TERESITA DE JESÚS HERNÁNDEZ PÉREZ y Otros.
Expediente 1073/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 10 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1073/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- TERESITA DE JESÚS HERNÁNDEZ PÉREZ y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Informe sobre la suspensión de plano. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por Juan Francisco Rea Anda, en su carácter de apoderado del Instituto Mexicano del Seguro Social y en representación de la autoridad responsable Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Gineco Pediatría número 48 del Centro Médico Nacional Bajío del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad, mediante el cual rinde su informe respecto a la suspensión de plano, decretada en proveído de veintitrés de noviembre del año que transcurre fojas (109-110), asimismo, señala domicilio para oír y recibir notificaciones, designa delegados y solicita autorización para uso de medios electrónicos. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe correspondiente a la suspensión de plano por parte de la autoridad referida, de lo que se toma el debido conocimiento para los efectos legales que haya lugar. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas dada su especial naturaleza las documentales que acompaña a su informe la autoridad oficiante de las cuales háganse relación en la audiencia constitucional. Por otro lado, téngasele a la referida potestad, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones y designando delegados en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, a los que mencionan en su referido oficio. De igual manera, se le tiene señalando correo electrónico para cuestiones no procedimentales. En el entendido de que dicho medio podrá usarse para cuestiones procesales, en casos de excepción, siempre y cuando exista imposibilidad para entablar comunicación con la autoridad responsable por los medios tradicionales y en beneficio de la prontitud de la tramitación del presente juicio constitucional; lo que deberá ordenarse al actuario judicial a través del acuerdo correspondiente y en la diligencia respectiva certificarse dicha situación. De conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se les autoriza el uso de medios electrónicos como son cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos para consulta del expediente, excepto escáner que implique desglose de constancias, por así haberlo solicitado las autoridades oficiantes. Diferimiento de audiencia constitucional. Visto el estado procesal de autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de 15 días que establece el primer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, para que la autoridad responsable Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Gineco Pediatría número 48 del Centro Médico Nacional Bajío del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad, rinda su informe justificado respecto a la ampliación de demanda que hizo la quejosa. En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para hoy se difiere, y se fija como nueva fecha las nueve horas con treinta y tres minutos del once de enero de dos mil veinticuatro.
- Principal
Quejosa manifiesta su deseo de señalar autoridad responsable. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta presentado por la parte quejosa Teresita de Jesús Hernández Pérez, mediante el cual en atención a la vista formulada mediante proveído de seis de noviembre del año en curso (foja 77), manifiesta que señala como autoridad responsable al director de la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital Gineco Pediatría número 48 del Centro Médico Nacional Bajío del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad, el acto que les reclama y los conceptos de violación que formula. En atención a lo anterior, se tiene por ampliada la demanda por lo que hace a la autoridad responsable director de la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital Gineco Pediatría número 48 del Centro Médico Nacional Bajío del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad, en los términos solicitados. II. Solicitud de informes con justificación. En virtud de lo anterior, con copia del ocurso de cuenta y anexos, así como de la demanda de amparo y anexos, requiéraseles a la autoridad responsable director de la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital Gineco Pediatría número 48 del Centro Médico Nacional Bajío del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad, su informe con justificación que deberá rendir dentro del plazo de quince días, siguientes al en que reciba el oficio en el que se le solicita, en el que expresará las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, y al que deberá acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe, las cuales tendrán que ser completas, legibles y ordenadas en forma secuencial. III. Apercibimiento. Se apercibe a la autoridad requerida, que de no rendir su informe, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 del referido ordenamiento legal, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario; y se le impondrá en la sentencia, multa de cien a mil unidades de medida y actualización, la que se graduará de acuerdo a la trascendencia que acarreé su omisión en este juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. IV. En caso de que sobrevenga causal de improcedencia. Con la obligación que impone el artículo 64, primer párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se hace saber a la autoridad responsable, que deberá informar, de