Tomas Hernandez Tlaczani
Expediente 123/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 123/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Tomas Hernandez Tlaczani
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, trece de marzo de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del auto de veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, en el cual se tuvo por no presentada la demanda de garantías, sin que lo haya hecho valer. En consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo vigente, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para todos los efectos legales procedentes. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por tanto, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se tuvo por no presentada la demanda de garantías, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de DESTRUCCIÓN después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de febrero de dos mil dieciocho. Vista la certificación de esta fecha y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días concedido a la parte quejosa ******, para que diera cumplimiento al requerimiento que se le formuló el doce de febrero de dos mil dieciocho. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con que se le conminó a la parte quejosa en dicho acuerdo, y con apoyo en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo en vigor, se tiene por no presentada la demanda de garantías con la que se formó este expediente, al no haber dado cumplimiento íntegramente al requerimiento preventivo formulado en autos. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de febrero de dos mil dieciocho. Agréguese a los presentes autos el escrito signado por el quejoso Tomás Hernández Tlaczani, mediante el cual, pretende dar cumplimiento al requerimiento formulado el doce de febrero pasado, en el que se le previno para que: "ÚNICO. Precise cuál es la denominación correcta de la autoridad responsable que señaló como: "Agente del Ministerio Público de Casa de Justicia de San Andrés Cholula, Puebla"; pues es un hecho notorio que dicha autoridad no existe con esa denominación." Sin embargo, este órgano jurisdiccional advierte que la misma no se encuentra debidamente cumplida, dado que el quejoso en su escrito de cuenta señala que la denominación correcta de la autoridad responsable previamente citada es: Agente del Ministerio Público Orientadora de Casa de Justicia de San Andrés Cholula, Puebla; sin especificar a qué Agente del Ministerio Público Orientador en concreto señala como autoridad responsable, ya que en dicho recinto existen diversos Agentes del Ministerio Público Orientadores. En consecuencia, requiérase por segunda ocasión al promovente para que, manifieste bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: ÚNICO. Precise cuál es la denominación correcta de la autoridad responsable que señaló como: "Agente del Ministerio Público Orientadora de Casa de Justicia de San Andrés Cholula, Puebla"; pues es un hecho notorio que en el domicilio que indica la parte quejosa, existen diversos Agentes del Ministerio Público Orientadores, debiendo indicar a cuál de ellos señala como autoridad responsable. Lo anterior, para estar en condiciones de emplazar legalmente a quien tenga el carácter de parte en el presente asunto, debe precisarse su denominación correcta, pues esta autoridad Federal no puede presumirla, dado que éste es un requisito de forma de la demanda a efecto de estar en aptitud de requerir a la autoridad responsable su informe y, para establecer la relación procesal en el juicio de derechos fundamentales. Por tanto, en virtud de que la prevención formulada el doce de febrero de dos mil dieciocho, se le notificó por lista al quejoso el trece de febrero del presente año, surtió efectos dicha notificación el catorce de febrero siguiente, y el escrito del promovente con el cual pretendió desahogar dicho requerimiento fue presentado en este juzgado Federal el dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, es evidente que a la fecha no ha transcurrido el término de cinco días concedido para cumplir dicha prevención, el cual transcurrirá del quince al veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, descontando el diecisiete y dieciocho de febrero de dos mil dieciocho, por ser inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. Por ende, al haberse presentado el escrito de cuenta el dieciséis de febrero de dos mil dieciocho (el segundo día de los cinco concedidos), la parte quejosa aún cuenta con tres días para desahogar íntegramente la prevención de mérito. Hágase del conocimiento de la parte quejosa, que subsiste el apercibimiento formulado el doce de febrero de dos mil dieciocho, en el caso de no dar cumplimiento a la presente prevención, esto es, se tendrá por no presentada la demanda de garantías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son los siguientes: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO. De conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está facultado para mandar aclarar el escrito inicial de demanda cuando advierta alguna irregularidad, se haya omitido alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de la ley citada, no se haya indicado con precisión el acto reclamado o no se hayan exhibido las copias correspondientes a que alude el artículo 120 de dicho ordenamiento, debiendo precisar en el auto relativo las irregularidades o deficiencias advertidas, a fin de requerir al promovente para que en el término de tres días las subsane. Ahora bien, si se toma en cuenta que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la mencionada ley, según su artículo 2o., todas las promociones deberán acordarse a más tardar al día siguiente de presentadas, y en atención al principio de justicia pronta y expedita consignado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el de economía procesal, es indudable que cuando el quejoso en el primer o segundo de los tres días señalados en el referido artículo 146, presenta un escrito mediante el cual pretende cumplir con la prevención que le fue impuesta, el Juez debe emitir un acuerdo en el que tenga por presentado dicho escrito y admita la demanda si se satisfizo lo ordenado, o bien, en caso de no cumplir con tal requerimiento, señale las omisiones o defectos que aún subsistan para darle oportunidad de subsanarlos antes del vencimiento de esos tres días, ello en razón de que dicho término se le otorga en su beneficio. De no actuar así, se impediría al promovente enterarse de las razones por las cuales no está cumpliendo cabalmente con la prevención que le fue formulada, pese a estar en posibilidad temporal de aclarar su escrito de demanda."
