Tomas Garcia Segura

Expediente 907/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 18 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
907/2019
Año
2019
Actuaciones
18
Última actuación
13/11/2020

Partes del expediente

  • Tomas Garcia Segura

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, trece de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran del acuerdo dictado el trece de octubre de dos mil veinte, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del veintidós de octubre al doce de noviembre de dos mil veinte, sin que lo hayan hecho. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido, en cumplimiento a los artículos 15 y 18, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto en el que, por una parte, se sobreseyó, y por la otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos tres años, debiéndose conservar la demanda; la sentencia y el presente proveído que ordena el archivo del asunto; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se negó la medida cautelar solicitada respecto del acto reclamado, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del citado Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción II, inciso a), del artículo 20, del propio Acuerdo General, es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, siempre y cuando se cuente con el original. Se ordena indicar la valoración en la carátula del expediente, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió la autoridad responsable como justificación a su informe, se ordena devolver a la 1. Agente del Ministerio Público Investigadora adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana de la Fiscalía General del Estado de Puebla (Carmina Barrera Machorro), los anexos I y II, que se formaron con la copia certificada de diversas constancias que integran la averiguación previa 1090/2013/SACHO de su índice, sin que sea necesario requerir el acuse de recibo toda vez que la citada autoridad responsable se encuentra dentro de la zona conurbada del lugar de residencia de este juzgado federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, para que se cerciore que en el acuse de dicha misiva, se haga constar la entrega del documento descrito. Notifíquese por lista a la parte quejosa y tercera interesada, debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; por oficio a las autoridades responsables; y, al agente del Ministerio Público Federal adscrito.Así lo proveyó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante el(la) secretario(a) Maribel Pereda Corvera, que autoriza y da fe. Doy fe. (FIRMADO ELECTRONICAMENTE) (FIRMADO ELECTRONICAMENTE) En la propia fecha se turnó el expediente a la Actuaría. Conste. El(la) suscrito(a) Secretario(a) del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, doy fe de que la resolución que antecede (y la promoción que le dio origen, en su caso) se agregó al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y coincide en su totalidad al expediente electrónico e impreso de conformidad con los párrafos quinto y séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Doy fe.

