Teresa Díaz Reynoso

Expediente 440/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 10 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
440/2020
Año
2020
Actuaciones
10
Última actuación
30/03/2021

Partes del expediente

  • Teresa Díaz Reynoso

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, treinta de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que Teresa Díaz Reynoso, no interpuso recurso de queja, contra el auto de dieciocho de marzo del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo, habiendo transcurrido el término concedido para tal efecto; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2, se declara que ha causado estado dicho proveído para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia. Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 21, inciso B, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se destaca que en este expediente no se concedió suspensión de plano de los actos reclamados, ni existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). Devolución de constancias. Toda vez que la autoridad responsable 1. Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Santa María Huatulco, Oaxaca, al rendir su informe exhibió original del expediente laboral 118/2015-55/2016 de su índice (folio 3426), mismas que resultan innecesarias; por lo que, se ordena su devolución mediante oficio, que al efecto se envíe con transcripción de este proveído, para los efectos legales procedentes, solicitando al efecto acuse recibo de estilo correspondiente dentro de los tres días siguiente a su recepción. Destino. Además, al tratarse de un asunto desechado, de conformidad a lo previsto en el artículo 21, inciso B, este expediente es destruible. En tal virtud, con fundamento en el citado artículo 21 de dicho Acuerdo General, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que se emite este auto, procédase a su destrucción, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que alude el citado numeral, deberá solicitarse la trasferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Archivo del incidente de suspensión. Se señala que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Ley de Transparencia. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese por lista a la quejosa el presente proveído, en términos de lo ordenado en auto de once de diciembre de dos mil veinte. MAGR/JCTT/Jcgg

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintitrés de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos el oficio firmado por el Auxiliar Encargado de la Presidencia por Ministerio de Ley de la 1. Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Santa María Huatulco, Oaxaca, por el que aduce remitir los autos originales del expediente laboral 118/2015-55/2016 de su índice, atento la imposibilidad que tiene para remitir copia certificada de las constancias que este este órgano jurisdiccional requirió mediante misiva 6710/2021 de veinticuatro de febrero del año en curso, sin que respecto de ello se dicte mayor pronunciamiento toda vez que en proveído de dieciocho de marzo siguiente, se desechó la demanda promovida por Teresa Díaz Reynoso. TOMO DE PRUEBAS No obstante lo anterior, hasta en tanto no cause estado el proveído de mérito y se ordene su devolución, con las documentales de mérito, se ordena formar el anexo I, conservando su folio y entresello y, dado el volumen de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se estima que éstas no se digitalizarán para ser agregadas a la plataforma del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, dado que el número de fojas supera los 20 MB que aquél permite. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 22 y 23 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que establecen: "Artículo 22. Al integrar los expedientes electrónicos, los órganos jurisdiccionales los registrarán dentro de la misma numeración consecutiva que la empleada para los expedientes derivados de promociones que se presenten de manera impresa, y en ambos casos se dará el trámite correspondiente. Las constancias firmadas electrónicamente tienen validez legal suficiente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa ni una certificación para ser agregadas al expediente impreso respectivo, sino que bastará con que conste en ellas su evidencia criptográfica. . El expediente físico y el electrónico deberán contener las mismas constancias y documentos, guardando idéntico orden cronológico. Los documentos presentados en físico con los que se formen cuadernos auxiliares y que no se agreguen al expediente principal físico, tampoco deberán integrarse al expediente electrónico. Se trata de los siguientes: . Los cuadernos auxiliares podrán consultarse físicamente por las partes en los órganos jurisdiccionales con las salvaguardas respectivas tratándose de la información reservada o confidencial. Artículo 23. En caso de que exista imposibilidad material para la digitalización de determinadas constancias aportadas por las partes, las y los titulares de los órganos jurisdiccionales acordarán lo conducente y valorarán si hacen del conocimiento de las partes tal situación mediante proveído y si las constancias se integran únicamente al expediente impreso, o bien, ordenarán la integración de cuadernos auxiliares previstos en el artículo 22, último párrafo" Finalmente, agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el diverso oficio firmado por el Juez Primero Mixto de Primera Instancia de Puerto Escondido, Oaxaca, toda vez que dicha misiva se recibió vía correo electrónico (folio 2539) el veinticinco de febrero del año en curso, y se proveyó lo conducente el veintiséis siguiente. Notifíquese.

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el plazo de tres días que se dio a las partes para que hicieran manifestación respecto de la vista que se les dio en proveído de cuatro de marzo del año en curso, para que en su caso, promovieran el incidente correspondiente, en términos de lo previsto en los numerales 66 y 67 de la Ley de Amparo. Ahora bien, es dable precisar que en auto de veinticuatro de febrero de este año, se requirió a la quejosa ***, para que en el término el tres días bajo protesta de decir verdad, manifestara si las firmas que aparecían en el escrito inicial de la demanda que dio origen al juicio de amparo al rubro citado, fueron puestas de su puño y letra y, si las hacía suyas; sin que hiciera manifestación al respecto. En ese orden ideas, como ninguna de las partes hizo pronunciamiento alguno tocante al requerimiento y vista que respectivamente se les dio en los proveídos aludidos, y toda vez que han fenecido los plazos ahí apuntados; ante las discrepancias de la firma que calza el escrito de demanda, con la que obra en el escrito inicial del expediente de origen, lo procedente es desechar la demanda, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Es aplicable al respecto la tesis V.1o.19 K, registro 194514, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Tomo IX, Marzo de 1999, página 1391, Novena Época, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DISCREPANCIA DE LA FIRMA QUE LA CALZA Y LA ESTAMPADA EN LA DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN DE LA MISMA. La determinación de desechar por notoriamente improcedente la demanda de amparo, cuando existe discrepancia notoria entre la firma que la calza y la de la diligencia de ratificación de la misma, es correcta tomando en consideración que el juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, y por tanto la demanda de amparo debe ser firmada por el interesado o por su representante para que quede de manifiesto la voluntad de instar el juicio; pues estimar lo contrario, significaría aceptar como válido el proceder de un apoderado que se presenta a ratificar una demanda que no suscribió, con lo que se fomentaría la práctica viciosa de que cualquier persona, sin ser la interesada, firmara una demanda con el propósito de presentarla oportunamente, para después, en cualquier tiempo subsanar la omisión de voluntad con la ratificación de quien no la suscribió." Lo anterior, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el 6, de la misma legislación, que establecen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. ." "ARTÍCULO 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5º de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita." Ello, al no existir instancia de parte agraviada, pues no se aprecia la voluntad para instar el juicio constitucional al no expresar mediante dicha firma su voluntad con la que lleve inmerso que se hace responsable de su contenido, en términos del artículo 204 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, toda vez que conforme a lo establecido en los numerales 107, fracción I, de la Constitución Federal y 6 de la Ley de Amparo, sólo puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto, omisión o la ley que se reclame, esto es, por quien el acto de autoridad le ocasione un agravio personal y directo, lo cual le otorga legitimación para incoar la instancia constitucional. Sin que se esté en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 17 y 42 del acuerdo mencionado en segundo término. Aunado a que el acto que se reclama no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas por el citado numeral 15 de la ley reglamentaria, ya que no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales, supuestos que son los únicos en los que en términos del precepto 3, último párrafo de la Ley de Amparo, no se requiere Firma Electrónica; supuestos que son los únicos en los que la norma autoriza a cualquier persona a promover en favor de un tercero, por lo que no está facultado para firmar la demanda por la vía electrónica a favor o en representación del impetrante. Conviene precisar, que al considerar procedente desechar de plano la demanda de amparo, por actualizarse una causal de improcedencia manifiesta y notoria, no se le restringe al impetrante del amparo un efectivo acceso a la justicia tutelado en el artículo 17 de la Constitución Federal, ni el diverso numeral 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues de su interpretación se advierte que garantizan el derecho fundamental a favor de los gobernados relativo al acceso efectivo a la justicia, que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas. En ese sentido, el acceso a la justicia no se encuentra mermado por la circunstancia de que las leyes ordinarias establezcan requisitos de procedencia y plazos para ejercer un derecho, porque tales disposiciones refieren que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente; sin embargo, ese derecho es limitado, pues para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual, además, brinda certeza jurídica. De ahí que, si el quejoso no cumple con uno de los requisitos formales de admisibilidad establecidos en la propia Ley de Amparo, como en el caso, ello no se traduce en una violación a su derecho de acceso a la justicia, pues éste debe cumplir con los requisitos de procedencia que prevé la citada ley. Además, con la reforma al artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de diez de junio de dos mil once, implica la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el Juez deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en la Ley de Amparo para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. Sirve de apoyo, la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, publicada en la página 699, Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con registro 2004823, de rubro siguiente: "ACCESO A LA JUSTICIA. ES UN DERECHO LIMITADO, POR LO QUE PARA SU EJERCICIO ES NECESARIO CUMPLIR CON LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA, ASÍ COMO DE OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO." De igual forma, adquiere aplicación a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 487, del tomo I, Libro 3, correspondiente a febrero de dos mil catorce, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro 2005717, de rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA." En consecuencia, al actualizarse el motivo manifiesto e indudable de improcedencia previsto en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de esa legislación. Atento a lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para el día de hoy. Finalmente, no ha lugar a realizar mayor pronunciamiento respecto a la reserva decretada en proveído de once de marzo de este año, respecto a la devolución de la comunicación oficial del Juez Segundo Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Escondido, Oaxaca, girada para emplazar a juicio al tercero interesado OPERADORA TURÍSTICA ARCOIRIS, S.A DE C.V., de Santa María Colotepec, Oaxaca; Notifíquese, y por lista a la quejosa en términos de lo ordenado en auto de once de diciembre de dos mil veinte.

  4. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, once de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio firmado por el Juez Segundo Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Escondido, Oaxaca, mediante el cual devuelve sin diligenciar el despacho 513/2020, orden 726/2020 de este índice, por el que en proveído de once de diciembre de dos mil veinte se encomendó emplazar a juicio al tercero interesado OPERADORA TURÍSTICA ARCOIRIS, S.A DE C.V., de Santa María Colotepec, Oaxaca; por tanto, se ordena a la analista jurídico para que realice las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en Sistema de Integración de Seguimiento de Expedientes. Ahora, respecto de la imposibilidad manifiesta para desahogar la encomienda hecha, se reserva a proveer, hasta en tanto las partes desahoguen o transcurra el plazo de tres días otorgados en la vista que se les dio en proveído de cuatro de marzo del año en curso, en términos de lo previsto en los numerales 66 y 67 de la Ley de Amparo. Cabe precisar que es de tomarse el informe, pues no obstante que se remitió vía correo electrónico, éste es un medio de comunicación electrónica, que al ser certificada su recepción por el secretario de este juzgado adquiere eficacia probatoria; así, al caso se invoca, por analogía jurídica, la tesis con número de registro 216635, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 245, del Semanario Judicial de la Federación tomo XI (abril de 1993), Octava Época, de rubro: "DOCUMENTOS RECIBIDOS VÍA FAX. VALOR PROBATORIO DE LOS." Cúmplase.

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