Thaimi Xochitemo Cervantes

Expediente 797/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
797/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
07/09/2018

Partes del expediente

  • Thaimi Xochitemo Cervantes

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, siete de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, en el que se desechó su demanda de amparo, sin que lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al tratarse este de un expediente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se desechó la demanda de garantías no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción I del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de agosto de dos mil dieciocho. RADICACIÓN. Visto lo de cuenta, fórmese expediente y regístrese la demanda de amparo con el número 797/2018-C, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este Juzgado. DESECHAMIENTO. En principio, conviene señalar que del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado por el promovente THAIMI XOCHITEMO CERVANTES, a la 1. Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, dentro del toca de apelación 13/2018 de su índice, lo siguiente: - El auto de dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, en el que ordena al Juez Tercero de lo Penal de la ciudad de Puebla que señale día y hora para la celebración de la diligencia de careos procesales entre los sentenciados Irene Tejada González y Guadalupe Tejada González, Roberto González Sánchez, los coencausados Yadira Vargas Tejada y Migues Ángel Vargas Tejada y Miguel Vargas Armenta, con la promovente THAIMI XOCHITEMO CERVANTES, y los testigos de cargo Pedro Pació Moreno, Imer Edrey Morales Zacarías y José Romero Hernández. Así, del análisis de lo que reclama el peticionario de amparo es factible advertir que se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 dela Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)" El artículo transcrito regula el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el cual, como juicio excepcional que es, sólo procede contra aquellas resoluciones o actos de autoridad que no admitan recurso o medio de defensa alguno conforme al cual puedan ser revocadas, modificadas o nulificadas; de modo que aquellas resoluciones que pueden ser susceptibles de ser revocadas, modificadas o anuladas a través de tales medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de amparo (como ocurre en la especie), sino sólo lo serán aquellas resoluciones que recaigan a tales medios de defensa ordinarios previstos en la ley aplicable al caso en concreto. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia I.6o.C. J/37 sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Ahora bien, la parte quejosa acude ante este órgano jurisdiccional a reclamar el auto de dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, en el que ordena al Juez Tercero de lo Penal de la ciudad de Puebla que señale día y hora para la celebración de la diligencia de careos procesales entre los sentenciados Irene Tejada González y Guadalupe Tejada González, Roberto González Sánchez, los coencausados Yadira Vargas Tejada y Migues Ángel Vargas Tejada y Miguel Vargas Armenta, con la promovente THAIMI XOCHITEMO CERVANTES, y los testigos de cargo Pedro Pació Moreno, Imer Edrey Morales Zacarías y José Romero Hernández. En ese orden, es evidente que tal acto es susceptible de ser impugnado a través del recurso de reposición, a que se refiere el artículo 268 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, que dispone: "Artículo 268.- El recurso de revocación toma el nombre de reposición cuando se trata de autos dictados en la substanciación de la segunda instancia." En efecto, del análisis del citado artículo, se aprecia que el recurso de reposición resulta procedente en contra de autos dictados en la substanciación de la segunda instancia, a fin de que el mismo tribunal que los dictó examine nuevamente la cuestión y para el efecto de que confirme, modifique o deje sin efecto y dicte la resolución que corresponda. Lo anterior es así, ya que al accionante de amparo le reviste el carácter de parte en el toca de apelación 13/2018 del índice de la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, lo que implica que se encuentra haciendo valer sus derechos y cargas procesales, es decir, se le escucha en juicio y, en razón de ello, está en aptitud de interponer el medio de impugnación referido en contra del auto que hoy reclama. Bajo ese contexto, puede concluirse que el promovente se encontraba obligado a agotar el medio de defensa ordinario consistente en el recurso de reposición que prevé el artículo 268 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla y, al no haberlo hecho, no respetó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Al respecto, resulta aplicable al caso, por analogía, la siguiente jurisprudencia cuyo rubro y texto dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CUANDO SE RECLAMAN AUTOS DE TRÁMITE QUE SE EMITEN DURANTE EL PROCEDIMIENTO EN MATERIA DE DEFENSA SOCIAL Y/O SU NOTIFICACIÓN, POR NO AGOTARSE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Cuando el acto reclamado en el amparo lo constituye un auto de trámite y/o su correspondiente notificación durante la secuela procesal, el juicio de garantías es improcedente en términos del artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, porque dichos actos pueden ser modificados, revocados o nulificados; respecto del primero, mediante el recurso de revocación previsto en el artículo 267 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social y, en relación con el segundo, mediante el incidente de nulidad de notificación contemplado en los diversos artículos 46, fracción XIV y 349 del mismo ordenamiento legal; medios de impugnación ordinarios que deben agotarse previamente al intentarse el juicio de garantías, para así cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo." Por lo expuesto, se insiste que el acto que por esta vía se combate debió ser impugnado a través del recurso antes referido, tomando en cuenta que el acto reclamado no se trata de alguno que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 dela Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; tampoco consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la quejosa; y, el inconforme es parte en el toca de apelación del que deriva el acto reclamado, tal como lo manifiesta en el escrito de demanda de amparo que se analiza. En mérito de lo expuesto, se estima que en la especie opera la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, y, por ende, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de derechos fundamentales por notoriamente improcedente. Al respecto, conviene citar la jurisprudencia I.13o.A. J/6 sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." DOMICILIO. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que indica en su libelo de cuenta. AUTORIZADOS. Se tiene como autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a María Guadalupe Palacios Fortiz, atento a que después de consultar la página de internet www.cedulaprofesional.sep.gob.mx, se constató que sí cuenta con cédula profesional que lo acredita como licenciado en derecho. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atenta la carga de trabajo y al principio de expedites en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.

  3. Principal

    CAPTURA CITATORIO- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCION DE VEINTITRES DE AGOSTO DE 2018, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de agosto de dos mil dieciocho. RADICACIÓN. Visto lo de cuenta, fórmese expediente y regístrese la demanda de amparo con el número 797/2018-C, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este Juzgado. DESECHAMIENTO. En principio, conviene señalar que del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado por el promovente THAIMI XOCHITEMO CERVANTES, a la 1. Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, dentro del toca de apelación 13/2018 de su índice, lo siguiente: - El auto de dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, en el que ordena al Juez Tercero de lo Penal de la ciudad de Puebla que señale día y hora para la celebración de la diligencia de careos procesales entre los sentenciados Irene Tejada González y Guadalupe Tejada González, Roberto González Sánchez, los coencausados Yadira Vargas Tejada y Migues Ángel Vargas Tejada y Miguel Vargas Armenta, con la promovente THAIMI XOCHITEMO CERVANTES, y los testigos de cargo Pedro Pació Moreno, Imer Edrey Morales Zacarías y José Romero Hernández. Así, del análisis de lo que reclama el peticionario de amparo es factible advertir que se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 dela Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)" El artículo transcrito regula el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el cual, como juicio excepcional que es, sólo procede contra aquellas resoluciones o actos de autoridad que no admitan recurso o medio de defensa alguno conforme al cual puedan ser revocadas, modificadas o nulificadas; de modo que aquellas resoluciones que pueden ser susceptibles de ser revocadas, modificadas o anuladas a través de tales medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de amparo (como ocurre en la especie), sino sólo lo serán aquellas resoluciones que recaigan a tales medios de defensa ordinarios previstos en la ley aplicable al caso en concreto. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia I.6o.C. J/37 sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Ahora bien, la parte quejosa acude ante este órgano jurisdiccional a reclamar el auto de dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, en el que ordena al Juez Tercero de lo Penal de la ciudad de Puebla que señale día y hora para la celebración de la diligencia de careos procesales entre los sentenciados Irene Tejada González y Guadalupe Tejada González, Roberto González Sánchez, los coencausados Yadira Vargas Tejada y Migues Ángel Vargas Tejada y Miguel Vargas Armenta, con la promovente THAIMI XOCHITEMO CERVANTES, y los testigos de cargo Pedro Pació Moreno, Imer Edrey Morales Zacarías y José Romero Hernández. En ese orden, es evidente que tal acto es susceptible de ser impugnado a través del recurso de reposición, a que se refiere el artículo 268 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, que dispone: "Artículo 268.- El recurso de revocación toma el nombre de reposición cuando se trata de autos dictados en la substanciación de la segunda instancia." En efecto, del análisis del citado artículo, se aprecia que el recurso de reposición resulta procedente en contra de autos dictados en la substanciación de la segunda instancia, a fin de que el mismo tribunal que los dictó examine nuevamente la cuestión y para el efecto de que confirme, modifique o deje sin efecto y dicte la resolución que corresponda. Lo anterior es así, ya que al accionante de amparo le reviste el carácter de parte en el toca de apelación 13/2018 del índice de la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, lo que implica que se encuentra haciendo valer sus derechos y cargas procesales, es decir, se le escucha en juicio y, en razón de ello, está en aptitud de interponer el medio de impugnación referido en contra del auto que hoy reclama. Bajo ese contexto, puede concluirse que el promovente se encontraba obligado a agotar el medio de defensa ordinario consistente en el recurso de reposición que prevé el artículo 268 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla y, al no haberlo hecho, no respetó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Al respecto, resulta aplicable al caso, por analogía, la siguiente jurisprudencia cuyo rubro y texto dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CUANDO SE RECLAMAN AUTOS DE TRÁMITE QUE SE EMITEN DURANTE EL PROCEDIMIENTO EN MATERIA DE DEFENSA SOCIAL Y/O SU NOTIFICACIÓN, POR NO AGOTARSE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Cuando el acto reclamado en el amparo lo constituye un auto de trámite y/o su correspondiente notificación durante la secuela procesal, el juicio de garantías es improcedente en términos del artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, porque dichos actos pueden ser modificados, revocados o nulificados; respecto del primero, mediante el recurso de revocación previsto en el artículo 267 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social y, en relación con el segundo, mediante el incidente de nulidad de notificación contemplado en los diversos artículos 46, fracción XIV y 349 del mismo ordenamiento legal; medios de impugnación ordinarios que deben agotarse previamente al intentarse el juicio de garantías, para así cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo." Por lo expuesto, se insiste que el acto que por esta vía se combate debió ser impugnado a través del recurso antes referido, tomando en cuenta que el acto reclamado no se trata de alguno que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 dela Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; tampoco consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la quejosa; y, el inconforme es parte en el toca de apelación del que deriva el acto reclamado, tal como lo manifiesta en el escrito de demanda de amparo que se analiza. En mérito de lo expuesto, se estima que en la especie opera la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, y, por ende, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de derechos fundamentales por notoriamente improcedente. Al respecto, conviene citar la jurisprudencia I.13o.A. J/6 sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." DOMICILIO. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que indica en su libelo de cuenta. AUTORIZADOS. Se tiene como autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a María Guadalupe Palacios Fortiz, atento a que después de consultar la página de internet www.cedulaprofesional.sep.gob.mx, se constató que sí cuenta con cédula profesional que lo acredita como licenciado en derecho. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atenta la carga de trabajo y al principio de expedites en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.

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