manera inmediata, cuando sobrevenga alguna causa que provoque el sobreseimiento en el presente juicio constitucional y de ser posible acompañar las constancias que lo acrediten; apercibida que de no hacerlo así, se le impondrá multa de treinta a trescientas unidades de medida y actualización, según la levedad o gravedad de la omisión; lo anterior, de conformidad con el numeral 251 de la ley de la materia; debido a que, por un lado, se continuaría la tramitación de un procedimiento constitucional ocioso en su prosecución, con el gravoso desperdicio de recursos materiales y humanos y, por otro lado, en el supuesto de que se determine conceder la protección de la justicia federal al promovente, el cumplimiento no podría materializarse, lo que contraviene el espíritu del artículo 77 de la Ley de Amparo. V. Ministerio Público. Acorde con lo establecido por el artículo 5, fracción IV de la ley de la materia, dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que le corresponde, y déjese a su disposición copia de la ampliación de demanda y anexos. VI. Audiencia constitucional. Se le hace del conocimiento que se encuentran señaladas las once horas con treinta y tres minutos del veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés (foja 77 vuelta), para que tenga verificativo la audiencia constitucional. VII. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, dada su especial naturaleza las documentales que la parte promovente anexó a su escrito de ampliación de demanda, respecto de lo cual hágase relación en la audiencia constitucional VIII. Se concede suspensión de plano. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 125 y 126, en relación con el 15 de la Ley de Amparo, se decreta de plano la suspensión del acto reclamado consistente en la violación al derecho a la salud que se traduce en la negativa de proporcionar atención médica especializada para atender los padecimientos de la quejosa menor de edad cuyo nombre lleva por iniciales K.N.S.H., el cual por su naturaleza puede poner en riesgo su integridad personal, y de los demás actos prohibidos por el artículo 22 constitucional que puedan afectar su vida, para el efecto de que: Se le proporcione la atención médica especializada a la quejosa menor de edad para atender sus padecimientos, para lo cual deberá dictar las medidas tendentes a garantizar su salud y salvaguarden su vida conforme a su expediente clínico, o lo que resulte de la valoración médica que se dé en cumplimiento a la presente medida cautelar. En el entendido que de existir una imposibilidad material del Instituto Mexicano del Seguro Social para dar cumplimiento a lo anterior, deberá canalizar a la menor de edad quejosa a otra institución de salud, a fin de concretar el tratamiento médico que le fue o le sea prescrito. Hágase del conocimiento a la autoridad responsable que en caso de programar citas para la atención médica de la infante quejosa las deberán notificar directamente a la parte quejosa con la debida anticipación, a fin de que la niña quejosa esté en aptitud de acudir puntualmente a las mismas, ya que no existe obstáculo material o jurídico para que la autoridad responsable directamente informe lo relativo a la parte impetrante, pues tanto en la demanda de amparo, anexos, ocurso de ampliación y anexos, obran datos de localización de la parte quejosa. Lo que deberá acreditar con constancia suficiente, en el improrrogable plazo de tres días a partir de la notificación relativa; apercibida que de no dar cumplimiento a lo anterior, se hará acreedora a una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 237, fracción I, en relación con el numeral 259, ambos de la Ley de Amparo. Debiendo acatar esta orden bajo la más estricta responsabilidad de la autoridad responsable, quien deberá informar a este Tribunal Federal, en el término de veinticuatro horas sobre el cumplimiento dado a la presente suspensión. Hecho lo anterior, la responsable deberá remitir las constancias con las que demuestre haber dado cumplimiento a la medida cautelar o, en su caso, las gestiones que se encuentre realizando para tal efecto. Bajo el apercibimiento que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, o bien, de no informar el impedimento que tienen para cumplir en el término concedido para tal efecto, con fundamento en lo dispuesto por la fracción I, del artículo 237, en relación con el 259 de la Ley de Amparo, quien legalmente la encabece se hará acreedor a una multa por el equivalente a mil unidades de medida y actualización. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a.LXV/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 457 del Tomo XXVIII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Julio de 2008, Novena Época, bajo la voz: "DERECHO A LA SALUD. SU REGULACIÓN EN EL ARTÍCULO 4º. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SU COMPLEMENTARIEDAD CON LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.".
- Principal
Autoridad remite documentales. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el director del Hospital General de Zona con Medicina Familiar número 21, del Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante el cual a fin de acreditar que la accionante del amparo fue valorada en las especialidades de pediatría médica y oftalmología, remite notas médicas de treinta de octubre y trece de noviembre de dos mil veintitrés. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas dada su especial naturaleza, las documentales que allega la responsable a través del oficio de cuenta, respecto de las cuales háganse relación en la audiencia constitucional.
