Transportadora de Gas Natural de la Huasteca

Expediente 530/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
530/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
03/09/2018

Partes del expediente

  • Transportadora de Gas Natural de la Huasteca

Actuaciones

  1. Principal

    Con fundamento en los numerales 62 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, glósese al sumario para que surta los efectos legales correspondientes, el oficio que suscribe la secretaria de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, residente en Guanajuato capital, mediante el cual remite testimonio dictado en el impedimento 7/2018, cuyo punto resolutivo estableció: "ÚNICO. Se declara fundado el impedimento formulado por el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, para conocer del juicio de amparo indirecto 530/2018." Acúsese recibo a la superioridad vía electrónica, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Luego, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el cuadernillo en que se actúa como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL; dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo del referido acuerdo, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el punto en mención, deberá ser desincorporado y destruido por este juzgado.

  2. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 62 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponde el oficio signado por el actuario adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, por el que acusa recibo del juicio de amparo 530/2018, remitido para la calificación del impedimento planteado por este juzgado e informa que se turnó para su estudio, el que quedó registrado con el número 7/2018.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo presentada por *********, por conducto de ************, quien se ostenta como su apoderado, en contra de actos del juez Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato, residente en esta ciudad; fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), bajo el registro número 530/2018. Ahora bien, del análisis de la demanda constitucional se advierte que se señala como acto reclamado: El auto de treinta de mayo de dos mil dieciocho, emitido por el Juzgado Quinto de Distrito en el estado de Guanajuato, dentro del expediente 14/2018, en el que declaró improcedente la vía intentada, y por tanto desechó la demanda en donde se formuló la solicitud de validación de acuerdos alcanzados mediante contrato En ese sentido, el suscrito juzgador estima pertinente excusarse de conocer del asunto que nos ocupa, al considerar la actualización de la causa de impedimento prevista en la fracción VI del artículo 51 de la Ley de Amparo, de conformidad con lo siguiente: Imparcialidad judicial. El artículo 17 constitucional, dispone a la letra, en lo que interesa, lo siguiente: 'Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.-Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales (...) El precepto legal de previa transcripción, tutela el derecho fundamental de acceso a la justicia, que debe impartirse a los gobernados de manera pronta, completa e imparcial. Al respecto la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha precisado que esas características tienen las siguientes connotaciones: Justicia pronta, se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto, emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, Justicia gratuita, estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. El criterio en que se hacen estas precisiones, es la jurisprudencia número 2a./J. 192/2007, consultable en la página 209, del Tomo XXVI, octubre de dos mil siete, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES Concentremos entonces, en la característica detallada en el tercer punto, respecto del cual la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha precisado que el principio de "imparcialidad" -propio del derecho de acceso a la justicia- condición esencial que debe revestir al juzgador que tiene a su cargo el ejercicio de la función jurisdiccional, y que consiste en la obligación de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y de dirigir y resolver el juicio sin favorecer, indebidamente, a ninguna de ellas Igualmente, la Sala en cita ha señalado que el referido principio debe entenderse en dos dimensiones a) Subjetiva: que es la relativa a las condiciones personales del juzgador, la cual en buena medida se traduce en los impedimentos que pudieran existir en los negocios de que conozca y los que lo obligan a inhibirse del conocimiento del asunto sometido a su jurisdicción; y b) Objetiva: que se refiere a las condiciones normativas respecto de las cuales debe resolver el juzgador, es decir, los presupuestos de ley que deben ser aplicados por el Juez, al analizar un caso y resolverlo en un determinado sentido, observando el marco jurídico de que se trate Consideraciones que se consagran en la jurisprudencia con rubro: IMPARCIALIDAD. CONTENIDO DEL PRINCIPIO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL Por su parte, la Segunda Sala del Alto Tribunal de Justicia del País ha establecido que la "imparcialidad" a que se refiere el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido. De lo expuesto se obtiene que una de las condiciones que debe reunir el juzgador para estar en aptitud de impartir justicia, es la ausencia de hechos o circunstancias personales que le impidan ser objetivo, a fin de cumplir con el principio de imparcialidad que consigna el artículo 17 constitucional. El legislador ha buscado asegurar el cumplimiento de la aludida característica de imparcialidad, a través de la precisión de causas de impedimento por virtud de las cuales los operadores del derecho, en el caso de incurrir en alguna de ellas, debe manifestarlo y excusarse para conocer del asunto; ya que esas causas, hechos o circunstancias, constituyen una forma particular de incapacidad de los sujetos llamados a asumir la calidad de órgano de la función jurisdiccional del Estado o de titulares de las funciones jurisdiccionales; puesto que el solo hecho de actualizarse alguna causa de impedimento, prevista por la ley, lleva a presumir parcialidad, respecto de ciertas personas o situaciones, por encontrarse vínculos de afecto o animadversión, o incluso, un interés directo en el asunto Impedimentos. La trascendencia de los impedimentos se justifica con tan solo mencionar su finalidad, esto es, la preservación y defensa del derecho a ser juzgado por personal imparcial. Tales instituciones aseguran, así, que el órgano judicial carezca de cualquier interés para la resolución del litigio que no sea la estricta aplicación del ordenamiento jurídico o, dicho de otro modo, garantizan que la pretensión sea resuelta únicamente por un tercero ajeno a las partes y a la cuestión litigiosa y que esté sometido exclusivamente al ordenamiento jurídico como regla de juicio. En esas condiciones, el impedimento se configura como un mecanismo a través del cual el legislador aspira a preservar tanto el derecho al juez imparcial del justiciable como la confianza pública en la imparcialidad judicial. Ello es de ese modo, debido a que con dichas figuras procesales no se trata sólo de proteger la legalidad de las decisiones judiciales, sino también preservar la credibilidad de las decisiones judiciales. Naturaleza jurídica del impedimento El impedimento para que cierto juzgador pueda conocer de un determinado asunto es un aspecto que está íntimamente vinculado con la competencia subjetiva, consistente en la idoneidad del titular de un órgano jurisdiccional para resolver de un cierto asunto. La Enciclopedia Jurídica Mexicana y el Diccionario Jurídico Mexicano, ambos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México establecen que el ejercicio de la función jurisdiccional se ve limitada, por un lado, por la competencia propia de órgano; por otro lado, por lo que a la persona del juzgador se refiere, esta se encuentra limitada objetivamente por los requisitos legales que deben de satisfacer para ser designado juez, y subjetivamente, por todas esas relaciones personales que permiten presumir parcialidad, si tuviera que juzgar a ciertas personas o situaciones a las cuales le unen vínculos de afecto o animadversión e incluso un interés directo en el negocio. Pues bien, a todas estas relaciones e intereses personales que permiten presumir parcialidad en el juzgador se les denomina genéricamente impedimentos. Impedimentos en los juicios de amparo. Ahora bien, tratándose de los funcionarios que tienen encomendada esa tarea, en los juicios de amparo, como lo son ministros, magistrados o jueces del Poder Judicial de la Federación, existen ocasiones en las que la función jurisdiccional se ve limitada, y afecta el requisito de imparcialidad, con el que debe actuar. Estas razones contingentes, constituyen una forma particular de imposibilidad de los sujetos llamados a asumir la calidad de órgano de la función jurisdiccional del Estado o de titulares de las funciones jurisdiccionales, ya que esa función jurisdiccional se ve limitada y permiten presumir parcialidad, respecto de ciertas personas o situaciones, por encontrarse vínculos de afecto o animadversión, o incluso, un interés directo en el asunto. Así, cualquiera de tales circunstancias dan lugar a lo que se conceptúa como conflicto de intereses, por pugnar el interés público que conlleva el ejercicio de la función jurisdiccional con el interés personal de quien debe ejercerla, en determinado caso concreto; siendo estas relaciones o intereses personales, que puedan conllevar a que exista presunción de parcialidad en el juzgador, se les ha denominado impedimentos y se encuentran prescritas en el artículo 51 de la Ley de Amparo, que a la letra dispone: Artículo 51. Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito, así como las autoridades que conozcan de los juicios de amparo, deberán excusarse cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas de impedimento: I. Si son cónyuges o parientes de alguna de las partes, de sus abogados o representantes, en línea recta por consanguinidad o afinidad sin limitación de grado; en la colateral por consanguinidad dentro del cuarto grado, o en la colateral por afinidad dentro del segundo; II. Si tienen interés personal en el asunto que haya motivado el acto reclamado o lo tienen su cónyuge o parientes en los grados expresados en la fracción anterior; III. Si han sido abogados o apoderados de alguna de las partes en el asunto que haya motivado el acto reclamado o en el juicio de amparo; IV. Si hubieren tenido el carácter de autoridades responsables en el juicio de amparo, o hubieren emitido en otra instancia o jurisdicción el acto reclamado o la resolución impugnada, excepto cuando se trate del presidente del órgano jurisdiccional de amparo en las resoluciones materia del recurso de reclamación; V. Si hubieren aconsejado como asesores la resolución reclamada; VI. Si figuran como partes en algún juicio de amparo semejante al de su conocimiento; VII. Si tuvieren amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes, sus abogados o representantes; y VIII. Si se encuentran en una situación diversa a las especificadas que implicaran elementos objetivos de los que pudiera derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad." [Lo resaltado no es de origen Del precepto legal de previa transcripción, se advierte que el legislador, estableció siete supuestos específicos de impedimento, además de la diversa situación hipotética que señala la fracción VIII. Así, de satisfacerse cualquiera de esos supuestos, resulta forzosa la excusa del funcionario, a fin de asegurar una garantía de neutralidad en el proceso y es por ello que el legislador le niega taxativamente idoneidad al juzgador, dando por hecho que no existe independencia para que conozca del negocio en los casos previstos en el numeral 51 de la Ley de Amparo acabado de reproducir Hipótesis prevista en la fracción VI del artículo 51 de la Ley de Amparo. La fracción VI del artículo 51 ya citado dispone en lo conducente, que los Jueces de Distrito "deberán excusarse cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas de impedimento: ... VI. Si figuran como partes en algún juicio de amparo semejante al de su conocimiento En tanto que el artículo 5o. de la propia Ley de Amparo establece que son partes en el juicio constitucional: El quejoso; La autoridad responsable; El tercero interesado; y, El Ministerio Público Federal. Luego, al figurar la autoridad responsable, entre las parte de un juicio de amparo, ello lleva a colegir que si un Juez de Distrito está señalado con ese carácter en un procedimiento constitucional, similar al que le es turnado para su integración y resolución, si versa sobre un acto reclamado semejante; en ese supuesto, se configura la causa de impedimento prevista en la fracción VI del artículo 51 de la Ley de Amparo, que lo obliga a excusarse del conocimiento del ulterior juicio de derechos fundamentales, a fin de garantizar su imparcialidad en la resolución Ahora bien, resulta un hecho notorio para este tribunal federal, en términos de lo que establece el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que también ha conocido de controversias en materia de hidrocarburos, tramitadas en la vía especial establecida en el artículo 105 de la Ley de la materia, a manera de cita en el expediente 12/2018 de esta estadística, sumario en el que la propia empresa hoy quejosa formuló la siguiente pretensión: A).- La ratificación y validación de los acuerdos alcanzados mediante el Contrato de Servidumbre Voluntaria Continua y Aparente de Paso, celebrado mediante escritura pública número ***(***) de fecha tres de abril de dos mil dieciocho, pasado ante la fe del licenciado *******, titular de la notaría número veinticinco de Querétaro, Estado de Querétaro". En acuerdo de cuatro de mayo de dos mil dieciocho, este tribunal decretó la improcedencia de la vía y desechó la demanda intentada. Luego, el treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, el Juzgado Sexto de Distrito en el estado de Guanajuato con residencia en esta ciudad, comunicó a este tribunal que la parte quejosa promovió demanda de amparo indirecto en contra de dicha determinación, y requirió el respectivo informe justificado en nuestro carácter de autoridad responsable. Las consideraciones anteriores se invocan con apoyo en la jurisprudencia número XXII. J/12, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, visible en la página 295, Tomo V, Enero de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto es como sigue: HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO, sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un divrso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento Establecido lo anterior, se ordena glosar copia debidamente certificada de las constancias que conforman la referida controversia las que tienen valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Similitudes