Ubaldo Castillo Arellano
Expediente 1023/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1023/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 18/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Ubaldo Castillo Arellano
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que el auto de seis de los actuales, por el que se desechó la demanda promovida por ***********, a través de su defensor particular ***********no fue recurrido dentro del término legal; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria, se declara que dicho proveído ha quedado firme para todos los efectos legales conducentes. Por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Supremo Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, del citado acuerdo, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión. Sin que haya lugar a devolver documentos originales, toda vez que no se adjuntaron al escrito de demanda.
- Principal
Recepción del escrito de demanda. Visto el escrito de cuenta, signado por ******, en su carácter de defensor particular de Ubaldo Castillo Arellano, en contra de actos del agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado federal; fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), bajo el registro número 1023/2018-VI. Desechamiento de la demanda Ahora bien, es preciso señalar que la procedencia del juicio de amparo es de estudio preponderante, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna deberá desecharse de plano la demanda Robustece lo anterior la jurisprudencia II.1º.J/5, consultable en la página noventa y cinco del Tomo VII del Semanario Judicial de la Federación de mayo de mil novecientos noventa y uno, Octava Época, de rubro y texto: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia Así, en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia debe desecharla de plano. Ahora, del análisis integral de la demanda, se advierte una causal de improcedencia y es menester establecer que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano Tal norma, impone la obligación al juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por los promoventes o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que las partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Decimotercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO En el particular, es menester puntualizar que la parte quejosa señala como acto reclamado la negativa por parte de la agente del Ministerio Público Federal adscrita a este juzgado, de iniciar la investigación por el delito de tortura en agravio del quejoso **********, derivado de la vista que se le dio dentro del juicio de amparo 933/2018-VI de la estadística de este órgano jurisdiccional. Bajo ese contexto, este juzgador estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1, fracción I y 5 fracción II, de la Ley de Amparo, dado que lo reclamado no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Para justificar el anterior aserto, es necesario precisar el contenido de los artículos citados, que disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. De la interpretación teleológica de los preceptos transcritos, se advierte que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de la autoridad, que violen o vulneren los derechos humanos y las garantías otorgadas para su protección en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, de ahí que no cualquier acto puede ser sometido al control jurisdiccional por la vía del amparo, sino únicamente aquellos, que provengan o se equiparen a los emitidos por una autoridad En ese contexto, una autoridad para efectos del juicio de amparo, será la que teniendo las características de orden público, otorgadas por la norma jurídica tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales, a través de los cuales, crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados, sin requerir de la voluntad del afectado a un en contra de ella De modo que un acto de autoridad será aquel que entrañe una actuación o abstención de un órgano del Estado frente al gobernado, en sus relaciones de supra a subordinación, cuyas características son la unilateralidad, imperatividad y coercitividad. Lo anterior de acuerdo al concepto de "autoridad" contenido en la tesis XXVII/97 emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: 'AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.', cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades Esto es, autoridad es la que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio por ser de naturaleza pública es irrenunciable, abandonando el criterio tradicional de disponibilidad de la fuerza pública como distintivo del concepto que se analiza Para ello debe atenderse a la clasificación que la Teoría General del Derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación Las relaciones jurídicas de coordinación corresponden a las entabladas entre particulares y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas, dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral, entre otras áreas de la ciencia jurídica. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación Las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca el contencioso administrativo Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución Federal establece una serie de derechos humanos y garantías como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado Entonces, para definir el concepto de autoridad responsable cabe analizar si la relación jurídica que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, a partir del supuesto de que el promovente tiene el carácter de gobernado, en que el particular se encuentra en un plano desigual frente al ente de gobierno, o en su caso, al particular que ejerce funciones propias de gobernante, protegido por los derechos fundamentales que le deben ser respetados de los cuales es titular por el solo hecho de existir. De ahí que sea preciso considerar las notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, que son las siguientes a) La existencia de un órgano del Estado, o del particular con funciones equivalentes, que establece una relación de supra a subordinación con un particular b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, por lo que dota al órgano del Estado o al particular de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Las consideraciones anteriores, encuentran apoyo en la jurisprudencia 2a./J.164/2011, cuyo rubro y texto, son los siguientes: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado En este orden de ideas, estamos frente a actos de autoridad, ya sea que emanen de una autoridad formal o de un particular, éste, sin potestad soberana, cuando sus mandatos afectan la esfera jurídica de los particulares, por sí y de manera unilateral, esto es, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales y del consenso de la voluntad del afectado, pues ello implica el ejercicio de facultades decisorias que les están atribuidas en la ley, y que por ende constituyen un Poder Ejecutivo, una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable y que no se agota, y por tanto, se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Es