Teresa Yolanda Jurado López
Expediente 484/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 484/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Teresa Yolanda Jurado López
Actuaciones
- Principal
Juzgado de Distrito acepta competencia declinada. Agréguese a los autos el oficio que remite el Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, a través del cual informa que aceptó la competencia declinada por este Juzgado y se avocó al conocimiento del presente juicio de amparo. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, en virtud de que se decretó la incompetencia para conocer del asunto. Y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido.
- Principal
Parte quejosa solicita acceso y notificaciones electrónicas. Agréguese a los presentes autos el escrito signado por Jacobo Kornhauser López, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, de la quejosa Teresa Yolanda Jurado López; como lo solicita, se le autoriza el acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo, toda vez que el nombre de usuario (jacobokorn) se encuentra registrado en el FIREL (Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación), con lo que satisface los requisitos exigidos en el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. De la misma forma, como solicita expresamente que las notificaciones se le practiquen de manera electrónica; en consecuencia, con fundamento en los artículos 26, fracción IV, 30, fracciones II y III, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, se autoriza que se lleve a cabo la notificación electrónica de las resoluciones que se dicten en el presente juicio. Se comisiona a la analista jurídico SISE, para que aperture los campos necesarios para la consulta electrónica del presente expediente, en los términos anteriormente apuntados. Sin que pase inadvertido para la suscrita juzgadora que en la promoción se asentó como nombre de la quejosa Silvia Flores Treviño, cuando el correcto es Teresa Yolanda Jurado López; sin embargo, como el escrito de cuenta fue electrónicamente dirigido al juicio de amparo en que se actúa, aunado a que la persona que lo firma tiene personalidad reconocida dentro del mismo, se estima que se trata de un mero error y, por tanto, se acuerda favorablemente lo peticionado. Finalmente, como de autos se desprende que la parte quejosa ya fue notificada del proveído dictado el diecisiete de junio del año en curso, en el que este juzgado se declaró incompetente para conocer de la demanda planteada, remítase el juicio en que se actúa al Juzgado de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, en turno, a quien se estimó competente, a fin de que manifieste si acepta o no la competencia declinada.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR ESTE MEDIO A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE DIECISIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. León, Guanajuato; diecisiete de junio de dos mil veintiuno. I. Expediente y registro en libro de gobierno. Dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y regístrese la demanda con el número 484/2021-IV. II. Parte quejosa. ******************** III. Autoridades responsables. Juez Primero Civil de Partido de León, Guanajuato y otras autoridades. IV. Incompetencia. A efecto de acordar lo que en derecho corresponda en relación a la presente demanda, se advierte que la quejosa reclama la orden de desalojo del bien inmueble, el cual afirma es de su propiedad, ubicado en lote de terreno número********************de la manzana********************del fraccionamiento********************, de la ciudad de ********************, así como su ejecución. Ahora bien, del análisis de la demanda de amparo, se advierte que este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en León, no es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, virtud a que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión ordinaria de veintitrés de enero del dos mil trece, por unanimidad de votos, en vigor a partir de esa misma fecha y publicado en el Diario Oficial de la Federación hasta el quince de febrero de ese mismo año, por el que se deroga el diverso Acuerdo General 17/2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de junio del dos mil doce y deja sin efecto las disposiciones dictadas con anterioridad, lo es el Juzgado de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, en turno, por las razones y fundamentos que enseguida se expondrán. Los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] VII.- El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; [.]" "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De las transcripciones efectuadas, se obtienen los supuestos y reglas que indican la competencia de los Jueces de Distrito en los diversos asuntos que les corresponde conocer y precisamente del artículo 37 de la Ley de Amparo, se tiene que existen tres reglas para fijar esa competencia, siendo las siguientes: a. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b. Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Así que la competencia territorial de un Juez de Distrito para conocer del juicio de amparo no se encuentra sujeta a determinaciones discrecionales, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la determinación referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado o en su caso, no lo requiera, de acuerdo con el artículo 37 de la Ley de Amparo. Por tanto, si la parte quejosa reclama la orden de desalojo del bien inmueble, el cual afirma es de su propiedad, ubicado en lote de terreno número********************de la manzana********************del fraccionamiento********************, de la ciudad de ********************, así como su ejecución, se determina que, acorde al contenido de la primera regla para fijar la competencia de los Juzgados de Distrito, contenida en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal es incompetente para conocer del presente asunto, porque los actos reclamados tuvieron ejecución en el Municipio de ********************, y no en la entidad federativa en la que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción, puesto que sus efectos perjudiciales tuvieron verificativo precisamente en el domicilio que poseía la promovente ubicado en ********************, de ahí que la competencia para conocer del presente asunto debe recaer en un Juzgado de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, en turno, pues es dentro de su jurisdicción donde se ejecutó el acto reclamado. Se invoca por aplicable el criterio sustentado por la extinta Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 88, del Semanario Judicial de la Federación Tomo 217-228, Séptima Época del tenor literal siguiente: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo." En tales condiciones, este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de dicha demanda de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja 15, Volumen 65, Segunda Parte, publicada en la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Si bien es cierto que el artículo 36 de la Ley de Amparo previene que cuando sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, y que la jurisprudencia número 53 del Tomo de la Primera Sala del Apéndice de Jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación de 1917-1965, establece que son competentes para conocer de los amparos en contra de órdenes de aprehensión, los Jueces de Distrito que tengan jurisdicción en el lugar en donde deben ejecutarse tales órdenes, aunque las autoridades que las ejecuten residan en otros lugares sujetos a distinta jurisdicción, también lo es que la ejecución de las referidas órdenes no puede presumirse por el simple hecho de que el promovente del amparo haya signado su demanda en determinado lugar en un Estado, ni porque haya manifestado ser vecino de otra población del mismo estado, pues tal conclusión sería simplemente apreciativa del juzgador, pues para la ejecución del acto reclamado es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable con residencia en la jurisdicción del Juez de Distrito, siendo evidente, por tanto, que sin el señalamiento de una autoridad ejecutora dentro de la jurisdicción del Juez de Distrito en tal Estado, no puede estimarse que la resolución correspondiente forzosamente deba ejecutarse en determinado lugar, pues bien podría una persona en contra de quien se dicte una orden de aprehensión cambiar de domicilio y signar escritos en diversos lugares." Así como la tesis III.2o.P.194 P, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, Tomo XXIII, Abril de 2006; Página 1060, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del siguiente rubro y texto: "ORDEN DE DESPOSEIMIENTO DE INMUEBLE. RESULTA COMPETENTE PARA CONOCER DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS PROMOVIDA EN SU CONTRA, EL JUEZ DE DISTRITO QUE TIENE JURISDICCIÓN EN LA ENTIDAD FEDERATIVA EN QUE SE ENCUENTRA EL BIEN, AUNQUE LAS AUTORIDADES EJECUTORAS RESIDAN EN SITIO DISTINTO. La ejecución de una orden de desposeimiento de inmueble es instantánea, toda vez que se consuma en el momento en que la autoridad materialmente limita su posesión a favor del tenedor; luego, si ésta se verifica en el lugar en que se encuentra el inmueble, se surte la competencia legal en favor del Juez de Distrito que tiene jurisdicción en la entidad federativa en que se ubica dicho bien, de conformidad con el primer supuesto a que alude el artículo 36 de la Ley de Amparo, en virtud de que al encontrarse la finca fija en un sitio, ineludiblemente es en éste en donde se ejecuta, sin importar que las autoridades ejecutoras tengan su residencia en distinto Estado de la República, toda vez que su traslado hacia el bien, aunque representa un papel destacado para llevar a cabo el desposeimiento, no implica que con esa actuación comience a ejecutarse, pues sólo constituye un hecho que sucede en una fase previa a los actos propiamente de ejecución, la que se materializa de manera instantánea precisamente cuando se realiza el desposeimiento que se impugna, aparte de que el numeral invocado, para fijar la competencia del juicio constitucional, atiende al lugar de ejecución del acto y no al que pertenezcan las responsables encargadas de llevarlo a cabo." Así como la tesis VII.2o.C.3 K (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, Tomo 3, Libro XIV, Noviembre de 2012; Página 1845, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, del siguiente rubro y texto: "COMPETENCIA. SI LOS ACTOS DE EJECUCIÓN MATERIAL RECAEN EN UNO O VARIOS INMUEBLES DE LOS QUE SE DESCONOCE SU UBICACIÓN FÍSICA DENTRO DE LA REPÚBLICA MEXICANA, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE DE PRIMER MOMENTO RECIBIÓ LA DEMANDA DE AMPARO, CONFORME AL PRINCIPIO DE ACCESO A LA JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA. Al dilucidar el conflicto competencial sobre qué juzgador federal debe conocer de la demanda de garantías cuando los actos de ejecución material recaen en uno o varios inmuebles de los que se desconoce su ubicación física dentro de la República Mexicana, debe atenderse que el quejoso la presentó en el Juzgado de Distrito que le fue más accesible; por ello, si se toma en cuenta que el juicio de amparo es un medio de control de constitucionalidad y principal precursor en salvaguardar los derechos fundamentales, de una interpretación del artículo 36 de la Ley de Amparo, conforme al principio de acceso a la justicia pronta y expedita previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al diverso 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, para efectos de celeridad, la competencia se surte a favor del Juez de Distrito que de primer momento recibió la demanda; la cual deberá subsistir si durante el trámite del juicio se obtiene la certeza de que los actos de ejecución se llevan a cabo en un inmueble ubicado en su jurisdicción o hay pluralidad de inmuebles y uno esté inmerso en su territorio, o podrá declinarse si se acredita que dichos actos se efectúan en un lugar diverso a su jurisdicción, pues en ese supuesto se actualizaría la hipótesis del primer párrafo del aludido artículo de la Ley de Amparo." Por tanto, con fundamento en los artículos 37 de la Ley de Amparo, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y del acuerdo general 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece, vigente a partir del veintiséis de enero anterior en que fue aprobado, con el cual se deja sin efectos el Acuerdo General 17/2012; y, en el segundo párrafo de la fracción XVI, del apartado cuarto del mencionado acuerdo, se delimita la jurisdicción territorial de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad; se ordena remitir los autos al Juzgado de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, en turno. En esa medida, se solicita atentamente al órgano jurisdiccional que conozca de la demanda, acuse recibo y precise se acepta o no la competencia de que se trata, conforme al artículo 48 de la Ley de Amparo. V. Cuaderno de antecedentes. Fórmese el cuadernillo de antecedentes respectivo, para debida constancia legal, ordenándose hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. VI. Domicilio y autorizados. Se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su ocurso de cuenta, y se tiene como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************y********************, en virtud de que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos del citado numeral, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a ********************, por no encontrarse en dicho supuesto. VII. Instrucción para notificaciones personales. En términos del artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda notificación que se ordene de manera personal en este asunto, deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. VIII. Transparencia de las resoluciones judiciales y acceso a la información. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2° párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. IX. Se exhorta y se requiere a las partes. Por otra parte, a fin de cumplir con lo establecido en el artículo 1° del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que, en la medida de lo posible, hagan uso de las herramientas tecnológicas y medios electrónicos disponibles, para permitir la tramitación del presente asunto, bajo el esquema de "juicio en línea". Por otra parte, con apoyo en el artículo 2°, fracción XIX del Acuerdo 13 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a las partes para que proporcionen un número de teléfono y una cuenta de correo electrónico, para que se establezca el contacto respectivo en los casos en que se estime necesario. X. Acuerdos generales. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Se informa a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). A efecto de agilizar la tramitación del sumario en que se actúa, omítase firmar las minutas que al efecto se generen. Es menester precisar que, si bien es cierto, la demanda de cuenta fue recibida en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el quince de junio de la presente anualidad, cierto es también que, debido a la cantidad de nuevos asuntos que fueron presentados ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en León, Guanajuato, la capacidad productiva de este órgano de control constitucional se ha visto superada, de modo que ello momentáneamente dificulta el cumplimiento de los plazos procesales que establece la ley de la materia. Razón por la que, en términos del artículo********************fracción VIII, primer párrafo, del Acuerdo General del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por el diverso Acuerdo General 1/2021, relativo al periodo de su vigencia, es hasta esta data en que se emite pronunciamiento. Notifíquese personalmente a la quejosa. Así lo acuerda y firma la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, quien actúa asistida de la licenciada Norma Rojas López, Secretaria que autoriza, firma y da fe. Doy fe.
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