Tito Edgar Corona Bonilla

Expediente 1437/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1437/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
11/01/2018

Partes del expediente

  • Tito Edgar Corona Bonilla

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, once de enero de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, de los cuales se desprende que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente interpusiera recurso de queja contra el auto de veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que lo haya hecho valer; consecuentemente, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, se declara que HA QUEDADO FIRME el auto de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se desechó la demanda de amparo no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de DESTRUCCIÓN después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita. Se ordena fijar la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto décimo primero del acuerdo en comento.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete. Vista la demanda de garantías presentada por Tito Edgar Corona Bonilla, contra actos de la autoridad responsable: 1. Juez Quinto de Defensa Social para el Estado de Puebla y 2. Diligenciaria encargada de los asuntos impares adscrita al Juzgado Quinto de Defensa Social para el Estado de Puebla; fórmese expediente de amparo y regístrese bajo el número 1437/2017-C, en el Libro de Gobierno de este juzgado. Signifíquese a las partes que el presente asunto se tramitará de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. Del estudio integral de la demanda de garantías, se advierte que el acto reclamado a la autoridad responsable consiste en: "(.) IV. ACTO RECLAMADO: DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, se reclama la resolución de fecha 15 quince de Diciembre de 2017 dos mil diecisiete, relativo a la sentencia interlocutoria que resolviera el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de fecha seis de septiembre de dos mil diecisiete, notificado el día miércoles veinte de diciembre de dos mil diecisiete, dentro del proceso 27/2004 por medio de la cual el Ciudadano Juez Quinto de Defensa Social para el Estado, resolvió: "PRIMERO.- ha sido procedente la tramitación del presente recurso. SEGUNDO. En cuanto al fondo, son improcedentes los conceptos de violación aducidos por el recurrente y NO SE REVOCA, el auto de fecha 06 seis de septiembre de 2017. TERCERO.- Notifíquese. (.)". Asimismo, el promovente refiere en el capítulo de antecedentes en el número siete lo siguiente: "(.) 7. Por auto de fecha seis de septiembre de dos mil diecisiete, el juez de la causa DECLARA AGOTADA LA INSTRUCCIÓN por lo cual se manda poner la causa a la vista de las partes para que en el término de cinco días ofrezca sus pruebas las cuales se desahogaran dentro de los quince días siguientes, auto que me fuera notificado el día catorce de septiembre de dos mil diecisiete. (.) En ese sentido, conforme a lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquel que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora el siguiente criterio: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Ello porque en la especie se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, esta última interpretada a contrario sentido, ambos preceptos de la Ley de Amparo en vigor, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley.". "ARTÍCULO 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;.". Por su parte, el ordinal 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan.". De una interpretación sistemática de las normas transcritas, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando en éste se reclamen actos dentro del procedimiento que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Así, conforme al principio de procedencia del juicio de amparo indirecto establecido en el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, el juicio constitucional indirecto sólo procede contra actos procesales de imposible reparación. Entendiéndose por "actos procesales de imposible reparación", las actuaciones cuyas consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tutelados por la Constitución Federal por medio de las garantías individuales. Por lo mismo, esa afectación, o sus efectos, para que sean considerados de imposible reparación no deben destruirse con el solo hecho de que quien las sufre obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Y, por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, como sucede en la especie. Máxime que los actos reclamados no pueden considerarse como actos de imposible reparación, pues no afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, sirve de apoyo en lo conducente la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: INSTRUCCIÓN. EL AUTO QUE LA DECLARA AGOTADA Y EL ACUERDO QUE RESUELVE QUE ES INFUNDADO EL RECURSO DE REVOCACIÓN INTERPUESTO CONTRA AQUÉL, NO CONSTITUYEN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Los artículos 147 y 150 del Código Federal de Procedimientos Penales prevén el procedimiento y las reglas para declarar agotada la instrucción, entre de lo que destaca que el Juez del proceso debe avisar a las partes sobre el estado procesal que guarda la causa penal un mes antes de que venzan los plazos ahí establecidos para declarar agotada la instrucción, y les dará un plazo inicial de 10 días para que se pronuncien al respecto, hecho lo cual, dictará el acuerdo respectivo, en el que les otorgará otro plazo de 10 días para que ofrezcan las últimas pruebas, las que se desahogarán dentro de los 15 días siguientes; sin embargo, el legislador dejó abierta la posibilidad de que el Juez recabe de oficio pruebas para mejor proveer e incluso, que duplique el término de 10 días para el ofrecimiento de pruebas, de suerte que dicho auto, así como el acuerdo que resuelve que es infundado el recurso de revocación interpuesto contra aquél, no constituyen actos de imposible reparación pues no afectan de manera material el derecho fundamental de defensa previsto en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino al contrario, se prevén diversas posibilidades para agotar las expectativas de defensa del justiciable, por lo que únicamente producen efectos intraprocesales