Teresa Virginia Jimenez Lara
Expediente 1787/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1787/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 28/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Teresa Virginia Jimenez Lara
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiocho de enero de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se acuerda: téngase por recibido de la Secretaria de Acuerdos Interina del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, el oficio número 529, de fecha veinticinco de enero pasado, mediante el cual remite copia certificada de la resolución de diecinueve de enero de dos mil dos (sic), dictada por ese Tribunal, en autos del toca 277/2021, formado con motivo del recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, en contra del acuerdo dictado el seis de octubre de dos mil veintiuno. Ejecutoria en la que aparece que la citada superioridad resolvió: "PRIMERO. Es infundado el recurso de queja interpuesto por la quejosa Teresa Virginia Jiménez Lara. - - - SEGUNDO. Se confirma el auto impugnado." Acúsese recibo; hágase las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo; y en su oportunidad, archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, al ser un juicio en el que sin haberse decidido en lo principal, carece de relevancia documental. Finalmente, hágase lo anterior, del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con la Licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, tres de noviembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a estos autos para los efectos legales correspondientes el oficio número 36111/2021, signado por la Secretaría del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, por medio del cual remite el diverso oficio número 5547 de la Secretaria del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, con el que transcribe el contenido del acuerdo de veinticinco de octubre pasado, dictado en autos del toca relativo al recurso de queja 277/2021, del cual se advierte que entre otras cuestiones, se dio entrada a dicho recurso interpuesto por la parte quejosa, en contra del acuerdo de seis de octubre de dos mil veintiuno, en el juicio de amparo que nos atañe. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
RESUELVE: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por JUAN MARTÍN CANCHÉ SONDA, en contra de los actos que reclama al Delegado Regional en el Estado de Yucatán del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con sede en esta ciudad, y Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a través del Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos, con sede en la Ciudad de México; por los motivos precisados en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a JUAN MARTÍN CANCHÉ SONDA, en relación al acto reclamado al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, ambas del Congreso de la Unión; Secretario de Hacienda y Crédito Público; Director General Adjunto de Atención a Autoridades "A" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, todos con sede en la Ciudad de México, así como al Gerente de Recaudación Fiscal en la Delegación Regional Yucatán del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con sede en esta ciudad, en términos del considerando séptimo de esta sentencia. TERCERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a JUAN MARTÍN CANCHÉ SONDA, en relación al acto reclamado al Gerente de Recaudación Fiscal en la Delegación Regional de Yucatán del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con sede en esta ciudad, por los motivos y para los efectos expuestos en el considerando octavo de este fallo. CUARTO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando noveno de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. QUINTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando décimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. SEXTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el Licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, hasta el día de hoy, dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, fecha en que lo permitieron las labores del Juzgado, con la Licenciada Jennifer Pérez González, Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe
- Principal
Mérida, Yucatán, seis de octubre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese el escrito de Alfonso Dávalos Mena, autorizado del quejoso Israel Augusto Moguel Quintal en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por medio del cual interpone recurso de queja en contra del acuerdo dictado el veinticuatro de septiembre de este año. Con fundamento en los artículos 80, 97 fracción I, inciso e), 98, 99, 100 y 101, de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos una copia del escrito de expresión de agravios, notifíquese a las demás partes la interposición del recurso de mérito, esto es, a las autoridades responsables, al tercero interesado Ricardo Lázaro Rodríguez y a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, para que en el plazo de tres días hábiles contados a partir de que surta efectos la notificación que se les haga de este acuerdo, señalen constancias que en copia certificada deberán remitirse al Tribunal revisor. Transcurrido el plazo, envíense las constancias relativas al escrito de expresión de agravios, copia del auto recurrido, el informe sobre la materia de la queja y, en su caso, las constancias solicitadas por las partes y las demás que se estimen pertinentes, al Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, para lo que estime procedente resolver al respecto. Sin que haya lugar a suspender el procedimiento conforme lo señala el artículo 102 de la Ley de Amparo, pues en el presente asunto se celebró la audiencia constitucional el veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, por lo que, al ser, conjuntamente con la sentencia, un mismo acto procesal no es posible jurídicamente la paralización de su dictado. Sustenta lo anterior la tesis 1a. VII/2000 de la Primera Sala del Alto Tribunal, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XII, Agosto de 2000, visible a página 187, del rubro y texto: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. CULMINA CUANDO SE DICTA LA SENTENCIA Y NO EN EL MOMENTO EN QUE SE CELEBRÓ Y SE DEJÓ EL ASUNTO PARA EMITIR RESOLUCIÓN. Ha sido criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el sostener que de conformidad con los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 155 de la Ley de Amparo, el trámite de la audiencia constitucional se encuentra regido por los principios procesales de continuidad, unidad y concentración, la que se integra, entre otros actos, con la sentencia, con la cual culmina dicha audiencia. De estas disposiciones y principios se deriva como regla general que la sentencia debe dictarse el mismo día en que se celebre la audiencia constitucional, pero admite una excepción, en el sentido de que si el cúmulo de las labores y atenciones que demanda el Juzgado de Distrito impide el dictado de la sentencia el día de la audiencia, podrá válidamente emitirse con posterioridad. Tal excepción encuentra su fundamento en la situación jurídica de que tanto la norma constitucional como legal antes citadas, sólo exigen que la audiencia constitucional y la sentencia respectiva se lleven a cabo en un acto procesal continuo, pero no contienen una norma imperativa de que ese acto deba necesariamente llevarse a cabo en un día. En ese sentido, al considerarse que la audiencia constitucional y la sentencia respectiva constituyen un mismo acto procesal, el momento en que culmina la audiencia constitucional es aquel en que se dicta la sentencia respectiva, y no aquel en que se celebró y se dejó el asunto en estado de emitir resolución." Notifíquese, personalmente a la agente del Ministerio Público Federal de la adscripción y al tercero interesado, así como mediante oficio a las autoridades responsables y cúmplase.
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