  2. Principal

    Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo otorgado a las partes quejosa y tercero interesada, mediante proveído de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, a efecto de que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que hayan realizado manifestación alguna al respecto. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el veinticuatro de agosto dos mil veinte, este juzgado de Distrito concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Tomás García Segura, para que la 1. Agente del Ministerio Público Investigadora adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana de la Fiscalía General del Estado de Puebla (Carmina Barrera Machorro), realizara lo siguiente: NOVENO. Efectos de la concesión del amparo. En términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, lo procedente es conceder el amparo a Tomás García Segura, para el efecto de que la 1. Agente del Ministerio Público Investigadora adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana de la Fiscalía General del Estado de Puebla (Carmina Barrera Machorro), una vez que cause ejecutoria y se le requiera el cumplimiento de esta sentencia, dentro del plazo establecido, realice lo siguiente: 1. Deberá dejar insubsistente la determinación de veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, dentro de la averiguación previa 1090/2013/SACHO de su índice, respecto al no ejercicio de la acción penal y, el consecuente archivo definitivo por obstáculo material insuperable de ésta; y, en su lugar, 2. Con libertad de decisión, deberá resolver respecto del ejercicio o inejercicio de la acción penal, pero de ser en este último sentido, deberá fundar y motivar su resolución, esto es, con base en las pruebas que obran en la indagatoria de origen determine si se acreditan o no los elementos del cuerpo del delito de fraude, así como la probable responsabilidad del indiciado en su comisión. 3. Lo anterior, deberá notificarlo a las partes; y, 4. Remitirá a este órgano de control constitucional las constancias que justifiquen el cumplimiento de la sentencia protectora". En acuerdo de veintiuno de septiembre de dos mil veinte, se declaró que dicha sentencia causó ejecutoria, por lo que se requirió su cumplimiento. Así, por oficio 301/2020-ST, la agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana (Carmina Barrera Machorro), informó que cumplió la ejecutoria de amparo, y adjuntó la determinación de ocho de septiembre del actual emitida en la averiguación previa 1090/2013/SACHO de su índice, así como las constancias de notificación. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se advierte que la fiscal responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo realizó lo siguiente: a). Que dejó sin efectos la determinación de veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, dentro de la averiguación previa 1090/2013/SACHO de su índice, respecto al no ejercicio de la acción penal por obstáculo material insuperable. b) En su lugar, pronunció otra en la cual sostuvo que en el caso es improcedente el ejercicio de la acción penal persecutoria al considerar atípicos los hechos denunciados por el aquí quejoso Tomás García Segura, en términos del artículo 30 Bis fracción I, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, para lo cual examinó los siguientes medios de prueba que obran en la citada indagatoria: 1. La querella formulada por Tomás García Segura, por el delito de fraude en contra de Hilarión García Xelhua, efectuada el seis de mayo de dos mil trece, a la cual otorgó valor indiciario en términos del artículo 78, fracción I del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, citando al efecto una tesis de jurisprudencia de rubro: "OFENDIDO, VALOR DE LA DECLARACIÓN DEL.-". 2. Las documentales relativas al original del recibo folio 01, de fecha once de abril de dos mil once a nombre de Hilarión García Xelhua por la cantidad de $60,000.00 (sesenta mil pesos, cero centavos moneda nacional) y, la minuta de compra venta de la misma fecha, celebrada ante el Juzgado de Paz de San Bernardino Chalchihuapan, Municipio de Ocoyucan, Puebla, entre Crecencia Petra Ponce Jiménez (vendedora) y Lázaro García Segura (comprador), las cuales valoró la responsable en términos de los artículos 196 y 197 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, pero señaló que no eran eficaces para acreditar el delito de fraude específico. 3. La declaración de los testigos de cargo Rafael García Segura y Zenaida Ocotl Flores, llevada a cabo el dieciocho de julio de dos mil trece, respecto de las que refirió carecían de todo valor probatorio conforme a lo establecido en los artículos 201 y 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla. 4. Dictamen contable folio 498/2013 de veinte de septiembre de dos mil trece, signado por la perito en materia contable Tania Huerta Carrera adscrita a la entonces Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, respecto de la cual, señaló que carecía de todo valor probatorio en términos del artículo 200 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla. 5. Declaración de veintiuno de noviembre de dos mil trece, a cargo de Hilarión García Xelhua y ratificación de ésta, a la que otorgó pleno valor probatorio, esto, en términos del artículo 70 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla. 6. Dictamen GYD-183/2015, en materia de documentoscopía emitido por José Raúl Rafael Lara Taboada, adscrito a la entonces Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, a la que otorgó valor probatorio en términos, entre otros, del artículo 200 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla. 7. Dictamen pericial en materia de grafoscopía, emitido por el perito Adelfo Pastor Sánchez, nombrado por Hilarión García Xelhua, la que señaló la responsable carece de todo valor probatorio en términos del artículo 200 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla. 8. Dictamen GYD-4/2016, en grafoscopía emitido por la perito Lorena Domínguez Hernández, adscrita a la entonces Dirección General de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Puebla, a la cual, otorgó pleno valor probatorio en términos, entre otros, del artículo 200 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla. Una vez realizada dicha valoración motivó su determinación relacionando las pruebas señaladas y, precisando por qué a su consideración no se encuentra acreditado el cuerpo del delito de fraude que se le atribuye a Hilarión García Xelhua. Realizado lo anterior, determinó con libertad de decisión, el no ejercicio de la acción penal y, ordenó el archivo definitivo de la misma por atipidad. c) El veintidós de septiembre del año en curso, notificó al solicitante de amparo, la citada determinación. Con esto se subsana la deficiencia en que incurrió el fiscal responsable, ya que dejó insubsistente la determinación reclamada, y emitió otra en la que, con libertad de decisión, con base en las pruebas que obran en la indagatoria de origen determinó que no se acreditan los elementos del cuerpo del delito de fraude específico, así como la probable responsabilidad del indiciado en su comisión; y finalmente, notificó la resolución. En tal virtud, al haberse satisfecho los extremos de la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia.

