Teresa de Jesús Puerto Castro

Expediente 1612/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
1612/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
11/11/2020

Partes del expediente

  • Teresa de Jesús Puerto Castro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Incidental

    Mérida, Yucatán, once de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan estos autos y lo de cuenta, se acuerda: se tiene por recibido del Secretario del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, el oficio 1474, con el que devuelve estos autos y remite testimonio de la resolución de nueve de octubre de dos mil veinte, dictada en el toca 13/2020 formado con motivo del recurso de revisión interpuesto por el INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN, contra la resolución interlocutoria dictada en el presente cuaderno incidental. Ejecutoria que en su resolutivo primero confirmó la sentencia interlocutoria recurrida en su parte impugnada y en el segundo concedió la aludida suspensión solicitada a la parte quejosa. Acúsese recibo. Por otra parte, glósense a estos autos las actuaciones que en original obran en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del referido recurso de revisión y deséchense las copias certificadas que lo originaron para evitar la voluminosidad del presente expediente. Notifíquese y cúmplase.

  2. Incidental

    Visto para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1612/2019-VI-B, promovido por *******, en contra del acto que reclama del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. En la correspondiente demanda de amparo, Teresa de Jesús Puerto Castro solicitó la suspensión definitiva del acto que reclama del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Por acuerdo dictado el veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, emitido en el juicio principal, se ordenó tramitar por separado y duplicado el incidente de suspensión, y en cumplimiento a ello, mediante proveído de la propia fecha, se abrieron los presentes autos; asimismo, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual, se llevó a cabo conforme al acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I, del artículo 146 de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa el acto reclamado por la parte quejosa, el cual hizo consistir esencialmente en: El descuento del once por ciento realizado a la pensión jubilatoria que le fuera otorgada el veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, aplicado en el mes de octubre del presente año. SEGUNDO. Es cierto el acto reclamado al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, pues aunque lo negó, se desvirtúa dicha negativa atendiendo a las pruebas exhibidas por la parte quejosa, de las cuales se desprende su existencia. TERCERO. Con fundamento en los artículos 128 interpretado en sentido contrario y 138, fracción I, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado se niega la suspensión definitiva solicitada, ya que tiene el carácter de acto consumado, contra el cual es improcedente conceder la suspensión, pues atendiendo a su naturaleza y al caso particular, equivaldría a darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el amparo se pronuncie. Tiene aplicación al caso la tesis de jurisprudencia número 12, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con el número de registro 917546, cuyo rubro y texto dicen: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente conceder la suspensión de los actos reclamados si éstos tienen el carácter de consumados, pues de hacerlo equivaldría a darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo respectivo." CUARTO. Por otra parte, respecto de los efectos y consecuencias del referido acto reclamado, previamente se debe analizar si se reúnen los requisitos establecidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, el cual señala lo siguiente: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado". Del precepto transcrito se observa que los actos reclamados en el juicio de amparo son susceptibles de ser suspendidos, siempre y cuando se reúnan los dos requisitos que ahí se prevén; por ende, si alguno de tales requisitos no se satisface, resulta irrelevante que los demás se cumplan, pues sólo la concomitancia de las dos exigencias señaladas permitirá que se decrete la suspensión de los actos reclamados. Por tanto, conforme al citado numeral de la Ley de Amparo, para que se otorgue la suspensión, es necesario que la solicite el agraviado y que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión de los actos reclamados constituye una providencia cautelar en los procedimientos de amparo, de carácter meramente instrumental, para preservar la materia del juicio de amparo. El objeto primordial de dicha providencia cautelar es mantener viva la materia del juicio constitucional, impidiendo que el o los actos que la motivan, al consumarse irreparablemente, haga ilusoria para el gobernado la protección de la Justicia Federal, evitando así los perjuicios que la ejecución del acto que reclama pudiera ocasionarle. En ese tenor, para resolver sobre la suspensión debe examinarse, en primer lugar, si la parte quejosa la solicitó y si acredita cuando menos, su interés suspensional, ya que tal interés se encuentra vinculado con la afectación que los actos reclamados pudieran ocasionar en la esfera de la parte quejosa. De ahí que, si tales actos reclamados no afectan el interés o no causan un perjuicio o agravio a la parte quejosa, es innecesario el análisis de tal medida suspensional, pues es menester abordar en primer lugar, si dichos actos pueden causar o no un perjuicio al impetrante del amparo, esto es, si el solicitante de la medida cautelar cuenta con un interés tutelado que le pueda ser afectado con la ejecución o continuación de la ejecución de tales actos reclamados. El interés suspensional, se encuentra acreditado con el original del oficio ISS/DG/OD/0675/2019 de veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, signado por la Directora General, Subdirector de Pensiones y Gestiones Financiera, y Jefe del Departamento de Jubilaciones y Pensiones, todos del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, expedido a favor de la quejosa, en el que se le concede una pensión por la cantidad de $20,371.15 (veinte mil trescientos setenta y un pesos, quince centavos, moneda nacional) mensuales, la cual incluye el incremento de acuerdo al artículo 67 de la Ley del Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado De Yucatán, de sus Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados de Carácter Estatal. También se satisface el segundo de los requisitos citados, ya que con la suspensión de la ejecución del acto reclamado no se advierte que se siga una afectación al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público en términos de la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 138, pues no se está en alguno de los supuestos precisados en el artículo 129 de la Ley de la Materia. Ahora bien, previamente a determinar si se concede o no la medida cautelar solicitada, en relación a las manifestaciones que realiza la quejosa bajo protesta de decir verdad, en el sentido que al verificar el depósito de su pensión jubilatoria correspondiente al mes de octubre del año en curso, se dio cuenta de que había una reducción del once por ciento en la misma, por lo que se apersonó en las oficinas de la autoridad responsable, donde le fue informado que por un error, se había realizado el incremento del dieciséis por ciento en las pensiones de enero a septiembre del presente año; sin embargo, únicamente les correspondía un amento del cinco por ciento, por lo que a partir de octubre actual, así como en los meses subsecuentes, se vería reflejado dicho ajuste. Lo anterior, además, se ve corroborado con los recibos de pago expedidos a favor de la ahora impetrante del amparo, por el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado, correspondientes a los meses de junio a octubre de dos mil diecinueve, de los que se desprende que los primeros cuatro amparan la cantidad de $20,371.20 (veinte mil trescientos setenta y un pesos, veinte centavos, moneda nacional), y el último de ellos -octubre del año en curso- el monto de $19,126.63 (diecinueve mil ciento veintiséis pesos, sesenta y tres centavos, moneda nacional), siendo que todos obedecen al concepto de "jubilación voluntaria". Al respecto, es menester tomar en cuenta lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 138 de la Ley de Amparo vigente, cuyo texto dispone: "Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social.". Asimismo, es importante señalar el contenido del párrafo segundo del artículo 147 de la ley de la materia, en el que se establece que la suspensión del acto reclamado, puede tener un EFECTO RESTAURATIVO, PROVISIONAL Y ANTICIPADO; en ese sentido, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, el órgano jurisdiccional ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden, y de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente a la parte quejosa en el goce del derecho violado, mientras se dicta sentencia ejecutoria en el amparo. En tal virtud, la previsión contenida en el segundo párrafo del artículo 147 citado, encuentra estrecha relación con el asomo provisional al fondo del asunto a que está obligado el juzgador, a fin de determinar la apariencia del buen derecho, a que se refieren los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 138 de su ley reglamentaria, pero, fundamentalmente, lleva a que se analice el peligro en la demora, dada la naturaleza de la medida cautelar que corresponde a la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo. En esas condiciones, en el caso que nos ocupa, debe considerarse que tal y como lo señaló bajo protesta de decir verdad la parte quejosa en su demanda de amparo y como lo demostró con la documentación antes referida, es la beneficiaria de la pensión que el Instituto responsable le otorgara mediante el oficio ISS/DG/OD/0675/2019 de veinticuatro de mayo del presente año, la cual, al ser disminuida, desde luego ocasiona un perjuicio en detrimento de su patrimonio, pues debe entenderse que la pensión de que se trata, constituye la sustitución del salario que en su momento percibió, por lo que, se reitera, de verse reducida la misma, se pondría en riesgo la subsistencia de la ahora impetrante del amparo, así como la de su núcleo familiar. De ahí que ponderando la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora en el presente asunto, el suscrito juzgador estima procedente la medida cautelar solicitada para los efectos que se señalarán a continuación. En consecuencia, con fundamento, en los artículos 128, 138 y 147 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva del acto reclamado citado con antelación, para el efecto de que la autoridad responsable, se abstenga de seguir realizando el descuento a la pensión de la que goza la aquí quejosa, y por ende, pague de forma completa la pensión que corresponde a la impetrante del amparo; ello, de no existir inconveniente legal alguno debidamente justificado, hasta en tanto se resuelva el juicio en lo principal. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, localizable en la página tres mil setenta y nueve, Libro 57, agosto de dos mil dieciocho, Tomo III, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, número de registro 2017591, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONCEDERLA CON EFECTOS RESTITUTORIOS CONTRA LA ORDEN DE EMBARGO DE UNA PENSIÓN JUBILATORIA A UN ADULTO MAYOR EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD, CON BASE EN LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y EL PELIGRO EN LA DEMORA. Conforme a los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 138 de la Ley de Amparo, el juzgador, atento a la naturaleza del acto reclamado, tiene la obligación de ponderar la apariencia del buen derecho que con la concesión de la medida cautelar puede corresponder al quejoso y la afectación que dicha medida pueda ocasionar al interés social, para que derivado de ese análisis, determine si es o no factible conceder la suspensión, determinando hipotéticamente, con base en un conocimiento superficial del caso, la existencia del derecho cuestionado y las probabilidades de que la sentencia de amparo declare la inconstitucionalidad del acto. Ahora bien, debe tenerse en cuenta que, de conformidad con el artículo 10 de la Ley del Seguro Social, las prestaciones que corresponden a los asegurados y a sus beneficiarios son inembargables; que en los juicios de amparo deducidos de asuntos laborales o contencioso-administrativos, en los que se controviertan el otorgamiento y los ajustes de pensiones, así como de cualquiera otra prestación derivada de éstas, ya sea por los interesados o por sus beneficiarios, el órgano de amparo queda obligado a suplir la deficiencia de la queja en favor de los demandantes de esas pretensiones y que, asimismo, si se trata de un adulto mayor que se encuentre en condiciones de vulnerabilidad, esto representa una desventaja frente al resto de la población, por lo cual, las autoridades judiciales deben procurar su mayor beneficio posible. En consecuencia, si quien promueve la demanda de amparo indirecto reúne todas estas características, es decir, se trata de un adulto mayor en condiciones de vulnerabilidad, que no cuenta con otro ingreso más que el de su pensión jubilatoria y reclama el embargo de la cuenta bancaria donde se realiza el depósito inherente a dicho concepto, supuestos frente a los cuales solicita la suspensión del acto reclamado, afirmando que requiere de la cantidad embargada para cubrir las necesidades básicas de su familia; entonces, el juzgador de amparo debe conceder la suspensión definitiva con efectos restitutorios contra la orden de embargo de la pensión jubilatoria del adulto mayor vulnerable, para que ésta se deje sin efectos con base en un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, haciendo un cálculo de posibilidades acerca de la existencia del derecho del quejoso que se encuentra en esa situación especial, de modo que, sin prejuzgar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, debe partir de la base de que existe peligro en la demora pues, de negarse la medida, resentiría un daño económico que afectaría su subsistencia y la de su núcleo familiar. En la inteligencia de que con esta postura no se contraviene el interés social sino, al contrario, de no concederse la medida, se infringiría la norma de la legislación de seguridad social que establece que son inembargables las pensiones de los trabajadores. Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 125, 128, 144, 146, 215, 216 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. Se niega a ********, la suspensión definitiva que solicitó, por los motivos expuestos en el considerado tercero de la misma. SEGUNDO. Se concede a *********, la suspensión definitiva solicitada respecto de los efectos y consecuencias del acto reclamado, en los términos expuestos en el considerado cuarto que antecede. Notifíquese.

  3. Incidental

    Mérida, Yucatán, veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el oficio de cuenta 4404, signado por el actuario judicial del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, recibido vía electrónica en este Juzgado el día hábil anterior, con el que esencialmente informa que continuó con el conocimiento de la queja número 52/2019, del índice del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, a la que le asignó el número 3297/2019, de su índice; al efecto, agréguese a estos autos una copia de dicho oficio. Ahora bien, toda vez que mediante proveído de diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, dictado en autos del juicio de amparo del que deriva este cuadernillo, se ordenó remitir dicho expediente original y las constancias relativas a su incidente de suspensión, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, y del Centro Auxiliar de la Primera Región, para que por su conducto, según correspondiera, fuera turnado al Juzgado Primero o Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con sede en la Ciudad de México, para la continuación de su trámite y resolución. Sin que a la fecha haya acusado recibo el Juzgado al que le hubiera correspondido conocer dicho asunto. Por tanto, toda vez que en el propio proveído de diecisiete de octubre pasado se hizo saber al Juzgado correspondiente, que las posteriores promociones y actuaciones inherentes al mismo y su incidente, se le enviarían oportunamente, en su caso. En consecuencia, se reserva remitir el oficio de cuenta al Juzgado que corresponda, hasta en tanto éste acuse recibo del aludido juicio de amparo, dejando entretanto en la Secretaría de este Juzgado la promoción de mérito. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve. Por recibido de la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito en el Estado, con sede en esta ciudad, su oficio de cuenta y el testimonio que remite de la resolución pronunciada el trece de noviembre del año en curso, en el toca 199/2019, formado con motivo del recurso de queja interpuesto por **************************, en contra del proveído de treinta de agosto del año en curso, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; resolución de la que se advierte que la citada superioridad declaró infundado el aludido medio de impugnación. Acúsese recibo. En mérito de lo anterior y previas las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Notifíquese y cúmplase.

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