TOBIT ALBERTO HUAMAN LEÓN y Otros.

Expediente 768/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 6 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
768/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
23/11/2022

Partes del expediente

  • Tobit Alberto Huaman León
  • TOBIT ALBERTO HUAMAN LEÓN y Otros.
  • Representante del Instituto Nacional de Migración, Tijuana, Baja California
  • Joel Edgar Huaman León

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    El veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, se da cuenta a la secretaria en funciones de Jueza, con la certificación secretarial que antecede y el estado de autos. Conste.Tijuana, Baja California, veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso por parte legitimada recurso de revisión, dentro del plazo legal, en contra el auto dictado el diez de octubre dos mil veintiuno; en consecuencia, se declara que dicho acuerdo ha causado estado; comuníquese lo anterior a las autoridades correspondientes; háganse las anotaciones relativas en el libro de Gobierno respectivo, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Atento a lo anterior, y visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, se ordena su archivo. En otro orden, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo décimo quinto, del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo en referencia. Asimismo, se establece que el expediente principal a pesar de haberse sobreseído, es catalogado como depurable, en un plazo de tres años, ello conforme al punto 7.4 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales de resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, ello toda vez que se decretó la suspensión de plano respecto de los actos reclamados. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "depurable", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 35 del Acuerdo General mencionado.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, tres de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se obtiene que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, no ha quedado notificado personalmente del auto dictado en diez de octubre de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En ese contexto, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso f), de la Ley de Amparo, se comisiona al Actuario judicial de la adscripción, para que notifique personalmente al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, el contenido del auto dictado en diez de octubre de dos mil veintidós, a fin de estar en aptitud de continuar con la secuela procesal. Notifíquese; y personalmente al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, el auto de diez de octubre de dos mil veintidós.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, diez de octubre de dos mil veintidós. Vista la constancia actuarial de cuenta, se advierte que el Actuario judicial de la adscripción dio fe de tener a la vista los originales de los oficios de salida ORBC/EMTIJ/5020/2022 y ORBC/EMTIJ/5021/2022, otorgados por la autoridad migratoria a los quejosos Tobit Alberto Human León y Joel Edgar Huaman León, respectivamente, de seis de octubre de dos mil veintidós; asimismo, hizo constar que procedió a vocear a los directamente agraviados en el área de alojamiento de la estación migratoria de esta ciudad, sin que nadie atendiera su llamado. Ahora bien, tomando en consideración de que de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que en el escrito inicial de demanda, los aquí quejosos señalaron como actos reclamados en el presente juicio lo siguiente: "I. ACTOS RECLAMADOS: 1. RECLAMAMOS LA INCONSTITUCIONAL REVISIÓN Y DETENCIÓN DE LOS QUEJOSOS EN PARTICULAR, BASADA EN CRITERIOS DISCRIMINATORIOS, EXPRESAMENTE PROHIBIDOS POR EL ARTÍCULO 1° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO. 2. LA FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LA EXCESIVA E INCONSTITUCIONAL GARANTÍA POR EL MONTO DE 150,000.00 (CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) QUE SOLICITAN LAS RESPONSABLES A CADA UNO DE LOS QUEJOSOS, PARA PODER SALIR AMPARADOS BAJO EL ARTÍCULO 102 DE LA LEY DE MIGRACIÓN. 3. RECLAMAMOS LA DETENCIÓN, PRESENTACIÓN Y PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD A LA QUE LOS QUEJOSOS HAN SIDO OBJETO, SIN QUE HAYAN COMETIDO DELITO ALGUNO Y SIN QUE SE CUMPLA CON LAS FORMALIDADES ESENCIALES DE UN PROCESO, FUERA DE TODO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, YA QUE NO FUERON LLAMADOS A JUICIO, NI EMPLAZADOS, Y SIN LA MENOR PROVOCACIÓN O JUSTIFICACIÓN HAN SIDO PRIVADOS DE SU LIBERTAD, SIN QUE SE OBSERVEN TODAS Y CADA UNA DE LAS GARANTÍAS QUE LA CONSTITUCIÓN LES OTORGA PARA DEFENDERSE. 4. RECLAMAMOS LA SUPUESTA SUJECIÓN DE LOS AMPARISTAS A UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA DETERMINAR SU SITUACIÓN MIGRATORIA EN CONFINAMIENTO. 5. RECLAMAMOS LA NEGATIVA DE OTORGARLES A LOS QUEJOSOS, EL OFICIO DE SALIDA DE LA ESTACIÓN MIGRATORIA DE TIJUANA B.C. 6. RECLAMAMOS LA INDEBIDA RETENCIÓN DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES PRESENTADOS POR LOS QUEJOSOS PARA ACREDITAR SU NACIONALIDAD PERUANA. 7. RECLAMAMOS LA ACTUAL E INMINENTE DEPORTACIÓN, EXPULSIÓN O REPATRIACIÓN ASISTIDA O ''POR RAZONES HUMANITARIAS'' AL PAÍS DE ORIGEN DE LOS QUEJOSOS SIN SU CONSENTIMIENTO. 8. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE TAMBIÉN RECLAMAMOS EL ACTUAL E INMINENTE RIESGO DE QUE LOS QUEJOSOS SEAN TRASLADADOS A UNA ESTACIÓN MIGRATORIA DISTINTA A LA QUE SE ENCUENTRAN EN (TIJUANA, B.C.), DENTRO DEL TERRITORIO MEXICANO. PRACTICA QUE ACTUALMENTE REALIZAN LAS RESPONSABLES, ADSCRITAS A EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, POR LO TANTO, ES UN TEMOR FUNDADO, ESTE ACTO QUE SE RECLAMA. 9. ACTUALMENTE, LOS AQUÍ QUEJOSOS SE ENCUENTRAN DETENIDOS, RETENIDOS, BAJO CUSTODIA, ENCARCELADO, O COMO LAS RESPONSABLES QUIERAN DENOMINAR SU CONDICIÓN LEGAL, EN LA ESTACIÓN MIGRATORIA MULTICITADA, ALEGANDO LAS MISMAS, QUE ES UNA MEDIDA ADMINISTRATIVA, TAL VEZ FORMALMENTE, PERO MATERIALMENTE ES UNA MEDIDA CARCELARIA." Entonces, resulta evidente que desde el seis de octubre del año en curso, la autoridad migratoria le otorgó a los aquí quejosos el oficio de libertad de la estancia migratoria en la que se encontraban alojados. De lo anterior, es evidente que ante tal circunstancia han cesado los efectos del acto reclamado; toda vez que a pesar de que en la fecha en que se ejerció la acción constitucional, el acto reclamado existía, durante el transcurso del procedimiento del presente juicio se dejó sin efecto el mismo, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular; por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, la cual se analizará de oficio. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" En efecto, el citado precepto establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos de los actos reclamados. Así, se estima que en el caso se actualiza el motivo de improcedencia invocado, al tener en consideración que los actos en este juicio de amparo han cesado sus efectos, toda vez que de la constancia actuarial de cuenta, se advierte que el fedatario público dio fe de la existencia de los oficios de libertad ORBC/EMTIJ/5020/2022 y ORBC/EMTIJ/5021/2022, de cinco de octubre del año en curso, otorgados respectivamente a los aquí quejosos; es decir, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo que dio origen a este juicio (veinticuatro de septiembre de dos mil veintidós), las autoridades señaladas como responsables les otorgaron salida a los quejosos Tobit Alberto Huaman León y Joel Edgar Huaman León, de la estación migratoria. Por tanto, se considera que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto emitido por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo del amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga a los quejosos en el goce del derecho violado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 9/98, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, página 210, con registro digital 196820, que señala: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En esa tesitura, en el caso concreto, se advierte que se actualiza una manifiesta causal de improcedencia, pues basta imponerse del contenido de los presentes autos para advertir con claridad que las violaciones que reclaman los quejosos, han cesado sus efectos; y por otra parte, que se juzga indudable la improcedencia cuestionada, porque aunque se continuara con la substanciación del procedimiento, llegado el caso de dictar sentencia no resultaría factible formarse una convicción diversa, por más elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, así que a nada práctico conduciría seguir con el juicio en el que, conforme a la técnica jurídica, las pretensiones aducidas, ya no podrían ser objeto de análisis, por haber sobrevenido durante la tramitación la causal de improcedencia analizada, lo que, además, sería contrario al espíritu de lo establecido en el artículo 17 de la Constitución, en tanto que la ociosa tramitación del referido juicio repercutiría en menoscabo de los diversos asuntos que se tramitan en este órgano jurisdiccional. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, con relación al diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de la materia, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. Resulta aplicable por los motivos que la integran la Jurisprudencia 2a./J.10/2003 aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, en la página 386, Novena Época, marzo de dos mil tres, de texto y rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por lo tanto, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo se sobresee fuera de audiencia en el presente asunto, por lo que quedan sin efecto las providencias decretadas, así como la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional; comuníquese lo anterior a las autoridades señaladas como responsables, háganse las anotaciones de rigor en el libro de juzgado respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; y por lista a los quejosos.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, tres de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta se advierte que mediante proveídos de veinticuatro y veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, se requirió a las autoridades responsables a fin de que informaran lo siguiente: Si en términos del artículo 102 de la Ley de Migración, han decretado alguna medida de aseguramiento a los quejosos Tobit Alberto Huaman León y Joel Edgar Huaman León. Qué calidad migratoria tienen los quejosos. Cuál es el procedimiento específico al que -en su caso- se encuentren sujetos y su fundamento legal. Desde cuándo y cuánto tiempo llevan retenidos los agraviados. Si en su caso se ubican o no en algunos de los supuestos contemplados en las fracciones del artículo 111 de la Ley de Migración, así como si ya se cumplió con los quince o sesenta días previstos en ese numeral. Si en términos del artículo 109 de la Ley de Migración, le informó a los directos quejosos los derechos con los que cuentan desde su ingreso a la estación migratoria. Sin que a la fecha hayan informado lo conducente, no obstante de estar debidamente notificadas para ello. Además, se requirió a las autoridades responsables para efecto de que si los quejosos cumplen con los requisitos solicitados a los extranjeros para internarse en el país establecidos en el artículo 37 de la Ley de Migración, o si en su caso, en su calidad de refugiados cuentan con algún documento que les permita provisionalmente su legal estancia en el país, deberán ser puestos en libertad de inmediato. En consecuencia, requiérase nuevamente a las autoridades responsables, para efecto de que en el término de veinticuatro horas, legalmente computado, informen sobre las circunstancias arriba destacadas; lo que deberán acreditar, en todo caso, a través de las constancias correspondientes que remitan de manera ordinaria. En el entendido que de no dar cumplimiento a los requerimientos anteriores, se hará efectivo el apercibimiento señalado en auto de veinticuatro de septiembre de dos mil veintidós. De igual manera, requiérase a las autoridades responsables para que si a la fecha en que sean notificadas del presente proveído, los quejosos fueron previamente puestos en libertad, y ya no se encuentren alojados en la Estación Migratoria de esta ciudad; deberán informarlo de inmediato a este juzgado; y remitan vía ordinaria, copia certificada del oficio y/o permiso de salida, o bien, informen si en su caso, los quejosos fueron trasladados a diversa estación migratoria. Con independencia de lo anterior, toda vez que a la fecha no se ha tenido respuesta al requerimiento realizado en autos; en obvio de mayores dilaciones procesales, se requiere a las autoridades responsables migratorias, realicen las gestiones necesarias a efecto de que brinden apoyo a los Actuarios de la adscripción para que éstos puedan realizar las siguientes encomiendas: Para el supuesto de que el quejoso permanezca alojado en sus instalaciones, se solicita permita tener a la vista los documentos o, en su caso, los archivos que en sistema obren de los cuales se pueda advertir la información requerida con motivo de la suspensión de plano. A saber, la calidad migratoria, el procedimiento al cual se encuentran sujetos, desde cuando están alojados, si se encuentran o no en algunos de los supuestos contemplados en las fracciones del artículo 111 de la Ley de Migración, o si ya se cumplió con los quince o sesenta días previstos en ese numeral. Y si en términos del artículo 109 de la Ley de Migración, le informó a los directos quejosos los derechos con que cuentan desde su ingreso a la estación migratoria. Permitiendo en su caso, toma de fotografías para salvar esa información. Para el caso de que los quejosos directos ya no se encuentren alojado en esas instalaciones, se solicita se permita a los actuarios, lo siguiente: Acceder a la Estación Migratoria de esta ciudad, al área de alojamiento, con el propósito de que puedan vocear a los directamente agraviados Tobit Alberto Huaman León y Joel Edgar Huaman León a efecto de que tales fedatarios puedan verificar que a la fecha aquéllos se encuentran o no alojados en dicha estancia. Tener a la vista los documentos o en su caso los archivos que en sistema obren del cual se pueda advertir el motivo del egreso de los impetrantes mencionados, así como en su caso la toma de fotografías. En consecuencia, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios de la adscripción a efecto de que se traslade a la Estación Migratoria de esta ciudad a más tardar el día cuatro de octubre de este año, a las doce horas y con copia del acuse de recibo del oficio mediante el cual se notifica a las autoridades responsables el presente proveído, solicite el apoyo solicitado del personal que en su caso se haya comisionado para tal efecto. Asimismo, se encomienda al actuario respectivo que en el caso que con motivo de la carga laboral de las autoridades responsables no pueda dar cumplimiento a lo anterior en su primera búsqueda, entonces se coordine con dicho personal, a efecto de que a la brevedad se pueda realizar lo antes precisado o bien informen el impedimento legal que se tenga para ello, a efecto de que este Órgano Jurisdiccional pueda proveer lo conducente. Apercibidas las autoridades responsables, que de no dar cumplimiento a lo anterior, con fundamento en el artículo 237, fracción I en relación con el numeral 259 ambos de la Ley de Amparo, se harán acreedores -en lo particular-, a una multa de 50 (cincuenta) Unidades de Medida y Actualización. Finalmente, el Actuario de la adscripción deberá elaborar acta circunstanciada de las gestiones realizadas a fin de lograr la encomienda planteada. Notifíquese personalmente a los directos agraviados Tobit Alberto Huaman León y Joel Edgar Huaman León y cúmplase

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