  3. Principal

    CAPTURA CITATORIO- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO HILARION GARCÍA XELHUA, LA RESOLUCION DE TRECE DE OCTUBRE DE 2020, QUE DICE: Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo otorgado a las partes quejosa y tercero interesada, mediante proveído de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, a efecto de que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que hayan realizado manifestación alguna al respecto. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el veinticuatro de agosto dos mil veinte, este juzgado de Distrito concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Tomás García Segura, para que la 1. Agente del Ministerio Público Investigadora adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana de la Fiscalía General del Estado de Puebla (Carmina Barrera Machorro), realizara lo siguiente: NOVENO. Efectos de la concesión del amparo. En términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, lo procedente es conceder el amparo a Tomás García Segura, para el efecto de que la 1. Agente del Ministerio Público Investigadora adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana de la Fiscalía General del Estado de Puebla (Carmina Barrera Machorro), una vez que cause ejecutoria y se le requiera el cumplimiento de esta sentencia, dentro del plazo establecido, realice lo siguiente: 1. Deberá dejar insubsistente la determinación de veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, dentro de la averiguación previa 1090/2013/SACHO de su índice, respecto al no ejercicio de la acción penal y, el consecuente archivo definitivo por obstáculo material insuperable de ésta; y, en su lugar, 2. Con libertad de decisión, deberá resolver respecto del ejercicio o inejercicio de la acción penal, pero de ser en este último sentido, deberá fundar y motivar su resolución, esto es, con base en las pruebas que obran en la indagatoria de origen determine si se acreditan o no los elementos del cuerpo del delito de fraude, así como la probable responsabilidad del indiciado en su comisión. 3. Lo anterior, deberá notificarlo a las partes; y, 4. Remitirá a este órgano de control constitucional las constancias que justifiquen el cumplimiento de la sentencia protectora". En acuerdo de veintiuno de septiembre de dos mil veinte, se declaró que dicha sentencia causó ejecutoria, por lo que se requirió su cumplimiento. Así, por oficio 301/2020-ST, la agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana (Carmina Barrera Machorro), informó que cumplió la ejecutoria de amparo, y adjuntó la determinación de ocho de septiembre del actual emitida en la averiguación previa 1090/2013/SACHO de su índice, así como las constancias de notificación. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se advierte que la fiscal responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo realizó lo siguiente: a). Que dejó sin efectos la determinación de veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, dentro de la averiguación previa 1090/2013/SACHO de su índice, respecto al no ejercicio de la acción penal por obstáculo material insuperable. b) En su lugar, pronunció otra en la cual sostuvo que en el caso es improcedente el ejercicio de la acción penal persecutoria al considerar atípicos los hechos denunciados por el aquí quejoso Tomás García Segura, en términos del artículo 30 Bis fracción I, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, para lo cual examinó los siguientes medios de prueba que obran en la citada indagatoria: 1. La querella formulada por Tomás García Segura, por el delito de fraude en contra de Hilarión García Xelhua, efectuada el seis de mayo de dos mil trece, a la cual otorgó valor indiciario en términos del artículo 78, fracción I del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, citando al efecto una tesis de jurisprudencia de rubro: "OFENDIDO, VALOR DE LA DECLARACIÓN DEL.-". 2. Las documentales relativas al original del recibo folio 01, de fecha once de abril de dos mil once a nombre de Hilarión García Xelhua por la cantidad de $60,000.00 (sesenta mil pesos, cero centavos moneda nacional) y, la minuta de compra venta de la misma fecha, celebrada ante el Juzgado de Paz de San Bernardino Chalchihuapan, Municipio de Ocoyucan, Puebla, entre Crecencia Petra Ponce Jiménez (vendedora) y Lázaro García Segura (comprador), las cuales valoró la responsable en términos de los artículos 196 y 197 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, pero señaló que no eran eficaces para acreditar el delito de fraude específico. 3. La declaración de los testigos de cargo Rafael García Segura y Zenaida Ocotl Flores, llevada a cabo el dieciocho de julio de dos mil trece, respecto de las que refirió carecían de todo valor probatorio conforme a lo establecido en los artículos 201 y 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla. 4. Dictamen contable folio 498/2013 de veinte de septiembre de dos mil trece, signado por la perito en materia contable Tania Huerta Carrera adscrita a la entonces Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, respecto de la cual, señaló que carecía de todo valor probatorio en términos del artículo 200 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla. 5. Declaración de veintiuno de noviembre de dos mil trece, a cargo de Hilarión García Xelhua y ratificación de ésta, a la que otorgó pleno valor probatorio, esto, en términos del artículo 70 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla. 6. Dictamen GYD-183/2015, en materia de documentoscopía emitido por José Raúl Rafael Lara Taboada, adscrito a la entonces Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, a la que otorgó valor probatorio en términos, entre otros, del artículo 200 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla. 7. Dictamen pericial en materia de grafoscopía, emitido por el perito Adelfo Pastor Sánchez, nombrado por Hilarión García Xelhua, la que señaló la responsable carece de todo valor probatorio en términos del artículo 200 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla. 8. Dictamen GYD-4/2016, en grafoscopía emitido por la perito Lorena Domínguez Hernández, adscrita a la entonces Dirección General de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Puebla, a la cual, otorgó pleno valor probatorio en términos, entre otros, del artículo 200 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla. Una vez realizada dicha valoración motivó su determinación relacionando las pruebas señaladas y, precisando por qué a su consideración no se encuentra acreditado el cuerpo del delito de fraude que se le atribuye a Hilarión García Xelhua. Realizado lo anterior, determinó con libertad de decisión, el no ejercicio de la acción penal y, ordenó el archivo definitivo de la misma por atipidad. c) El veintidós de septiembre del año en curso, notificó al solicitante de amparo, la citada determinación. Con esto se subsana la deficiencia en que incurrió el fiscal responsable, ya que dejó insubsistente la determinación reclamada, y emitió otra en la que, con libertad de decisión, con base en las pruebas que obran en la indagatoria de origen determinó que no se acreditan los elementos del cuerpo del delito de fraude específico, así como la probable responsabilidad del indiciado en su comisión; y finalmente, notificó la resolución. En tal virtud, al haberse satisfecho los extremos de la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia.

