Tirso Medina Muciño
Expediente 1578/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1578/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 28/02/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Tirso Medina Muciño
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO DETERMINACIÓN DE DEMANDA DESECHADA. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 98 LEY AMPARO EN RELACIÓN CON EL 356, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, CONCLUYÓ TÉRMINO DE IMPUGNACIÓN DEL PROVEÍDO DE TRECE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. SE DETERMINA NO OBRAN DOCUMENTOS ORIGINALES. ARCHÍVESE Y REMÍTASE AL LUGAR DE SU GUARDA.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 13 DE FEBRERO DE 2018, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: "León, Guanajuato, trece de febrero de dos mil dieciocho. I. Parte quejosa ratifica escrito de aclaración de demanda. Agréguese a los autos la diligencia que antecede, de la que se desprende que Tirso Octavio Medina Cruz, apoderado del directo quejoso Tirso Medina Muciño, ratificó el escrito presentado ante este juzgado en fecha veintinueve de enero del año en curso y, en atención a ello, se acuerda lo siguiente. II. Desechamiento. Del contenido de la demanda de amparo se obtiene que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables la inminente desposesión del inmueble ubicado en calle Jardín de los Jazmines, fraccionamiento Lomas de Gran Jardín sección dieciséis, manzana veinticinco, de esta ciudad, derivada del contrato de compraventa que consta en la escritura pública trece mil seiscientos cincuenta y cuatro, tomo XLV, de la Notaría Pública cincuenta y cinco, en legal ejercicio en esta ciudad, el cual -a su dicho- resulta apócrifo, al haberse suplantado su identidad, sin que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores responsable haya tenido el cuidado de verificar la identidad de las personas que lo suplantaron, derivado de la emisión, libramiento, depósito y cobro del cheque número diez, con cargo a la cuenta 90000076776, de Banco del Bajío, con un monto librado de $702,000.00 (setecientos dos mil pesos 00/100 moneda nacional); así como las consecuencias de la celebración de ese contrato apócrifo que se traducen en su inscripción en el Registro Público de la Propiedad, la traslación de dominio ante las autoridades municipales, entre otras. En atención a ello, se advierte que el juicio de amparo es improcedente por actualizarse la causal prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo. Dichos dispositivos legales textualmente establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley; [.]". "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.". Conforme a lo dispuesto por el artículo 61 fracción XXIII, se desprende que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que así lo dispone la ley de la materia; por su parte, el artículo 1º, fracción I, refiere que el juicio de amparo procede en contra de normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, en el entendido que los actos de autoridad son aquellas disposiciones de orden público que en forma voluntaria e intencional, ya sea en sentido positivo o negativo, esto es, por acción u omisión, emite un órgano del Estado, que puede consistir en una decisión o ejecución, o en ambas a la vez; tales actos normalmente producen una afectación en situaciones jurídicas o de hecho determinadas, y se imponen a los particulares en forma imperativa, unilateral y coercitiva. Es necesario tener claro que en términos del citado arábigo 5, fracción II es autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, y al respecto el más Alto Tribunal ha establecido notas distintivas para determinar el carácter de autoridad responsable para efectos del Juicio de Amparo y que son, a saber, las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2ª./J.164/2011, sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, localizable en la página 1089, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, Novena Época, registro 161133, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.". Precisadas las peculiaridades que debe revestir el acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, se concluye que los actos reclamados por el quejoso, consistentes en la inminente desposesión del inmueble ubicado en calle Jardín de los Jazmines, fraccionamiento Lomas de Gran Jardín sección dieciséis, manzana veinticinco, de esta ciudad, derivada del contrato de compraventa que consta en la escritura pública trece mil seiscientos cincuenta y cuatro, tomo XLV, de la Notaría Pública cincuenta y cinco, en legal ejercicio en esta ciudad, el cual -a su dicho- resulta apócrifo, al haberse suplantado su identidad, sin que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores responsable haya tenido el cuidado de verificar la identidad de las personas que lo suplantaron, derivado de la emisión, libramiento, depósito y cobro del cheque número diez, con cargo a la cuenta 90000076776, de Banco del Bajío, con un monto librado de $702,000.00 (setecientos dos mil pesos 00/100 moneda nacional), así como las consecuencias de la celebración de ese contrato apócrifo que se traducen en su inscripción en el Registro Público de la Propiedad, la traslación de dominio ante las autoridades