necesario acotar que el criterio que debe servir de base para definir los casos en que se está en presencia de un acto de autoridad, debe referirse no tanto a la disposición directa de la fuerza pública y la naturaleza jurídica de quien lo emite, sino a la naturaleza del acto mismo. En esta línea de interpretación, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del amparo (organismo público o particular), debe ante todo atender a la norma legal para examinar si lo faculta o no, para tomar decisiones o dictar resoluciones que afecten, unilateralmente, la esfera jurídica del interesado, y que pueden exigirse ya sea directamente mediante el uso de la fuerza pública, o bien a través de otras autoridades que dispongan de ella. Indicado lo anterior, como se apuntó, el acto reclamado lo constituye la negativa por parte de la agente del Ministerio Público Federal adscrita a este juzgado federal, de iniciar la investigación por el delito de tortura en agravio del quejoso *********, derivados de la vista que se le dio a la fiscal adscrita dentro de los autos del juicio de amparo 933/2018-VI de la estadística de este órgano jurisdiccional. Ahora bien, de los antecedentes que expresa el quejoso en su demanda bajo protesta de decir verdad, así como de las constancias que integran el juicio de amparo indirecto 933/2018-VI (las cuales constituyen un hecho notorio en término del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles), del que deriva la vista que se dio a la ministerio público adscrita a este juzgado, se desprende lo siguiente: 1. Mediante comparecencia de ocho de noviembre de dos mil dieciocho, **********promovió juicio de amparo indirecto en favor de su hijo ********* aduciendo que este último era objeto de incomunicación, golpes y tortura por parte del personal del centro de reinserción social de Acámbaro, Guanajuato. 2. Por auto de ocho de noviembre de dos mil dieciocho, se registró la demanda con el número 933/2018, se concedió la suspensión de plano y se encomendó al actuario judicial, que acudiera al centro de reinserción social de Acámbaro, con el objeto de saber si el quejoso, ratificaba o no la demanda de amparo. 3. En la diligencia actuarial de ese mismo día, se asentó que el quejoso Ubaldo Castillo Arellano manifestó ante la presencia del actuario judicial que no era su deseo ratificar la demanda de amparo. 4. Mediante proveído de nueve de noviembre de dos mil dieciocho, se tuvo por no presentada la demanda de amparo, lo que se ordenó notificar por medio de despacho a la parte quejosa. 5. En cumplimiento a lo anterior, el Juez Primero de Partido Civil de Acambaro comisionó al actuario de su adscripción, para que notificara el citado auto al quejoso. 6. El veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, el actuario adscrito al juzgado civil se constituyó en el penal, y al entrevistarse con el quejoso, este manifestó haber sido víctima de tortura y violación. 7. Al estimar que se encontraba diligenciado el despacho, el juez de partido remitió los autos a este juzgado federal. 8. En auto de treinta de noviembre de dos mil dieciocho, este juzgado federal tuvo por recibido el despacho enviado por el juez Primero Civil de Partido en Acámbaro, Guanajuato, del que se advierte que en la diligencia de veintiuno de noviembre del año en curso, el actuario de su adscripción asentó la manifestación del quejoso ************en el sentido de que ha sido víctima de tortura y violación, en el centro de reinserción en el que se encuentra recluido, manifestación con la que se dio vista a la misterio público adscrita para que procediera conforme a derecho. En ese orden, como se precisó el acto reclamado en la presente instancia constitucional, es la negativa de la agente del Ministerio Público de la Federación de iniciar los actos de investigación por el delito de tortura, derivados de la vista que le dio este juzgado en auto de treinta de noviembre de dos mil dieciocho. De ahí que, se considere que lo reclamado a la agente del Ministerio Público adscrita no constituya un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Ello es así, pues en primer lugar, la vista que se le dio a la agente del Ministerio Público adscrita, fue en su calidad de parte del juicio de amparo, de acuerdo a lo previsto en el artículo 5 de la Ley de Amparo y no como autoridad investigadora, con la finalidad de que por su conducto se hiciera del conocimiento de la autoridad competente y de considerarlo pertinente, esta a su vez realizara la investigación sobre el caso. Además, de acuerdo con las consideraciones expresadas, sobre cuáles son las características que debe revestir el acto de autoridad, es claro que, como se apuntó, en el caso de mérito no concurren esos componentes, pues se insiste, la intervención de la agente del Ministerio Público adscrita, dentro del procedimiento de amparo del que deriva la vista de hechos que la ley señala como delito, cuya negativa de investigar se imputa a la autoridad responsable, es como parte y no como autoridad investigadora, toda vez que su actuar en el juicio de amparo se constriñe a efectuar pedimentos, alegatos, interponer recursos, y en el caso específico, a hacer llegar la vista a la autoridad competente, quien será encargada de investigar los hechos que la ley señala como delito. Máxime, que del acuerdo número A/011/99 del Procurador General de la República, por el que se establecen las normas a las que deberá sujetarse la actuación del Ministerio Público de la Federación en su carácter de parte permanente en los juicios de amparo y se establecen las directrices de coordinación en los asuntos de la materia, no se desprende que el Ministerio Público adscrito a los tribunales federales, tenga la obligación de investigar los hechos que la ley señala como delito que se les da vista, sino que su actuar solo se constriñe a realizar actos procesales dentro del juicio de amparo. Por tanto, es inconcuso, que lo reclamado a la Ministerio Público, no constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1, fracción I y 5 fracción II, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que se estudia. Domicilio. Por otra parte, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas que se fijan en los estrados de este tribunal. Por otra parte, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a David Hernández Mondragón como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, del quejoso directo, toda vez que según consta de la certificación que antecede tiene registrada su cédula profesional de licenciada en derecho ante el Sistema Computarizado del Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y en términos restringidos del numeral citado, a las demás personas que indica, toda vez que no fueron proporcionados mayores datos que justifiquen que tales autorizados cuenten con facultad legal para ejercer la profesión de abogado, tales como su número de cédula profesional o de registro ante el sistema computarizado citado. Habilitación de días y horas para notificaciones. Finalmente, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.
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