Teresa Rodríguez Cardona
Expediente 1261/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 8 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1261/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 24/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Teresa Rodríguez Cardona
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Determinación causa estado. Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo sin medio de impugnación interpuesto, por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2 de la Ley de Amparo, se determina que el proveído de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, ha adquirido firmeza procesal. Con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina destruir el presente expediente, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE VEINTISIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, EN EL QUE SE ACORDÓ: Sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado procesal de autos, se advierte que en proveído de cinco de diciembre del año pasado, se admitió la demanda de amparo presentada por Teresa Rodríguez Cardona, en la que reclamó la omisión de la autoridad responsable de pronunciarse respecto a su solicitud efectuada el veintitrés de abril de dos mil veintidós, para ser acreedora y beneficiaria de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. Por su parte, de la documental que anexó la titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Delegación de Programas para el Desarrollo en el Estado de Guanajuato, con residencia en Guanajuato, capital, como complemento a su informe justificado, se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)." Se considera que han cesado los efectos del acto reclamado cuando éste ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa. Causal que se actualiza en este caso, debido a que el acto reclamado consiste en la omisión de la autoridad responsable de pronunciarse respecto a la solicitud efectuada por la parte impetrante el veintitrés de abril de dos mil veintidós, para ser acreedora y beneficiaria de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores; sin embargo, con posterioridad a la presentación de demanda, la titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Delegación de Programas para el Desarrollo en el Estado de Guanajuato, con residencia en Guanajuato, capital, remitió copia certificada de la documental con la que acredita que el once de enero pasado, se efectuó la entrega del medio de cobro de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, a la aquí quejosa; documento en el que además obra la firma de conformidad de la impetrante y que conforme al numeral 4.2 inciso d), de las Reglas de Operación del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, hace las veces de aviso de incorporación a dicho Programa. En ese contexto, es incuestionable que al haberse efectuado la entrega del medio de cobro de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores a la quejosa, han cesado los efectos del acto reclamado. Ello es así, toda vez que al momento de promover la presente demanda de amparo, el acto reclamado aún subsistía; empero, al haberse efectuado la entrega del medio de cobro de la pensión respectiva a la quejosa, quedó insubsistente el acto reclamado, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto impugnado ya no agravia a la parte quejosa. Lo anterior, en atención a que los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable lo deroga o revoca, lo que da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes de su nacimiento; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una nueva situación que destruye la que dio motivo al amparo y restituye a la parte quejosa en el goce del derecho violado, por lo que se determina que en el caso cesaron los efectos del acto reclamado. Cabe destacar que el análisis de las causales de improcedencia, constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia, máxime que las mismas, tienen una existencia justificada en la Ley de Amparo, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni al de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo. En tales condiciones, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio constitucional, de conformidad con lo establecido en el numeral 61, fracción XXI, de la ley de la materia. Por tanto, se ordena dejar sin efectos la audiencia constitucional señalada para verificarse a las diez horas con once minutos del veintiuno de febrero de dos mil veintitrés; comuníquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. No es óbice a lo anterior, el hecho de que a la fecha en que se decreta el sobreseimiento de este juicio de amparo, aún no haya tenido verificativo la audiencia constitucional, pues ello no irroga perjuicio alguno a la parte quejosa, debido a que no se le priva del derecho de defensa que le corresponde por derivar el sobreseimiento de una causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, como en el caso acontece, de tal suerte que ni aún con la celebración de la audiencia constitucional podría desvirtuarse tal hecho jurídico con prueba alguna; de ahí que resulte innecesario y en todo caso contrario al principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional, resolver el presente juicio de amparo hasta el momento que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Se ordena generación de versión pública de sentencia o resolución que da por concluido el presente asunto. En cumplimiento a los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo; 71, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realícense las acciones necesarias fin de generar oportunamente la versión pública de la presente resolución, a fin de que pueda ser consultable por el público en general.
- Principal
Sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado procesal de autos, se advierte que en proveído de cinco de diciembre del año pasado, se admitió la demanda de amparo presentada por Teresa Rodríguez Cardona, en la que reclamó la omisión de la autoridad responsable de pronunciarse respecto a su solicitud efectuada el veintitrés de abril de dos mil veintidós, para ser acreedora y beneficiaria de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. Por su parte, de la documental que anexó la titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Delegación de Programas para el Desarrollo en el Estado de Guanajuato, con residencia en Guanajuato, capital, como complemento a su informe justificado, se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)." Se considera que han cesado los efectos del acto reclamado cuando éste ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa. Causal que se actualiza en este caso, debido a que el acto reclamado consiste en la omisión de la autoridad responsable de pronunciarse respecto a la solicitud efectuada por la parte impetrante el veintitrés de abril de dos mil veintidós, para ser acreedora y beneficiaria de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores; sin embargo, con posterioridad a la presentación de demanda, la titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Delegación de Programas para el Desarrollo en el Estado de Guanajuato, con residencia en Guanajuato, capital, remitió copia certificada de la documental con la que acredita que el once de enero pasado, se efectuó la entrega del medio de cobro de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, a la aquí quejosa; documento en el que además obra la firma de conformidad de la impetrante y que conforme al numeral 4.2 inciso d), de las Reglas de Operación del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, hace las veces de aviso de incorporación a dicho Programa. En ese contexto, es incuestionable que al haberse efectuado la entrega del medio de cobro de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores a la quejosa, han cesado los efectos del acto reclamado. Ello es así, toda vez que al momento de promover la presente demanda de amparo, el acto reclamado aún subsistía; empero, al haberse efectuado la entrega del medio de cobro de la pensión respectiva a la quejosa, quedó insubsistente el acto reclamado, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto impugnado ya no agravia a la parte quejosa. Lo anterior, en atención a que los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable lo deroga o revoca, lo que da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes de su nacimiento; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una nueva situación que destruye la que dio motivo al amparo y restituye a la parte quejosa en el goce del derecho violado, por lo que se determina que en el caso cesaron los efectos del acto reclamado. Cabe destacar que el análisis de las causales de improcedencia, constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia, máxime que las mismas, tienen una existencia justificada en la Ley de Amparo, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni al de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo. En tales condiciones, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio constitucional, de conformidad con lo establecido en el numeral 61, fracción XXI, de la ley de la materia. Por tanto, se ordena dejar sin efectos la audiencia constitucional señalada para verificarse a las diez horas con once minutos del veintiuno de febrero de dos mil veintitrés; comuníquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. No es óbice a lo anterior, el hecho de que a la fecha en que se decreta el sobreseimiento de este juicio de amparo, aún no haya tenido verificativo la audiencia constitucional, pues ello no irroga perjuicio alguno a la parte quejosa, debido a que no se le priva del derecho de defensa que le corresponde por derivar el sobreseimiento de una causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, como en el caso acontece, de tal suerte que ni aún con la celebración de la audiencia constitucional podría desvirtuarse tal hecho jurídico con prueba alguna; de ahí que resulte innecesario y en todo caso contrario al principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional, resolver el presente juicio de amparo hasta el momento que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Se ordena generación de versión pública de sentencia o resolución que da por concluido el presente asunto. En cumplimiento a los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo; 71, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realícense las acciones necesarias fin de generar oportunamente la versión pública de la presente resolución, a fin de que pueda ser consultable por el público en general.
- Principal
Se acuerdan oficio y anexo. Agréguense a los autos el oficio y anexo remitidos por la titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Delegación de Programas para el Desarrollo en el Estado de Guanajuato, con residencia en Guanajuato, como complemento a su informe justificado, con su contenido dese vista a las partes, para los efectos legales correspondientes. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada, dada su especial naturaleza, la documental que anexa, de lo cual hágase relación en la audiencia constitucional.
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