municipales, entre otras, no constituyen actos de autoridad. Lo anterior, en virtud de que la afectación patrimonial de que se duele el quejoso (privación de la propiedad de un inmueble), no proviene de manera directa de las autoridades que señala como responsables, sino de los particulares que refiere lo suplantaron para celebrar el contrato de compraventa que consta en la escritura pública trece mil seiscientos cincuenta y cuatro, tomo XLV, de la Notaría Pública cincuenta y cinco, en legal ejercicio en esta ciudad, el cual tilda de apócrifo. Expliquémoslo, el peticionario del amparo argumenta que la actuación de las autoridades señaladas como responsables durante la celebración del acto jurídico de compraventa que tilda de falso, entre ellas, el pago del precio mediante cheque, la elaboración de la escritura pública en la que consta dicho pacto de voluntades, su inscripción en el Registro Público de la Propiedad, el cambio de propietario ante las dependencias municipales, el cobro de impuestos, entre otras, vulnera sus derechos fundamentales porque ninguna de ellas se percató de que fue suplantado en la celebración del contrato, provocándole con ello un menoscabo en su patrimonio. Sin embargo, contrario a lo estimado por la quejosa, si su patrimonio ha resentido una afectación, no es debido a la actuación de las autoridades que señala como responsables, quienes simplemente realizaron los trámites que le fueron solicitados para formalizar la compraventa que consta en la escritura pública trece mil seiscientos cincuenta y cuatro, tomo XLV, de la Notaría Pública cincuenta y cinco, en legal ejercicio en esta ciudad, sino, en todo caso, a la de las personas que dice lo suplantaron ante dichas autoridades y quienes gestionaron aquellos trámites; de ahí que las acciones que emprenda en defensa de su patrimonio no deben ir dirigidas en contra de las aludidas autoridades y a través de un juicio de amparo, sino de los particulares que afirma lo suplantaron y ante las autoridades judiciales del orden común, ya que si de lo que se duele es de la falsedad de una escritura de compraventa, la nulidad de ésta no puede ser decretada en un juicio de amparo, sino que para ello, es necesario que promueva un juicio de nulidad en el que tendrá la oportunidad de demostrar que fue suplantado y que no participó en la celebración de tal escritura. En ese contexto, al provenir la afectación patrimonial de que se duele el quejoso de los particulares que dice lo suplantaron y no directamente de la actuación de las autoridades señaladas como responsables, no puede de manera alguna ser analizada en un juicio de amparo, el cual únicamente procede contra actos de autoridad, de ahí la improcedencia de la demanda de amparo que promueve. Máxime que como se precisó en párrafos precedentes, el juicio de amparo no es la vía idónea para obtener la declaración de nulidad de un contrato, que es lo que pretende el quejoso. En las relatadas condiciones, al materializarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo de actual vigencia, procede desechar de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo de que se trata, con apoyo en el artículo 113 de la ley de la materia. Sin que el sentido de la presente determinación, contravenga lo sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2ª./J. 54/2012 , de rubro siguiente: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO." Ello obedece a que en el caso que ocupa la atención se advierte, de manera manifiesta e indudable, la actualización de la causal de improcedencia en estudio, toda vez que de un análisis integral al contenido de su libelo de amparo, es posible advertir, de manera patente, que a las autoridades señaladas como responsables, no les asiste tal carácter, por no constituir actos de autoridad el reclamo que se les atribuye, porque básicamente no tiene relación con la voluntad imperativa del Estado, sino que deriva del acuerdo de voluntades que el quejoso tilda de falso y, por ello, no tienen carácter imperativo. Robustece el sentido de la presente determinación, la Jurisprudencia PC.III.L. J/5 L (10a) , emitida por el Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, de rubro siguiente: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)." A su vez, la determinación emitida en este asunto fue sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, al resolver el recurso de queja 77/2015, el dos de julio de dos mil quince, consultable en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), quien de manera coincidente a lo resuelto por este juzgado federal, procedió a determinar que es factible analizar la actualización de la causal de improcedencia en estudio, en forma excepcional, en el auto inicial de trámite, cuando el juzgador de amparo advierte que ésta se verifica en forma indudable y manifiesta, esto es, cuando se tiene la certidumbre y plena convicción de que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento sería imposible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, lo que justifica el desechamiento del libelo de amparo, en aras de salvaguardar el principio de economía procesal. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, quien actúa asistida de la licenciada Norma Rojas López, Secretaria del juzgado que autoriza y da fe."
