Thomas Russell Anderson
Expediente 489/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 489/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/05/2023
Partes del expediente
- Thomas Russell Anderson
- Juez de Control del Partido Judicial de Tijuana, Baja California
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que la parte quejosa no interpuso el recurso de queja, previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, dentro del término legal de cinco días que establece el numeral 98 de la propia ley, en contra del auto de ocho de mayo anterior, por el que se desechó la demanda de amparo; por tanto, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". En tal virtud, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado contrario sensu, envíese al archivo. En términos del artículo 21, inciso d), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del propio acuerdo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 35 del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, ocho de mayo de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo de cuenta, fórmense los expedientes físico y electrónico respectivos, y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 489/2023-C. Ahora, del análisis del escrito inicial de demanda se advierte un motivo indudable y manifiesto de improcedencia, en virtud que la demanda constitucional fue promovida fuera del plazo de quince días hábiles comprendido en el artículo 17 de la Ley de Amparo. En la especie, conviene establecer que para la admisión o no de una demanda de amparo, se debe analizar si ésta cumple con los requisitos de procedencia previstos en la ley de la materia, ya que de no ser así lo procedente es aplicar el artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "[.] El Juez de distrito examinará, ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado [.]". En el caso, como se anticipó, es indudable y manifiesta la improcedencia del juicio de amparo que se promueve, en contra de las autoridades que señala el quejoso como responsables, en atención a las siguientes consideraciones: El artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo señalo lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [..]". Por su parte, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo. 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días [..]" "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De lo anterior, se colige que uno de los presupuestos para acudir al juicio amparo, es el de observar de manera ineludible los plazos fijados en la ley de la materia, bajo pena que el juicio resulte improcedente, en el caso, se advierte que la parte quejosa en su escrito inicial de demanda señaló como acto reclamado el siguiente: "IV. ACTOS RECLAMADOS. Primero. Respecto a las autoridades responsables señaladas como ordenadoras, se reclama la ilegal orden de aprehensión, girada en mi contra, por delito que desconozco y que evidentemente no he cometido. Afirmándose que dicha orden de aprehensión, girada por dicha autoridad, es ilegal, ya que no he participado en hecho alguno que la ley considere como delito mismo que justifique el dictado de la referida orden de captura, y no se ha permitido enterarme de los hechos imputados en mi contra ni se me permitió exponer al respecto lo que conforme a derecho y mi interés legal correspondiera, transgrediendo con ello mi derecho de audiencia, debida defensa y principios de contradicción, lealtad, objetividad, entre otros. Consecuencia de lo anterior, es que las autoridades ejecutoras pretenden cumplimentar en mi perjuicio la ilegal orden de aprehensión que se reclama, sin que dicho mandamiento de captura esté debidamente fundado y motivado. Segundo. De las autoridades señaladas como ejecutoras, se reclaman los siguientes actos: la cumplimentación de la ilegal orden de aprehensión girada en mi contra, por la autoridad responsable señalada como ordenadora." (sic) En ese sentido, se advierte que la parte quejosa, dejó de observar la disposición contenida en el artículo 17 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, pues del contenido íntegro de su demanda, y en específico, en el punto número quinto de su capítulo de antecedentes, manifestó bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento del citado acto -orden de aprehensión-, desde el veintiséis de enero de dos mil veintitrés, esto así, ya que textualmente refiere lo siguiente: V.- ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO: [.]. Bajo protesta de decir verdad, manifiesto, que el día 28 de abril del 2023, en mi oficina ubicada en Boulevard ******************** # ********************, despacho ********************, ********************, de esta Ciudad de Tijuana, Baja California, de nueva cuenta, ya que ya habían acudido en fecha anterior del 26 de enero del 2023, una persona del sexo masculino, tocó la puerta buscándome, siendo atendido por mi compañero de despacho, diciendo que trabajaba en la Fiscalía General del Estado de Baja California, y que me andaba buscando para individualizarme, término que desconozco, pero de la explicación que dio el Agente Ministerial, se me estaba acusando de un delito y requería saber mi paradero efecto de entrevistarme e individualizarme, sin dejar citatorio o aviso alguno, por lo que bajo protesta de decir verdad, manifiesto que en ningún momento y por ninguna circunstancia, el suscrito se ha visto involucrado en una situación donde se me podría acusar de delito alguno, por lo que tomando en cuenta, que soy una persona dedicada a mi trabajo, me veo obligado a presentar está DEMANDA DE DERECHOS HUMANOS Y FUNDAMENTALES, ante el temor fundado de ser privado de mi libertad, con la clara violación a mis DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS ESTABLECIDAS EN NUESTRA CARTA MAGNA, MEDIANTE ORDEN DE APREHENSIÓN GIRADA EN MI CONTRA, POR EL JUEZ DE CONTROL DEL PARTIDO JUDICIAL DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, MÉXICO." De esta manera, se obtiene que el directo quejoso acude a esta instancia constitucional, al indicar que el veintiocho de abril del año en curso, acudieron a su oficina ubicada en Boulevard ********************, número ********************, despacho ********************, ********************, de esta Ciudad de Tijuana, Baja California, de nueva cuenta ya que habían acudido en fecha anterior del veintiséis de enero de dos mil veintitrés, una persona del sexo masculino, buscándolo, siendo atendido por su compañero de despacho, diciendo que trabajaba en la Fiscalía General del Estado de Baja California, por lo que es evidente que como lo precisa tuvo conocimiento de que lo buscaban para tal efecto desde esa fecha. Ahora, para estar en aptitud de computar el plazo de quince días hábiles previsto por el artículo 17 de la Ley de Amparo para la presentación de la demanda, es necesario partir de la forma en la que éste se impuso del acto reclamado, en virtud de que existen tres supuestos para computar el referido plazo, a saber: 1. Desde el día siguiente a aquél en que surta efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto reclamado. 