Teresa de Jesús Gonzalez Espíndola
Expediente 489/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 489/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 12/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Teresa de Jesús Gonzalez Espíndola
- Petróleos Mexicanos Transformación Industrial en Salina Cruz, Oaxaca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por ***, por derecho propio, contra actos de la autoridad precisada, así como por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando cuarto de este fallo. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, primero de octubre de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el cumplimiento e informe justificado rendido por el apoderado legal de Petróleos Mexicanos y Delegado del Director del Hospital General de Petróleos Mexicanos, con sede en Salina Cruz, Oaxaca, con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 117 de la Ley de Amparo, se da vista a las partes para que se impongan de su contenido y hagan valer lo que a su derecho convenga. Las que fundamento en los artículos 119 y 121 de la Ley de Amparo, se admiten como pruebas y dada su naturaleza se tienen por desahogadas, sin perjuicio de relacionarlas al dictarse sentencia. DIFERIMIENTO DE AUDIENCIA Como dicho informe no fue rendido con la anticipación que prevé el artículo 117 de la Ley de Amparo, relacionado con la jurisprudencia P./J. 54/2000, visible en la página 5, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 191995, cuyo rubro dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO"; en consecuencia, se difiere anticipadamente la audiencia constitucional señalada para el día siete del mes y año en curso, y se fijan las dieciséis horas con cincuenta y cinco minutos del tres de noviembre del año en curso, para su celebración; siendo factible que se lleve a cabo sin la asistencia de las partes, circunstancia que no las deja en estado de indefensión, en virtud de que podrán presentar por escrito alegatos de manera física o electrónica, de conformidad con el artículo 25 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el punto 16 de las preguntas y respuestas emitidas por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del propio Consejo, en torno al acuerdo mencionado; salvo que manifiesten oportunamente su deseo de estar presentes. Notifíquese
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, trece de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que surta sus efecto legales el oficio signado por el Apoderado legal de Petróleos Mexicanos y Delegado del Director del Hospital General de Petróleos Mexicanos, con sede en Salina Cruz, Oaxaca, mediante el cual informa la imposibilidad de cumplir con la suspensión de plano decretada en auto admisorio, debido a que la quejosa **al diez de septiembre de dos mil veintiuno, no cuenta con vigencia de servicios médicos, al no contar con nexo contractual con Petróleos Mexicanos, no obstante lo anterior, informa que se le ha proporcionado a la quejosa el acceso a los servicios médicos, así como a los medicamentos que necesita, derivado del accidente que sufrió, siendo su última consulta el nueve de septiembre del año en curso; así también, da a conocer el PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA A PACIENTES NO DERECHOHABIENTES. En el mismo sentido, y a efecto de no caer en desacato, solicita a este juzgado se notifique a la aquí quejosa, a fin de que comparezca ante el servicio médico de dicha autoridad para que sea valorada, y se le considere en términos de lo solicitado en la cláusula 114 del Contrato Colectivo de trabajo. Con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, téngase por reproducidas las manifestaciones que vierte la autoridad responsable en el informe de mérito, para los efectos legales conducente; y dese vista a la parte quejosa con el informe que remite la responsable para que se imponga de su contenido y haga valer lo que a su derecho convenga. Por otra parte, como lo solicita la responsable, hágasele saber a la quejosa que deberá comparecer de inmediato ante el servicio médico de dicha autoridad, a efecto de ser valorada; circunstancia que resulta necesaria para que la autoridad responsable esté en aptitud de rendir el informe respecto al cumplimiento de la suspensión de plano decretada. En ese sentido, requiérase a la autoridad responsable para que una vez que realice la valoración correspondiente, acredite ante este juzgado las acciones que se encuentra realizando a fin de dar cumplimiento a la suspensión de plano concedida por este órgano jurisdiccional, en la inteligencia que subsiste el apercibimiento decretado en el auto inicial. DELEGADOS Y DOMICILIO Asimismo, con fundamento en el numeral 9 de la ley de la materia, se tienen como delegados a las personas que indica y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en la misiva de cuenta. PRUEBAS. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 y 123 de dicho ordenamiento legal, se admiten las documentales que dicha autoridad adjunta al citado informe, las que se desahogan dada su naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en el momento procesal oportuno. Notifíquese; vía electrónica a la parte quejosa.
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Salina Cruz, Oaxaca, nueve de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la diligencia que antecede, por la que la quejosa Teresa de Jesús González Espíndola, ratificó la firma estampada al calce de su escrito aclaratorio registrado con el folio 9628, por el cual desahoga el requerimiento formulado el veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, y al efecto manifiesta que el acto que reclama a cada autoridad consiste en: " A).- De PETRÓLEOS MEXICANOS, TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL (ANTES PEMEX REFINACIÓN, reclamo: Los Actos Discriminatorios de la responsable, consistente en su negativa a contratarme, en virtud de no estar recuperada al cien por ciento de las lesiones sufridas, en virtud de padecer diabetes mellitus, sin tomar en consideración que dichas lesiones fueron consecuencia de un accidente de trabajo; el Argumento que debo encontrarme en optimo estado de salud para ser contratada. Si bien. En vía de consecuencias, tiene relación con la falta de un contrato como se expondrá en el capítulo de hechos, se considera es analizable vía amparo indirecto, considerándolo acto de autoridad, como caso de excepción no por la falta de contratación en sí, sino por el efecto que la actitud de la responsable causa, pues su omisión expone la salud y por ende la vida del suscrita. Subrayando que, no es pretensión de la suscrita, contravenir en el presente asunto derechos laborales con la autoridad responsable, sino la protección de mi salud y mi vida al colocarme en estado de vulnerabilidad. B) Del Director del Hospital General Salina Cruz, de Petróleos Mexicanos, reclamo: a)La falta de atención medica que impide sea atendida en forma oportuna y efectiva respecto de las lesiones recibidas con motivo de un accidente de trabajo sufrido el 28 de abril de 2021, atentando con ello mi derecho a la salud..." sic A) DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Ahora bien, del análisis integral de la demanda de garantías, se advierte que la misma es notoriamente improcedente, respecto al acto reclamado consistente en "los Actos Discriminatorios de la responsable, consistente en su negativa a contratarme, en virtud de no estar recuperada al cien por ciento de las lesiones sufridas, en virtud de padecer diabetes mellitus, sin tomar en consideración que dichas lesiones fueron consecuencia de un accidente de trabajo." lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El precepto transcrito, establece que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia con registro 196196, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del Tomo VII, Mayo de 1998, visible en la página 890, correspondiente a la Novena Época, del rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En efecto, a criterio de quien aquí resuelve, se estima actualizada, en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1 y 5, de la Ley de Amparo, por los motivos que a continuación se exponen. En el caso concreto, la quejosa Teresa de Jesús González Espíndola señala como uno de sus actos reclamados la negativa a que PETRÓLEOS MEXICANOS, TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL (ANTES PEMEX REFINACIÓN) la contrate, ello por no estar recuperada al cien por ciento de las lesiones sufridas, en virtud de padecer diabetes mellitus, sin tomar en consideración que dichas lesiones fueron consecuencia de un accidente de trabajo. Al respecto, los artículos 61, fracción XXIII, 1ºy 5º de la Ley de Amparo disponen "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.) El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (...) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificarla o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (...)." La disposición imperativa de la fracción XXIII, del numeral 61, transcrita, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Carta Magna y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento. El artículo 1º, fracción I, de la Ley de Amparo, prevé que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Mientras que el artículo 5º, fracción II, dispone que son partes en el juicio de amparo, entre otras, la autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguirla dichas situaciones jurídicas. Asimismo, para los efectos del juicio de amparo los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Así, de la interpretación en sentido contrario del artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, se deduce que el juicio de amparo se tornará improcedente, cuando se haga valer contra actos provenientes de una autoridad que no tenga tal carácter para efectos del amparo. En efecto, conforme a los preceptos legales transcritos, la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada al hecho que los actos u omisiones, normas generales o tratados internacionales que en el mismo se reclamen provengan de autoridad; entendiéndose por tal aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Por tanto, se considera que autoridad para efectos del juicio de amparo es aquella que cuenta con las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, que tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por si o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados, sin requerir de la voluntad del afectado o aún en contra de ella. En ese sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 394/2016, explicó las connotaciones de autoridad para efectos del juicio de amparo, para lo cual esbozó los motivos que condujeron al legislador ordinario para modificar el concepto de autoridad en la Ley de Amparo. Explicó que el concepto de acto de autoridad efecto del juicio de amparo se modificó para esencialmente ya que la vulneración de los derechos humanos no sólo proviene del Estado, sino también proviene de la actuación de los particulares en determinadas circunstancias, esto es, cuando sus actos u omisiones sean equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos del acto de autoridad que define el artículo 5, fracción II de la Ley de Amparo, cuya potestad o función deriva de una norma general y abstracta. Agregó que el criterio actual del Máximo Tribunal para determinar si se tiene o no el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo, se basa no sólo en el atributo de la fuerza pública o del imperio, pues con fundamento en una norma legal se puedan emitir actos unilaterales a través de los cuales se creen, modifiquen o extingan por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consentimiento del afectado, así como el tipo de relación jurídica que existe entre los sujetos en conflicto. Indicó además, que para que pueda otorgársele a alguien el carácter de autoridad responsable tiene que darse necesariamente la relación de supra a subordinación, pues tratándose de los otros tipos de relaciones (de coordinación o de supraordinación) los sujetos se ubican en un plano de igualdad, por lo que no se da la característica de un sujeto que tenga superioridad respecto del otro, que es la nota distintiva para determinar que, en esos casos, se está en presencia de un acto de autoridad. Las consideraciones reseñadas dieron origen a la jurisprudencia 1a./J. 41/2019 con rubro: "NOTARIOS PÚBLICOS. NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDADES RESPONSABLES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE LES RECLAMEN TRAMITACIÓN ACTOS DERIVADOS DE LA SUCESIONES EXTRAJUDICIALES.", publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, libro 69, Agosto de 2019, tomo II, página 1144. En ese sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. Cabe señalar en relación con el concepto de autoridad, que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, de acuerdo con la doctrina, que existen los siguientes tipos de relaciones jurídicas que derivan de la actuación del Estado y sus órganos: Las relaciones de coordinación, que son los vínculos que se entablan por una diversidad de causas entre dos o más personas físicas o morales, en su calidad de gobernados. Las relaciones de supraordinación, que son las que se efectúan entre los diferentes órganos de gobierno en el desempeño de sus atribuciones. Las relaciones de supra a subordinación, que son las que surgen entre los órganos de autoridad, por una parte, y el gobernado por la otra. En estas relaciones la autoridad desempeña frente al particular los actos de autoridad propiamente dichos, que tienen como características la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad. Se dice que tales actos son unilaterales porque su existencia depende sólo de la voluntad de la autoridad; son imperativos en virtud de que se imponen aun en contra de la voluntad del gobernado y son coercitivos dado que si no se acatan voluntariamente se puede lograr su cumplimiento coactivo mediante el uso de la fuerza pública. Así, el calificativo de acto de autoridad involucra a un órgano del Estado constituido por una persona o por un cuerpo colegiado, que ejecuta ciertos actos en ejercicio del poder de imperio, actos que modifican, crean o extinguen una situación de hecho o de derecho por medio de una decisión, con la ejecución de esa decisión, o bien por ambas. Con base en lo anteriormente expuesto, la referida Segunda Sala del Máximo Tribunal del País emitió el siguiente criterio en la tesis de jurisprudencia 2, XXXVI, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, marzo de 1999, materia administrativa, página 307, que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes de subordinación, entabladas entre goberantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como limito a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado." Esto es así, pues no basta estimar que los actos reclamados violentan los derechos fundamentales de la parte quejosa para considerar que fueron emitidos por una autoridad para los efectos del juicio de amparo, puesto que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha sostenido el criterio de que para estimar realizado un acto de autoridad es necesaria la existencia de un órgano del Estado que establece una relación de supra a subordinación con un particular; que esa relación tenga su nacimiento en la ley, que dote al órgano del Estado de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad; que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por si o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular, y que para emitir esos actos no sea necesario acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. El criterio a que se alude, se encuentra inmerso en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 164/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, materia común, página 1089, con número de registro digital: 161133, que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular, b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por si o ante si, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." En efecto, la teoría general del derecho también realiza una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Establece que la primera corresponde a la entablada entre particulares, y para dirimir controversias se crean en la legislación sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata o no a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va o no a desempeñar un servicio material, intelectual de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Por otra parte, de los antecedentes del acto reclamado -que bajo protesta de decir verdad narró la quejosa en su demanda-se advierte que ha laborado para la autoridad aquí responsable, con carácter transitorio por más de veinte años. Sobre ese contexto, es dable sostener que el acto que reclama consistente en la negativa a contratarla nuevamente en el departamento de vigilancia de la Refinería "Antonio Dovalí Jaime", al no estar recuperada al cien por ciento de las lesiones sufridas, en virtud de padecer diabetes mellitus, sin tomar en consideración que dichas lesiones fueron consecuencia de un accidente de trabajo, no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, debido a que lo solicitado por la parte quejosa repercute en el ámbito laboral al tener como consecuencia la terminación de una relación laboral como consecuencia de la terminación de un contrato. De ahí que resulte claro que los actos atribuidos a las autoridades responsables no son equiparables a uno de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues para que esa hipótesis se actualice es necesario que éste conlleve el ejercicio de una potestad administrativa que otorgue a la autoridad atribuciones de tal magnitud que actualicen una relación de supra a subordinación frente al particular y, con independencia de las facultades y obligaciones que le otorga la ley a dicho ente, se insiste, es evidente que con las omisiones reclamadas, no actúa en un plano superior al del peticionario de amparo, ni lo consideró como gobernado, sino que ese acto lo omite realizar en su calidad de patrón; siendo evidente que su determinación incide, en todo caso, en la esfera de sus derechos como trabajador; por lo que no se está en el caso de tener a aquélla como responsable para efectos del juicio de amparo, al ser una cuestión de carácter laboral que debe exigirse ante la Junta Federal correspondiente. Es decir, la omisión reclamada, en su caso, sólo conlleva una actuación propia de la relación privada que une a dicha dependencia con la parte quejosa como particulares, en virtud de que su pretensión final es el otorgamiento de un nuevo contrato de trabajo, lo que, por regla general, no es reclamable en la vía constitucional Ello, debido a que el derecho de la quejosa, que aduce violado por la aquí designadas como autoridades responsables, para quien prestaba sus servicios y, por ende, las transgresiones que le atribuye, no se verifican con el carácter de imperio que revisten los actos de autoridad, sino en atención a lo previsto en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se amplía a través de las leyes federales de trabajo respectivas. En efecto, el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo indica que es trabajador la persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo personal subordinado. Por su parte, el precepto 3 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, establece que es trabajador toda persona que preste un servicio físico, intelectual de ambos géneros, en virtud de nombramiento expedido o por figurar en las listas de raya de los trabajadores temporales. A su vez, el numeral 698 de la Ley Federal del Trabajo prevé que es competencia de las Juntas de Conciliación y Arbitraje los conflictos de trabajo que se susciten en términos de esa legislación. De esta manera se colige que, incluso las instituciones públicas, por el sólo hecho de su naturaleza formal no adquieren por esa sola razón el carácter de autoridades cuando realizan actos positivos, negativos u omisivos que tienen su origen en una relación jurídica con el trabajador y, por tanto, el acto reclamado, con independencia de que esté o no acreditado, no constituye un acto de autoridad para efectos del amparo, ya que se conducen bajo una relación de coordinación entablada entre particulares, en la que actúan en un mismo plano y cuyas controversias deben dilucidarse ante una autoridad laboral. Además, se le da el carácter de particular a los mencionados funcionarios, ya que pueden ser demandados como tal ante la autoridad del trabajo competente y, por ello, no podría sujetársele al juicio de amparo, al reclamarle actos que podrían ser enjuiciados ante otra instancia. De ahí que, se concluye, que la relación los trabajadores dedicados a la prestación de servicios en alguno de los organismos públicos descentralizado o autónomos, se encuentra sujeta a lo previsto en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo que, para conocer de los conflictos que se susciten entre alguna entidad y el propio operador, resulta competente la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en razón de que por la naturaleza de aquel organismo y de las funciones que realiza, los mismos no pueden ser analizados de manera inmediata a través de la acción de amparo, ya que es menester que sean sometidas en la vía ordinaria ante las autoridades jurisdiccionales del trabajo. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis 1.60.T. J/28 (10a.), de los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, en la página 1956, Décima Época, que a la letra dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de suprasubordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular, por consiguiente, solo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de supra-subordinación." Por lo que se concluye que la paraestatal a la que se le atribuyó el carácter de autoridad responsable en la demanda de amparo, se localiza en un plano de igualdad con los derechos de la quejosa, derivado del punto de coordinación existente como patrón (autoridad señalada como responsable) y de empleado (parte quejosa); y, por tanto, los actos que reclama en primer término la quejosa Teresa de Jesús González Espíndola, no constituyen, de acuerdo con su naturaleza, actos de autoridad, sino actos entre particulares, pues las omisiones y negativa reclamadas, obedecen a las facultades que las señaladas como autoridades responsables ejercen como patrón, por lo que no obra con el imperio de su soberanía, característica de los actos de autoridad, sino con base en una relación laboral, por lo cual los actos que les son imputados pertenecen a la esfera del derecho privado y no al ejercicio de la función pública. En consecuencia, al actualizarse el motivo manifiesto e indudable de improcedencia previsto en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1 y 5, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, respecto al acto reclamado a PETRÓLEOS MEXICANOS, TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL (ANTES PEMEX REFINACIÓN, consistente en la negativa a ser contratada, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de esa legislación. B) ADMISIÓN DE LA DEMANDA Ahora, respecto al diverso acto que reclama a la autoridad responsable Director del Hospital General Salina Cruz, de Petróleos Mexicanos, consistente en la falta de atención médica ; con fundamento en los artículos 1, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, 6, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V, 108, 110, 112, 113, 115, 116, 117 y relativos aplicables de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo. SUSPENSIÓN DE PLANO Con fundamento en los artículos 15, 125 y 126, de la Ley de Amparo, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO Y DE OFICIO respecto del acto señalado como reclamado por la parte quejosa, pues se trata de un asunto en el que se encuentra en riesgo su salud con motivo de las lesiones y el estado de vulnerabilidad en que se ubica derivado de que es una persona que padece diabetes mellitus, y por ende inminentemente afecta su vida. En efecto, el artículo 4, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 4. (.) Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades Federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución." Lo cual se afirma porque, tal como lo estatuye el precepto de referencia, toda persona tiene derecho a la protección de la salud; lo cual coincide con lo establecido por el numeral 10 del "Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales" , que puntualiza, precisamente, que toda persona goza del derecho humano en comento, entendido como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social; que con el propósito de hacerlo efectivo, los Estados Partes, han asumido el compromiso de reconocer la salud como un bien público y el de adoptar las siguientes medidas para garantizarlo: a) La atención primaria de la salud [entendiendo por ésta, la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad]; b) La extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos sujetos a la jurisdicción del Estado; c) La total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas; d) La prevención y tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales y de otra índole; e) La educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los problemas de salud; y, f) La satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables. Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que el derecho a la protección de la salud previsto en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos [transcrito con antelación] tiene, entre otras finalidades, la de garantizar el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan las necesidades de la población; y que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. En ese contexto, el aludido alto tribunal ha estimado compatible [el precitado artículo constitucional] con varios instrumentos internacionales de derechos humanos, entre los que destacan el apartado 1 del numeral 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos , el cual refiere que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y, en especial: la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. De igual manera, con el precepto 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales , que alude al derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y refiere que los Estados deben adoptar medidas para asegurar la plena efectividad de dicho derecho. En tal sentido y tomando en consideración lo establecido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, el más alto tribunal, ha estimado que el derecho a la salud debe entenderse como un derecho fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos y no sólo como el derecho a estar sano. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó la tesis aislada P. XIX/2000, localizable en la página 112, Tomo XI, Marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 192160, de contenido siguiente: "SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN, QUE COMO GARANTÍA INDIVIDUAL CONSAGRA EL ARTÍCULO 4o. CONSTITUCIONAL, COMPRENDE LA RECEPCIÓN DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES Y SU SUMINISTRO POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE PRESTAN LOS SERVICIOS RESPECTIVOS. La Ley General de Salud, reglamentaria del derecho a la protección de la salud que consagra el artículo 4o., párrafo cuarto de la Carta Magna, establece en sus artículos 2o., 23, 24, fracción I, 27, fracciones III y VIII, 28, 29 y 33, fracción II, que el derecho a la protección de la salud tiene, entre otras finalidades, el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfaga las necesidades de la población; que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad; que los servicios de salud se clasifican en tres tipos: de atención médica, de salud pública y de asistencia social; que son servicios básicos de salud, entre otros, los consistentes en: a) la atención médica, que comprende actividades preventivas, curativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias, definiéndose a las actividades curativas como aquellas que tienen como fin efectuar un diagnóstico temprano y proporcionar tratamiento oportuno; y b) la disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud para cuyo efecto habrá un cuadro básico de insumos del sector salud. Deriva de lo anterior, que se encuentra reconocido en la Ley General de Salud, reglamentaria del derecho a la protección de la salud, el que tal garantía comprende la recepción de los medicamentos básicos para el tratamiento de una enfermedad, como parte integrante del servicio básico de salud consistente en la atención médica, que en su actividad curativa significa el proporcionar un tratamiento oportuno al enfermo, lo que incluye, desde luego, la aplicación de los medicamentos básicos correspondientes conforme al cuadro básico de insumos del sector salud, sin que obste a lo anterior el que los medicamentos sean recientemente descubiertos y que existan otras enfermedades que merezcan igual o mayor atención por parte del sector salud, pues éstas son cuestiones ajenas al derecho del individuo de recibir los medicamentos básicos para el tratamiento de su enfermedad, como parte integrante del derecho a la protección de la salud que se encuentra consagrado como garantía individual, y del deber de proporcionarlos por parte de las dependencias y entidades que prestan los servicios respectivos." En ese orden, de la demanda de amparo y su escrito aclaratorio, se advierte que la promovente del amparo -bajo protesta de decir verdad- señala que fue diagnosticada con diabetes mellitus, y que gozaba del servicio médico que le proporcionaba su entonces fuente de empleo Petróleos Mexicanos, por lo que, debido al tipo de padecimiento era atendida en el Hospital General Salina Cruz, de Petróleos Mexicanos, pero que fue dada de baja por la patronal, por lo que se le ha negado la atención médica y, con ello, se le ha impedido ser atendida de las lesiones que presenta. En esa medida, de conformidad con los artículos 15, 125 y 126 de la Ley de Amparo, atendiendo a las manifestaciones de la promovente, así como a la violación alegada y toda vez que el derecho a la protección de la salud, consagrado en el citado artículo 4° de la norma fundamental, constituye una responsabilidad social, que no es otra cosa que el deber de proporcionar los medios necesarios para que el ser humano tenga acceso a la salud que comprende, entre otras cuestiones, la asistencia médica y el suministro de medicamentos, además de que este órgano jurisdiccional en el caso concreto dada la naturaleza del reclamado no puede sustituir a la responsable en sus facultades decisorias, se concede la suspensión de plano para que las autoridades responsables, ante la omisión reclamada, continúen proporcionando de manera integral la atención médica a la quejosa, para que se encuentre en condición de continuar con sus tratamientos, dado su estado de vulnerabilidad, así como brindar el acceso a los servicios médicos, quirúrgicos y hospitalarios que presta, además de que se le proporcionen los medicamentos necesarios para el mejoramiento de su salud. En la inteligencia que la suspensión de plano se dicta atendiendo a la urgencia y gravedad del caso, derivado de que la salud e inclusive la vida de la quejosa se encuentran en riesgo, lo cual implica que este juzgador tenga que adoptar de manera inmediata las medidas necesarias para que cese cualquier acto que pudiera generar daños de imposible reparación a la esfera jurídica de la impetrante. En consecuencia, la autoridad responsable deberá informar dentro del improrrogable plazo de veinticuatro horas el cumplimiento dado a esta suspensión de plano, apercibida que de no acatar lo ordenado se le sancionará conforme a la ley penal por el delito de abuso de autoridad, en términos del artículo 262, fracción lll, de la Ley de Amparo. Finalmente, las autoridades responsables deberán de tomar las medidas necesarias para salvaguardar la integridad física de la quejosa. Ello, porque se considera que de continuar las responsables negando el servicio médico adecuado para atender sus padecimientos, podría sufrir graves repercusiones a su estado de salud. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin que haya lugar a tramitarse este juicio con incidente de suspensión, dado que en el caso fue decretada a favor de la quejosa la suspensión de plano. REQUERIMIENTO DE INFORMES JUSTIFICADOS. Con apoyo en los artículos 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídanse a las autoridades responsables sus informes justificados, el que deberán rendir dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciban el oficio que lo solicita, donde expondrán las razones y fundamentos para sostener la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, y en su caso, la improcedencia del juicio o la actualización de alguna causa de sobreseimiento, y según la hipótesis, acompañarán copia certificada completa y legible de las constancias que sean necesarias para apoyar dichos informes. Con el apercibimiento que de no hacerlo se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario; además, se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización a que se refieren los artículos segundo y quinto transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en relación con los resolutivos primero de la Resolución del Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que fija los salarios mínimos y profesionales, vigentes a partir del uno de enero de dos mil dieciséis, y segundo de la Nota Aclaratoria a dicha resolución, ambas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de diciembre de dos mil quince, como corrección disciplinaria en términos de lo que establece el artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 238 de esa legislación. En la inteligencia de que dadas las referidas medidas de contingencia sanitaria en los órganos jurisdiccionales de la Federación, dichos informes deberán ser enviados únicamente vía correo electrónico a la dirección 7jdo13cto@correo.cjf.gob.mx; sin perjuicio de optar por la vía ordinaria, a menos que lo que vayan a adjuntar se trate de constancias integradas en legajos voluminosos, autos originales o de un disco versátil digital; lo anterior a efecto de evitar duplicidad en las actuaciones judiciales correspondientes, así como la generación de proveídos innecesarios o redundantes. Ello, a efecto de no diferir la celebración de la audiencia constitucional, y de esta manera resolver con la mayor expedites posible, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y dentro del término establecido en el 117 de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra apoyo, en lo conducente, en la tesis jurisprudencial emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 30 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV (marzo de 2007), Novena Época, de rubro: "CONSTANCIAS ENVIADAS POR FAX ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LAS REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LAS RECIBE, TIENEN PLENO VALOR PROBATORIO." SOLICITUD DE CORREO INSTITUCIONAL Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para el intercambio de información oficial a través de correo electrónico institucional como medida complementaria de las acciones para el combate de la enfermedad generada por el virus SARSCOV2 (Covid-19), publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de abril de este año, en caso que la entrega de las misivas se haga en el domicilio de la autoridad el actuario de la adscripción en el acto de la diligencia, deberá solicitar el correo institucional de cada responsable emplazada para que las subsecuentes notificaciones se realicen por ese medio y no se propicie el riesgo de contagio por el referido virus; ello, de conformidad a lo previsto en el numeral 28, fracción III de la Ley de Amparo. En el entendido que si el envío del oficio que se expida de este proveído, se haga vía mensajería acelerada "Estafeta", se constriñe a dichas responsables para que proporcionen el referido correo institucional para dar cumplimiento a lo antes mencionado. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se señalan las dieciséis horas con treinta minutos del siete de octubre de dos mil veintiuno, para la audiencia constitucional, siendo factible que se lleve a cabo sin la asistencia de las partes, circunstancia que no las deja en estado de indefensión, en virtud de que podrán presentar por escrito alegatos de manera física o electrónica, de conformidad con el artículo 25 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el punto 16 de las preguntas y respuestas emitidas por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del propio Consejo, en torno al acuerdo mencionado; salvo que manifiesten oportunamente su deseo de estar presentes. Máxime que en el caso, el acto reclamado no se ubica en los supuestos a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para poder alegar de manera oral en la audiencia, aunado a que a esta fecha no hay ofrecimiento de pruebas que requieran la presencia de las partes o de diversas personas para su desahogo. Por otra parte, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que de diferirse la celebración de la audiencia constitucional, se les notificará el acuerdo respectivo por medio de lista y no mediante misiva, toda vez que corresponde a este Juzgado la facultad de determinar cuáles resoluciones deberán hacerse mediante oficio, pues de ser la hipótesis, se realizará en forma personal a través del aludido medio, en términos de la primera fracción del artículo 30 de la Ley de Amparo, la primera notificación, así como las que el Juez estime trascendentes y las que establece dicho numeral; y tal diferimiento se considerará de mero trámite, haciendo énfasis a dicha autoridad que tiene la obligación de dar seguimiento a los juicios en que intervenga. A lo anterior resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la décima época, con número de registro 2002576, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, de enero de dos mil trece, tomo 2, página 1253, cuyo rubro y texto se lee: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO Se previene a las partes que de conocer alguna causa de sobreseimiento están obligadas a informarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional, de conformidad con el artículo 64, de la Ley de Amparo; y, en caso de no hacerlo así, se les impondrá una multa por el equivalente a treinta días de acuerdo al valor diario de la unidad de medida y actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), con fundamento en el diverso 251 de la propia legislación. VISTA AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO Dese vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, para los efectos de su representación social, en términos de lo dispuesto por el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo. TERCERO INTERESADO Dada la naturaleza del acto reclamado, no existe tercero interesado. PRUEBAS Se hace constar que el quejoso no ofreció medios de prueba de su parte. INEXISTENCIA DE AUTORIDAD Con fundamento en el artículo 108, fracción III y, 63 de la Ley de Amparo, se apercibe a la parte quejosa que de señalar incorrectamente la denominación de las autoridades responsables; previa vista que para conocimiento de tal eventualidad sea otorgada personalmente, sin contestación alguna, tendrá como efecto declarar su inexistencia, dejándolas de tener con tal carácter, así como cesará toda comunicación con ellas, continuando con el trámite del juicio. ACTUARIO DE LA ADSCRIPCIÓN Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se instruye al fedatario comisionado para hacer la entrega del oficio correspondiente a este cuaderno, que deberá hacerlo con la autoridad o encargado que en ese momento se encuentre en la oficina donde deba realizarse la notificación y si éste se negare a recibirlo, hacer de su conocimiento que no obstante ello se tendrá por hecha y asiente razón en ese sentido; y la aperciba que de subsistir su negativa se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 245 del mismo ordenamiento. Asimismo, se faculta al Actuario de la adscripción para que en caso de que no le sea posible enviar vía fax o correo electrónico los oficios que se expidan en este expediente; sin ulterior acuerdo, previa razón de imposibilidad que levante para debida constancia, los remita con sus anexos descritos vía mensajería acelerada "Estafeta". EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" Por otra parte, dado que en la especie el asunto que en esta data se provee fue promovido físicamente, es menester hacer mención a las partes que con fundamento en el numeral 22 del multicitado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, se les exhorta (invita) continúen dicha tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", ya que representa celeridad en el despacho del asunto, incluso hasta resolver en definitiva. En ese orden de ideas, se invita a las partes quienes en su caso no tengan autorizada la actuación "en línea", a que soliciten, a través de una promoción electrónica desde el Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, en observancia a lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Se les hace también mención, que para el caso de que no cuenten con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", y a la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), y con la finalidad de que la obtengan, se les invita a ingresar a la siguiente dirección http://firel.pjf.gob.mx. En el entendido que en caso contrario a lo anterior se harán las notificaciones por lista, misma que hasta en tanto no se permita el acceso libre a los órganos jurisdiccionales Federales, su consulta deberá efectuarse en la publicación que se realiza en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo previsto en el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, o de ser el deseo de las partes consultarla físicamente, se visualizarán en el lugar de fácil acceso que designe la administración regional (de las que previamente este juzgado enviará vía correo a dicha área), y en términos de la segunda parte del numeral 29 de la Ley de Amparo. FEDATARIOS DE LA ADSCRIPCIÓN Ahora bien, se hace mención a los fedatarios de la adscripción que las notificaciones dirigidas a las partes y que tengan que realizar de manera personal en los domicilios señalados para tal efecto, deberán hacerlas en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar su integridad y salud, así como la de aquéllos, en términos de lo previsto en la fracción XIV del artículo 2 del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con la fracción I del numeral 22, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. DISPOSICIÓN ESPECIAL Se autoriza a la Secretaria del juzgado a firmar los oficios que se giren en el presente juicio. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información. Notifíquese, vía electrónica a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Luis Anselmo Félix Rodríguez, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, autorizado en sesión de nueve de agosto del año en curso, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, para desempeñar las funciones de Juez de Distrito, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, notificado por oficio CCJ/ST/2773/2021, firmado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial; ante la Secretaria que autoriza y da fe Dalila Guadalupe Hernández Díaz.
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