Esto es, no se trata de un aspecto formal, sino que la presentación del acuerdo a la autoridad jurisdiccional da lugar a que ésta verifique la satisfacción de los requisitos de validez del acto, a efecto de que emprenda un estudio de fondo del asunto en que valore las circunstancias fácticas y la normativa aplicable en la materia. La importancia de tal atribución se advierte también del hecho consistente en que el acuerdo es remitido a un Juez de Distrito -o a un Tribunal Unitario Agrario cuando se actualiza el supuesto del artículo 102 de la Ley de Hidrocarburos-, cuya función, cotidianamente consiste en conocer de juicios de amparo o de juicios de índole federal. Así, el hecho de que se remita el acuerdo en cuestión a los Jueces de Distrito, implica conferir una facultad extraordinaria que no se reduce a una formalidad, sino a la realización de un estudio propiamente de fondo de la cuestión que se les plantea. Lo anterior se encuentra reforzado por el contenido de los artículos 114 y 115 de la Ley de Hidrocarburos, pues en éstos se establece que los asignatarios o contratistas se abstendrán de realizar, directa o indirectamente, conductas o prácticas que resulten abusivas, discriminatorias o que busquen influir en la decisión de los propietarios o titulares de los terrenos, bienes o derechos, ya sea durante las negociaciones o procedimientos previstos para el uso y ocupación superficial . Así, la ley señala que el acuerdo será nulo, cuando se acredite una contravención a lo señalado en el párrafo anterior, o se pacte una contraprestación asociada a una parte de la producción de hidrocarburos del proyecto. Aunado a ello, el contrato podrá rescindirse y se procederá a declarar la insubsistencia de la servidumbre legal, cuando las obras no inicien dentro de los plazos establecidos en el contrato, el terreno sea destinado a un uso distinto de aquél que justificó la afectación, se declare nula o se cancele la asignación o contrato de exploración y extracción por el cual se buscó el uso de suelo, o se actualice otro supuesto previsto en las cláusulas contractuales. Esto es, la ley claramente establece ciertos supuestos o lineamientos que permiten que el juzgador declare nulo el acuerdo alcanzado entre las partes; por lo que no basta el acuerdo de éstas para que se perfeccione el uso u ocupación superficial, sino que se requiere que el juzgador verifique el cumplimiento de ciertas exigencias, en atención precisamente a que se trata de una servidumbre de interés público, debido a la importancia del sector de hidrocarburos y de las actividades realizadas a su amparo. Por tanto, solamente en el caso de que el Juez de Distrito o Tribunal Unitario Agrario hayan validado el acuerdo alcanzado, éste podrá adquirir el carácter de cosa juzgada, ello a partir de una resolución que tendrá el carácter de sentencia, en contra de la cual, solamente procederá juicio de amparo. Ahora bien, cabe añadir que el propio artículo 105 de la Ley de Hidrocarburos señala que el juzgador, a efecto de validar el acuerdo alcanzado, tendrá que verificar si se cumplieron las formalidades exigidas en: a) La propia Ley de Hidrocarburos; en específico, los numerales 114 y 115 a los cuales ya se ha hecho referencia; b) La Ley Agraria; en el supuesto del artículo 102, esto es, que estén involucrados terrenos, bienes o derechos sujetos a los regímenes previstos en dicha ley; y c) Demás disposiciones aplicables. En otras palabras, la propia ley faculta al juzgador para que analice no solamente la Ley de Hidrocarburos, sino el resto de disposiciones normativas aplicables en la materia, a efecto de analizar el acuerdo alcanzado y determinar si éste debe ser validado y, por tanto, si debe adquirir el carácter de cosa juzgada. Por tanto, no existe un listado limitativo de requisitos formales a los que debe atender el juzgador, sino que éste tiene que analizar la normativa aplicable al ámbito de hidrocarburos, a efecto de dilucidar si el acuerdo alcanzado se opone a la manera en que se encuentra regulado dicho sector. Lo anterior se encuentra reforzado por el artículo 22 de la Ley de Hidrocarburos, en el que se establece que los contratos para la exploración y extracción se regularán por lo dispuesto en dicha ley, así como en su Reglamento. Así, tomando en consideración que el artículo 105, fracción I, de la Ley de Hidrocarburos, en relación con el diverso numeral 22, remite a las "demás disposiciones aplicables" para que se valide el acuerdo, es necesario hacer referencia al Reglamento de la Ley de Hidrocarburos, cuyo artículo 75 establece lo siguiente: [.] Como ya se precisó, el ámbito de los hidrocarburos responde a un sector de enorme importancia para nuestro país. Por su trascendencia nacional, las actividades que se realicen al amparo de la normativa aplicable a los hidrocarburos, requiere que tanto autoridades como particulares cuenten con la mayor cantidad de elementos que permitan el conocimiento no sólo de las relaciones jurídicas que surjan con motivo de dichas actividades, sino también de sus especificidades. En otras palabras, la importancia de la materia, requiere que todos los sujetos conozcan las directrices que regirán sus relaciones. En suma, por la naturaleza de este ámbito, se requiere el mayor grado posible de seguridad jurídica. [.] Por otra parte, el artículo 105, fracción II, de la Ley de Hidrocarburos, señala que una vez que el acuerdo alcanzado se lleve ante el órgano jurisdiccional para su validación, se ordenará la publicación de un extracto, a costa de asignatario o contratista, en un periódico de circulación local y, de ser el caso, en los lugares más visibles del ejido respectivo. La finalidad de tal publicación, consiste en que los terceros que se puedan ver perjudicados por el uso u ocupación superficial, se encuentren en la aptitud de acudir ante el órgano jurisdiccional y alegar lo que a su derecho convenga. Sin embargo, dicha publicación y, por tanto, la posibilidad de que los terceros se manifiesten en relación al acuerdo que fue alcanzado, únicamente surge cuando el asignatario o contratista lleva el acuerdo ante la autoridad jurisdiccional para su validación. En otras palabras, en el supuesto de que se alcance el acuerdo pero éste no sea llevado ante la autoridad jurisdiccional, los terceros no podrán emitir manifestación alguna, y en el caso de que el acuerdo sea llevado pero con posterioridad a los treinta días naturales a que hace alusión el artículo 75 del Reglamento de la Ley de Hidrocarburos, ello implicará que el uso u ocupación superficial surtirá efectos que posiblemente afecten a terceros, a pesar de que no se haya validado. Las anteriores consideraciones se encuentran contenidas en la jurisprudencia 2a./J. 85/2017 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "HIDROCARBUROS. EL ACUERDO DE USO Y OCUPACIÓN SUPERFICIAL PARA SU EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN, DEBE PRESENTARSE DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A SU CELEBRACIÓN, PARA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL PUEDA DOTARLO DEL CARÁCTER DE COSA JUZGADA. Conforme al artículo 105 de la Ley de Hidrocarburos, el acuerdo alcanzado en materia de uso y ocupación superficial para la exploración y extracción de hidrocarburos se presentará ante el Juez de Distrito en Materia Civil o el Tribunal Unitario Agrario competente, lo que no constituye una mera formalidad, pues el artículo es categórico al señalar que el órgano jurisdiccional lo validará, es decir, la autoridad está facultada para analizar las particularidades del asunto y el cumplimiento de los requisitos normativos aplicables; por tanto, sólo en el caso de que el órgano jurisdiccional haya validado el acuerdo alcanzado, éste podrá adquirir el carácter de cosa juzgada. Para tal fin, la propia ley faculta al juzgador para analizar el resto de las disposiciones normativas aplicables en la materia, entre las cuales se encuentra el artículo 75 del Reglamento de la ley indicada, que exige la presentación del acuerdo dentro de los 30 días naturales siguientes a su suscripción. Así, la exigencia de un plazo responde a la idea de que exista el mayor grado de seguridad jurídica posible por la importancia de la materia, así como a la finalidad de que el órgano jurisdiccional analice el acuerdo alcanzado dentro de un plazo cercano a su celebración, lo que presupone la subsistencia de las circunstancias que lo suscitaron. De igual forma, la presentación del acuerdo en el plazo mencionado permite que se publique un extracto en un periódico de circulación local -o de ser el caso, en los lugares más visibles del ejido respectivo-, para que los terceros que puedan verse perjudicados acudan ante el órgano jurisdiccional y aleguen lo que a su derecho convenga; esto es, la normativa pretende que el estudio de validación se efectúe de manera cercana a la fecha en que se alcanzó el acuerdo, para evitar una potencial afectación a terceros de manera prolongada. Así las cosas, al no presentarse el convenio alcanzado dentro del plazo citado, el órgano jurisdiccional no podrá validarlo y, en consecuencia, no podrá dotarle del carácter de cosa juzgada." De lo anterior se advierte lo siguiente: a. La Ley de Hidrocarburos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de agosto de dos mil catorce, prevé en su Título Cuarto, Capítulo IV, la posibilidad de establecer condiciones para el uso, goce o afectación de los terrenos, bienes o derechos que resulten necesarios para que se lleven a cabo las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, mismos que deben ser negociados y acordados entre sus propietarios o titulares, y los asignatarios o contratistas. b. No se trata de cualquier tipo de uso y ocupación superficial, sino que posee una naturaleza especial, esto debido al sector de hidrocarburos estratégico para el desarrollo del país, además, porque en la reforma se diseñó un acompañamiento y vigilancia de las actividades de la industria de hidrocarburos en las materias de impacto, emisiones, riesgo, responsabilidad