Ubaldo López Saldaña
Expediente 889/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 889/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 16/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Ubaldo López Saldaña
Actuaciones
- Principal
Recepción de testimonio. Agréguese a los autos el oficio signado por el secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, al que adjunta un legajo de copias certificadas del expediente en que se actúa, así como testimonio de la resolución dictada en el recurso de queja administrativa 678/2022 de uno de diciembre actual, que en su parte resolutiva determinó: "ÚNICO. Es infundado el presente recurso de queja, por lo cual, se confirma el proveído de trece de septiembre de dos mil veintidós, dictado por la jueza Octava de Distrito en el Estado de Guanajuato, en el juicio de amparo 889/2022 (.)" Acúsese recibo mediante oficio que se remita vía electrónica y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y clasificación de expediente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En atención a lo dispuesto por el artículo 20, fracción I, inciso a) de la disposición administrativa en cita, el legajo de copias certificadas del expediente en que se actúa, y que fueron remitidas al tribunal de alzada como justificación del informe de la queja de mérito, deberá ser destruido en el plazo de seis meses a que alude tal punto; mientras acontece lo anterior, guárdese provisionalmente en el archivo de este juzgado. En cumplimiento al artículo 21, inciso b), del citado acuerdo general, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que se dictó un acuerdo que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión. Devolución de documentos. Prevéngase a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, acuda a este juzgado a recoger el documento que en original exhibió como anexo a su demanda; apercibida que de no hacerlo, este podrá ser destruido junto con el expediente en su momento. Integración del expediente. Finalmente, en términos del artículo 3, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, se instruye a todo el personal del Juzgado que tenga intervención en la integración del presente expediente: oficiales judiciales, actuarios y secretarios, para que en el ámbito de las funciones que a cada uno de esos puestos corresponda, lleven a cabo la correcta integración del expediente electrónico, cuidando que sean debidamente incorporados cada promoción, documento, actuaciones y constancias de notificación; lo anterior a fin de que se encuentre debidamente integrado.
- Principal
Agréguese el oficio con firma electrónica y evidencia criptográfica del actuario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, mediante el cual informa que el presidente de dicho órgano colegiado admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, en contra del auto de trece de septiembre del año en curso, el que fue registrado con el número 678/2022.
- Principal
Visto el oficio signado por el quejoso *************, con fundamento en los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), 98 y 99 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el recurso de queja que promueve en contra del auto de trece de septiembre de dos mil veintidós. En consecuencia, con fundamento en el numeral 101 de la legislación en cita, ríndase por separado el informe al Tribunal Colegiado en Materia de Administrativa del Decimosexto Circuito, en turno; acompáñese el ocurso de cuenta y copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el presente expediente.
- Principal
Recepción y admisión de la demanda. Vista la demanda presentada por *********************, en contra de actos del jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado, Delegación Celaya, Guanajuato, fórmese el expediente físico y digital con el número 889/2022-4. Desechamiento de la demanda. En ese sentido, del análisis que se efectúa al ocurso de cuenta, así como a la demanda de amparo, se advierte que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, puesto que el quejoso no agotó el principio de definitividad en contra del acto reclamado. En principio, es necesario destacar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y su existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto transcrito, se desprende que la persona juzgadora debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. Sentado lo anterior, cabe destacar que, de la lectura íntegra de la demanda, se desprende que parte quejosa señala como acto reclamado la falta de respuesta congruente y exhaustiva a la solicitud de cinco de julio de dos mil veintidós contenida en el oficio ********************* de dieciocho de agosto de dos mil veintidós. Ahora, para mayor claridad, se anota que de la demanda de amparo se desprenden los siguientes antecedentes: a) El cinco de julio de dos mil veintidós, el quejoso presentó un escrito ante jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado, Delegación Celaya, Guanajuato, en el cual solicitó, entre otras cosas, el cálculo correcto de su pensión jubilatoria. b) El dieciocho de agosto de dos mil veintidós, la autoridad responsable emitió el oficio número *********************, a través del cual dio respuesta a la petición aludida. Este es el acto reclamado en esta instancia