Susana Yadira Ochoa Ramírez

Expediente 1010/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1010/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
06/11/2019

Partes del expediente

  • Susana Yadira Ochoa Ramírez

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese únicamente para que obre como legalmente corresponda el oficio número 4439/2019-I-AJ remitido vía electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) por la Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan; mediante el cual devuelve sin diligenciar, a este Juzgado Federal el exhorto número V-1009/2019 (607/2019-D), por el que se le solicitó que en auxilio y delegación de las labores de este Juzgado, emplazara a juicio a la tercera interesada..., toda vez que en proveído de veinticinco de septiembre del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo en que se actúa, asimismo, en auto de quince de octubre del mismo año, causó ejecutoria, por lo que se ordenó su archivo definitivo. Sin que haya lugar a acusar recibo, toda vez que es el referido sistema el que lo expide. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    MORELIA, MICHOACÁN, QUINCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la certificación que antecede, como no se interpuso recurso de revisión en contra del proveído de veinticinco de octubre de dos mil diecinueve en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara que dicho proveído ha quedado firme, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. Por otra parte, tomando en consideración que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Segundo, punto cuarto; Capítulo Tercero, puntos Noveno y décimo primero; y, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto es susceptible de destrucción al ubicarse en las hipótesis previstas en las fracciones I, II y III de los artículos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo en mención; en razón de que el suscrito estima que carece de relevancia documental; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes que intervinieron en el presente asunto, que en caso de no presentarse ante este Juzgado, a recoger los documentos originales que hayan presentado, si así lo hicieron, dentro del plazo de noventa días siguientes a la notificación del presente proveído, el Titular de este órgano jurisdiccional ordenará su destrucción conjuntamente con el expediente. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.Así lo acordó y firma el licenciado Luis Fernando Arreola Villa, Juez Noveno de Distrito en el Estado, ante la licenciada Verónica Araceli Camorlinga Hernández, Secretaria que autoriza y da fe. LA LICENCIADA VERÓNICA ARACELI CAMORLINGA HERNÁNDEZ, SECRETARIA DEL JUZGADO NOVENO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, CON SEDE EN MORELIA, EN LA MISMA FECHA HACE CONSTAR QUE EL AUTO QUE ANTECEDE SE INCORPORÓ AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO DEL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (S.I.S.E.) DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR ARTÍCULO 3° PÁRRAFO OCTAVO DE LA LEY DE AMPARO EN VIGOR. DOY FE. Wordsise/REYRL*

  3. Principal

    MORELIA, MICHOACÁN, VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Agréguese el oficio J-III-224/2019, suscrito por el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta capital; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene rendido el informe justificado que le fue solicitado, al que adjunta el laudo emitido en el juicio ordinario laboral 3D-2359/2017, con firma autógrafa de los integrantes de esa Junta, con lo cual se ordena dar vista a las partes para su conocimiento a fin de que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Asimismo, informa que no existe diverso juicio de amparo promovido por alguna de las partes del juicio de origen. Ahora bien, de las constancias remitidas por el citado Presidente a su oficio de cuenta, se advierte que el veinte de septiembre de dos mil diecinueve, dictó laudo dentro del citado juicio laboral. Atento a lo anterior, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo del texto literal que dice lo siguiente: ".ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." Ello es así, en razón a que para que la referida causa de improcedencia se actualice, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje ahí alguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, según lo previene la jurisprudencia 198, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De los presentes autos se advierte que mediante proveído del dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, este Juzgado admitió la demanda de amparo promovida por Elva Valdivias Hernández y Dimas Eduardo Guzmán Montoya, apoderados de SUSANA YADIRA OCHOA RAMÍREZ, contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta capital, por el acto reclamado consistente en: ".La reiterada ausencia en la emisión del laudo por parte de la autoridad responsable, que ponga fin al conflicto laboral que promovemos en contra del tercero con interés, dentro del juicio laboral 3D-2359/2017." Ahora bien, de la constancia que la autoridad responsable acompañó al oficio de cuenta, con firma autógrafa de los integrantes de la Junta, el laudo emitido el veinte de septiembre de dos mil diecinueve, dentro del juicio ordinario laboral 3D-2359/2017, misma que merece pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2°, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, en razón a que, la falta de emisión de laudo dentro del multicitado juicio laboral 3D-2359/2017, aquí reclamada ha dejado de surtir sus efectos, por haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo promovido. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Ello es así, dado que si bien es cierto que dentro del presente juicio, la parte quejosa señaló como acto reclamado, como se anticipó, la falta de emisión de laudo dentro del juicio ordinario laboral 3D-2359/2017, del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta capital, también lo es que la citada autoridad responsable, con fecha veinte de septiembre de dos mil diecinueve, dicto el laudo correspondiente dentro del juicio que dio origen al presente juicio de amparo. Por lo que, al haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó a la que motivó el amparo, es indudable que, como ya se dijo, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, motivo por el cual procede SOBRESEER en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. En ese contexto, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional, programada para las DIEZ HORAS DEL TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, a dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por ********* y anexos, la cual se encuentra signada únicamente por la primera de los nombrados. En consecuencia, con fundamento en los artículos 5°, 33, fracción IV, 35, 37, 108, 110, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE la demanda, promovida por **********, con el carácter antes indicado, el cual se le reconoce en términos de la constancia del juicio laboral 3D-2359/2017, que con firma autógrafa acompañan al escrito de demanda de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de Amparo, no así a Dimas Eduardo Guzmán Montoya, toda vez que omitió firmarla y al no contar con ese elemento esencial de validez, no tiene jurídicamente algún valor, ya que se presume la ausencia de la voluntad de quienes la suscriben. Sin embargo, con base en la constancia del juicio laboral 3D-2359/2017, a que se hace alusión en el párrafo que antecede, también se le reconoce el carácter de apoderado. La cual se promueve contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, por los actos reclamados siguientes: ".La reiterada ausencia en la emisión del laudo por parte de la autoridad responsable, que ponga fin al conflicto laboral que promovemos en contra del tercero con interés, dentro del juicio laboral 3D-2359/2017." Regístrese el presente asunto en el libro de gobierno con el número V-1010/2019. Dése a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que le confiere la ley. No se forma incidente de suspensión por no haberse solicitado en términos del artículo 128, fracción I, de la Ley de Amparo, y sin que sea el caso de abrirlo de oficio, en razón a que en la especie no se actualizan los supuestos a que se refiere el artículo 127, del citado ordenamiento. Con apoyo en el artículo 117 de la ley de Amparo, requiérase a la autoridades señaladas como responsables sus informes justificados, el cual deberán rendir dentro del término de quince días contados a partir del momento en que reciban el oficio en el que se les solicita, por escrito o en medios magnéticos, en el cual deberán exponer las razones y fundamentos que estime pertinente para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de su acto; asimismo, deberán acompañar en copia certificada legible y completa, su caso de las constancias en que se hayan basado para emitir el acto en el entendido que en cualquiera de dichos supuestos, deberán estar debidamente foliadas, rubricadas y entreselladas por la autoridad responsable. En el entendido de que en caso de no rendir informe se presumirá cierto el acto reclamado y se les impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Carta Magna, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente, en relación con el artículo 260, fracción II, de la Ley de la materia en vigor. En la inteligencia de que si al momento de rendir su informe justificado, afirmaren una falsedad o negaren la verdad en todo o en parte, serán sancionadas en los términos que el artículo 262, fracción I, de la Ley de Amparo, esto es, con una pena de prisión de tres a nueve años, multa de cincuenta a quinientas Unidades de Medida y Actualización, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Por otro lado, atento a que el ordinal 108, fracción III, de la Ley de Amparo, establece como obligaciones de los peticionarios de amparo, entre otras, el señalar con precisión a las autoridades responsables (incluso tratándose de asuntos en materia penal, pues sobre el tema no opera la suplencia de la queja a que hace referencia el artículo 79 de la Ley de Amparo); en consecuencia, se apercibe a la parte quejosa de que, en caso de que las autoridades responsables no existan con la denominación que indica en su demanda, o aquélla sea imprecisa sin mayor trámite, se les tendrá por inexistentes y se suspenderá toda comunicación con las mismas y, en su oportunidad, se resolverá el juicio únicamente con las existentes, salvo prueba en contrario o que el quejoso o la propia autoridad corrijan la denominación de las autoridades responsables, hasta antes de la audiencia respectiva, toda vez que corresponde a la parte impetrante estar pendiente de la tramitación de su asunto; lo anterior a efecto de hacer garante el derecho del quejoso a una administración de justicia pronta y expedita tutelado en el artículo 17 Constitucional. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo en consulta, solicítese a las autoridades responsables informen a este juzgado de Distrito, si dentro del expediente del que deriva el acto reclamado, la parte quejosa o alguna otra persona, aun tercera extraña al procedimiento de origen, promovió diverso juicio de garantías, o bien, si tienen conocimiento de alguna causa que diera lugar al sobreseimiento del presente juicio, para lo cual, en ese caso, deberán exhibir las constancias que la acredite; requerimiento que se hace extensivo a las demás partes del juicio, bajo apercibimiento de que en caso de que cualquiera de las partes que tuviera conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y no la comunique, se les impondrá una multa de treinta a trescientas Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el numeral 251 de la Ley en consulta. Para la celebración de la audiencia constitucional se fijan las DIEZ HORAS DEL TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Asimismo, se tiene como tercera interesada a TERESA CONTRERAS GUZMÁN, con domicilio ubicado en la Avenida Lázaro Cárdenas, número 400, Colonia Centro en la ciudad de Antúnez, municipio de Parácuaro, Michoacán, por tanto y toda vez que el aludido domicilio se encuentra fuera de la jurisdicción de este juzgado, con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente, por disposición expresa de su artículo 2°, gírese atento exhorto al Juzgado de Distrito, en el Estado de Michoacán, en turno, con sede en Uruapan, a fin de que ordene a quien corresponda se constituya en el domicilio antes citado y emplace a juicio a la citada tercera interesada, para lo cual deberá correrle traslado con una copia de la demanda de amparo y copia certificada del auto admisorio que para ese efecto se anexa; haciéndole saber el día y hora fijada para la celebración de la audiencia constitucional; asimismo deberá requerirla para que señale domicilio en esta ciudad de Morelia, Michoacán, para oír y recibir notificaciones relacionadas con el presente juicio, apercibiéndola que de no hacerlo, las subsecuentes, aun las de carácter personal, se practicarán por medio de lista, en términos de lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo en vigor. Hecho que sea lo anterior, devuelva el aludido exhorto con las constancias que acrediten su diligenciación. En la inteligencia de que para el envío y devolución del exhorto de que se trata, deberá hacerse uso del Sistema Integral para el Seguimiento de Expedientes (SISE), acorde con el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, sin que sea necesario que la autoridad exhortada acuse recibo, toda vez que éste es generado automáticamente por el referido sistema. Infórmese a las autoridades responsables que no deberán acusar recibo de los oficios que reciban provenientes de este juzgado, sino sólo de aquellos en los que expresamente se les requiera para que lo hagan. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como pruebas de los promoventes las documentales que adjuntan a su demanda de garantías, mismas que dada su propia y especial naturaleza se tienen por admitidas y desahogadas, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia respectiva. Asimismo, en relación a la prueba que ofrece consistente en las constancias del juicio, de donde deriva el acto reclamado, dígasele que una vez que obren en autos, se acordará lo conducente. Ahora bien, respecto a la petición que hace la parte quejosa en el sentido de que se requiera a las autoridades responsables para que remitan copias certificadas del expediente de donde derivan los actos reclamados, dígasele que deberán estarse a lo acordado en párrafos que anteceden, en donde se requirió a las autoridades señaladas como responsables, para que al momento de rendir su respectivo informe de ley, exponga las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de su acto, así como acompañar, en su caso, las constancias en que se haya basado para emitir el acto reclamado, en copia certificada de las mismas. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en la calle Doctor Miguel Silva, número 19, despacho 209, colonia Centro, en esta ciudad. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran". Hágase del conocimiento de las partes en este asunto que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Por otro lado, en términos de los artículos 28 y 31, fracción I, de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que está obligada a recibir los oficios que en materia de amparo se le dirijan, ya sea en sus oficinas, en su domicilio o en el lugar donde se encuentren y desde ese momento la notificación surte sus efectos legales; si se negare a recibir tales oficios, el funcionario correspondiente harán del conocimiento del encargado de la oficina respectiva que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de ello subsistiera la negativa, dicho funcionario asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; todo lo anterior sin perjuicio de imponer, al dictar sentencia, una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, a la autoridad responsable que, por sí o por conducto de alguno de sus empleados, se nieguen a recibir el oficio respectivo, conforme lo previsto en el artículo 245 de la Ley de Amparo en vigor. Por otra parte, con fundamento en los artículos 26, 28 y 29 de la Ley de Amparo, se hace saber a las autoridades que se señalan como responsables y a las autoridades que en su caso les revista el carácter de terceros interesados, que las determinaciones que se emitan en el presente juicio y que por su trascendencia se estime necesario su puntual conocimiento, le serán notificadas a través de oficio, en tanto que los acuerdos de trámite y menos trascendentales se notificarán por lista, en la inteligencia de que, de manera enunciativa, mas no limitativa, se comunicarán por oficio las resoluciones concernientes a los siguientes aspectos: a) admisión de demanda; b) suspensión provisional o definitiva; c) admisión y desahogo de pruebas; d) sentencias de fondo; e) admisión de recursos de revisión y queja; y, f) las que a criterio del suscrito se estimen relevantes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicada por identidad de razón, visible en la página 1253, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar". Hágase saber a las autoridades responsables que para rendir su informe deberán hacerlo por una sola vía, es decir, si lo rinden VÍA FAX, TELEGRAMA o CORREO ELECTRÓNICO, ya no es necesario rendirlo vía postal, (salvo el caso de remisión de constancias que hayan servido de sustento para la emisión del acto reclamado), asimismo, no es indispensable que las autoridades responsables acusen recibo de los autos por los cuales se difiera la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, dígase a las autoridades responsables que si desean rendir su informe justificado vía fax o correo electrónico, podrán hacerlo al número telefónico 01 (443) 322-69-60, extensión 1175, o al correo electrónico oficial 9jdo11cto@correo.cjf.gob.mx. NOTIFÍQUESE.Así lo acordó y firma el licenciado Luis Fernando Arreola Villa, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Verónica Araceli Camorlinga Hernández, Secretaria con quien actúa y da fe.Así lo acordó y firma el licenciado Luis Fernando Arreola Villa, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Verónica Araceli Camorlinga Hernández, Secretaria con quien actúa y da fe.En dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, el Secretario da cuenta al Juez, con el escrito signado por Susana Yadira Ochoa Ramírez. Conste. 14926.MORELIA, MICHOACÁN, dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve. Agréguese el escrito signado por Susana Yadira Ochoa Ramírez; atento su contenido. NOTIFÍQUESE.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,297 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano