Teresa del Rocio Palma Ancona
Expediente 442/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 12 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 442/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 21/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Teresa del Rocio Palma Ancona
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiuno de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de la Secretaria que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada el cuatro de julio de dos mil veintitrés, ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida resolución en la que en primer punto resolutivo se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, de conformidad con lo establecido por el inciso a) de la fracción lII, del artículo 17 del Acuerdo General sin número, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que el presente expediente es CONSERVABLE, en virtud de que versa de una sentencia en la que se negó el Amparo y Protección de la Justicia Federal y carece de relevancia documental, toda vez que no encuadra en los supuestos previstos en el artículo 15 del citado Acuerdo General. Por lo que hace al cuaderno del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, se hace la indicación que es CONSERVABLE, pues se concedió la medida cautelar definitiva solicitada, acorde con lo dispuesto en el inciso b) de la fracción III del artículo 17 del indicado Acuerdo General; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al igual que el expediente principal a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone el citado numeral. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Vistos para resolver el juicio de amparo 442/2023-VII-B, promovido por ********************, contra los actos que reclama de la Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial de la Entidad, con sede en esta ciudad, así como de otra autoridad; y ANTECEDENTES PRIMERO. Mediante escrito presentado el diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, y turnado el veintiuno siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció la nombrada quejosa a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama de la Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial y actuaria de su adscripción, ambos del Estado, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Por auto de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, se registró la demanda de amparo con el número 442/2023-VII-B y previa su aclaración, se admitió a trámite el doce de abril siguiente; se ordenó dar a la representación social Federal de la adscripción la intervención que le compete; solicitar a las autoridades responsables su informe justificado; emplazar a la parte tercero interesada; asimismo, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, tuvo lugar conforme al acta que antecede. CONSIDERACIONES PRIMERA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48, en relación con el 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDA. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que los actos reclamados los hizo consistir la parte quejosa en: El ilegal emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil ********************, promovido en su contra por ********************, Sociedad Anónima de Capital Variable, SOFOM, S.N.R., y sus consecuencias legales, tales como el embargo del treinta por ciento de su pensión. TERCERA. Son ciertos los actos reclamados a la Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial de la Entidad, con sede en esta ciudad, y actuaria de su adscripción, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado (registros 6618 y 6785), anexando la Juez copia certificada de las actuaciones del expediente natural ********************, en apoyo a dicho informe. Es aplicable la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTA. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de la Materia, ni las partes lo hicieron valer, por lo que se procede al estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, cuya transcripción se estima innecesaria, y además, porque no existe algún precepto que obligue a ello. Apoya la anterior consideración la jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTA. Son infundados los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso, motivo por el cual deberá negarse la protección de la Justicia Federal que solicita. Como conceptos de violación, la peticionaria del amparo aduce que: 1. Se vulneran en su perjuicio sus derechos fundamentales de legalidad, audiencia, seguridad jurídica, debido proceso legal, contenidos en los artículos 4°, 14 y 16 Constitucionales, ya que se le condenó en un juicio, sin que se cumplieran las formalidades esenciales del procedimiento que señalan los artículos 26, 27, 33, 37 y demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos Civiles del Estado, al haberse realizado el emplazamiento sin su conocimiento, lo que la dejó sin la posibilidad de defenderse. 2. Argumenta lo anterior, dado que la referida diligencia se practicó sin que se le entregara documento alguno, aunado a que no fue de manera personal. 3. Que los actos reclamados violan el precepto 16 Constitucional, ya que carece de la debida fundamentación y motivación, al haberse practicado la notificación de manera ilegal. 4. Por último, alega que no se colmaron los supuestos previstos en el ordinal 557 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado. Previamente, resulta menester ceñirse a los antecedentes de los actos reclamados, para lo cual habrá de remitirse a las constancias certificadas remitidas por la Juez responsable en apoyo a su informe justificado, a las que se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se desprende lo siguiente: 1. Por escrito presentado el quince de junio de dos mil dieciocho, ********************, como endosataria en procuración de ********************, Sociedad Anónima de Capital Variable, SOFOM, E.N.R., promovió juicio ejecutivo mercantil en contra de la aquí quejosa ********************, del que se reclamó el pago de diversas prestaciones. 2. Por proveído de veintiséis de junio de dos mil dieciocho, la Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, admitió a trámite la demanda de referencia, la cual quedó registrada con el número ********************, de su índice, y ordenó entre otras cuestiones, el emplazamiento de la parte demandada, en el domicilio proporcionado para tal efecto por la parte actora. 3. Diligencia de veinte de agosto de dos mil dieciocho, a través de la cual se llevó a cabo el requerimiento de pago, embargo y emplazamiento al juicio de origen a la quejosa, de la que se advierte que el Diligenciario circunstanció lo siguiente: a) Se constituyó en el domicilio ubicado en calle ********************letra********************número ********************, del fraccionamiento ******************** de la ciudad de Mérida, Yucatán, cerciorándose de encontrarse en el domicilio correcto por la señalización existente en la ciudad, pues así se lo indicó la nomenclatura oficial de la calle y fraccionamiento visibles en las placas metálicas instaladas en las esquinas por el Ayuntamiento de Mérida, así como por el dicho de los vecinos del rumbo de la calle principal y por el número exterior visible puesta al frente del predio. Encontrando en el inmueble a su buscada quien salió del interior y dijo llamarse ********************, identificándose con una credencial para votar expedida a su favor, con fotografía que correspondía con sus rasgos fisionómicos y asentó la clave de elector ********************. Además, le hizo entrega de un juego de copias de la demanda que contiene el del documento base de la acción, debidamente cotejadas y de la cédula de notificación junto con la actuación de emplazamiento y embargo, misma acta que no firmó por no querer hacerlo. 4. Por auto de ********************de febrero de dos mil diecinueve, la Juez del conocimiento, entre otras determinaciones, tuvo por acusada la rebeldía a la ley en que incurrió la demandada y aquí quejosa, dándose por perdidos sus derechos; y se admitieron las pruebas ofrecidas por la parte actora. 5. El dos de abril de dos mil diecinueve, citó a las partes a la audiencia prevista en el artículo 1407 del Código de Comercio para oír sentencia definitiva. 6. El diecisiete de abril de dos mil diecinueve, la Juez responsable dictó sentencia definitiva, en la que condenó a la parte demandada al pago y cumplimiento de las prestaciones reclamadas por la parte actora. Ahora bien, el párrafo segundo, del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre otras cosas, dispone: "Artículo 14. (.) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.". De la interpretación literal del precepto transcrito, se advierte que nadie puede ser privado de sus derechos sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Es decir, de entre los diversos derechos de seguridad jurídica que contiene el párrafo segundo del artículo 14 constitucional, destaca, por su primordial importancia, el de audiencia previa, cuya esencia se traduce en un derecho humano que impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades para que, de manera previa al dictado de un acto de privación, cumplan con una serie de formalidades esenciales, necesarias para oír en defensa a los afectados. Dichas formalidades y su observancia, a las que se unen, además, las relativas al derecho de legalidad contenido en el texto del párrafo primero del artículo 16 constitucional, se constituyen como elementos fundamentales útiles para demostrar a los afectados por un acto de autoridad, que la resolución que los agravia no se dicta de un modo arbitrario y anárquico sino, por el contrario, en estricta observancia del marco jurídico que la rige. Apoya a lo anterior, la tesis sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto disponen: "AUDIENCIA, GARANTÍA DE, REQUISITOS QUE DEBEN CONTENER LAS LEYES PROCESALES EN RESPETO A LA. De acuerdo con el espíritu que anima el artículo 14 constitucional, a fin de que la ley que establece un procedimiento administrativo, satisfaga la garantía de audiencia, debe darse oportunidad a los afectados para que sean oídos en defensa, antes de ser privados de sus propiedades, posesiones o derechos, con la única condición de que se respeten las formalidades esenciales de todo procedimiento. Este debe contener 'etapas procesales', las que pueden reducirse a cuatro: una etapa primaria, en la cual se entere al afectado sobre la materia que versará el propio procedimiento, que se traduce siempre en un acto de notificación, que tiene por finalidad que conozca de la existencia del procedimiento mismo y dejarlo en aptitud de preparar su defensa; una segunda, que es la relativa a la dilación probatoria, en que pueda aportar los medios convictivos que estime pertinentes; la subsecuente es la relativa a los alegatos en que se dé oportunidad de exponer las razones y consideraciones legales correspondientes y, por último, debe dictarse resolución que decida sobre el asunto." Con arreglo a tales imperativos, todo procedimiento o juicio ha de estar supeditado a que en su desarrollo se observen, ineludiblemente, distintas etapas que configuran el derecho fundamental de audiencia en favor de los gobernados, a saber, que el afectado tenga conocimiento de la iniciación del procedimiento, así como de la cuestión que habrá de ser objeto de debate y de las consecuencias que se producirán con el resultado de dicho trámite; que se le otorgue la posibilidad de presentar sus defensas a través de la organización de un sistema de comprobación tal, que quien sostenga una cosa tenga oportunidad de demostrarla, y quien estime lo contrario, cuente a su vez con el derecho de acreditar sus excepciones; que cuando se agote dicha etapa probatoria se dé oportunidad de formular las alegaciones correspondientes y, finalmente, que el procedimiento iniciado concluya con una resolución que decida sobre las cuestiones debatidas, fijando con claridad el tiempo y forma de ser cumplidas. Lo anterior se sustenta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 47/953, cuyo rubro y texto dicen: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado". Lo reseñado, pone de relieve que en el particular, se aplicó correctamente lo dispuesto en el numeral y criterios jurisprudenciales transcritos, tal y como enseguida se demuestra. En principio es necesario hacer alusión a lo establecido por los artículos 1392, 1393 y 1394 del Código de Comercio, que regulan lo concerniente al emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil, los cuales disponen: "Artículo 1392. Presentada por el actor su demanda acompañada del título ejecutivo, se proveerá auto, con efectos de mandamiento en forma, para que el demandado sea requerido de pago, y no haciéndolo se le embarguen bienes suficientes para cubrir la deuda, los gastos y costas, poniéndolos bajo la responsabilidad del actor, en depósito de persona nombrada por éste. En todo momento, el actor tendrá acceso a los bienes embargados, a efecto de verificar que no hayan sido dispuestos, sustraídos, su estado y la suficiencia de la garantía, para lo cual, podrá además solicitar la práctica de avalúos. De ser el caso, el actor podrá solicitar la ampliación de embargo, salvo que la depreciación del bien haya sido por causas imputables al mismo o a la persona nombrada para la custodia del bien." "Artículo 1393. No encontrándose el demandado a la primera busca en el inmueble señalado por el actor, pero cerciorado de ser el domicilio de aquél, se le dejará citatorio fijándole hora hábil, dentro de un lapso comprendido entre las seis y las setenta y dos horas posteriores, y si no aguarda, se practicará la diligencia de embargo con los parientes, empleados o domésticos del interesado, o cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado, siguiéndose las reglas del Código Federal de Procedimientos Civiles, respecto de los embargos..." y, "Artículo 1394. La diligencia de embargo se iniciará con el requerimiento de pago al demandado, su representante o la persona con la que se entienda, de las indicadas en el artículo anterior; de no hacerse el pago, se requerirá al demandado, su representante o la persona con quien se entiende la diligencia, para que señale bienes suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas, apercibiéndolo que de no hacerlo, el derecho para señalar bienes pasará al actor. A continuación, se emplazará al demandado. En todos los casos se le entregará a dicho demandado cédula en la que se contengan la orden de embargo decretada en su contra, dejándole copia de la diligencia practicada, corriéndole traslado con la copia de demanda, de los documentos base de la acción y demás que se ordenan por el artículo 1061. La diligencia de embargo no se suspenderá por ningún motivo, sino que se llevará adelante hasta su conclusión, dejando al demandado sus derechos a salvo para que los haga valer como le convenga durante el juicio. En todos los casos, practicada la diligencia de ejecución decretada, el ejecutor entregará también al ejecutante copia del acta que se levante o constancia firmada por él, en que conste los bienes que hayan sido embargados y el nombre, apellidos y domicilio del depositario designado. La copia o constancia que se entregue al ejecutante podrá servir para el caso de haberse embargado bienes inmuebles, para que la misma se presente al Registro Público de la Propiedad, o del Comercio, dentro de los tres días siguientes, para su inscripción preventiva, la cual tendrá los mismos efectos que se señalan para los avisos de los notarios en los términos de la parte final del artículo 3016 del Código Civil, y el juez, dentro de un término máximo de ********************días, deberá poner a disposición del interesado el oficio respectivo junto con copia certificada de la diligencia de embargo para su inscripción. El juez, en ningún caso, suspenderá su jurisdicción para dejar de resolver todo lo concerniente al embargo, su inscripción en el Registro Público que corresponda, desembargo, rendición de cuentas por el depositario respecto de los gastos de administración y de las demás medidas urgentes, provisionales o no, relativas a los actos anteriores." De igual manera, es conveniente transcribir la actuación de veinte de agosto de dos mil dieciocho, levantada por el actuario responsable, la cual es del tenor siguiente: "En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las catorce horas con treinta minutos del día veinte de agosto del año dos mil dieciocho, Yo, la Actuaria adscrita