THELMA JANETH GARCÍA ULLOA y Otros.

Expediente 306/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 8 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
306/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
08/05/2023

Partes del expediente

  • THELMA JANETH GARCÍA ULLOA y Otros.
  • Thelma Janeth García Ulloa
  • Olga Salazar Almeida
  • Leticia García Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, a ocho de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja a que se refiere el numeral 97, fracción I, inciso a), de la propia ley, en contra del proveído de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el segundo párrafo del numeral 2°, de la ley invocada, en relación con los numerales 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Consecuentemente, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo 21, inciso b), del Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos 22 y 23 del propio acuerdo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 14 del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, a veinticuatro de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días otorgado a los quejosos (1) *************, (2) ************* (3) *************, (4) *************, (5) *************, (6) *************, (7) *************, (8) *************, (9) *************, (10) *************, (11) *************, (12) *************, (13) *************, (14) *************, (15) ************* y (16) ************* a efecto de que subsanaran las prevenciones formuladas en proveídos de veintidós y treinta de marzo y tres y doce de abril, todos del año en curso, respectivamente; sin que hicieran manifestación al respecto, no obstante estar debidamente notificados para ello. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el acuerdo de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, y con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, a doce de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por ********************, ********************, ********************,********************,********************,********************y ******************** por el cual, pretenden desahogar la prevención formulada en proveído de tres de abril de dos mil veintitrés. Sin embargo, se estima que la misma no está cumplida en su totalidad, al considerar que la parte promovente refiere señalar, como acto concreto de aplicación del precepto 62 de la Ley de Movilidad Sustentable y Transporte del Estado de Baja California la expedición del decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, y el momento en que acudieron a realizar la verificación para seguir operando y/o explotando su permiso de transporte público. De igual modo, señalan que a las autoridades responsables Gobernadora del Estado de Baja california, Director General del Instituto de Movilidad Sustentable del Estado de Baja California y Director General de Policía y Tránsito Municipal del Municipio de Tijuana, les atribuyen los actos consistentes en cualquier acto que tenga como fin suspender o cancelar el servicio institucional de revisión mecánica que se deba realizar al transporte público de taxis en las modalidades de masivo, taxi de ruta, taxis de sitio, taxis con itinerario fijo o taxis sin itinerario fijo, que tenga como consecuencia la imposición de multas por la falta de dicha revisión. Lo cual genera incertidumbre para fijar debidamente la Litis constitucional. En consecuencia, requiérase a los promoventes para que cumplan con lo siguiente: Manifiesten bajo protesta de decir verdad, cuál es el acto concreto de aplicación del numeral 62 de la Ley de Movilidad Sustentable y Transporte del Estado de Baja California que tildan de inconstitucional, pues no existe claridad, si como tal, lo constituye la expedición del decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California o el momento en que acudieron a realizar la verificación para seguir operando y/o explotando su permiso de transporte público, y en caso de ser este último indiquen con claridad cómo es que, consideran, se aplicó ese precepto. Si bien señalan a diversas autoridades responsables, no existe claridad en relación con el acto que a estas se les atribuye, pues lo que se previno en el tercer punto del auto de tres de abril último, es que indicarán a qué autoridad o autoridades les atribuyen el acto concreto de aplicación del numeral 62 de la Ley de Movilidad Sustentable y Transporte del Estado de Baja California; sin embargo, en el escrito de cuenta adicionan diversos actos que no habían reclamado con antelación a dichas autoridades y ello no permite fijar la Litis de forma clara, por lo que deberán precisar a qué autoridad o autoridades les atribuyen el acto concreto de aplicación del numeral 62 de la Ley de Movilidad Sustentable y Transporte del Estado de Baja California y en caso de adicionar diversos actos a aquéllas, deberán formular el capítulo de conceptos de violación que estimen conducentes y ampliar los antecedentes respectivos (sin calificativos ni otras circunstancias ajenas a la causa de pedir). Por lo expuesto, se hace del conocimiento a ********************, ********************, ********************,********************,********************,********************y ********************, que subsiste la prevención señalada en proveído de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, misma que fue notificada de manera personal por conducto de su autorizada el veintitrés de marzo del año en curso; en el entendido que el plazo de cinco días otorgado inicialmente para el desahogo de la prevención, aun no transcurre en su totalidad; ya que el escrito de cuenta, fue presentado al cuarto día, por lo que les resta un día; el cual se computará a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído. Encuentra sustento por identidad jurídica, la jurisprudencia 2ª./J. 106/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVIII (noviembre de 2003), visible en la página 133, cuyo rubro y texto es: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO. De conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está facultado para mandar aclarar el escrito inicial de demanda cuando advierta alguna irregularidad, se haya omitido alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de la ley citada, no se haya indicado con precisión el acto reclamado o no se hayan exhibido las copias correspondientes a que alude el artículo 120 de dicho ordenamiento, debiendo precisar en el auto relativo las irregularidades o deficiencias advertidas, a fin de requerir al promovente para que en el término de tres días las subsane. Ahora bien, si se toma en cuenta que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la mencionada ley, según su artículo 2o., todas las promociones deberán acordarse a más tardar al día siguiente de presentadas, y en atención al principio de justicia pronta y expedita consignado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el de economía procesal, es indudable que cuando el quejoso en el primer o segundo de los tres días señalados en el referido artículo 146, presenta un escrito mediante el cual pretende cumplir con la prevención que le fue impuesta, el Juez debe emitir un acuerdo en el que tenga por presentado dicho escrito y admita la demanda si se satisfizo lo ordenado, o bien, en caso de no cumplir con tal requerimiento, señale las omisiones o defectos que aún subsistan para darle oportunidad de subsanarlos antes del vencimiento de esos tres días, ello en razón de que dicho término se le otorga en su beneficio. De no actuar así, se impediría al promovente enterarse de las razones por las cuales no está cumpliendo cabalmente con la prevención que le fue formulada, pese a estar en posibilidad temporal de aclarar su escrito de demanda." En la inteligencia, que conforme lo establece el numeral 108, de la Ley de Amparo, la presente prevención deberá ser desahogada únicamente por la parte quejosa, puesto que el propósito del escrito aclaratorio de una demanda de amparo indirecto es subsanar los vicios de alguna irregularidad del escrito inicial, de ahí que su escrito aclaratorio deba contar con firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados en su escrito inicial de demanda, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de amparo o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional; aunado a las manifestaciones bajo protesta de decir verdad que debe de formular el promovente. Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Agosto de 2014, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro señala: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA". Se advierte a los promoventes que conducirse con falsedad ante la autoridad judicial, implica la comisión de un delito, de conformidad con el artículo 261 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,192 así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales;" Se tiene por no presentado el escrito de cuenta a nombre de ********************,********************y********************. Por otra parte, de la certificación que antecede, se advierte que el escrito de cuenta carece de la firma de los quejosos ********************,********************y********************, por tanto, con fundamento en el artículo 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por no presentado tal ocurso, virtud que como se asentó en la certificación que antecede, el mismo carece de firma, por lo que no se advierte que el posible promovente haya expresado su voluntad en el referido escrito, es así, ya que tal omisión no implica que quien la suscribió efectivamente haya deseado exponer el contenido del ocurso, por lo que la falta de firma autógrafa no es materia de prevención o requerimiento por parte este juzgado. Sustenta lo anterior, en la parte que interesa, la tesis III.1o.A.93 A, con registro digital 186944, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, Novena Época, consultable en el Tomo XV, Mayo de 2002, página 1220, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto del tenor siguiente: "FIRMA AUTÓGRAFA. SU FALTA EN LAS PROMOCIONES PRESENTADAS A LAS AUTORIDADES FISCALES, CONSTITUYE UNA OMISIÓN QUE NO ES MATERIA DE PREVENCIÓN O REQUERIMIENTO PARA SUBSANARLA. El tercer párrafo del artículo 18 del Código Fiscal de la Federación se refiere a la facultad de la autoridad fiscal de requerir al promovente para que en caso de que una promoción no reúna los requisitos que señala dicho dispositivo, en un lapso de diez días subsane la omisión; tales requisitos se encuentran comprendidos en las cuatro fracciones que contiene dicho dispositivo, los que consisten en que la promoción presentada debe constar por escrito, señalar el nombre, denominación o razón social y el domicilio fiscal manifestado al Registro Federal de Contribuyentes para el efecto de fijar la competencia de la autoridad, y la clave que correspondió en dicho registro, señalar la autoridad a la que se dirige y el propósito de la promoción y, en su caso, el domicilio para oír y recibir notificaciones y el nombre de la persona autorizada para recibirlas. Ahora bien, si el escrito mediante el cual el quejoso presentó el recurso administrativo de revocación carece de firma autógrafa, esto significa que no se cumplió con el requisito esencial para darle validez a su promoción, pues no se advierte que haya expresado su voluntad en el referido escrito, ya que tal omisión no implica que quien supuestamente la suscribió efectivamente haya deseado presentar dicho escrito, por lo que la falta de firma autógrafa no es materia de prevención o requerimiento por parte de las autoridades fiscales, ya que el artículo 18 del Código Fiscal de la Federación establece como requisito de validez que toda promoción debe estar firmada, por lo que no es válido que se requiera al promovente para que subsane esa omisión. Notifíquese personalmente.Así lo acordó y firmó electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, asistida por Landy Li Dolores Vizcaya Guerrero, secretaria que da fe. Doy fe.

