Teresa López Ordóñez

Expediente 70/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
70/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
27/04/2023

Partes del expediente

  • Teresa López Ordóñez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintisiete de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la quejosa ********************, interpusiera recurso de revisión contra el acuerdo dictado el treinta de marzo de dos mil veintitrés, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo 70/2023. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2, se declara que ha causado estado dicho proveído para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia. Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se destaca que en este expediente no se concedió suspensión de plano de los actos reclamados, ni existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). Destino. Además, al tratarse de un asunto sobreseído fuera de audiencia, de conformidad a lo previsto en el artículo 21, inciso a), este expediente es destruible. En tal virtud, con fundamento en el citado artículo 21 de dicho Acuerdo General, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que se emite este auto, procédase a su destrucción, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que alude el citado numeral, deberá solicitarse la trasferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Archivo del incidente de suspensión. Se señala que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Ley de Transparencia. Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, treinta de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, en la que se hace constar que por escrito presentado el dos de febrero de dos mil veintitrés, la quejosa Teresa López Ordóñez, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del 1. Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca; y, 2. Presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, que hizo consistir, substancialmente, de la primera, en su omisión de dictar sentencia en el expediente 696/2018, dentro del plazo que la ley establece; y, de la segunda, en su omisión de supervisar las actividades jurisdiccionales del Juez Civil de mérito, respecto del acto que se le atribuye. Que al rendir su informe justificado la Juez Civil del Distrito Judicial de Tehuantepec, Oaxaca (folio 2013), negó el acto que se le reclama, precisando que el diecisiete de febrero del año en curso, dictó sentencia en el expediente 696/2018, de su índice, la cual se notificó a las partes el veinticuatro y veintisiete siguiente; Ahora bien, advirtiéndose de las copias certificadas que adjuntó como justificación de su informe la Juez responsable, las que tienen pleno valor probatorio en términos de lo previsto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que procede decretar el sobreseimiento en el juicio fuera de la audiencia constitucional, por los motivos legales que más adelante se precisarán y al tenor de lo dispuesto en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página trescientos ochenta y seis, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 184572, cuyo epígrafe y texto son como sigue: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Ello es así, tomando en consideración que la quejosa Teresa López Ordóñez, reclamó, substancialmente, del 1. Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca; y, 2. Presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, de la primera, en su omisión de dictar sentencia en el expediente 696/2018, dentro del plazo que la ley establece; y, de la segunda, en su omisión de supervisar las actividades jurisdiccionales del Juez Civil de mérito, respecto del acto que se le atribuye. Siendo que por resolución de diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, la Juez responsable dictó sentencia definitiva en el expediente 696/2018, de su índice, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por la quejosa Teresa López Ordóñez, en contra de Irad de la Rosa Quiroz, en la cual se declaró improcedente la acción cambiaria directa ejercitada en la vía ejecutiva mercantil, reservándose a la actora sus derechos para que los ejercite en la vía y forma que corresponda. Sentencia que el veintisiete de febrero del año en curso, se notificó a la quejosa por conducto de su autorizado para tales efectos. De lo expuesto, es inconcuso que han cesado los efectos de los actos reclamados, en virtud de que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (dos de febrero de dos mil veintitrés), se dictó la sentencia correspondiente (diecisiete de febrero de dos mil veintitrés), desapareciendo la omisión reclamada a las autoridades responsables; actualizándose de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que prevé que el juicio es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, del invocado ordenamiento legal, se sobresee en el juicio fuera de audiencia constitucional, quedando sin efectos la fecha y hora señaladas para llevar a cabo la audiencia constitucional, a saber, las once horas con treinta y cinco minutos del diez de abril próximo. Funda lo expuesto, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página treinta y ocho, Tomo IX, correspondiente al mes de junio de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro digital 193758, cuyo tenor literal es: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese; vía electrónica a la parte quejosa

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes el informe justificado rendido por el Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido y dese vista a las partes para que hagan valer lo que a su derecho convenga. DIFERIMIENTO ANTICIPADO Ahora bien, toda vez que dicho informe no fue presentado con ocho días de anticipación, como lo prevé el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se difiere anticipadamente la audiencia constitucional señalada para las diez horas con treinta y cinco minutos del veintitrés de marzo en curso, fijándose las once horas con treinta y cinco minutos del diez de abril próximo, para su celebración. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, del Tomo XI, Abril 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 191995, cuyo tenor literal es: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo (". el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que la partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, l dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario". Notifíquese.

  4. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, tres de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes el informe justificado rendido por la Juez Civil de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido y dese vista a las partes para que hagan valer lo que a su derecho convenga. Notifíquese.

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