susceptibles de desaparecer, lo que torna improcedente el juicio de amparo indirecto y, por ende, el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo donde tiene expedito su derecho a recurrirla; y, de continuar siéndole desfavorable, controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo. Época: Décima Registro: 2012822, Instancia: Cabe mencionar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 377/2013, estableció el criterio de que conforme a la nueva Ley de Amparo, el juicio constitucional contra actos cuya ejecución sean de imposible reparación dentro de juicio, necesariamente deben producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no llegará a trascender al resultado del fallo, además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Sobre la base expuesta, es evidente que el acto que se pretende combatir en esta instancia constitucional sólo produce efectos meramente intraprocesales que no causan en sí mismos, un perjuicio ni afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos de la parte quejosa, sino sólo produce efectos intraprocesales. Por tanto, el suscrito secretario encargado del despacho concluye que el acto reclamado consistente en la resolución de fecha quince de diciembre de dos mil diecisiete, que resolviera el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de fecha seis de septiembre de dos mil diecisiete, que declaró agotada la instrucción en la causa penal 27/2004 del índice de la responsable, no es impugnable a través del juicio de amparo indirecto, pues no encuadra en la hipótesis de procedencia del juicio de amparo contenida en el artículo 107, fracción III, inciso b) Constitucional en relación con el diverso precepto 107, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor, aplicadas estas fracciones a contrario sentido, porque, simplemente, no le causa a la parte peticionaria de garantías un daño de imposible reparación dentro del juicio, según las razones que ya fueron precisadas. Por lo que, al tratarse de un acto intraprocesal que obliga a que el procedimiento continúe hasta el dictado de la sentencia; que de resultar favorable a los intereses de la hoy parte quejosa, la posible afectación que reclama quedaría reparada; y, en caso contrario, si la sentencia fuera en contra del afectado y esa violación procesal trascendiera al resultado del fallo final, la parte quejosa podría reclamarla a través del juicio de amparo directo en términos de los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del numeral 173, apartado A, fracciones VII y XIV de la Ley de Amparo vigente. En efecto, dicha porción normativa establece los supuestos jurídicos, impugnables en amparo directo: Artículo 173. En los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso, cuando: Apartado A. Sistema de Justicia Penal Mixto (.) XIV. En los demás casos análogos a los de las fracciones anteriores, a juicio del órgano jurisdiccional de amparo. (.) Luego, la actuación reclamada corresponde a actos dentro de juicio, de carácter intraprocesal, que no tiene una ejecución de imposible reparación, por lo que no procede en su contra el juicio de amparo indirecto, ya que no se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con el diverso numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente; y en cambio, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 173, Apartado A, fracciones VII y XIV de la mencionada ley, como ya se dijo, se trata de una violación intraprocesal impugnable vía amparo directo que, en su caso, se promueva contra la sentencia. Consecuentemente, al actualizarse de modo indudable y manifiesto la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado a contrario sentido, ambos de la Ley de Amparo en vigor, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTÍAS con fundamento en el artículo 113 de la citada ley. Por otra parte, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de cuenta; y, por autorizados, con las facultades amplias previstas en el artículo 12 de la Ley de Amparo vigente a Rubén Escalona Sánchez e Isidoro Lima Ruiz, al contar con cédulas profesionales números 3285492 y 2092346, respectivamente, de licenciados en derecho expedidas por la Secretaría de Educación Pública. No obstante lo anterior, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a) de la ley de Amparo, realícense las notificaciones que este juzgado considere necesario realizar de forma personal al quejoso en el lugar en que se encuentra recluido, esto es, en el Centro de Reinserción Social de la ciudad de Puebla. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Por otro lado, infórmese a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, así como en el diverso numeral 3 de la Ley de Amparo, se ordena integrar el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para lo cual, se digitalizarán oportunamente y de manera legible las constancias de los juicios que se presenten de manera impresa, y se imprimirán las que se presenten de forma electrónica. Con fundamento en los artículos 1, 3, 5, 6, 9, 15 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis,-que entró en vigor al día siguiente de su publicación- y reformado mediante decreto publicado en dicho órgano de difusión el veintisiete de enero de dos mil diecisiete; 1, 2, fracción V, 3, fracción X, 4, 7, 17, 18 y 24 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete,-que entró en vigor al día siguiente de su publicación-; así como los diversos numerales 1, fracción I, 14, 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos -este último aplicable al caso concreto de conformidad con los artículos Segundo Transitorio del decreto por el que se expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Cuarto y Séptimo Transitorios del Decreto por el que se emitió la Ley General en comento-, este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe de garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. De ahí que de conformidad con el artículo 6 de la Constitución, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares considerados como confidenciales, debiendo, en su caso, suprimir la información que tenga el carácter de reservada o confidencial.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 9,258 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano