Tirso Guzmán García
Expediente 769/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 10 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 769/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 13/10/2023
Partes del expediente
- Tirso Guzmán García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Tijuana, Baja California, trece de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio que remite el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, al que anexa copia certificada del testimonio de la ejecutoria pronunciada en sesión ordinaria de veintiocho de setiembre de dos mil veintitrés, emitida en el recurso de queja administrativo ********************, en la que resolvió lo siguiente: "ÚNICO. Es INFUNDADO el presente recurso de queja." Acúsese el recibo de estilo correspondiente vía interconexión y háganse las anotaciones correspondientes. En ese tenor, al advertirse que el asunto que nos ocupa se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el precepto 214, de la Ley de Amparo archívese el citado expediente. En otro orden, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transparencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado artículo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 34 del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, siete de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, que remite el Actuario Judicial Federal adscrito del Segundo Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, mediante el cual informa que en fecha de cinco de septiembre de dos mil veintitrés, se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por Tirso Guzmán García, en contra del proveído de once de agosto de dos mil veintitrés, radicándolo bajo número 210/2023; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. Notifíquese.Así lo acordó y firma electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, asistida de Francisco Eduardo Jerónimo Osorio, secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintitrés de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta signado firmado por la parte quejosa ********************, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del proveído emitido el once de agosto de dos mil veintitrés, en el que se desechó de plano la demanda intentada, en términos del artículo 97, fracción I, inciso a) y demás aplicables de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en artículo 101 de la Ley de Amparo ríndase el informe sobre la materia de queja al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, en turno, en relación con el juicio de amparo 769/2023-A, en el sentido de que es cierto el acto, ya que el once de agosto de dos mil veintitrés, se desechó de plano la demanda de amparo, al considerarse actualizada en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo. Por tanto, remítase testimonio que se integre con copia certificada de cada una de las actuaciones necesarias, para la resolución del recurso interpuesto, así como el original del escrito de agravios y una copia de este al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, en turno, a fin de que se encuentre en posibilidad de sustanciar el aludido medio de impugnación. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, once de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por la parte quejosa Tirso Guzmán García, por medio del cual, en atención al requerimiento de uno de agosto de dos mil veintitrés, manifiesta bajo protesta de decir verdad que reclama como acto destacado de la Jefa del Departamento de Gestión de Pensiones y Jubilaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, el oficio DGPJ/489/2023 de fecha dieciséis de junio de dos mil veintitrés, en el que dio respuesta al escrito presentado el veintisiete de enero de dos mil veintitrés y al diverso de veinticuatro de marzo del año en curso. Por tanto, la presente determinación no se ocupará de los actos reclamados al Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California y al Oficial Mayor del Gobierno del Estado de Baja California. Desechamiento. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, en relación con el acto atribuido a dicha autoridad este órgano jurisdiccional concluye que debe desecharse de plano, toda vez se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: . XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; ." El precepto transcrito regula, en lo que interesa, el principio de definitividad formal, que implica el agotamiento de todos los medios de defensa que tengan por objeto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, antes de la instauración del juicio de amparo; no siendo necesario cuando se dé alguno de los supuestos de excepción previstos en ese numeral. Así, el principio de definitividad supone el agotamiento de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado prevea para impugnarlo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de defensa, sin que lo interponga el gobernado, el amparo resulta improcedente. Como se anticipó, en el caso se actualiza la referida causa de improcedencia invocada en virtud que antes de acudir a la instancia constitucional del juicio de amparo, el promovente debió agotar el medio ordinario de defensa procedente contra el acto que reclama, en específico, el juicio de nulidad en términos del artículo 1° de la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, que prevé: "ARTÍCULO 1. El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California es un órgano constitucional autónomo, independiente de cualquier autoridad, dotado de plena autonomía jurisdiccional, administrativa y de gestión presupuestal, e imperio suficiente para hacer cumplir sus resoluciones. El Tribunal tendrá a su cargo, dirimir las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre la Administración Pública