- Principal
Se solicita programación de cita. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por la directora del Hospital General Regional número 58, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que la niña quejosa cuyo nombre lleva por iniciales K.N.S.H., no se presentó a la cita médica que tenía programada para el uno de noviembre de dos mil veintitrés, y para acreditar dicha circunstancia allega diversa documental. En atención a lo anterior, ténganse por recibida la información proporcionada por la autoridad responsable, de la cual se toma el debido conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Respecto a la documental que allega la potestad de referencia, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada dada su especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ella en la audiencia constitucional. Ahora bien, tomando en consideración que se desconocen las causas por las cuales la infante no acudió a la cita de mérito, requiérase a la responsable directora del Hospital General Regional número 58, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad, para que de manera inmediata programe nueva cita en el servicio de Audiología, y lo haga del conocimiento de la parte quejosa y de este tribunal. En el entendido de que para el caso de contumacia subsiste el apercibimiento decretado en auto de cuatro de octubre de dos mil veintitrés (fojas 13 a 17) Lo anterior, porque la protección al derecho a la salud debe darse en sentido amplio, procurando el mayor beneficio para las personas, dado que es una responsabilidad social, como así lo ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 136/2008, consultable en la página sesenta y uno del Tomo XXVIII, Octubre de dos mil ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Constitucional, Administrativa, que sostiene: "SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 4º, TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ES UNA RESPONSABILIDAD SOCIAL. La Ley General de Salud, reglamentaria del citado precepto constitucional, precisa que los servicios de salud, atendiendo a los prestadores de los mismos, se clasifican en: a) servicios públicos a la población general, que se prestan en establecimientos públicos de salud a los residentes del país, regidos por criterios de universalidad y de gratuidad, cuyas cuotas de recuperación se fundarán en principios de solidaridad social y guardarán relación con los ingresos de los usuarios, debiéndose eximir del cobro cuando éstos carezcan de recursos para cubrirlas; b) servicios a derechohabientes de instituciones públicas de seguridad social, que son los prestados a las personas que cotizan o las que hubieren cotizado conforme a sus leyes, así como los que con sus propios recursos o por encargo del Ejecutivo Federal se presten por tales instituciones a otros grupos de usuarios; c) servicios sociales y privados, los primeros se prestan por los grupos y organizaciones sociales a sus miembros y beneficiarios de los mismos, directamente o mediante la contratación de seguros individuales y colectivos, y privados, los que se prestan por personas físicas o morales en las condiciones que convengan con los usuarios, sujetos a las leyes civiles y mercantiles, los cuales pueden ser contratados directamente por los usuarios o a través de sistemas de seguros individuales o colectivos y, d) otros que se presten de conformidad con la autoridad sanitaria, como lo son aquellos que conforman el Sistema de Protección Social en Salud, previsto para las personas que no sean derechohabientes de las instituciones de seguridad social o no cuenten con algún otro mecanismo de previsión social en salud, que será financiado de manera solidaria por la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los propios beneficiarios mediante cuotas familiares que se determinarán atendiendo a las condiciones socioeconómicas de cada familia, sin que el nivel de ingreso o la carencia de éste sea limitante para acceder a dicho sistema. Lo anterior permite advertir que el derecho a la protección de la salud se traduce en la obligación del Estado de establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud y que en virtud de que ésta es una responsabilidad que comparten el Estado, la sociedad y los interesados, el financiamiento de los respectivos servicios, no corre a cargo del Estado exclusivamente, pues incluso, se prevé el establecimiento de cuotas de recuperación a cargo de los usuarios de los servicios públicos de salud y del sistema de protección social en salud, que se determinan considerando el costo de los servicios y las condiciones socioeconómicas de los usuarios, eximiéndose de su cobro a aquellos que carezcan de recursos para cubrirlas, de ahí que la salud sea una responsabilidad que comparten indisolublemente el Estado, la sociedad y los interesados, con base en criterios de capacidad contributiva y redistribución del ingreso." Finalmente, exhórtese a la parte quejosa para que en lo subsecuente acuda a las citas programadas para atender a la infante cuyo nombre lleva por iniciales K.N.S.H., puesto que ello indudablemente impacta en su estado de salud, pues de no asistir a sus revisiones médicas podría ponerse en riesgo su integridad.
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