constitucional. A fin de dar sustento jurídico a la presente determinación, es necesario destacar los temas siguientes: I. Marco legal. Al respecto, el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior..." La fracción inserta regula el incumplimiento al principio de definitividad respecto de actos que se atribuyan a autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Ese principio se sustenta, en virtud de que el juicio de amparo, como uno de los medios de control constitucional y extraordinario de defensa, exige que se agoten los medios ordinarios eficaces que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir a él. Además, debe tomarse en cuenta la fracción IV del artículo 107 constitucional1, esta consagra la improcedencia del juicio de amparo indirecto en materia administrativa en el supuesto de que en contra del acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, siempre que se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa que haga valer la parte quejosa, con los mismos alcances y sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva; es decir, implica que previo al juicio de amparo, deben agotarse los recursos o medios ordinarios de defensa existentes en relación con el acto reclamado, para cumplimentar el principio de definitividad del juicio de amparo, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. 1 Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución; De modo que el particular que resienta una afectación en su esfera jurídica está obligado, antes de acudir al juicio de amparo, a agotar los medios ordinarios de defensa que procedan en contra del acto que le cause tal afectación, siempre y cuando se reúnan los requisitos que establece el artículo 61, fracción XX, referido. Ahora, para que se considere que el particular se encuentra obligado a cumplir con el principio de definitividad, el medio ordinario de impugnación debe estar contenido en una ley, en sentido formal y material. La ley debe regular por algún título ese acto de manera específica, colmando todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado, es decir, que a través de éste se pueda modificar, revocar o nulificar el acto que se reclama. II Marco jurisprudencial. Sobre este punto, es indispensable precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de criterios 341/20152 determinó -en lo que interesa- que los institutos aseguradores3, de conformidad con la legislación que los rige, están facultados para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios. De igual forma, estimó que, cuando se atribuye al instituto asegurador la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, resulta procedente el juicio de amparo indirecto, debido a que, en este caso, es necesario garantizar la protección efectiva del derecho humano de petición, con la única finalidad de que el funcionario o empleado público del instituto emita una respuesta a la petición. 2 Tesis: 2a./J. 66/2016 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 31, Junio de 2016, Tomo II, página 898 rubro: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR". 3 Si bien, la ejecutoria habla del Instituto Mexicano del Seguro Social, es aplicable analógicamente porque el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, al igual que aquél son órganos descentralizados de la administración pública federal cuya naturaleza es de entes aseguradores de los servicios médicos, sociales y culturales de los trabajadores; por lo que, las razones en las que se fundó el fallo de la Sala son aplicables debido a la naturaleza intrínseca. Sin embargo, explicó que respecto de la respuesta que, en su caso formule el instituto, no procederá demanda de amparo indirecto, sino que el asegurado o beneficiario, una vez conocida la respuesta a su petición y de estimar que no se satisface su interés, debe acudir a la vía común. III. Análisis del caso. En el caso, se reitera, el acto reclamado de forma destacada es la determinación contenida en el oficio número ********************* emitido el dieciocho de agosto de dos mil veintidós por el jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad de Celaya, Guanajuato, a través del cual dio contestación a la petición presentada por el hoy quejoso el seis de ese mes y año, en donde solicitó, entre otras cosas, que dicha autoridad calculara su cuota pensionaria. Por tanto, resulta patente, que previamente a instar el juicio de amparo, el quejoso debió agotar el medio ordinario de defensa procedente en contra de dicho acto, es decir, el juicio de nulidad en términos del artículo 3, fracción VII4, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y del artículo 25 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, cuyos lineamientos para la procedencia de la suspensión del acto se encuentra previsto en el diverso numeral 28, de la última legislación en cita. De estos preceptos legales, se desprende que el juicio contencioso administrativo federal procede ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, contra asuntos que se determinen en materia de pensiones civiles, con cargo al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 4 "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: [.] VII. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado." 5 "Artículo 2o. El juicio contencioso administrativo federal, procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Asimismo, procede dicho juicio contra los actos administrativos, Decretos y Acuerdos de carácter general, diversos a los Reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta en unión del primer acto de aplicación. Las autoridades de la Administración Pública Federal, tendrán acción para controvertir una resolución administrativa favorable a un particular cuando estime que es contraria a la ley." Asimismo, con la promoción del juicio de nulidad pueden suspenderse los efectos de la resolución combatida, con independencia de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido, ya que la ley que lo rige prevé esa medida cautelar sin exigir mayores requisitos que la Ley de Amparo, como se advierte de la comparación de las disposiciones legales que rigen la suspensión del acto en el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, previstas en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y los requisitos establecidos en la Ley de Amparo, para la procedencia de la suspensión de los actos reclamados. En efecto, a través de la promoción del juicio de nulidad pueden suspenderse los efectos del acto reclamado, ya que la ley que lo rige prevé la citada medida cautelar sin exigir mayores requisitos a los regulados por la Ley de Amparo, tal como se establece en el artículo 286 de la Ley Federal de Procedimiento 6 Artículo 28. La solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, presentado por el actor o su representante legal, se tramitará y resolverá, de conformidad con las reglas siguientes: I. Se concederá siempre que: a) No se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, y b) Sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado. II. Para el otorgamiento de la suspensión deberán satisfacerse los siguientes requisitos: a) Tratándose de la suspensión de actos de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, se concederá la suspensión, la que surtirá sus efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. Al otorgar la suspensión, se podrá reducir el monto de la garantía, en los siguientes casos: 1. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del solicitante, y 2. Si se tratara de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. b) En los casos en que la suspensión pudiera causar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el solicitante otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que con ella se cause, si éste no obtiene sentencia favorable. En caso de afectaciones no estimables en dinero, de proceder la suspensión, se fijará discrecionalmente el importe de la garantía. Inciso reformado. c) En los demás casos, se concederá determinando la situación en que habrán de quedar las cosas, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal, hasta que se pronuncie sentencia firme. d) El monto de la garantía y contragarantía será fijado por el Magistrado Instructor o quien lo supla. III. El procedimiento será: a) La solicitud podrá ser formulada en la demanda o en escrito diverso presentado ante la Sala en que se encuentre radicado el juicio, en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia definitiva. b) Se tramitará por cuerda separada, bajo la responsabilidad del Magistrado Instructor. Contencioso Administrativo, aplicable a los juicios que se siguen ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. De la interpretación de este precepto, se obtiene que los requisitos para otorgar la suspensión del acto impugnado en el juicio de nulidad no son mayores que los previstos para suspender el acto reclamado en el juicio de amparo. En efecto, del análisis comparativo del mencionado numeral y los diversos 128, 129, 131 y 135 de la Ley de Amparo, se advierte lo siguiente: a. Requisito de la solicitud de la suspensión por parte del agraviado. Tanto en el juicio de nulidad como en el de amparo, la suspensión de la ejecución de los actos impugnados se solicita por el accionante; por lo que su regulación es similar. b. Oportunidad para solicitar la suspensión. El artículo 28, fracción III, inciso a), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo prevé que el actor podrá solicitar la suspensión en cualquier etapa del juicio hasta en tanto no se dicte sentencia firme; mientras que el artículo 130 de la Ley de Amparo prevé que la parte quejosa podrá solicitar la medida suspensiva al momento de promover el amparo o en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria; regulación idéntica en ambos juicios. c. Autoridad que provee respecto de la suspensión. En el artículo 28, fracción III, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo se prevé que el magistrado instructor deberá conceder o negar la suspensión de la ejecución del acto impugnado; mientras que en la suspensión en el juicio de amparo, el órgano jurisdiccional competente para resolverla es aquél que conoce del juicio de amparo, acorde con lo señalado en los artículos c) El Magistrado Instructor deberá proveer sobre la suspensión provisional de la ejecución, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación de la solicitud. d) El Magistrado Instructor requerirá a la autoridad demandada un informe relativo a la suspensión definitiva, el que se deberá rendir en el término