y el tema de externalidades, aunado al cálculo de emisiones contaminantes. c. La Ley de Hidrocarburos regula los acuerdos que puedan efectuarse entre los propietarios o titulares de terrenos o bienes, con asignatarios y contratistas que estén interesados en llevar a cabo actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, con las que se afecte o se involucre a predios, terrenos o bienes de terceros. d. Si bien por la naturaleza del procedimiento de validación pueden asemejarse a las reguladas en el derecho civil, como las servidumbres legales de paso o agrarias, lo cierto es que el uso y ocupación superficial conlleva un interés y trascendencia especial, toda vez que representa un sector estratégico e indispensable para el desarrollo económico y de finanzas públicas del país, por lo que esos actos jurídicos no están regulados por una figura común de uso y ocupación superficial. e. El artículo 105 de la Ley de Hidrocarburos exige que los acuerdos sobre usos y ocupaciones superficiales deban presentarse por el asignatario o contratista, ante el Juez de Distrito en Materia Civil competente, quien está facultado para validar el pacto, a través del análisis de fondo de las particularidades del asunto y el cumplimiento de los requisitos normativos aplicables. Lo anterior, porque la ley establece los supuestos o lineamientos que permiten al juzgador declarar nulo el acuerdo alcanzado entre las partes; por lo que no basta el pacto de éstas para que se perfeccione el uso u ocupación superficial, sino que se requiere que el juzgador verifique el cumplimiento de ciertas exigencias, en atención, precisamente, a que se trata de una servidumbre de interés público, debido a la importancia del sector de hidrocarburos y de las actividades relacionadas con este rubro. f. El artículo 105, fracción II, de la Ley de Hidrocarburos señala que una vez que el acuerdo alcanzado se lleve ante el órgano jurisdiccional para su validación, se ordenará la publicación de un extracto, a costa de asignatario o contratista, en un periódico de circulación local y, de ser el caso, en los lugares más visibles del ejido respectivo, cuya finalidad consiste en que los terceros que se puedan ver perjudicados por el uso u ocupación superficial, se encuentren en aptitud de acudir ante el órgano jurisdiccional y alegar lo que a su derecho convenga. g. Si el Juez de Distrito valida el convenio alcanzado por las partes, este adquirirá el carácter de cosa juzgada. Así, el artículo 105 de la Ley de Hidrocarburos prevé un procedimiento especial para la validación de acuerdos celebrados entre los propietarios o titulares de terrenos o bienes, con asignatarios y contratistas que estén interesados en llevar a cabo actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, con las que se afecte o se involucre a predios, terrenos o bienes de terceros. En ese sentido, la solicitud de validación del contrato de servidumbre de paso voluntaria, continua y aparente en términos del artículo 105 de la Ley de Hidrocarburos constituye un procedimiento especial, previsto en dicho precepto. En el caso, en el auto de quince de diciembre de dos mil veintiuno (acto reclamado) dictado en el expediente ******************** del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato, se determinó no dar trámite al procedimiento intentado por la ahora quejosa, en el cual pretende alcanzar la validación de los acuerdos que celebró con ********************, mediante la servidumbre voluntaria, continua y aparente de paso, que consta en escritura pública ******************** de diez de noviembre de dos mil veintiuno, pasada ante la fe del Notario Público 37 de Santiago de Querétaro, Querétaro. Lo anterior, bajo el argumento relativo a que la promovente omitió señalar la vía en la cual pretende encausar el procedimiento; sin embargo, ese argumento carece de sustento legal. Al respecto, la vía es el modo de proceder para sustanciar los juicios, pues significa que la cuestión que se plantea al Juez se tramite de acuerdo con un procedimiento legalmente establecido. Así, la vía será improcedente si existe una defectuosa selección del tipo de juicio, o bien, si no se satisface algún procedimiento previo establecido por la ley. La procedencia de la vía es un presupuesto procesal y, por ende, una cuestión de orden público y de estudio preferente, pues en caso de que ésta resulte improcedente el órgano ante el cual se presente una demanda no estaría en aptitud de resolver el fondo del asunto. La importancia de la vía radica en que, cuando los gobernados ejercen su derecho de acceso a la justicia, deben someterse necesariamente a las formas que el legislador previó, a efecto de respetar la garantía de seguridad jurídica y que los justiciables tengan certeza de que su situación jurídica sólo será modificada por procedimientos regulares establecidos previamente. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 1a./J. 74/2005 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido siguientes: "PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN UNA VÍA INCORRECTA. POR SÍ MISMO CAUSA AGRAVIO AL DEMANDADO Y, POR ENDE, CONTRAVIENE SU GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. La existencia de diversas vías para lograr el acceso a la justicia responde a la intención del Constituyente de facultar al legislador para que establezca mecanismos que aseguren el respeto a la garantía de seguridad jurídica, la cual se manifiesta como la posibilidad de que los gobernados tengan certeza de que su situación jurídica será modificada sólo a través de procedimientos regulares, establecidos previamente en las leyes, esto es, en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por ello, el solo hecho de que se tramite un procedimiento en la vía incorrecta, aunque sea muy similar en cuanto a sus términos a la legalmente procedente, causa agravio al demandado y, por ende, constituye una violación a sus derechos sustantivos al contravenir la referida garantía constitucional que inspira a todo el sistema jurídico mexicano, ya que no se está administrando justicia en los plazos y términos establecidos en las leyes." En la especie, en la demanda que dio origen al expediente ******************** del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato, la ahora quejosa solicitó la validación de los acuerdos alcanzados mediante contrato de servidumbre voluntaria y aparente de paso, celebrado mediante escritura pública ******************** de diez de noviembre de dos mil veintiuno, pasada ante la fe del Notario Público 37 de Santiago de Querétaro, Querétaro. Esto, como quedó establecido en párrafos anteriores, constituye un procedimiento especial, cuya regulación y tramitación se encuentra prevista en los preceptos legales que la promovente invocó como derecho aplicable. En efecto, la promovente precisó que ".vengo a solicitar en tiempo y forma de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 105 de la Ley de Hidrocarburos." Además, invocó como derecho aplicable en el asunto los artículos 100, 101, 103, 104, 105 y 117 de la Ley de Hidrocarburos, así como 67, 72, 73, 74 y 75 del Reglamento de la citada legislación, los cuales regulan el procedimiento que el juez de distrito debe instaurar para validar el acuerdo alcanzado entre el dueño del predio sirviente y el dueño del predio dominante en relación con la servidumbre de paso para el transporte de hidrocarburos. Es más, en la propia resolución reclamda se identificó cuál era la pretensión de la promovente e, incluso, la disposición legal que la sustentaba, lo cual era un dato útil para identificar la vía procesal que había que instaurar para encausar la pretensión. Esto se aprecia en el fragmento del proveído reclamado que enseguida se transcribe: ".En efecto, de la lectura del escrito inicial de demanda planteado en el presente asunto, es posible advertir que lo pretendido por el apoderado de la persona moral accionante, es la acción establecida en el artículo 105 de la Ley de Hidrocarburos, ya que solicita la validación de los acuerdos alcanzados mediante el contrato de servidumbre voluntaria, continua y aparente de paso, celebrado mediante escritura pública ********************, de diez de noviembre de dos mil veinte, otorgada ante la fe del titular de la Notaría Pública número 37 de Santiago de Querétaro." Lo resaltado no es de origen. En esas condiciones, la resolución reclamada vulnera el derecho de acceso a la justicia reconocido por el artículo 17 constitucional, porque los datos que la promovente aportó en su escrito inicial son suficientes para colegir su intención de promover en la vía especial establecida en el artículo 105 de la Ley de Hidrocarburos. Por tanto, en el acto reclamado se impidió que el procedimiento especial se tramitara de manera ágil y sencilla, por lo cual se concede a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Por tales motivos, se estima que efectivamente el acto reclamado, transgrede en perjuicio de la parte quejosa, los derechos humanos reconocidos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo que, en el caso se impone otorgar el amparo y protección de la justicia federal solicitados, a fin de que el juez responsable: Deje sin efectos la resolución reclamada; En su lugar, dicte otra en el que atienda a los lineamientos establecidos en esta sentencia; prescinda de las consideraciones bajo las cuales desechó la promoción y, en su caso, la admita a trámite, salvo que advierta un motivo de improcedencia distinto al que se analizó en este fallo. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Único. La justicia federal ampara y protege a ********************, en contra del acto que reclamó del Juzgado Sexto de Distrito en el estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, por las razones expuestas y para los efectos precisados en el último considerando de la presente sentencia.

Quedan 3 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,427 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano