Teresa Eduviges Sabido Pool

Expediente 1011/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 15 actuaciones registradas, la última del 6 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1011/2018
Año
2018
Actuaciones
15
Última actuación
06/02/2019

Partes del expediente

  • Teresa Eduviges Sabido Pool

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, seis de febrero de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de veinticinco de enero de dos mil diecinueve, se dio vista a las partes con lo informado por las autoridades responsables, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en dicho proveído se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. El acuerdo de mérito se notificó a las partes el veintiocho de enero último, sin que a la fecha desahogaran la vista concedida. En consecuencia, al haber transcurrido el término otorgado para tal efecto, este órgano de control constitucional procede a resolver, de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable, el fallo protector se encuentra o no cumplido en su totalidad. En sentencia firmada el veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que la Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, dejara insubsistente en el juicio ejecutivo mercantil 958/2017, las diligencias de citación y emplazamiento realizados al aquí quejoso los días dos y tres de octubre de dos mil diecisiete, así como todos los actos posteriores y todo lo actuado en el mismo. Por auto de diecisiete de enero del año en curso, causó ejecutoria la sentencia de mérito y se requirió a las responsables su cumplimiento. Mediante oficio 231/2019 de la Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, se informó sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, remitiendo inserto en dicho oficio el auto de veintiuno de enero recién finalizado, en el que dejó insubsistente todas las actuaciones en el juicio de origen y las correspondientes a la citación y emplazamiento de la parte aquí quejosa. Lo que comunicó a las autoridades registrales correspondientes, a fin de que realizaran la cancelación del embargo trabado sobre el bien inmueble afecto al juicio de origen. Por su parte, la Directora y el Registrador del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial del Estado de Yucatán, residentes en esta capital, informaron que se había cancelado el embargo trabado sobre el inmueble de referencia mediante los oficios correspondientes (fojas 202 a 207). Consecuentemente, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, fracción I, se advierte que las responsables se encontraban obligadas, a dejar insubsistente todo lo actuado en el juicio de origen, a partir del ilegal emplazamiento y todo lo actuado con posterioridad, lo que así se hizo y acreditaron las responsables con los oficios que remitieron a este juzgado para ese efecto, lo que se ajusta a los lineamientos precisados en el fallo protector. De ahí que se consideren destruidos los actos atribuidos a las autoridades responsables, y por ende, la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional, en cumplimiento al fallo protector. Luego, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77, de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. Con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, el mismo es susceptible de depuración, pues se concedió la medida cautelar solicitada, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. En términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticinco de enero de dos mil diecinueve. Visto: agréguense los oficios 231/2019 de la Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, INSEJUPY/DRPPYC/DJ/AR/1320/2018 de la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán e INSEJUPY/INMOBF/DJ/AR/1321/2018 del Registrador del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, todos con residencia en esta ciudad, así como los anexos que cada uno de ellos se adjunta, mediante los cuales informan las gestiones realizadas con relación al cumplimiento de la sentencia ejecutoria. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la ley de la materia, dése vista de lo anterior, a la parte quejosa y tercera interesada por el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la legal notificación que se les realice de este acuerdo, para que manifiesten lo que a su derecho corresponda. Con el apercibimiento que de no hacerlo, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las citadas autoridades responsables. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, diecisiete de enero de dos mil diecinueve. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada en este juicio, firmada el veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con apoyo en los numerales 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio de aquella, se declara que la referida sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en los artículos 192 y 258, ambos de la Ley de Amparo, prevéngase al Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, Director y Registrador del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, todos con sede en esta ciudad, para que cumplan con la ejecutoria de mérito, como lo dispone el artículo 77 del propio ordenamiento legal; lo que deberán informar a este Juzgado dentro del plazo de tres días. Apercibidos que de no hacerlo así, sin causa justificada, se les impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto en el párrafo sexto, del Apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, siete de diciembre de dos mil dieciocho. Visto: agréguense a los presentes autos el oficio 2716/2018, signado por la Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Progreso, así como el despacho 124/2018-D-AMPARO CIVIL-II-B, del índice de este Juzgado, que devuelve debidamente diligenciado. Atento lo anterior, se tiene por diligenciado el despacho de mérito, para los efectos legales correspondientes, por lo que, realícense las anotaciones relativas y dese de baja en el libro de gobierno respectivo. Ahora bien, toda vez que de la lectura de la constancia levantada el trece de noviembre del año en curso por la actuaria adscrita al órgano jurisdiccional de la autoridad oficiante (foja 159), se observa que la tercero interesada Gloria Asuleymi Ramos Andueza, no señaló dentro del término de tres días hábiles un domicilio en esta ciudad para oír y recibir las notificaciones relacionadas con este juicio, tal como se le requirió mediante proveído de veinticinco de septiembre del año que transcurre. En atención a lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el acuerdo de mérito, y con fundamento en el artículo 27, fracción II, último párrafo, de la Ley de Amparo, se ordena notificar a la tercera interesada antes nombrada el contenido de este proveído, así como los de fecha seis, dieciocho y veinticinco de septiembre del año en curso y los subsecuentes, aún los de carácter personal, por medio de lista que se fija diariamente en los estrados de este Juzgado. Notifíquese. Mérida, Yucatán, seis de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por Teresa Eduviges Sabido Pool, contra el acto que reclama del Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad y de otras autoridades, se acuerda: Fórmese expediente y regístrese en el libro de Gobierno de este Juzgado, con el número 1011/2018-II-B, que es el que le corresponde. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 108, 112 y 114 fracción II, de la Ley de Amparo, a fin de estar en aptitud de acordar lo que legalmente corresponda en relación con la demanda de amparo presentada, requiérase a la parte promovente para que dentro del término de cinco días hábiles, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la legal notificación que se le realice del presente proveído, aclare su demanda en los siguientes términos: Proporcione el domicilio de Gloria Asuleymi Ramos Andueza, a quien le reviste el carácter de tercera interesada en este juicio, en términos de lo previsto en el artículo 5, fracción III, inciso b, de la Ley de Amparo; Exhiba cinco copias más de su escrito de demanda, toda vez que únicamente exhibió tres, cuando son necesarias un total de ocho. Lo anterior, en razón de que dos son para el incidente de suspensión, cuatro para las autoridades señaladas como responsables, una para la Agente del Ministerio Público Federal adscrita y una más, para correr traslado a la tercera interesada. Dígase a la parte peticionaria del amparo, que deberá anexar a su escrito aclaratorio, el número de copias necesarias del mismo, para las partes, de conformidad con lo establecido en el artículo 110, de la ley de la materia. Se apercibe al promovente, que de no cumplir con lo anterior dentro del término y forma señalados, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior la Jurisprudencia con Registro: 162,965, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXXIII, Enero de 2011, Tesis: 1a./J. 90/2010, Página: 448, que dice: "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITEZ EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO. Cuando de la demanda de garantías, se advierta que el acto impugnado proviene de un juicio o de un procedimiento seguido en forma de juicio en donde haya intervenido el quejoso y su contraparte, debe considerarse a este último como tercero perjudicado, aun cuando en el juicio de amparo se reclamen violaciones a las garantías consagradas en los artículos 8o. y 17 de la Constitución Federal, en específico, por la falta de acuerdo a una promoción o la omisión de alguna autoridad jurisdiccional de dictar la resolución que ponga fin a un juicio o a un procedimiento seguido en forma de juicio; pues la figura del tercero perjudicado no puede dejar de existir, en función de la naturaleza de los actos que se impugnen, pues el carácter de tercero perjudicado que tiene la contraparte del agraviado, deviene expresamente de lo dispuesto en el inciso a) de la fracción III del artículo 5o. de la Ley de Amparo, y su intervención como tal en el juicio de garantías constituye un derecho procesal legalmente tutelado. Igualmente, la tesis de jurisprudencia número 36/2001, publicada en el folio 79, del tomo XIII, abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, y la tesis P.VII/2001, consultable en la página 325, Novena Época, del tomo XIII, abril de 2001, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que respectivamente establecen: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NUMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues éste último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." y "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. FINALIDAD DE LOS REQUISITOS QUE DEBE CONTENER EL ESCRITO RELATIVO Y DE LAS COPIAS QUE DEBEN EXHIBIRSE. El artículo 116 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala los requisitos que debe cumplir la demanda de amparo indirecto y el diverso artículo 120 de la propia ley dispone que deberán exhibirse con ésta copias suficientes para cada una de las autoridades responsables; para el tercero perjudicado, si lo hubiere; para el Ministerio Público y dos para el incidente de suspensión, en caso de solicitarse tal medida cautelar. Ahora bien, los requisitos a que aluden dichos preceptos, no constituyen formalismos sin sentido, sino que, como todas las formalidades procesales, tienen como propósito que el juzgador de amparo se encuentre en la posibilidad de cumplir con sus atribuciones dentro del juicio de garantías, como son, el pedir los informes justificados a las autoridades responsables, emplazar al tercero perjudicado, dar la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público y de integrar los cuadernos relativos al incidente de suspensión si ésta fue solicitada, y además de proporcionar a las partes todos los elementos necesarios para preparar su defensa." Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que señala en su demanda de amparo, y por autorizadas a las personas que menciona en el mismo, pero con las limitaciones a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo. Lo anterior, hasta que acrediten ante este Juzgado Federal, encontrarse legalmente facultadas para ejercer la profesión de abogado o licenciado en derecho. Debiendo no solamente proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se les otorgue dicha autorización, sino proceder a su registro en los términos establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, que establece el sistema computarizado para el registro único de profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. De conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. En cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos. Asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias al juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De conformidad con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. Fórmese el correspondiente expediente electrónico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y cúmplase. Mérida, Yucatán, doce de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan estos autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguese a este expediente el escrito y anexos adjuntos de la quejosa Teresa Eduviges Sabido Pool, que presenta con relación a los requerimientos que se le formularon por acuerdo de seis de septiembre del año en curso. Al efecto, toda vez que de la firma puesta al calce de dicho memorial, se aprecia a simple vista que sus rasgos caligráficos no coinciden con la que aparece estampada por la nombrada promovente en el escrito de demanda; lo que genera que no sea factible por el momento acordar sobre el trámite de la misma, hasta en tanto la peticionaria del amparo comparezca a ratificar el citado escrito. En tal virtud, con fundamento en el artículo 297 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, requiérase a la quejosa, para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación que se le realice del presente proveído, comparezca ante este Juzgado Federal con identificación oficial con fotografía actualizada, a fin de ratificar las grafías cuestionadas, contenidas tanto en el escrito de demanda, como en el ocurso de aclaración de cuenta, y que obran estampadas al calce de los mismos. Se apercibe a la parte quejosa que de no cumplir con lo anterior, dentro del plazo concedido, no será factible determinar si se cumplió o no con los referidos requerimientos contenidos en el proveído de seis del actual mes y en consecuencia, se tendrá por no presentada la demanda de amparo promovida. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 202, publicada en la página 165 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS. DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA. Cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerlas, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Amparo, advirtiendo al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después se dictará el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. Es importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas." En el entendido, que de comparecer al desahogo de la diligencia y se produzca con falsedad ante esta autoridad judicial en ejercicio de sus funciones, incurrirá en la conducta prevista en el artículo 261 de la Ley de Amparo y se le impondrán las sanciones a que se refiere el propio dispositivo legal. Pues, si a pesar de haber sido apercibida con la posible actualización de las consecuencias referentes al tipo penal aludido, la persona comparece y reconoce una firma como suya, pero, posteriormente, se comprueba que ésta no fue puesta de su puño y letra, es decir, que no es auténtica, resultaría dable presumir que se ha cometido un hecho probablemente constitutivo de un delito. Por ilustrativa se cita la jurisprudencia siguiente: "PERICIAL EN MATERIA DE CALIGRAFÍA Y GRAFOSCOPIA. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA ORDENAR OFICIOSAMENTE SU PRÁCTICA Y DESAHOGO, A FIN DE VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA QUE CALZA LA DEMANDA DE AMPARO, RECONOCIDA POR QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE EN ELLA, ÚNICAMENTE CUANDO ADVIERTA QUE LA FIRMA RATIFICADA Y LAS PLASMADAS DURANTE LA DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN SON NOTORIAMENTE DIFERENTES. Únicamente en el caso referido, esto es, cuando aprecie una diferencia notoria entre la firma ratificada y las plasmadas durante la diligencia de ratificación, el Juez de Distrito estará facultado para ordenar oficiosamente la práctica y desahogo de una prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopia, a fin de corroborar su autenticidad pues, por un lado, la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y estudio preferente e independiente de la actuación de las partes y, por otro, dicha pericial no sólo es un elemento probatorio admisible en el juicio, sino que resulta idóneo para comprobar la veracidad de la firma mencionada." (Época: Décima Época, Registro: 2014436, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Junio de 2017, Tomo II, Materia(s): Constitucional, Común, Tesis: 2a./J. 59/2017 (10a.), Página: 1234) Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Mérida, Yucatán, dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la cuenta que antecede, se acuerda: toda vez que de la diligencia que antecede se advierte que la quejosa Teresa Eduviges Sabido Pool, ratificó la firma del escrito presentado ante la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional el doce del actual mes, se tiene por cumplido el requerimiento contenido en el proveído de seis de los corrientes, para los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se tiene a Teresa Eduviges Sabido Pool, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama al Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, actuario adscrito a la Central de Actuarios de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Yucatán y Registrador del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Yucatán, todos domiciliados en esta ciudad, que hizo consistir en: El ilegal emplazamiento al juicio 958/2017 del Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado y todo lo actuado con posterioridad, incluyendo el embargo trabado sobre el predio número trescientos setenta y seis de la calle noventa y siete, entre calles cuarenta y seis, letra B y cuarenta y ocho de la colonia Santa Rosa, de esta ciudad y su inscripción. Se acuerda: con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 5, 35, 37, 107, 108, 115, 116, 117 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se admite la demanda de referencia como en derecho procede. Con copia de la demanda de amparo, del escrito de aclaración, del acuerdo de prevención y de este proveído, fórmese por duplicado el incidente de suspensión que se solicita. Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las diez horas del veintiséis de octubre próximo. Dese la intervención que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a quien se hará entrega de una copia de la demanda de amparo, del escrito de aclaración, del proveído de prevención y de este acuerdo. Con fundamento en los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a las autoridades responsables que deberán rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciban el oficio en que se les solicita, en el que expresarán las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, al que acompañarán, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para apoyarlo, como se establece en el invocado artículo 117 de la citada ley. Se apercibe a las responsables, que de no cumplir con lo anterior, se les impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo y en el párrafo sexto, del Apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal. Hágase saber a las partes, que cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten, lo anterior, con fundamento en el numeral 64 de la citada Ley de Amparo. Se apercibe a las partes, que en caso de incumplimiento, se les impondrá una multa equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto en el artículo 251 de la Ley de Amparo y en el párrafo sexto, del Apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal. Ahora bien, por lo que hace a la tercera interesada Gloria Asuleymi Ramos Andueza, por conducto de uno de los actuarios de este Tribunal, notifíquese a la misma, entregándole copia simple de la demanda de amparo, del escrito de aclaración, del acuerdo de prevención y de este proveído; haciendo de su conocimiento que puede comparecer a este juicio con ese carácter. Finalmente, respecto a la solicitud de la quejosa relativa a la anotación de la demanda de amparo así como del presente proveído, en el Registro Público de la Propiedad del Estado, indíquese a la misma que no ha lugar acordar de conformidad su petición, toda vez no acredita indiciaria ni presuntivamente su interés jurídico, dado que no exhibió documento alguno para tal efecto; por lo tanto, la simple solicitud efectuada por la interesada, no es suficiente ni basta para que este órgano jurisdiccional acceda a que se realicen las anotaciones registrales preventivas de la presente demanda de amparo, así como de su auto admisorio, en los libros correspondientes del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, en relación con el bien inmueble que aduce de su propiedad. Notifíquese, personalmente a la tercera interesada y a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita.

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