2. Desde el día siguiente a aquél en que haya tenido conocimiento del acto reclamado. 3. Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Así, en el caso se tiene que el término relativo se computa a partir del día siguiente al en que el quejoso se ostentó sabedor del acto reclamado, ya que manifestó bajo protesta de decir verdad que fue desde el veintiséis de enero de dos mil veintitrés, cuando se constituyó un Agente Ministerial de la Fiscalía General del Estado de Baja California, a buscarlo para realizar una entrevista individualizarlo, sin dejar citatorio o aviso alguno, por ello en el caso, se actualiza el tercer supuesto de los descritos en el párrafo que antecede, por lo que el plazo de quince días hábiles comprendido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, para la interposición del amparo transcurrió de la siguiente manera: Fecha en que se materializó el primer acto de aplicación de la norma tributaria: Fecha en que inició el término para presentar demanda: Fecha en que feneció el término para presentar demanda: Fecha en que se presentó la demanda de amparo: 26 de enero de 2023 30 de enero de 2023 17 de febrero de 2023 04 de mayo de 2023. En consecuencia, al haber tenido conocimiento del acto, desde el veintiséis de enero de dos mil veintitrés, el plazo de quince días hábiles comprendido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, transcurrió del treinta de enero al diecisiete de febrero de dos mil veintitrés. Por lo anteriormente expuesto, se concluye que el escrito de demanda fue presentado de forma extemporánea, toda vez que de la boleta de turno elaborada por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, se advierte que se presentó el cuatro de mayo de dos mil veintitrés, de ahí que resulta procedente desechar por extemporánea la demanda de que se trata, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17, 18 y 113, todos de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible a foja 1931, novena época, Tomo XXXI, Enero 2010, materia común, con número de registro 165582, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el domicilio que menciona en su escrito de demanda, asimismo, se tiene como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************y********************, y únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que menciona en su ocurso de cuenta. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Se hace del conocimiento a las partes, que a partir de esta fecha está disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" en la siguiente dirección electrónica https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales, dentro del cual encontrarán teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como las listas de acuerdos. Con independencia de lo anterior se hace del conocimiento de las partes que pueden proporcionar un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que este juzgado establezca el contacto respectivo en los casos que estime necesario, esto con apoyo en los artículos 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Con fundamento en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; así como lo establecido en el artículo 263, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por lo que se hace de su conocimiento que, para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea -presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales, entre otros- será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación; como lo es la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o en su caso, la firma electrónica "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), o bien, cualquier otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal en términos de lo establecido en el artículo 5, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013. Asimismo, para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (I) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (II) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (III) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo; en el entendido, que el registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Se hace del conocimiento de las partes que para efecto de que tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la acción mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encuentra a su disposición en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que quede firme la resolución que en su caso se dicte en este asunto. Asimismo, en atención al Acuerdo General 21/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, al artículo 3° de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo establecido en el artículo 253, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; se ordena priorizar la tramitación electrónica del juicio en Línea. En cumplimiento a lo ordenado en las disposiciones generales establecidas en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos, se informa a las partes que a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, el horario de atención al público será de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos (artículo 6 del primer ordenamiento) y que las listas de acuerdos quedarán a disposición del público para su consulta en la página de internet del Consejo a través del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal; y que tendrán validez legal al ser las mismas que se encuentran en los Estrados de los Juzgados y Tribunales Federales (artículos 209, 209 bis, ídem). Notifíquese personalmente.
- Principal
a las nueve horas del quince de mayo de dos mil veintitrés, se hace constar que en virtud de que la parte quejosa no comparecio en el término señalado, se hace efectivo el apercibimiento hecho en el aviso dejado en el domicilio señalado para recibir notificaciones y notifico por lista fijada en los estrados de este organo jurisdiccional, así como por lista en la página electrónica del portal de internet del Poder Judicial de la Federación, el quejoso, el acuerdo de ocho de mayo de dos mil veintitrés, dictado en los autos del juicio de amparo 489/2023 del índice de este juzgado; quedando debidamente notificado del acuerdo de referencia, para los efectos legales conducentes, de conformidad con lo dispuesto con el artículo 27 fracción I, inciso c) en relación con el artículo 29 de la Ley de Amparo mismo que en su parte conducente dice: Tijuana, Baja California, ocho de mayo de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo de cuenta, fórmense los expedientes físico y electrónico respectivos, y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 489/2023-C. Ahora, del análisis del escrito inicial de demanda se advierte un motivo indudable y manifiesto de improcedencia, en virtud que la demanda constitucional fue promovida fuera del plazo de quince días hábiles comprendido en el artículo 17 de la Ley de Amparo. En la especie, conviene establecer que para la admisión o no de una demanda de amparo, se debe analizar si ésta cumple con los requisitos de procedencia previstos en la ley de la materia, ya que de no ser así lo procedente es aplicar el artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "[.] El Juez de distrito examinará, ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado [.]". En el caso, como se anticipó, es indudable y manifiesta la improcedencia del juicio de amparo que se promueve, en contra de las autoridades que señala el quejoso como responsables, en atención a las siguientes consideraciones: El artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo señalo lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [..]". Por su parte, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo. 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días [..]" "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De lo anterior, se colige que uno de los presupuestos para acudir al juicio amparo, es el de observar de manera ineludible los plazos fijados en la ley de la materia, bajo pena que el juicio resulte improcedente, en el caso, se advierte que la parte quejosa en su escrito inicial de demanda señaló como acto reclamado el siguiente: "IV. ACTOS RECLAMADOS. Primero. Respecto a las autoridades responsables señaladas como ordenadoras, se reclama la ilegal orden de aprehensión, girada en mi contra, por delito que desconozco y que evidentemente no he cometido. Afirmándose que dicha orden de aprehensión, girada por dicha autoridad, es ilegal, ya que no he participado en hecho alguno que la ley considere como delito mismo que justifique el dictado de la referida orden de captura, y no se ha permitido enterarme de los hechos imputados en mi contra ni se me permitió exponer al respecto lo que conforme a derecho y mi interés legal correspondiera, transgrediendo con ello mi derecho de audiencia, debida defensa y principios de contradicción, lealtad, objetividad, entre otros. Consecuencia de lo anterior, es que las autoridades ejecutoras pretenden cumplimentar en mi perjuicio la ilegal orden de aprehensión que se reclama, sin que dicho mandamiento de captura esté debidamente fundado y motivado. Segundo. De las autoridades señaladas como ejecutoras, se reclaman los siguientes actos: la cumplimentación de la ilegal orden de aprehensión girada en mi contra, por la autoridad responsable señalada como ordenadora." (sic) En ese sentido, se advierte que la parte quejosa, dejó de observar la disposición contenida en el artículo 17 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, pues del contenido íntegro de su demanda, y en específico, en el punto número quinto de su capítulo de antecedentes, manifestó bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento del citado acto -orden de aprehensión-, desde el veintiséis de enero de dos mil veintitrés, esto así, ya que textualmente refiere lo siguiente: V.- ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO: [.]. Bajo protesta de decir verdad, manifiesto, que el día 28 de abril del 2023, en mi oficina ubicada en Boulevard ******************** # ********************, despacho ********************, ********************, de esta Ciudad de Tijuana, Baja California, de nueva cuenta, ya que ya habían acudido en fecha anterior del 26 de enero del 2023, una persona del sexo masculino, tocó la puerta buscándome, siendo atendido por mi compañero de despacho, diciendo que trabajaba en la Fiscalía General del Estado de Baja California, y que me andaba buscando para individualizarme, término que desconozco, pero de la explicación que dio el Agente Ministerial, se me estaba acusando de un delito y requería saber mi paradero efecto de entrevistarme e individualizarme, sin dejar citatorio o aviso alguno, por lo que bajo protesta de decir verdad, manifiesto que en ningún momento y por ninguna circunstancia, el suscrito se ha visto involucrado en una situación donde se me podría acusar de delito alguno, por lo que tomando en cuenta, que soy una persona dedicada a mi trabajo, me veo obligado a presentar está DEMANDA DE DERECHOS HUMANOS Y FUNDAMENTALES, ante el temor fundado de ser privado de mi libertad, con la clara violación a mis DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS ESTABLECIDAS EN NUESTRA CARTA MAGNA, MEDIANTE ORDEN DE APREHENSIÓN GIRADA EN MI CONTRA, POR EL JUEZ DE CONTROL DEL PARTIDO JUDICIAL DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, MÉXICO." De esta manera, se obtiene que el directo quejoso acude a esta instancia constitucional, al indicar que el veintiocho de abril del año en curso, acudieron a su oficina ubicada en Boulevard ********************, número ********************, despacho ********************, ********************, de esta Ciudad de Tijuana, Baja California, de nueva cuenta ya que habían acudido en fecha anterior del veintiséis de enero de dos mil veintitrés, una persona del sexo masculino, buscándolo, siendo atendido por su compañero de despacho, diciendo que trabajaba en la Fiscalía General del Estado de Baja California, por lo que es evidente que como lo precisa tuvo conocimiento de que lo buscaban para tal efecto desde esa fecha. Ahora, para estar en aptitud de computar el plazo de quince días hábiles previsto por el artículo 17 de la Ley de Amparo para la presentación de la demanda, es necesario partir de la forma en la que éste se impuso del acto reclamado, en virtud de que existen tres supuestos para computar el referido plazo, a saber: 1. Desde el día siguiente a aquél en que surta efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto reclamado. 