del Estado, los Municipios, Entidades Paraestatales, Paramunicipales y los particulares; así como entre el fisco estatal y los fiscos municipales, sobre preferencias en el cobro de créditos fiscales. Asimismo, conocerá de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos y particulares vinculados con faltas graves promovidas por la Auditoría Superior del Estado, Secretaría de la Honestidad y la Función Pública, Sindicaturas Municipales y los Órganos Internos de Control de los entes públicos estatales y municipales, para la imposición de sanciones en términos de lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades Administrativas. Así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal, o el patrimonio de los entes públicos estatales o municipales. Bajo ninguna circunstancia se entenderá que la atribución del Tribunal para imponer sanciones a particulares por actos u omisiones vinculadas con faltas administrativas graves se contrapone o menoscaba la facultad que cualquier ente público posea para imponer sanciones a particulares en los términos de la legislación aplicable. Por su parte, la fracción II del artículo 109 del citado ordenamiento legal, establece que: "ARTÍCULO 109. La sentencia definitiva podrá: [.] II. Declarar la nulidad de la resolución impugnada." De la normatividad transcrita se advierte que el juicio de nulidad es el medio ordinario de defensa que, por su especificidad, constituye el instrumento jurídico apropiado contra los actos administrativos que se dicten en agravio de los particulares. Ahora, del escrito de demanda se obtiene que mediante escrito presentado el veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés (en relación con el diverso escrito presentado el veintisiete de enero de dos mil veintitrés), el aquí quejoso tramitó una solicitud de pensión, la cual mediante oficio de fecha dieciséis de junio de dos mil veintitrés, firmado por la Jefa del Despacho del Departamento de Gestión de Pensiones y Jubilaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California dio respuesta en los términos ahí planteados. Determinación que la referida autoridad precisó, en lo que aquí interesa, que podría ser combatida a través del juicio contencioso administrativo. Luego, si conforme al artículo 14 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, establece que las controversias judiciales que surjan sobre la aplicación de esa Ley, así como todas aquellas en que el Instituto tuviere el carácter de actor o demandado, serán de la competencia de los Tribunales del Estado, es inconcuso que en términos del artículo 1° de la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, previo a la promoción del amparo, tal acto debe ser combatido a través del juicio de nulidad cuya competencia corresponde al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, conforme a lo establecido en el precepto legal en cita, toda vez que éste es el medio de defensa legal que constituye la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo en que se trata, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 1° de la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California; es válido concluir que el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la entidad sí es procedente en su contra. Sirve de apoyo a lo anterior por los motivos que la integran la Jurisprudencia PC.XV. J/3 A (11a.) emitida por el Pleno del Decimoquinto Circuito, con número de registro digital 2023350 de rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA (ISSSTECALI), ENTRE OTROS CASOS, CUANDO SE LE RECLAMA LA RESOLUCIÓN QUE NIEGA EL OTORGAMIENTO DE UNA PENSIÓN. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes emitieron criterios contradictorios al analizar si el ISSSTECALI, tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo indirecto, cuando en su calidad de ente asegurador se le reclama la resolución que niega el otorgamiento de una pensión. Criterio jurídico: El Pleno del Decimoquinto Circuito determina que el ISSSTECALI sí actúa con el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo indirecto, cuando en su calidad de ente asegurador se le reclama la resolución que niega el otorgamiento de una pensión. Justificación: Conforme a lo interpretado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las jurisprudencias 2a./J. 111/2005 y 2a./J. 3/2010, y a lo previsto en los artículos 1, 4, 5, 105, fracciones I, III y VIII, y 113, fracciones I, III, IV y XIII, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, el ISSSTECALI es un organismo público descentralizado que tiene a su cargo las prestaciones que esa ley establece, entre las que se encuentran la jubilación y las pensiones por retiro de edad y tiempo de servicio, invalidez o muerte; y entre sus facultades se encuentran las de conceder, negar, suspender, modificar y revocar las jubilaciones y pensiones. Entonces, cuando el referido instituto, en su calidad de ente asegurador, en respuesta a una solicitud niega el otorgamiento de una pensión, no hay duda de que no se trata de una relación de coordinación, sino de supra a subordinación, ya que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios, al afectar su esfera jurídica, en forma unilateral y obligatoria, en ejercicio de facultades decisorias que le están atribuidas en la ley, que constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad, sin necesidad de acudir a los tribunales o al consenso de la voluntad del afectado; y de esa manera reúne los atributos para ser considerado como un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. De tal suerte que el juicio de amparo procederá, en su caso, una vez agotado el principio de definitividad o cuando se verifique que se está ante uno de los casos de excepción a dicho principio." Así como la Jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Materia (s): común, con número de registro 2017117, de rubro y texto siguiente: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Resta precisar, que respecto a las hipótesis de excepción, en el procedimiento contencioso administrativo, existe la posibilidad de suspender el acto, sin exigir mayores requisitos que los consignados en la Ley de Amparo, pues la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, establece que la solicitud de suspensión de la ejecución se tramitará y resolverá, de conformidad con las reglas siguientes: "ARTÍCULO 69. La demanda se admitirá dentro de las veinticuatro horas siguientes a la de su presentación. En el mismo auto se aceptará o rechazará la intervención del tercero y se tendrán por ofrecidas las pruebas del actor, mismas que se admitirán o desecharán hasta que se fije la litis. [.] ARTÍCULO 77. La suspensión se tramitará en cuaderno por separado y por duplicado. La suspensión provisional de los actos impugnados deberá resolverse dentro de las veinticuatro horas siguientes a su solicitud, haciéndolo saber a la autoridad demandada, para su cumplimiento, si se concede. Al resolverse la suspensión provisional se requerirá a la autoridad demandada un informe relativo a la suspensión definitiva, que deberá rendirse en el término de cuarenta y ocho horas siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del acuerdo respectivo. Vencido el término, con el informe o sin él, se resolverá la suspensión definitiva, dentro de los cinco días siguientes. El órgano jurisdiccional podrá solicitar documentos y ordenar las diligencias que considere necesarias, a efecto de resolver sobre la suspensión definitiva. En el cuaderno de suspensión, únicamente se admitirán las pruebas documentales y de inspección judicial. ARTÍCULO 78. La suspensión podrá solicitarla el demandante en la demanda o en cualquier momento del juicio y tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren, hasta en tanto se pronuncie sentencia ejecutoria. La suspensión podrá concederse con efectos restitutorios, cuando se trate de actos privativos de libertad decretados al particular por la autoridad administrativa, cuando a juicio del órgano jurisdiccional sea necesario otorgarle estos efectos con el objeto de preservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al particular, o cuando atendiendo a la naturaleza del acto reclamado sea jurídica y materialmente posible. Es aplicable por analogía la Tesis de Jurisprudencia XV.4o. J/6, del Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 171590, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "SUSPENSIÓN CONTRA RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. EL SISTEMA NORMATIVO QUE LA PREVÉ, NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDERLA QUE LA LEY DE AMPARO Y, POR TANTO, DEBE AGOTARSE EL JUICIO DE NULIDAD PREVIO A INTENTAR LA VÍA CONSTITUCIONAL. Del examen comparativo de los artículos 59 a 62 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, con los artículos 124, 125 y 135 de la Ley de Amparo, se advierte que los requisitos para otorgar la suspensión del acto impugnado en el juicio de nulidad no son mayores que los establecidos para suspender el acto reclamado en el juicio de garantías, puesto que ambos ordenamientos instituyen condiciones esencialmente iguales, sólo con diferencias irrelevantes derivadas de la naturaleza jurídica propia de cada juicio; así, tanto en uno como en otro, la suspensión debe solicitarse por escrito; esta solicitud es oportuna desde la demanda hasta antes de la sentencia (en amparo, la ejecutoria, obviamente); en ambos juicios operan la suspensión provisional y la definitiva; asimismo, la medida cautelar procede cuando, de otorgarse, no cause perjuicio al interés general ni contravenga disposiciones de orden público, estableciéndose también, en uno y otro, que si la suspensión puede ocasionar daños y perjuicios a alguna de las partes, se exigirá garantía al solicitante en términos y condiciones que son muy semejantes; por lo tanto, salvo que se actualice alguna diversa excepción al principio de definitividad, debe agotarse el juicio de nulidad previo a intentar la vía constitucional, en contra de los actos impugnables ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado" En cuanto a los supuestos de excepciones al principio de definitividad, conviene mencionar que el acto impugnado no es una norma jurídica o disposición de carácter general, ni tampoco se reclama como acto de aplicación de una ley. Y en lo referente al reclamo de violaciones directas a la Constitución cabe mencionar que la parte quejosa alega violaciones de carácter legal, que pueden ser objeto de análisis en el juicio nulidad; por tanto, es evidente que la parte quejosa no alega violaciones directas a la Constitución. Consecuentemente, debido a que se concreta la aludida causa de improcedencia, lo que procede es desechar de plano la demanda de amparo respecto al acto reclamado a la Jefa del Despacho del Departamento de Gestión de Pensiones y Jubilaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.Así lo acordó y firma electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, asistida de Francisco Eduardo Jerónimo Osorio, secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.
Quedan 6 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana · 3,498 expedientes
- Thalia Lizette Galicia Sánchez369/2022
- Thalia Lorena Villicaña Molina629/2020
- Thalia Lorena Villicaña Molina171/2021
- THELMA JANETH GARCÍA ULLOA y Otros.306/2023
- THIAGO PEREIRA AMORIM y Otros.178/2023
- Thomas Russell Anderson489/2023
- TOBIT ALBERTO HUAMAN LEÓN y Otros.768/2022
- Toirov Ilkhom Rozikovich1533/2023
- Tojiboeva Charos Fayzulla Kizi1088/2023
- Tomas Alberto Gutierrez Palacios610/2021
- Tomas Chavez Avila680/2020
- Tomás Luis Lozano Reyes39/2020