presentes entre la controversia origen del presente juicio y la diversa en la que este órgano figura como autoridad responsable. Se trata de la misma parte quejosa. La pretensión intentada estriba en ambos casos en la validación de acuerdos alcanzados mediante contrato En ambos se consideró la improcedencia de la vía. Se desechó en los dos supuestos la demanda propuesta. En contra de ambas se presentó amparo indirecto. Consideración de que la hipótesis prevista en la fracción VI del artículo 51 de la Ley de Amparo se surte en la especie. De la anterior narrativa se desprende, que en la especie se surte el impedimento previsto en fracción VI del artículo 51 de la Ley de Amparo, ya que este juzgado figura como autoridad responsable en un diverso juicio de amparo semejante al que se actúa, en este caso el amparo indirecto 462/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el estado de Guanajuato, derivado de la controversia 12/2018 de nuestra estadística. Es decir, se estima que al conocer del presente juicio de amparo no puede mostrarse a la parte quejosa el grado de imparcialidad deseable en cualquier controversia, máxime cuando ella misma promovió ante este órgano judicial una controversia en los mismos términos; que también resulto desfavorable a sus intereses. Es decir, aquel acto que impugna y que tilda de inconstitucional, es de naturaleza y sentido idéntico al dictado por éste órgano en la controversia 12/2018, que ahora es materia del amparo indirecto ya referido. En consecuencia, este juzgador estima que se encuentra impedido para conocer del amparo que nos ocupa de conformidad con lo previsto en la fracción VI del artículo 51 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia con número de registro 2015174 sostenida por el Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 46, septiembre 2017, tomo II, página 1378, que es del contenido siguiente: IMPEDIMENTO. LA CAUSA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE AMPARO, SE ACTUALIZA CUANDO UN JUEZ DE DISTRITO ES SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE EN UN JUICIO DE AMPARO SIMILAR AL QUE SE LE TURNA PARA RESOLUCIÓN, EL CUAL VERSA SOBRE UN ACTO RECLAMADO SEMEJANTE AL DEL PRIMERAMENTE MENCIONADO. La interpretación gramatical del precepto citado no sólo debe prevalecer por consigna del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sino que, incluso, es acorde con su interpretación teleológica, ya que la finalidad de las causas por las que el operador del derecho debe inhibirse del conocimiento de ciertos asuntos es, precisamente, para asegurar la imparcialidad en su función jurisdiccional; por ello, si un Juez de Distrito está señalado como autoridad responsable en un procedimiento constitucional, similar al que le es turnado para su integración y resolución, el cual versa sobre un acto reclamado semejante al del primeramente mencionado, en ese supuesto se configura la causa de impedimento prevista en la fracción VI del artículo 51 de la Ley de Amparo, que lo obliga a excusarse del conocimiento del ulterior juicio, a fin de garantizar la imparcialidad en su resolución Finalmente, cabe destacar que en el juicio de amparo 469/2018 del índice de este juzgado, fue instado por la misma quejosa que en este asunto; asimismo, se planteó un impedimento por una situación análoga a la del caso presente, el cual fue declarado fundado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, en el cuaderno identificado como impedimento 8/2018. Remisión del impedimento. De conformidad con el artículo 55 de la Ley de Amparo, remítase el presente expediente al Tribunal Colegiado en Materia Civil, en turno, del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, capital, a fin de que resuelva lo que en derecho proceda sobre el impedimento manifestado por el suscrito, previo cuaderno de antecedentes que se forme. Determinación que se asume máxime que en el caso la parte quejosa no solicitó la suspensión del acto reclamado, con lo que la tramitación del impedimento no le genera mayor perjuicio. Domicilio y autorizados. Toda vez que la parte quejosa no señaló domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad, se ordena notificar el presente auto, así como las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, sin perjuicio de que pueda proporcionar domicilio para tal efecto; lo anterior con sustento en lo dispuesto por el numeral 27 fracción III, de la Ley de Amparo. Ahora, dado que no proporcionó dato alguno con el que se acredite que las personas que autoriza, tienen facultades para ejercer la profesión de licenciado en derecho como lo exige el artículo 12 de la Ley de Amparo (número de cédula profesional o el diverso registro en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito); se les tiene como autorizadas únicamente en términos restringidos del citado numeral, hasta en tanto se salve dicha situación. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.

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