Teresa Martínez Matus
Expediente 286/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 7 de agosto de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 286/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 07/08/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Teresa Martínez Matus
- Teresa Martínez Matus y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, siete de agosto de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el término legal de cinco días, que establece el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiere el recurso de queja en contra del acuerdo de veinticuatro de julio del año en curso (foja 43), en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en los términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho proveído para los efectos legales procedentes; y con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. LEY DE TRANSPARENCIA. Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General e Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese. I-B
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, once de julio de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el escrito de cuenta; se advierte que las firmas que en el mismo aparecen como de los quejosos Teresa Martínez Matus, Ponciano José Marín, Alva Ruiz Gómez, Erika López de los Santos, Yesenia del Carmen López Pérez, Maribel Pérez Cruz, Erika López Guerra, Heidy López Pérez, Víctor Manuel José Carrasco y Juanita Ramos Fuentes, difieren notablemente con la estampada por éstos en el escrito inicial de demanda; en consecuencia, por seguridad jurídica, se requieren a los quejosos de referencia, para que dentro del término de tres días siguiente al en que surtan efectos la notificación de este acuerdo, comparezcan ante este juzgado debidamente identificados con documento oficial vigente, para que manifiesten sí reconocen como suyas dichas firmas, por haberlas estampados de su puño y letra, y por ende, la ratifiquen; en el entendido que de no cumplir con lo anterior, se tendrá por no presentado el escrito de cuenta. Determinación que encuentra apoyo en la jurisprudencia sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos ochenta y cinco, Tomo III, Primera Parte, Enero a Junio de mil novecientos ochenta y nueve, Registro 207437, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro y texto es como sigue: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA. Cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerlas, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Amparo, advirtiendo al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después se dictará el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. Es importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas". Notifíquese. IB-B
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, once de julio de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el escrito de cuenta; se advierte que las firmas que en el mismo aparecen como de los quejosos Teresa Martínez Matus, Ponciano José Marín, Alva Ruiz Gómez, Erika López de los Santos, Yesenia del Carmen López Pérez, Maribel Pérez Cruz, Erika López Guerra, Heidy López Pérez, Víctor Manuel José Carrasco y Juanita Ramos Fuentes, difieren notablemente con la estampada por éstos en el escrito inicial de demanda; en consecuencia, por seguridad jurídica, se requieren a los quejosos de referencia, para que dentro del término de tres días siguiente al en que surtan efectos la notificación de este acuerdo, comparezcan ante este juzgado debidamente identificados con documento oficial vigente, para que manifiesten sí reconocen como suyas dichas firmas, por haberlas estampados de su puño y letra, y por ende, la ratifiquen; en el entendido que de no cumplir con lo anterior, se tendrá por no presentado el escrito de cuenta. Determinación que encuentra apoyo en la jurisprudencia sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos ochenta y cinco, Tomo III, Primera Parte, Enero a Junio de mil novecientos ochenta y nueve, Registro 207437, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro y texto es como sigue: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA. Cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerlas, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Amparo, advirtiendo al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después se dictará el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. Es importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas". Notifíquese.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, cuatro de julio de dos mil diecisiete. Por recibido el escrito del licenciado Gelacio Morga Cruz, autorizado de la parte quejosa; en atención a su contenido, no ha lugar a tener al aludido promovente cumpliendo en su totalidad con el requerimiento formulado en auto de veintiséis de junio del año en curso. Lo anterior, dado que si bien es cierto señala concretamente los actos que se le atribuyen al Secretario de Energía, Titular de la Comisión Reguladora de Energía y Presidente Municipal de Unión Hidalgo, Oaxaca, también lo es que, en el auto de veintiséis de junio de esta anualidad, también se requirió a los directos quejosos, para que bajo protesta de decir verdad, indicaran la fecha exacta en que tuvieron conocimiento de la existencia de los permisos a que hacen alusión en su demanda de amparo, otorgados a favor de las empresas señaladas como terceras interesadas; por lo que, no obstante dicho promovente es autorizado de la parte quejosa, con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, y su manifestación la realiza bajo protesta de decir verdad, sin embargo, al ser dicha protesta un acto de carácter personalísimo, solo pueden realizarla los directos quejosos, no así la persona que signa el escrito de cuenta. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J 50/2014, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, visible a página 210, Décima Época, con número de registro 2007285, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 61/2014, entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito y el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." Por consiguiente, subsiste el requerimiento y apercibimiento contenido en el proveído de veintiséis de junio de dos mil diecisiete. Se precisa, que el término para cumplir con el requerimiento se reanudará a partir de que surta efectos la notificación legal de este proveído. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis número III.2o.A.38K, visible en la página 1323, del Tomo XXI, correspondiente al mes de Abril de 2005, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 146 DE LA RELATIVA SE INTERRUMPE CON LA PRESENTACIÓN DEL ESCRITO CORRESPONDIENTE Y HASTA EN TANTO SURTE EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO QUE LE RECAIGA". Finalmente, en términos del artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se tiene como domicilio de la quejosa para oír y recibir toda clase de acuerdos y notificaciones personales, el que se indica en el escrito de cuenta. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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