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, doce de febrero de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo signada por Tomás Hernández Tlaczani; fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo 123/2018-E. Ahora bien, a fin de estar en condiciones de proveer respecto a la admisión de la demanda, con apoyo en los artículos 108, fracción III, 114, fracciones I y II, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente, para que dentro del plazo de cinco días siguiente a que quede notificada, bajo protesta de decir verdad, realice lo siguiente: ÚNICO. Precise cuál es la denominación correcta de la autoridad responsable que señaló como: "Agente del Ministerio Público de Casa de Justicia de San Andrés Cholula, Puebla"; pues es un hecho notorio que dicha autoridad no existe con esa denominación. Por tanto, para estar en condiciones de emplazar legalmente a quien tenga el carácter de parte en el presente asunto, debe precisarse su denominación correcta, pues esta autoridad Federal no puede presumirla, dado que éste es un requisito de forma de la demanda a efecto de estar en aptitud de requerir a la autoridad responsable su informe y, para establecer la relación procesal en el juicio de derechos fundamentales. Se apercibe a la parte promovente que de no dar cumplimiento a la presente prevención en el plazo señalado, se tendrá por no presentada la demanda de garantías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Amparo. Así mismo, signifíquesele que, para el desahogo de la prevención formulada en este auto, deberá presentar su escrito aclaratorio signado por él y no por conducto de autorizado alguno. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son los siguientes: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." En otro orden, toda vez que la parte quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones personales las listas de acuerdos de este juzgado, en términos del artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, realícense todas las notificaciones inclusive las personales por lista de acuerdos. Ténganse por autorizados en términos restringidos previstos en el artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que refiere, por así haberlo solicitado expresamente el quejoso. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Por otro lado, infórmese a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, así como en el diverso numeral 3 de la Ley de Amparo, se ordena integrar el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para lo cual, se digitalizarán oportunamente y de manera legible las constancias de los juicios que se presenten de manera impresa, y se imprimirán las que se presenten de forma electrónica. Con fundamento en los artículos 1, 3, 5, 6, 9, 15 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis,-que entró en vigor al día siguiente de su publicación- y reformado mediante decreto publicado en dicho órgano de difusión el veintisiete de enero de dos mil diecisiete; 1, 2, fracción V, 3, fracción X, 4, 7, 17, 18 y 24 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete,-que entró en vigor al día siguiente de su publicación-; así como los diversos numerales 1, fracción I, 14, 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos -este último aplicable al caso concreto de conformidad con los artículos Segundo Transitorio del decreto por el que se expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Cuarto y Séptimo Transitorios del Decreto por el que se emitió la Ley General en comento-, este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe de garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. De ahí que de conformidad con el artículo 6 de la Constitución, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares considerados como confidenciales, debiendo, en su caso, suprimir la información que tenga el carácter de reservada o confidencial.
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