2. Desde el día siguiente a aquél en que haya tenido conocimiento del acto reclamado. 3. Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Así, en el caso se tiene que el término relativo se computa a partir del día siguiente al en que el quejoso se ostentó sabedor del acto reclamado, ya que manifestó bajo protesta de decir verdad que fue desde el veintiséis de enero de dos mil veintitrés, cuando se constituyó un Agente Ministerial de la Fiscalía General del Estado de Baja California, a buscarlo para realizar una entrevista individualizarlo, sin dejar citatorio o aviso alguno, por ello en el caso, se actualiza el tercer supuesto de los descritos en el párrafo que antecede, por lo que el plazo de quince días hábiles comprendido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, para la interposición del amparo transcurrió de la siguiente manera: Fecha en que se materializó el primer acto de aplicación de la norma tributaria: Fecha en que inició el término para presentar demanda: Fecha en que feneció el término para presentar demanda: Fecha en que se presentó la demanda de amparo: 26 de enero de 2023 30 de enero de 2023 17 de febrero de 2023 04 de mayo de 2023. En consecuencia, al haber tenido conocimiento del acto, desde el veintiséis de enero de dos mil veintitrés, el plazo de quince días hábiles comprendido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, transcurrió del treinta de enero al diecisiete de febrero de dos mil veintitrés. Por lo anteriormente expuesto, se concluye que el escrito de demanda fue presentado de forma extemporánea, toda vez que de la boleta de turno elaborada por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, se advierte que se presentó el cuatro de mayo de dos mil veintitrés, de ahí que resulta procedente desechar por extemporánea la demanda de que se trata, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17, 18 y 113, todos de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible a foja 1931, novena época, Tomo XXXI, Enero 2010, materia común, con número de registro 165582, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el domicilio que menciona en su escrito de demanda, asimismo, se tiene como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************y********************, y únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que menciona en su ocurso de cuenta. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Se hace del conocimiento a las partes, que a partir de esta fecha está disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" en la siguiente dirección electrónica https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales, dentro del cual encontrarán teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como las listas de acuerdos. Con independencia de lo anterior se hace del conocimiento de las partes que pueden proporcionar un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que este juzgado establezca el contacto respectivo en los casos que estime necesario, esto con apoyo en los artículos 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Con fundamento en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; así como lo establecido en el artículo 263, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por lo que se hace de su conocimiento que, para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea -presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales, entre otros- será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación; como lo es la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o en su caso, la firma electrónica "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), o bien, cualquier otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal en términos de lo establecido en el artículo 5, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013. Asimismo, para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (I) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (II) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (III) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo; en el entendido, que el registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Se hace del conocimiento de las partes que para efecto de que tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la acción mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encuentra a su disposición en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que quede firme la resolución que en su caso se dicte en este asunto. Asimismo, en atención al Acuerdo General 21/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, al artículo 3° de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo establecido en el artículo 253, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; se ordena priorizar la tramitación electrónica del juicio en Línea. En cumplimiento a lo ordenado en las disposiciones generales establecidas en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos, se informa a las partes que a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, el horario de atención al público será de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos (artículo 6 del primer ordenamiento) y que las listas de acuerdos quedarán a disposición del público para su consulta en la página de internet del Consejo a través del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal; y que tendrán validez legal al ser las mismas que se encuentran en los Estrados de los Juzgados y Tribunales Federales (artículos 209, 209 bis, ídem). Notifíquese personalmente.
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