  4. Principal

    CAPTURA CITATORIO- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA RESOLUCION DE TRECE DE OCTUBRE DE 2020, QUE DICE: Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo otorgado a las partes quejosa y tercero interesada, mediante proveído de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, a efecto de que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que hayan realizado manifestación alguna al respecto. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el veinticuatro de agosto dos mil veinte, este juzgado de Distrito concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Tomás García Segura, para que la 1. Agente del Ministerio Público Investigadora adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana de la Fiscalía General del Estado de Puebla (Carmina Barrera Machorro), realizara lo siguiente: NOVENO. Efectos de la concesión del amparo. En términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, lo procedente es conceder el amparo a Tomás García Segura, para el efecto de que la 1. Agente del Ministerio Público Investigadora adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana de la Fiscalía General del Estado de Puebla (Carmina Barrera Machorro), una vez que cause ejecutoria y se le requiera el cumplimiento de esta sentencia, dentro del plazo establecido, realice lo siguiente: 1. Deberá dejar insubsistente la determinación de veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, dentro de la averiguación previa 1090/2013/SACHO de su índice, respecto al no ejercicio de la acción penal y, el consecuente archivo definitivo por obstáculo material insuperable de ésta; y, en su lugar, 2. Con libertad de decisión, deberá resolver respecto del ejercicio o inejercicio de la acción penal, pero de ser en este último sentido, deberá fundar y motivar su resolución, esto es, con base en las pruebas que obran en la indagatoria de origen determine si se acreditan o no los elementos del cuerpo del delito de fraude, así como la probable responsabilidad del indiciado en su comisión. 3. Lo anterior, deberá notificarlo a las partes; y, 4. Remitirá a este órgano de control constitucional las constancias que justifiquen el cumplimiento de la sentencia protectora". En acuerdo de veintiuno de septiembre de dos mil veinte, se declaró que dicha sentencia causó ejecutoria, por lo que se requirió su cumplimiento. Así, por oficio 301/2020-ST, la agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana (Carmina Barrera Machorro), informó que cumplió la ejecutoria de amparo, y adjuntó la determinación de ocho de septiembre del actual emitida en la averiguación previa 1090/2013/SACHO de su índice, así como las constancias de notificación. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se advierte que la fiscal responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo realizó lo siguiente: a). Que dejó sin efectos la determinación de veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, dentro de la averiguación previa 1090/2013/SACHO de su índice, respecto al no ejercicio de la acción penal por obstáculo material insuperable. b) En su lugar, pronunció otra en la cual sostuvo que en el caso es improcedente el ejercicio de la acción penal persecutoria al considerar atípicos los hechos denunciados por el aquí quejoso Tomás García Segura, en términos del artículo 30 Bis fracción I, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, para lo cual examinó los siguientes medios de prueba que obran en la citada indagatoria: 1. La querella formulada por Tomás García Segura, por el delito de fraude en contra de Hilarión García Xelhua, efectuada el seis de mayo de dos mil trece, a la cual otorgó valor indiciario en términos del artículo 78, fracción I del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, citando al efecto una tesis de jurisprudencia de rubro: "OFENDIDO, VALOR DE LA DECLARACIÓN DEL.-". 2. Las documentales relativas al original del recibo folio 01, de fecha once de abril de dos mil once a nombre de Hilarión García Xelhua por la cantidad de $60,000.00 (sesenta mil pesos, cero centavos moneda nacional) y, la minuta de compra venta de la misma fecha, celebrada ante el Juzgado de Paz de San Bernardino Chalchihuapan, Municipio de Ocoyucan, Puebla, entre Crecencia Petra Ponce Jiménez (vendedora) y Lázaro García Segura (comprador), las cuales valoró la responsable en términos de los artículos 196 y 197 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, pero señaló que no eran eficaces para acreditar el delito de fraude específico. 3. La declaración de los testigos de cargo Rafael García Segura y Zenaida Ocotl Flores, llevada a cabo el dieciocho de julio de dos mil trece, respecto de las que refirió carecían de todo valor probatorio conforme a lo establecido en los artículos 201 y 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla. 4. Dictamen contable folio 498/2013 de veinte de septiembre de dos mil trece, signado por la perito en materia contable Tania Huerta Carrera adscrita a la entonces Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, respecto de la cual, señaló que carecía de todo valor probatorio en términos del artículo 200 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla. 5. Declaración de veintiuno de noviembre de dos mil trece, a cargo de Hilarión García Xelhua y ratificación de ésta, a la que otorgó pleno valor probatorio, esto, en términos del artículo 70 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla. 6. Dictamen GYD-183/2015, en materia de documentoscopía emitido por José Raúl Rafael Lara Taboada, adscrito a la entonces Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, a la que otorgó valor probatorio en términos, entre otros, del artículo 200 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla. 7. Dictamen pericial en materia de grafoscopía, emitido por el perito Adelfo Pastor Sánchez, nombrado por Hilarión García Xelhua, la que señaló la responsable carece de todo valor probatorio en términos del artículo 200 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla. 8. Dictamen ..., en grafoscopía emitido por la perito Lorena Domínguez Hernández, adscrita a la entonces Dirección General de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Puebla, a la cual, otorgó pleno valor probatorio en términos, entre otros, del artículo 200 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla. Una vez realizada dicha valoración motivó su determinación relacionando las pruebas señaladas y, precisando por qué a su consideración no se encuentra acreditado el cuerpo del delito de fraude que se le atribuye a Hilarión García Xelhua. Realizado lo anterior, determinó con libertad de decisión, el no ejercicio de la acción penal y, ordenó el archivo definitivo de la misma por atipidad. c) El veintidós de septiembre del año en curso, notificó al solicitante de amparo, la citada determinación. Con esto se subsana la deficiencia en que incurrió el fiscal responsable, ya que dejó insubsistente la determinación reclamada, y emitió otra en la que, con libertad de decisión, con base en las pruebas que obran en la indagatoria de origen determinó que no se acreditan los elementos del cuerpo del delito de fraude específico, así como la probable responsabilidad del indiciado en su comisión; y finalmente, notificó la resolución. En tal virtud, al haberse satisfecho los extremos de la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia.

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