de cuarenta y ocho horas siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del acuerdo respectivo. Vencido el término, con el informe o sin él, el Magistrado resolverá lo que corresponda, dentro de los cinco días siguientes. IV. Mientras no se dicte sentencia definitiva en el juicio, el Magistrado Instructor podrá modificar o revocar la resolución que haya concedido o negado la suspensión definitiva, cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique. V. Cuando el solicitante de la suspensión obtenga sentencia favorable firme, el Magistrado Instructor ordenará la cancelación o liberación de la garantía otorgada. En caso de que la sentencia firme le sea desfavorable, a petición de la contraparte o en su caso, del tercero, y previo acreditamiento de que se causaron perjuicios o se sufrieron daños, la Sala ordenará hacer efectiva la garantía otorgada ante la autoridad. 125 y 138 de la Ley de Amparo; de ahí que deba considerarse que el requisito previsto en el juicio de nulidad no es mayor al señalado en la legislación de amparo. d. Requisito relativo al orden público y al interés social. En los artículo 28, fracción I, incisos a) y b), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 128 y 131 de la Ley de Amparo se exige, como requisito de procedencia, que la concesión de la medida cautelar no cause perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público; además de que la suspensión será concedida siempre que la ejecución del acto reclamado produzca daños y perjuicios de difícil reparación, lo que se traduce en la demostración del interés para obtener la suspensión por parte del solicitante. e. Efecto del otorgamiento de la suspensión. El numeral 24 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo prevé que en los juicios contenciosos administrativos pueden decretarse medidas cautelares para mantener la situación de hecho existente, mientras que el artículo 26 establece medidas cautelares positivas. Por su parte, el artículo 147 de la Ley de Amparo dispone que atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, la suspensión tendrá como efecto paralizar su ejecución o restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado. Consecuentemente, ambas legislaciones prevén efectos idénticos para las medidas cautelares. f. Plazo para proveer sobre la medida. Ambos ordenamientos establecen que tanto el magistrado instructor en el juicio de nulidad, como el órgano jurisdiccional que conozca de la demanda de amparo, deben proveer dentro del plazo de veinticuatro horas, a partir de la solicitud de la suspensión, sobre el otorgamiento o negativa de la medida. En esas circunstancias se concluye que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no establece mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto impugnado. En ese tenor, como se adelantó, esta juzgadora federal considera que el acto que se reclama puede ser combatido mediante el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en términos de la ley que rige a dicho tribunal, y el ordenamiento legal con base en el cual se tramitan tales juicios anulatorios, a saber, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ya que, como se expuso, no exige mayores requisitos para conceder la suspensión de los actos impugnados, ni contempla un plazo mayor para el otorgamiento de la medida cautelar provisional; de ahí que, se considera improcedente el juicio de amparo que se intenta. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 19/2015 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 2008807, de la Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 17, abril de 2015, tomo I, página 783, que establece: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La fracción IV del artículo 107 de la Constitución Federal señala que en materia administrativa no será necesario agotar los medios de defensa ordinarios, siempre que conforme a las leyes que los prevean, se puedan suspender los efectos de los actos reclamados con los mismos alcances de la ley reglamentaria, "... y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional". En consonancia con lo anterior, la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual los actos reclamados puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las leyes respectivas se suspendan los efectos de dichos actos con los mismos alcances y requisitos que los que la misma ley consigna para conceder la suspensión definitiva, "... ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional ...". Ahora bien, de las normas anteriores se deduce que los conceptos jurídicos que utiliza tanto la Constitución como la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión, consistentes en: 1) los alcances; 2) los requisitos; y, 3) los plazos; son tres aspectos diferenciados que deben tomarse en cuenta para determinar si se debe o no relevar al quejoso de agotar el principio de definitividad, sin que deba confundirse la forma de apreciar la exigibilidad de cada uno de ellos, pues mientras que los requisitos para otorgar dicha medida cautelar constituyen una carga procesal que debe satisfacer el demandante, los otros dos factores, es decir, los alcances y los plazos, no tienen tal característica, toda vez que se trata de condiciones que deben observar las autoridades encargadas de concederla o negarla, y por tanto, son ajenos a la voluntad de los particulares. Por su parte, el artículo 28, fracción III, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que "El Magistrado Instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud."; lo cual significa que el tiempo que tome al Magistrado Instructor para proveer sobre la suspensión, no es un requisito para otorgar esta medida cautelar, en tanto que ni siquiera es una fatiga procesal que deba cumplir el demandante, sino más bien, una obligación impuesta al tribunal para brindar eficaz y oportunamente sus servicios. Consecuentemente, si a partir de la presentación de la demanda de nulidad, hay la posibilidad de que de inmediato se ordene la paralización de los actos enjuiciados, no hay motivo para afirmar que la legislación rectora de la jurisdicción contenciosa administrativa federal prevea mayores plazos que los de la Ley de Amparo para dictar el mandato suspensivo, toda vez que si bien de acuerdo con el artículo 112 de este ordenamiento, el Juez de Distrito debe proveer sobre la admisión de la demanda dentro del plazo de veinticuatro horas, la única diferencia entre uno y otro ordenamiento es que, para el amparo, el plazo para proveer sobre la suspensión se expresó en horas (24) y en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se determinó en días (al día hábil siguiente); pero en ambos casos con un sentido temporal prácticamente equivalente, porque conforme los dos ordenamientos lo que se procuró fue que entre la presentación de la demanda y el acuerdo que la admita, y en su caso provea sobre la suspensión, solamente transcurra un día como límite, y si bien conforme a este examen comparativo, en algunos casos, el Magistrado Instructor podría demorar su dictado con unas horas más de diferencia, debe tenerse en cuenta que el propósito del mandato constitucional es que se actúe con una celeridad semejante a la que exige la Ley de Amparo, mas no que el texto de ésta se repita en todos los demás ordenamientos, pues aun dentro del juicio constitucional se producen situaciones que demoran excepcionalmente la respuesta de la petición de suspender el acto reclamado." Además, contrario a lo referido en la demanda de amparo, el quejoso no se ubica en alguna excepción al principio de definitividad, en materia administrativa. Es así, pues, en primer lugar, se advierte que el acto reclamado no carece de absoluta fundamentación y motivación, pues se sustentó, entre otros, en los numerales 3, fracción II, inciso e), 27 y 28, fracción VI, del Estatuto Orgánico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como 1, 2, 3, 8, 9, 10, fracción III, inciso b), 11, fracciones I, XI y XII, 19, 26, apartado A, fracciones I y II, y 29 del Reglamento Orgánico de las Delegaciones Estatales y Regionales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y se explicaron los incrementos que se han otorgado a su pensión, para lo cual realizó una tabla con los porcentajes respectivos y la cantidad efectivamente pagada por año. En tal virtud, no opera excepción del referido principio de definitividad; y es factible para el quejoso obtener con eficacia la modificación, anulación o revocación del acto reclamado que estima violatoria de derechos fundamentales, a través del recurso ordinario, en el que, al interponerlo, puede alegar los vicios que ostenta el acto reclamado, lo que equivale a plantear las denominadas violaciones constitucionales indirectas, cuya solución por su naturaleza, se trata sólo de determinar si existe inobservancia de leyes secundarias; correspondiendo inicialmente a la autoridad ordinaria resolver el recurso y sólo en forma mediata competerá al Juzgado de Distrito. En segundo lugar, el promovente del amparo en su demanda de amparo no plantea solamente violaciones directas a la Constitución Federal, sino que cuestiona la legalidad del acto administrativo. En efecto, del contenido integral de la demanda de amparo se advierte que combate lo siguiente: a. De forma genérica sostiene que la autoridad incumplió con sus obligaciones derivadas del artículo 8° constitucional (el cual define y explica), pues la respuesta que emitió -en atención a su escrito de cinco de julio de dos mil veintidós- es incompleta e imparcial. b. Respecto de los incrementos, aduce que si bien hay respuesta, cierto es que tiene duda si el cálculo se hizo con base en salario mínimo, pues todo indica que se realizó conforme a la Unidad de Medida y Actualización. c. Sobre las diferencias por concepto de gratificación anual, la autoridad reconoce que ésta imposibilitada para cubrir la cantidad por concepto de gratificación. d. Sobre el mismo punto, alega que hay respuesta a la determinación del concepto de gratificación anual, pero no el pago respectivo. e. Por lo que hace al Bono de despensa y previsión social, sostiene que hay respuesta al incremento del concepto de bono de despensa y previsión social múltiple, pero no al pago. f. Sobre este mismo punto, también refiere que hay respuesta a lo referente a las diferencias correspondientes al concepto 02-Bono de despensa, pero no al pago. Respecto de los puntos C a F antes descritos, el promovente del amparo destaca que la confesión realizada por la autoridad -en la respuesta- es prueba de la omisión que existe en el pago y reconocimiento de sus derechos de seguridad social. g. Respecto a otros puntos, la contestación está incompleta. h. Que, en atención a la literalidad de la respuesta, se advierte que la respuesta se enfocó en señalar algunos incrementos en el pago de su pensión, pero hay otros puntos pendientes. Lo anterior pone de manifiesto que el promovente del amparo no solo plantea violaciones directas a la Carta Magna, sino que esos argumentos también se dirigen a combatir cuestiones de legalidad y, por tanto, el quejoso está obligado a agotar el principio de definitividad, pues al fallarse el recurso ordinario, debido a que si la autoridad estima fundadas las violaciones de legalidad aducidas, el acto controvertido podría quedar sin efecto. Con base en todo lo expuesto, contrario a lo que sostiene el quejoso en su demanda de amparo, en el caso no se actualiza ningún supuesto de excepción de los que establece la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo; por lo que, se concluye que en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, pues, contra el acto que por esta vía se reclama, procede el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y, por tanto, previamente a la promoción del presente juicio de amparo, el quejoso se encontraba obligado a agotarlo para cumplir con el principio de definitividad que rige a la materia de amparo. Finalmente se destaca que el juicio de nulidad analizado no está previsto en un reglamento, sino en una ley, esto es, en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, como se estableció en párrafos precedentes. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 84/2018 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 2017685, de la Décima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 57, agosto de 2018, tomo I, página 1101, que señala: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PARA QUE PROCEDA CONTRA LA OMISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y CÁLCULO DE INCREMENTOS A LAS PENSIONES CONCEDIDAS POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PREVIAMENTE DEBE EXISTIR UNA RESOLUCIÓN EXPRESA O FICTA QUE HAYA DADO RESPUESTA A LA PETICIÓN DEL PENSIONADO. De los artículos 14, fracción VI, de Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa abrogada, 2o., 3o., 14, fracción II, y 15, fracciones III y IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se advierte que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (actualmente Tribunal Federal de Justicia Administrativa) conocerá del juicio contencioso administrativo promovido contra las resoluciones definitivas dictadas en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. De dichas normas se deduce que tratándose de la impugnación de la actualización y cálculo de incrementos a una pensión se requiere de una resolución dictada por el Instituto referido, lo que presupone que el actor, antes de acudir al juicio contencioso administrativo federal, debió gestionar ante la autoridad administrativa que se le otorgaran dichos incrementos, a fin de que se pronunciara de manera expresa o ficta su negativa a acordar de manera favorable la instancia ante aquélla planteada, máxime que en las tesis aislada 2a. X/2003 y de jurisprudencia 2a./J. 80/2017 (10a.), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que para la procedencia del juicio contencioso administrativo se requiere que se haya emitido un acto administrativo de autoridad, una resolución definitiva o la última resolución dictada para poner fin a un procedimiento, para que sea susceptible de impugnarse ante el Tribunal mencionado." En las relatadas condiciones, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que se estudia, ello con fundamento en los numerales 62 y 113 de la ley de la materia. Háganse las anotaciones procedentes tanto en el libro de gobierno correspondiente como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Domicilio para recibir notificaciones y consulta de expediente electrónico. Asimismo, se autoriza a dicha parte para consultar el expediente por medio del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, al usuario "**************", en términos de lo dispuesto por los artículos 3°, párrafo quinto, y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual, desde este momento se tiene como sitio para recibir notificaciones, por así haberlo solicitado la parte promovente. Consecuentemente, la oficial judicial "A" de este juzgado deberá habilitar el usuario de que se trata, para efecto de que la parte indicada pueda ingresar y consultar el expediente electrónico respectivo. En la inteligencia de que, si su alta o datos proporcionados no se encuentran en la base de datos del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, tal autorización no surtirá efecto alguno, sin ulterior acuerdo. Autorizados. Por otra parte, se tiene como autorizados de la quejosa en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que indica, toda vez que no proporciona datos que justifiquen que cuentan con facultad legal para ejercer la profesión de abogado, tales como su número de cédula o su número de registro en el Sistema Computarizado respectivo. Sin perjuicio de que se subsane. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal.
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