a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, Licenciada en Derecho ********************, en funciones de ministro ejecutor, me constituyo en unión de la parte actora, Licenciada en Derecho ********************, como endosataria en procuración de la persona moral denominada ********************", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, quien se identifica con su cédula profesional expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública de número 4725548, cuya fotografía impresa en dicho documento coincide con los rasgos fisonómicos de la persona que tengo ante mí, misma que después de cotejar, le devuelvo en este momento, PREDIO MARADO CON EL NÚMERO ********************DE LA CALLE CINCO LETRA********************DEL FRACCIONAMIENTO ********************, domicilio señalado en autos del presente expediente por la mencionada parte actora para notificar al demandado del Juicio, siendo este, la ciudadana ********************y una vez cerciorada de la veracidad del exacto domicilio porque así me lo indica la nomenclatura oficial de la calle y fraccionamiento visible en placas metálicas instaladas en las esquinas por el Ayuntamiento de Mérida, por el dicho de los vecinos del rumbo de la calle principal señalada y por el número exterior visible puesta en el frente del predio, así como de que efectivamente, en dicho predio vive, habita y tiene su domicilio la parte demandada, por el dicho de una persona que se encuentra en el interior del predio y que dice llamarse ********************, y ser precisamente la persona buscada, quien se identifica con su credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral con clave ********************, cuya fotografía coincide con los rasgos fisonómicos de la persona con la que entiendo la diligencia, ante quien me identifico como Actuaria Judicial con mi gafete oficial, el cual le exhibo y la entero del objeto de la Diligencia, leyéndole íntegramente y en alta voz el auto de Exeqüendo de veintiséis de junio del año dos mil dieciocho dictado por la Juez Primero Mercantil de este mismo Departamento, al efecto, poniéndole a la vista la copia certificada del pagaré base de la Acción ejercitada, en virtud de que el original se encuentra en el resguardo del juzgado, le requiero para que en el acto pague en nombre de la parte demandada a la parte Actora presente: a) DOSCIENTOS QUINCE MIL PESOS SIN CENTAVOS, Moneda Nacional, como suerte principal, que se deriva de llamado título de crédito denominado PAGARÉ de fecha de suscripción del dieciocho de agosto del año dos mil dieciséis, el cual se agrega a este escrito corno documento base de la acción como anexo 1; b) El pago del interés moratorio a razón de una tasa del tres punto ********************por ciento mensual, intereses que son del conocimiento y aceptados por la suscriptora, desde la fecha en que debió de realizarse el pago y hasta la fecha en que este se realice totalmente; c) El pago de gastos, costas y honorarios profesionales que se generen por la tramitación del presente juicio o en su defecto señale bienes de su propiedad para embargar que sean suficientes a cubrir la indicada cantidad endeudada y en caso de no hacerlo lo hará la parte actora en su nombre y la persona requerida manifiesta que no paga ni tampoco señala bienes; por consiguiente, la parte Actora, haciendo uso del derecho que la ley le confiere señala para su embargo y bajo su responsabilidad, como la propiedad de la parte demandada ********************, el siguiente bien mueble que tengo a la vista, esto es por encontrarse en la cochera del predio en el que se actúa: un vehículo ******************** de color ********************, con placas de circulación ******************** del estado de ********************, por consiguiente, Yo, la Actuaria, en funciones de ministro ejecutor, declaro trabado formal embargo del bien mueble anteriormente citado; y confirmo el nombramiento de depositario que del mismo hace la parte actora en la persona de la demandada, a quien estando presente le hago saber su designación para todos los efectos legales correspondientes; de igual manera la citada parte actora señala que se reserva el derecho para señalar más bienes propiedad de la parte demandada para su embargo, tan pronto tenga conocimiento de la existencia de los mismos. Acto continuo, emplazo a la parte demandada, para que dentro del término de ocho días ocurra ante el Juzgado que conoce del presente Juicio a hacer paga llana, de lo reclamado o a oponerse a la ejecución si tuvieren para ello excepciones y defensas que hacer valer, y le hago entrega de un juego de copias de la demanda exhibida, mismas que tienen copia del documento base de la acción, debidamente cotejadas, la cual recibe de conformidad, y a solicitud de la parte demandada, le entrego la cédula de notificación correspondiente, misma que concedo por no haber impedimento legal alguno y una copia de la presente Actuación, quien la recibe de conformidad. Asimismo, entrego a la parte actora una copia de la presente actuación. Con lo que doy por concluida la Diligencia, levantando para constancia la presente Acta que previa su lectura en voz alta, no firma la parte demandada por no querer hacerlo, por lo que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 317 del Código Federal de Procedimientos Civiles, firmo la presente acta en su nombre, y la cual no firma la parte Actora por no querer hacerlo. Anexo copia de la cédula de notificación, la cual no firma de recibido la demandada, por no querer hacerlo. Doy fe". Ahora, del análisis efectuado a la transcrita acta y los preceptos reproducidos, se advierte que, contrariamente a lo argumentado por la quejosa sí fue correctamente emplazada al juicio de origen, teniendo oportunidad de ser escuchada en defensa de sus intereses. Afirmándose lo anterior, toda vez que de la lectura detenida de la constancia levantada por la actuaria responsable, se aprecia que dio cabal cumplimiento a la diligencia que le fuera encomendada por la Juez Mercantil responsable en auto de veintidós de junio de dos mil dieciocho, y en acatamiento a lo preceptuado en los invocados numerales 1393 y 1394 del Código de Comercio, por cuanto que al constituirse el veinte de agosto de dos mil dieciocho a las catorce horas con treinta minutos, en el domicilio designado por la parte actora, cerciorándose previamente de que era el domicilio de referencia y que era el mismo en el que vivía y habitaba la demandada ********************, por la nomenclatura pública puesta en la esquina por el Municipio de esta ciudad, que le indicaba la calle y fraccionamiento, así como por el dicho de los vecinos del rumbo, y por así informárselo quien dijo ser precisamente ********************identificándose con su credencial para votar ante la fedataria, quien asentó que la fotografía que ostentaba dicho documento coincidía con los rasgos fisonómicos de aquélla. Seguidamente, la actuaria procedió a desahogar con aquélla la diligencia, a quien le notificó el auto de veintiséis de junio de dos mil dieciocho, y, seguidamente, ante su negativa de pago y de señalar bienes para su embargo, la parte promovente del juicio hizo uso del derecho que la legislación de la materia le confiere, por lo que señaló bienes para embargar y se reservó el derecho de señalar más con posterioridad. Así, la funcionaria notificadora emplazó a juicio personalmente a la demandada, aquí quejosa, haciéndole entrega de la cédula de notificación relativa por así haber requerido ésta última, así como del auto de veintiséis de junio de dos mil dieciocho que contiene la reproducción del auto de exequendo, copia cotejada del escrito inicial de demanda y del documento base de la acción, además del acta correspondiente y la cédula de notificación, y en cuya actuación se asentó la fecha y hora de la misma, cumpliendo en esta forma con las normas de derecho y con plena validez judicial. Por analogía, se cita la jurisprudencia 14/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pendiente de publicación, que señala: "EMPLAZAMIENTO EN EL JUICIO ORDINARIO MERCANTIL. EL REQUISITO CONSISTENTE EN QUE QUIEN RECIBA LA NOTIFICACIÓN DEBA HABITAR EN EL DOMICILIO DESIGNADO, SÓLO ES EXIGIBLE A "CUALQUIER OTRA PERSONA" DIVERSA DE LOS PARIENTES Y EMPLEADOS DEL DEMANDADO (ARTÍCULO 1393 DEL CÓDIGO DE COMERCIO). La finalidad del emplazamiento es que el demandado tenga noticia cierta y plena del inicio de un juicio en su contra, del contenido de la demanda y de las consecuencias si no comparece a contestarla, todo ello en aras de garantizar su derecho a una adecuada y oportuna defensa. Acorde con dicha finalidad, el artículo 1393 del Código de Comercio al establecer que no obstante habérsele dejado citatorio al demandado en el juicio ejecutivo mercantil, éste no lo atendiere, la notificación se entregará a sus parientes, a sus empleados o sus domésticos o a "cualquier otra persona" que viva en el domicilio señalado. Así, de la interpretación armónica y teleológica del indicado precepto y conforme a los principios contenidos en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que el requisito de que quien reciba la notificación debe habitar en el domicilio designado sólo es exigible a "cualquier otra persona" diversa de los parientes, empleados y domésticos del demandado, en virtud de que el citado requisito no tendría utilidad práctica cuando los sujetos vinculados familiar o laboralmente con quien debe comparecer a juicio no habitan en el domicilio de éste, aunque permanezcan la mayor parte del día en ese lugar. Lo anterior, porque exigir que la diligencia mencionada se entienda únicamente con quien habite en el domicilio del buscado, obstaculizaría la tramitación del procedimiento; máxime que los lazos familiares y laborales antes mencionados generan mayor seguridad de que se hará saber al interesado que existe una demanda interpuesta en su contra, lo cual no necesariamente ocurriría tratándose de "cualquier otra persona", cuya presencia en el domicilio donde se lleve a cabo el emplazamiento podría ser circunstancial." Como puede observarse, la diligencia de notificación y emplazamiento a juicio a la aquí quejosa, fue realizada con apego a las disposiciones legales vigentes en la materia de que se trata, por lo que resulta razonable sostener la legalidad de la diligencia practicada por el actuario responsable, ya que, cuando se cuestiona la legalidad del emplazamiento en la forma en que lo hace la parte quejosa, deben aportarse elementos de convicción suficientes e idóneos para desvirtuarla, pues -excepto los vicios propios- las actuaciones o razones de notificación realizadas por los actuarios, quienes en su carácter de funcionarios están investidos y gozan de fe pública, tienen pleno valor probatorio respecto de los hechos que en ellas se consignan, a menos que el contenido de las mismas sea desvirtuado por prueba en contrario suficiente. Es decir, salvo que se demuestre fehacientemente lo contrario, lo que desde luego la peticionaria no hizo, ya que no aportó prueba alguna que evidenciara que la funcionaria judicial no se hubiera apersonado a ese domicilio, o bien, que no lo habitara o que la persona no se trataba de ella; a lo cual se encontraba obligada. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada I.6o.T.93 K, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, con número de registro electrónico 208409, de rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO, QUIEN CUESTIONA SU LEGALIDAD DEBE APORTAR PRUEBAS PARA DESVIRTUARLO. Quien impugna la legalidad de un emplazamiento debe aportar los elementos de convicción que lo desvirtúen en forma fehaciente, por tratarse de actos emanados de autoridad judicial investida de fe pública, cuyas actuaciones tienen valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario." También es aplicable la tesis aislada emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que señala: "ACTUARIO, LA FE PÚBLICA DE LA QUE SE ENCUENTRA INVESTIDO, NO PUEDE DESVIRTUARSE CON SIMPLES MANIFESTACIONES, CARENTES DE PRUEBAS IDÓNEAS. Es legal el razonamiento del Juez de Distrito, en cuanto estableció que la diligencia de requerimiento de pago y emplazamiento, satisface tanto los requisitos de los artículos 1392 y 1396 del Código de Comercio, como de los diversos 116 y 117 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, porque como también se precisó en el juicio constitucional, los quejosos no aportaron prueba idónea por virtud de la cual se desvirtuará la fe pública del actuario, en cuanto a lo asentado por éste en la indicada diligencia, y a mayor abundamiento, tampoco justificaron su dicho en el sentido de que en el lugar donde se practicó la aludida diligencia era un domicilio distinto al de los demandados, pues ante tal señalamiento correspondía a los hoy inconformes haber justificado con pruebas idóneas y suficientes cuál era su verdadero domicilio en el momento de la diligencia." Lo anterior es así, porque, como se dijo, la aquí quejosa asegura que no se entendió en forma personal la diligencia de su emplazamiento. En relación con lo anterior, la impetrante no aportó medio de convicción alguno para comprobar ese hecho y aún menos que tal diligencia se entendió con diversa persona; pues se reitera, las constancias de autos denotan que fue de manera personal y por ello, no tendría que haberse dejado citatorio alguno como lo señala el ordinal 1393 del Código de Comercio. En efecto, el cercioramiento que debe cumplir el fedatario que practique la primera notificación a la parte demandada en juicio, debe entenderse en el sentido de que en el evento en que constituido en el lugar designado en la demanda, entienda la diligencia directamente quien ante la fe pública del diligenciario indique ser la demandada, con ello se cumple el objetivo de que el emplazamiento a juicio quede satisfecho, al ser enterada la enjuiciada de la pretensión deducida en su contra, del juzgado en el que se encuentra radicado el juicio y del número de expediente que le haya correspondido. En tal virtud, el principio de certidumbre queda actualizado desde el momento en que el notificador al constituirse en el domicilio señalado en autos, logra comunicar directamente al demandado la existencia del juicio seguido en su contra y el cercioramiento del domicilio surge de manera simultánea, ante la manifestación propia de quien ante la fe pública del notificador manifiesta ser el enjuiciado, y que se trata de su domicilio el lugar en el que se encuentra constituido el actuario, lo que excluye la necesidad de servirse de otros medios previos a la realización directa de la diligencia con el demandado, en tanto que no existe algún requisito previsto por una disposición procesal que obligue al notificador a indagar por otros medios. Como por ejemplo el dicho de los vecinos de que el lugar designado en autos sea el del demandado, pues es ilógica la necesidad de establecer intermedios para arribar al objetivo esencial del emplazamiento, que es el comunicar directamente al demandado la existencia de la pretensión deducida en su contra y qué mejor forma de cercioramiento que el entender la diligencia directamente con la parte buscada; tal como aconteció en el caso concreto, pues nuevamente se reitera, la quejosa no desvirtuó con prueba alguna lo actuado por la fedataria responsable. Así lo determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la siguiente jurisprudencia: Época: Novena Época Registro: 195122 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VIII, Noviembre de 1998 Materia(s): Civil Tesis: 1a./J. 55/98 Página: 33 "EMPLAZAMIENTO. BASTA QUE EL DILIGENCIARIO ENTIENDA LA ACTUACIÓN DIRECTAMENTE CON EL DEMANDADO, PARA ESTIMAR CUMPLIDO EL CERCIORAMIENTO DEL EXACTO DOMICILIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). De acuerdo con la correcta interpretación del artículo 49, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, el cercioramiento que debe cumplir el actuario que practique la primera notificación a la parte demandada en juicio, debe entenderse en el sentido de que en el evento en que constituido en el lugar designado en la demanda, entienda la diligencia directamente quien ante la fe pública del actuario indique ser el demandado, con ello se cumple el objetivo de que el emplazamiento a juicio quede satisfecho, al ser enterado el enjuiciado de la pretensión deducida en su contra, del juzgado en el que se encuentra radicado el juicio y del número de expediente que le haya correspondido. El principio de certidumbre queda actualizado entonces, desde el momento en que el notificador al constituirse en el domicilio señalado en autos, logra comunicar directamente al demandado la existencia del juicio seguido en su contra y el cercioramiento surge de manera simultánea, ante la manifestación propia de quien ante la fe pública del notificador manifiesta ser el enjuiciado, y que se trata de su domicilio el lugar en el que se encuentra constituido el actuario, lo que excluye la necesidad de servirse de otros medios previos a la realización directa de la diligencia con el demandado, en tanto que no existe algún requisito previsto por una disposición procesal que obligue al notificador a indagar por otros medios, como por ejemplo el dicho de los vecinos de que el lugar designado en autos sea el del demandado, pues es ilógica la necesidad de establecer intermedios para arribar al objetivo esencial del emplazamiento, que es el comunicar directamente al demandado la existencia de la pretensión deducida en su contra y qué mejor forma de cercioramiento que el entender la diligencia directamente con la parte buscada". Así como la tesis aislada I.6o.T.93 K, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito que se comparte, visible en la página 330, del Tomo XV-2, Febrero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Materia Común, y con número de registro electrónico 208409 de rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO, QUIEN CUESTIONA SU LEGALIDAD DEBE APORTAR PRUEBAS PARA DESVIRTUARLO. Quien impugna la legalidad de un emplazamiento debe aportar los elementos de convicción que lo desvirtúen en forma fehaciente, por tratarse de actos emanados de autoridad judicial investida de fe pública, cuyas actuaciones tienen valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario." También es aplicable la tesis aislada emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito que se comparte, visible en la página 57, del Tomo I, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1988, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Materia Civil, y con número de registro electrónico 230868, de rubro y texto siguientes: "ACTUARIO, LA FE PÚBLICA DE LA QUE SE ENCUENTRA INVESTIDO, NO PUEDE DESVIRTUARSE CON SIMPLES MANIFESTACIONES, CARENTES DE PRUEBAS IDÓNEAS. Es legal el razonamiento del Juez de Distrito, en cuanto estableció que la diligencia de requerimiento de pago y emplazamiento, satisface tanto los requisitos de los artículos 1392 y 1396 del Código de Comercio, como de los diversos 116 y 117 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, porque como también se precisó en el juicio constitucional, los quejosos no aportaron prueba idónea por virtud de la cual se desvirtuará la fe pública del actuario, en cuanto a lo asentado por éste en la indicada diligencia, y a mayor abundamiento, tampoco justificaron su dicho en el sentido de que en el lugar donde se practicó la aludida diligencia era un domicilio distinto al de los demandados, pues ante tal señalamiento correspondía a los hoy inconformes haber justificado con pruebas idóneas y suficientes cuál era su verdadero domicilio en el momento de la diligencia." Circunstancia que tampoco se ve afectada con el hecho de que no hubiere firmado la diligencia de que se trata, pues la notificadora asentó que la persona con la que entendió la diligencia no firmó por no querer hacerlo, lo que resulta suficiente para tenerla por debidamente circunstanciada en este aspecto, máxime que la diligenciaria no puede obligar a la persona a que firme el acta respectiva, pues no cuenta con facultades legales ni materiales para ello. De igual forma, es infundado el concepto de violación sintetizado en el numeral 3, en el que se argumenta que el acto reclamado viola el precepto 16 Constitucional, ya que carece de la debida fundamentación y motivación, al haberse practicado la notificación de manera ilegal. Lo anterior, ya que el análisis y estudio de la legalidad de la diligencia de emplazamiento deberá partir de la satisfacción del derecho fundamental que tutela el artículo 14 Constitucional, esto es, si el funcionario que la llevó a cabo satisfizo los requisitos que el código de Comercio le impone, y no propiamente de la motivación y fundamentación, que están encaminadas al dictado de las determinaciones de la autoridad, en el caso, judicial. En apoyo a lo anterior, se cita la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, Novena Época, Materias(s): Común, Tesis: XIV.2o.24 K, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VI, Septiembre de 1997, página 679, con Registro digital: 197781, que indica: "EMPLAZAMIENTO. SU LEGALIDAD HA DE ESTUDIARSE A LA LUZ DE LAS NORMAS QUE LO RIGEN Y NO DE LA GARANTÍA CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. La fundamentación y motivación a que alude el artículo 16 de la Carta Magna entraña una cuestión propia de la autoridad ordenadora pero no de la ejecutora y, por ende, reclamar un acta de emplazamiento desde este punto de vista implica un desatino, puesto que la legalidad de tan relevante diligencia procesal debe examinarse a la luz de lo que prescriben las normas que la rigen y no del ámbito de la garantía constitucional que se invoca; es decir, la licitud del llamamiento a juicio dependerá de que el actuario cumpla satisfactoriamente con los requisitos que en ese tema impone la ley de la materia y no de la motivación y fundamentación, que son temas que atañen a la orden judicial a cumplirse. Finalmente, en el concepto de violación sintetizado en el punto 4, la impetrante aduce que no se colmaron los supuestos previstos en el ordinal 557 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado. Lo así alegado es inoperante, pues la legislación aplicable al caso es el Código de Comercio vigente en la época de la instauración del juicio natural, y sólo supletoriamente la legislación procesal civil; circunstancia que no se actualiza, pues el Código de Comercio contiene la regulación aplicable. De tal suerte, que si la quejosa a pesar de que fue debidamente emplazada al juicio natural, no acudió al procedimiento para hacer valer sus derechos, dicha omisión sólo a ella le es atribuible, pues al estar ajustado a derecho el emplazamiento en cuestión, no se transgredieron sus derechos fundamentales de legalidad, seguridad jurídica y audiencia, contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales, porque tuvo pleno conocimiento del juicio instaurado en su contra y por consiguiente, la oportunidad para ocurrir en defensa de sus intereses, ofrecer pruebas y formular alegatos; resultando por tanto infundados los argumentos de inconformidad analizados. En las condiciones apuntadas, se colige que la diligencia de emplazamiento a juicio de la demandada, aquí quejosa, fue realizada con apego a las disposiciones legales vigentes en la materia de que se trata, sin que haya aportado pruebas para desvirtuar la legalidad de la diligencia practicada por la actuaria responsable. En consecuencia, al resultar infundados los conceptos de violación hechos valer y dado que este órgano de control constitucional no advierte en ellos deficiencia alguna que debiera suplirse oficiosamente de conformidad con la fracción VI, del artículo 79 de la Ley de la materia, lo procedente es negar la protección de la Justicia Federal impetrada. Negativa que se hace extensiva al acto reclamado a la Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, consistente en el embargo decretado respecto del treinta por ciento de su pensión; ya que al no resultar violatorio de derechos fundamentales el emplazamiento impugnado, no lo es, por ende, sus consecuencias jurídicas, pues no se impugnan por vicios propios. SEXTA. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMA. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. OCTAVA. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos del 73, 74, 75, 124 y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ********************, en contra de los actos que reclama de la Juez Primero Mercantil y actuaria adscrita a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares, ambos del Primer Departamento Judicial de la Entidad, con residencia en esta ciudad; por los motivos precisados en la consideración quinta de la presente resolución. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la consideración sexta de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en la séptima consideración de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese y regístrese.
- Principal
Mérida, Yucatán, catorce de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se desprende que aún se encuentra transcurriendo el término de ocho días hábiles que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido del acuerdo de dos del presente mes, por el que se les puso a la vista las constancias remitidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social, en cumplimiento al requerimiento de quince de mayo último; por tal motivo, se acuerda: Se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este propio día y se fijan las DIEZ HORAS CON SIETE MINUTOS DEL CUATRO DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J.54/2000, publicada en la página 5 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril del dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 191,995, con el rubro siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DIAS DE ANTICIPACION A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACION, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." Así como la jurisprudencia 21/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVII, Marzo de 2008, Materia Común, visible en la página 151, registro: 170081, que dice: "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO. En el caso de que el informe justificado se presente en forma extemporánea, procede que el Juez de Distrito difiera la audiencia constitucional para otorgar a las partes el plazo de 8 días a que se refiere el artículo 149 de la Ley de Amparo, y en este tenor, el citado plazo debe transcurrir, en su integridad, entre la fecha en que se difiere la audiencia constitucional y la nueva señalada por ese motivo, por ser la única forma en que se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del informe y estén en aptitud de desvirtuar los razonamientos expresados por la autoridad responsable y, de considerarlo conveniente, preparar las pruebas conducentes, dándose viabilidad al plazo a que se refiere el artículo 151 de la ley en cita, para la preparación y desahogo de las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial". Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, dos de junio de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos el oficio de cuenta y anexo que al mismo se acompaña, del apoderado legal del Instituto Mexicano del Seguro Social, que remite en cumplimiento al requerimiento que se le hizo mediante acuerdo de quince de mayo del año en curso. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las demás partes y relaciónense en la audiencia constitucional. Notifíquese.
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