  4. Principal

    a las nueve horas del dieciocho de abril de dos mil veintitrés, se hace constar que en virtud de que la parte quejosa no comparecio en el término señalado, se hace efectivo el apercibimiento hecho en el aviso dejado en el domicilio señalado para recibir notificaciones y notifico por lista fijada en los estrados de este organo jurisdiccional, así como por lista en la página electrónica del portal de internet del Poder Judicial de la Federación, al quejoso, el acuerdo de doce de abril de dos mil veintitrés, dictado en los autos del juicio de amparo 306/2023 del índice de este juzgado; quedando debidamente notificado del acuerdo de referencia, para los efectos legales conducentes, de conformidad con lo dispuesto con el artículo 27 fracción I, inciso c) en relación con el artículo 29 de la Ley de Amparo mismo que en su parte conducente dice: Tijuana, Baja California, a doce de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por ********************, ********************, ********************,********************,********************,********************y ******************** por el cual, pretenden desahogar la prevención formulada en proveído de tres de abril de dos mil veintitrés. Sin embargo, se estima que la misma no está cumplida en su totalidad, al considerar que la parte promovente refiere señalar, como acto concreto de aplicación del precepto 62 de la Ley de Movilidad Sustentable y Transporte del Estado de Baja California la expedición del decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, y el momento en que acudieron a realizar la verificación para seguir operando y/o explotando su permiso de transporte público. De igual modo, señalan que a las autoridades responsables Gobernadora del Estado de Baja california, Director General del Instituto de Movilidad Sustentable del Estado de Baja California y Director General de Policía y Tránsito Municipal del Municipio de Tijuana, les atribuyen los actos consistentes en cualquier acto que tenga como fin suspender o cancelar el servicio institucional de revisión mecánica que se deba realizar al transporte público de taxis en las modalidades de masivo, taxi de ruta, taxis de sitio, taxis con itinerario fijo o taxis sin itinerario fijo, que tenga como consecuencia la imposición de multas por la falta de dicha revisión. Lo cual genera incertidumbre para fijar debidamente la Litis constitucional. En consecuencia, requiérase a los promoventes para que cumplan con lo siguiente: Manifiesten bajo protesta de decir verdad, cuál es el acto concreto de aplicación del numeral 62 de la Ley de Movilidad Sustentable y Transporte del Estado de Baja California que tildan de inconstitucional, pues no existe claridad, si como tal, lo constituye la expedición del decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California o el momento en que acudieron a realizar la verificación para seguir operando y/o explotando su permiso de transporte público, y en caso de ser este último indiquen con claridad cómo es que, consideran, se aplicó ese precepto. Si bien señalan a diversas autoridades responsables, no existe claridad en relación con el acto que a estas se les atribuye, pues lo que se previno en el tercer punto del auto de tres de abril último, es que indicarán a qué autoridad o autoridades les atribuyen el acto concreto de aplicación del numeral 62 de la Ley de Movilidad Sustentable y Transporte del Estado de Baja California; sin embargo, en el escrito de cuenta adicionan diversos actos que no habían reclamado con antelación a dichas autoridades y ello no permite fijar la Litis de forma clara, por lo que deberán precisar a qué autoridad o autoridades les atribuyen el acto concreto de aplicación del numeral 62 de la Ley de Movilidad Sustentable y Transporte del Estado de Baja California y en caso de adicionar diversos actos a aquéllas, deberán formular el capítulo de conceptos de violación que estimen conducentes y ampliar los antecedentes respectivos (sin calificativos ni otras circunstancias ajenas a la causa de pedir). Por lo expuesto, se hace del conocimiento a ********************, ********************, ********************,********************,********************,********************y ********************, que subsiste la prevención señalada en proveído de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, misma que fue notificada de manera personal por conducto de su autorizada el veintitrés de marzo del año en curso; en el entendido que el plazo de cinco días otorgado inicialmente para el desahogo de la prevención, aun no transcurre en su totalidad; ya que el escrito de cuenta, fue presentado al cuarto día, por lo que les resta un día; el cual se computará a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído. Encuentra sustento por identidad jurídica, la jurisprudencia 2ª./J. 106/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVIII (noviembre de 2003), visible en la página 133, cuyo rubro y texto es: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO. De conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está facultado para mandar aclarar el escrito inicial de demanda cuando advierta alguna irregularidad, se haya omitido alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de la ley citada, no se haya indicado con precisión el acto reclamado o no se hayan exhibido las copias correspondientes a que alude el artículo 120 de dicho ordenamiento, debiendo precisar en el auto relativo las irregularidades o deficiencias advertidas, a fin de requerir al promovente para que en el término de tres días las subsane. Ahora bien, si se toma en cuenta que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la mencionada ley, según su artículo 2o., todas las promociones deberán acordarse a más tardar al día siguiente de presentadas, y en atención al principio de justicia pronta y expedita consignado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el de economía procesal, es indudable que cuando el quejoso en el primer o segundo de los tres días señalados en el referido artículo 146, presenta un escrito mediante el cual pretende cumplir con la prevención que le fue impuesta, el Juez debe emitir un acuerdo en el que tenga por presentado dicho escrito y admita la demanda si se satisfizo lo ordenado, o bien, en caso de no cumplir con tal requerimiento, señale las omisiones o defectos que aún subsistan para darle oportunidad de subsanarlos antes del vencimiento de esos tres días, ello en razón de que dicho término se le otorga en su beneficio. De no actuar así, se impediría al promovente enterarse de las razones por las cuales no está cumpliendo cabalmente con la prevención que le fue formulada, pese a estar en posibilidad temporal de aclarar su escrito de demanda." En la inteligencia, que conforme lo establece el numeral 108, de la Ley de Amparo, la presente prevención deberá ser desahogada únicamente por la parte quejosa, puesto que el propósito del escrito aclaratorio de una demanda de amparo indirecto es subsanar los vicios de alguna irregularidad del escrito inicial, de ahí que su escrito aclaratorio deba contar con firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados en su escrito inicial de demanda, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de amparo o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional; aunado a las manifestaciones bajo protesta de decir verdad que debe de formular el promovente. Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Agosto de 2014, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro señala: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA". Se advierte a los promoventes que conducirse con falsedad ante la autoridad judicial, implica la comisión de un delito, de conformidad con el artículo 261 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,192 así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales;" Se tiene por no presentado el escrito de cuenta a nombre de ********************,********************y********************. Por otra parte, de la certificación que antecede, se advierte que el escrito de cuenta carece de la firma de los quejosos ********************,********************y********************, por tanto, con fundamento en el artículo 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por no presentado tal ocurso, virtud que como se asentó en la certificación que antecede, el mismo carece de firma, por lo que no se advierte que el posible promovente haya expresado su voluntad en el referido escrito, es así, ya que tal omisión no implica que quien la suscribió efectivamente haya deseado exponer el contenido del ocurso, por lo que la falta de firma autógrafa no es materia de prevención o requerimiento por parte este juzgado. Sustenta lo anterior, en la parte que interesa, la tesis III.1o.A.93 A, con registro digital 186944, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, Novena Época, consultable en el Tomo XV, Mayo de 2002, página 1220, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto del tenor siguiente: "FIRMA AUTÓGRAFA. SU FALTA EN LAS PROMOCIONES PRESENTADAS A LAS AUTORIDADES FISCALES, CONSTITUYE UNA OMISIÓN QUE NO ES MATERIA DE PREVENCIÓN O REQUERIMIENTO PARA SUBSANARLA. El tercer párrafo del artículo 18 del Código Fiscal de la Federación se refiere a la facultad de la autoridad fiscal de requerir al promovente para que en caso de que una promoción no reúna los requisitos que señala dicho dispositivo, en un lapso de diez días subsane la omisión; tales requisitos se encuentran comprendidos en las cuatro fracciones que contiene dicho dispositivo, los que consisten en que la promoción presentada debe constar por escrito, señalar el nombre, denominación o razón social y el domicilio fiscal manifestado al Registro Federal de Contribuyentes para el efecto de fijar la competencia de la autoridad, y la clave que correspondió en dicho registro, señalar la autoridad a la que se dirige y el propósito de la promoción y, en su caso, el domicilio para oír y recibir notificaciones y el nombre de la persona autorizada para recibirlas. Ahora bien, si el escrito mediante el cual el quejoso presentó el recurso administrativo de revocación carece de firma autógrafa, esto significa que no se cumplió con el requisito esencial para darle validez a su promoción, pues no se advierte que haya expresado su voluntad en el referido escrito, ya que tal omisión no implica que quien supuestamente la suscribió efectivamente haya deseado presentar dicho escrito, por lo que la falta de firma autógrafa no es materia de prevención o requerimiento por parte de las autoridades fiscales, ya que el artículo 18 del Código Fiscal de la Federación establece como requisito de validez que toda promoción debe estar firmada, por lo que no es válido que se requiera al promovente para que subsane esa omisión. Notifíquese personalmente

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