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 30 DE ENERO DE 2018, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: "León, Guanajuato, treinta de enero de dos mil dieciocho. I. Se requiere ratificación de firma. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado presuntivamente por el apoderado legal del quejoso Tirso Medina Muciño, mediante el cual pretende cumplir el requerimiento formulado en proveído de diez de enero de dos mil dieciocho (foja 70); sin embargo, previo a proveer al respecto, se advierte que la firma que lo calza es notoriamente distinta a la que obra en el escrito inicial de demanda; consecuentemente, requiérasele para que dentro del término legal de tres días, comparezca ante la presencia judicial debidamente identificado para el efecto siguiente: Manifieste bajo protesta de decir verdad si el ocurso con el que se da cuenta fue suscrito de su puño y letra, y de ser así, justifique la razón por la cual los rasgos de la firma que lo calzan son notoriamente distintos a los que obran en el escrito inicial de demanda. En el entendido que de reconocer como suyos los grafismos que obran en el escrito aclaratorio y no justificar de manera convincente la razón de la discrepancia destacada, se tendrán por no hechas las manifestaciones a que se contrae dicho ocurso, con las consecuencias que ello acarreé. Apercíbase a la parte quejosa de las penas previstas en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, que señala una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientas unidades de medida y actualización vigente a quienes declaren con falsedad. La facultad de prevenir al promovente del amparo tiene como finalidad contar con la certeza de que quien plasmó dicho grafismo efectivamente fue el quejoso, pues, como se precisó, diverge notoriamente con los rasgos plasmados en el escrito inicial de demanda. Asimismo, es preciso destacar que la relevancia de la expresión "bajo protesta de decir verdad", implica que los señalamientos que el quejoso llegase a realizar, se harán con sujeción a la realidad, de modo que en caso de que no sea así, aquel podría hacerse acreedor a la sanción mencionada en supralineas. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 3a./J. 24 (7/89), de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de tesis 9/88. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Tomo III, Primera Parte, Enero a Junio de 1989, página 385, cuyo rubro es el siguiente: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA." En el entendido de que si este órgano jurisdiccional aprecia una diferencia notoria entre la firma ratificada y la plasmada durante la diligencia de ratificación, de oficio se practicará y desahogará prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopía, a fin de corroborar su autenticidad, con la salvedad de que se si acredita que dicha firma no fue plasmada de puño y letra por la directa quejosa, se tendrá como consecuencia el sobreseimiento del juicio, y se dará vista al Agente Ministerio Público de la adscripción para que por su conducto se inicie una carpeta de investigación por el o los delitos que resulten. Lo anterior en encuentra apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 59/2017 de la Décima Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 338/2016, publicada el viernes nueve de julio de dos mil diecisiete a las diez horas con quince minutos correspondiente a la Décima Época, con número de registro 2014436, de rubro: "PERICIAL EN MATERIA DE CALIGRAFÍA Y GRAFOSCOPIA. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA ORDENAR OFICIOSAMENTE SU PRÁCTICA Y DESAHOGO, A FIN DE VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA QUE CALZA LA DEMANDA DE AMPARO, RECONOCIDA POR QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE EN ELLA, ÚNICAMENTE CUANDO ADVIERTA QUE LA FIRMA RATIFICADA Y LAS PLASMADAS DURANTE LA DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN SON NOTORIAMENTE DIFERENTES." Finalmente, apercíbase al peticionario del amparo que de no comparecer en el término concedido en párrafos precedentes, se tendrá por no presentado el ocurso de cuenta, con las consecuencias legales que ello implique. Notifíquese personalmente al quejoso. Así lo proveyó y firma Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, quien actúa asistida de la licenciada Norma Rojas López, Secretaria del juzgado que autoriza y da fe."
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE DIEZ DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Quejoso pretende cumplir con prevención. Visto el ocurso signado por Tirso Octavio Medina Cruz, apoderado legal del quejoso, mediante el cual pretende cumplir con el requerimiento formulado en auto de veintiocho de diciembre pasado (foja 64-65); para lo cual precisa que la demanda de amparo la promueve exclusivamente como apoderado legal de Tirso Medina Muciño, acota el acto reclamado a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores e indica con precisión a las autoridades responsables; empero, es omiso en relatar la totalidad de antecedentes que guarden relación con los actos reclamados, por tanto, resulta necesario requerir nuevamente al aludido quejoso para que cumpla lo siguiente: Narre de forma clara, precisa y completa, bajo protesta de decir verdad, la totalidad de antecedentes relacionados con los actos reclamados, ya que de la narración que realiza únicamente menciona los atinentes a la compraventa del bien inmueble y la controversia con las personas que menciona, no así de los diversos actos que refiere, tan es así que no precisa de qué forma tuvo conocimiento de la emisión, libramiento, depósito y cobro del cheque que alude, así como del pago de impuestos en relación con el bien inmueble afectado; datos que debe proporcionar si se toma en cuenta que el juicio de amparo únicamente procede contra actos que causen un agravio actual o directo al peticionario, de ahí que el impetrante debe precisar de forma clara todos los hechos y abstenciones que dieron origen a los actos reclamados y que lo haga tener la certeza de que estos existen. Atento a lo anterior, y en virtud de que el promovente fue notificado del auto de requerimiento el cuatro de enero actual (foja 67), surtiéndole efectos dicha notificación al día siguiente hábil siguiente (cinco de enero), de tal suerte que el término concedido empezó a computarse a partir del día ocho del mes y año que transcurre y fenecía el doce de enero de este año, presentando su promoción el ocho de enero pasado, indíquese al promovente que cuenta con cuatro días para desahogar la prevención que le fue hecha, cómputo que se reanudará al día siguiente al en que surta efectos la notificación que del presente auto se le practique. Finalmente, hágasele saber al peticionario del amparo que sigue subsistente el apercibimiento decretado en auto de veintiocho de diciembre pasado (foja 64-65). Notifíquese personalmente al quejoso.
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