Susana Nidia Guillén Chávez

Expediente 879/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
879/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
21/08/2019

Partes del expediente

  • Susana Nidia Guillén Chávez

Actuaciones

  1. Principal

    ...En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal; a la parte quejosa, el acuerdo de fecha dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, el cual en lo conducente señala: Agréguese el oficio número TA-0250/2019, signado por el Magistrado de la Sexta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida en este juicio; con su contenido dése vista a la parte quejosa para que en el término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste lo que a su interés convenga al respecto, apercibida que de no hacerlo este órgano jurisdiccional dictará la resolución que en derecho corresponda. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA...

  2. Principal

    MORELIA, MICHOACÁN, TRECE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la diligencia de ratificación practicada por el Actuario Judicial adscrito a este órgano jurisdiccional el trece de agosto del año en curso, de la que se advierte que la quejosa Susana Nidia Guillen Chávez, compareció a desistirse de la demanda que originó el juicio de amparo 879/2019 del índice de este juzgado y ratificar su deseo de desistirse de la acción constitucional derivada de dicha demanda; sin embargo, como se advierte que en auto de doce del mes y año en cita, este juzgado no se avocó al conocimiento de dicha demanda y ordenó regresar los autos del juicio de amparo 900/2019 al Juzgado Cuarto Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, para que proveyera lo correspondiente; también se ordena remitir a dicho juzgado la diligencia de desistimiento y ratificación del mismo para que provea lo que conforme a derecho corresponda. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    MORELIA, MICHOACÁN, DOCE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. Téngase por recibido el oficio procedente del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, por medio del cual remite el original de la demanda de amparo, seis copias de traslado y el original del juicio de amparo 900/2019, ello en cumplimiento a lo ordenado por auto seis de agosto de dos mil diecinueve, en el que el citado juez oficiante declinó la competencia del citado juicio de amparo. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 879/2019. Anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Ahora bien, del análisis del auto de seis de agosto pasado, se advierte que el Juzgado Cuarto, remite los autos del amparo 900/2019, pues consideró que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 46, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma y adiciona el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de marzo de dos mil dieciséis. En consecuencia, con apoyo en el citado precepto 46, último párrafo, del citado acuerdo, este Juzgado Federal no acepta la competencia declinada, en atención a lo siguiente: Los artículos 45 y 46 del citado acuerdo, establecen: "Artículo 45. Los asuntos se turnarán mediante el sistema computarizado que determine la Dirección General de Estadística Judicial, previa aprobación de la Comisión de Creación de Nuevos órganos, de la siguiente manera: (.) II. Forma relacionada: Si al capturar los datos de registro del asunto, el sistema computarizado arroja un antecedente que lo vincule con otro registrado con anterioridad, ya sea que por disposición expresa de la ley o conforme a un criterio de relación, general o especifico, de los contenidos en el propio sistema, se turnara al mismo órgano jurisdiccional." "Artículo 46. Son criterios generales de relación, en aplicación de los cuales un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, por existir en el sistema un antecedente que hace procedente la vinculación, los siguientes: (.) IV. Cuando se promuevan demandas de amparo o interpongan recursos que se refieran a una misma averiguación previa o ejercicio de la acción penal o acto de autoridad, al que tenga el último antecedente del asunto, aunque las partes no sean las mismas. (...) Cuando se turne un asunto al órgano jurisdiccional y éste estime que es a otro al que corresponde conocer del asunto por razón de turno, lo remitirá con sus anexos, al juzgado o tribunal que considere debe conocer; recibido dicho asunto por el órgano requerido éste decidirá si acepta o no el conocimiento del mismo. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación a las partes y dará aviso a la oficina de correspondencia común a fin de equilibrar las cargas de trabajo. En caso contrario, de no aceptar, devolverá el asunto al requirente, quien resolverá si insiste en no conocer del asunto por razón de turno, si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido. Si persiste en ello, sin suspender el trámite y únicamente con copia certificada de las constancias que acrediten lo argumentado; así como, la propuesta que se plantee, formulará consulta a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, la que resolverá de plano." De lo anterior se desprende que la intención del Acuerdo General que regula la actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, es aprovechar el conocimiento previo de los asuntos que los órganos jurisdiccionales hayan tenido y que obedezcan a una misma causa o procedimiento. En ese contexto, el juez declinante manifiesta que la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, le turnó la demanda de amparo promovida por Susana Nidia Guillen Chávez, contra actos del Congreso del Estado de Michoacán y otras autoridades, registrándola bajo el número de juicio de amparo 900/2019, mismo que se encuentra relacionado con el diverso juicio de amparo 1023/2017, promovido por Consuelo Muro Urista, del índice de este órgano jurisdiccional. Asimismo, señala que no le corresponde conocer de la demanda de amparo que nos ocupa; puesto que la Oficina de Correspondencia Común pasó desapercibido en la forma de relacionar el turno conforme a lo previsto en el Acuerdo General citado; pues manifiesta que éste órgano de control constitucional conoció con anterioridad del diverso juicio de garantías 1023/2017; donde las autoridades y actos reclamados fueron los siguientes: "1. Del Pleno de la Septuagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo: a) El acuerdo 478, de dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, por medio del cual se determinó: - Improcedente la solicitud de la quejosa para seguir ocupando el cargo de Magistrada de la Primera Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, e - Instruir a las Comisiones de Justicia y Gobernación a dar inicio al procedimiento de elección de Magistrado de la Primera Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo (foja 250). b) El acuerdo 493, de veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, por el que emitió la convocatoria pública para la elección de Magistrado de la Primera Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán de Ocampo, publicada el veintiséis de octubre de ese mismo año, en la página 25 A del periódico La Voz de Michoacán (foja 199 a la 201). c) La separación en el ejercicio de sus funciones como Magistrada de la Primera Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán de Ocampo, a partir del veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete y, por ende, el nombramiento de otro Magistrado que ocupe su cargo, su baja en la nómina y la subsecuente suspensión del pago de sus emolumentos y prerrogativas inherentes a su cargo, así como todas y cada una de las consecuencias que se hubieran ocasionado y que en lo sucesivo pudieran ocasionarse, mediatas o inmediatas que surjan con motivo de los actos reclamados. 2. De las Comisiones de Justicia y de Gobernación, respectivamente, de la Septuagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán: - El dictamen con proyecto de acuerdo de dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, a través del cual propusieron al Pleno del Congreso del Estado de Michoacán, determinar improcedente por insuficiente la solicitud de la quejosa para seguir ocupando el cargo de Magistrada de la Primera Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán de Ocampo (fojas 242 y 243) . 3. De la Secretaría de Servicios Parlamentarios del Congreso del Estado: -La ejecución del acuerdo 493, emitido por el Pleno de la Septuagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, consistente en que dicha Secretaría recibiría las solicitudes de los aspirantes al cargo de Magistrado de la Primera Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán de Ocampo. 4. Del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán: -La omisión de emitir la evaluación del desempeño ético y profesional en el ejercicio de sus funciones como Magistrada de la Primera Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán." Sin embargo, este juzgador respetuosamente no comparte el criterio de turno que consideró el Juez Federal a efecto de returnar los autos a este juzgado, toda vez que teniendo a la vista el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE), se invoca como hecho notorio la existencia de un antecedente en el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, esto es, la demanda de amparo que dio origen al juicio de amparo 816/2019, promovido por la misma quejosa Susana Nidia Guillen Chávez, de la cual se desprende que reclamó: "La norma general, acto y omisión que de cada autoridad se reclame: Se reclama la sesión ordinaria del sábado trece de julio de dos mil diecinueve, relativa al orden del día, en su punto XXVI, relativo a la Lectura, discusión y votación del dictamen con proyecto de decreto que contiene la terna para la elección de magistratura correspondiente a la primera a la Primera Sala del Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, elaborado por las comisiones de justicia y gobernación, y en su caso toma de protesta", Por tanto, atento a las reglas de turno de los asuntos relacionados a que se refiere la fracción IV, del artículo 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el último antecedente del asunto relacionado con la convocatoria de veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, para la elección de Magistrado de la Primera Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán, a que hace referencia el juez declinante, es precisamente el juicio de amparo número 816/2019, promovido por la misma quejosa Susana Nidia Guillen Chávez, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado. Por tanto, si el último antecedente generado pertenece al índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán; resulta evidente que se actualiza la hipótesis prevista en la fracción IV del Acuerdo General en comento, que establece: "IV. Cuando se promuevan demandas de amparo o interpongan recursos que se refieran a una misma averiguación previa o ejercicio de la acción penal o acto de autoridad, al que tenga el último antecedente del asunto, aunque las partes no sean las mismas." Aunado a lo anterior, se estima que tampoco se actualiza la hipótesis de returno por la cual se envía el citado juicio de amparo, pues aun cuando es verdad que en el juicio de amparo 1023/2017, del índice de este Juzgado Federal, la quejosa Consuelo Muro Urista, reclamó, entre otros actos: "El acuerdo 493, de veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, por el que emitió la convocatoria pública para la elección de Magistrado de la Primera Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán de Ocampo, publicada el veintiséis de octubre de ese mismo año, en la página 25 A del periódico La Voz de Michoacán" Sin embargo, se considera que los actos reclamados por la quejosa Consuelo Muro Urista, en el citado juicio de amparo 1023/2017, no derivan -como lo estima el juez federal- de la convocatoria de referencia o del procedimiento de elección de Magistrado de la Primera Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Michoacán, pues los actos destacados que reclamó dicha impetrante se relacionan de manera directa, como lo señaló como: "La separación en el ejercicio de sus funciones como Magistrada de la Primera Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán de Ocampo, a partir del veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete y, por ende, el nombramiento de otro Magistrado que ocupe su cargo, su baja en la nómina y la subsecuente suspensión del pago de sus emolumentos y prerrogativas inherentes a su cargo, así como todas y cada una de las consecuencias que se hubieran ocasionado y que en lo sucesivo pudieran ocasionarse, mediatas o inmediatas que surjan con motivo de los actos reclamados". En cambio, en la demanda del juicio de amparo 900/2019, que remite el Juez Cuarto de Distrito, promovida por Susana Nidia Guillen Chávez, se advierte que si bien los actos derivan de la convocatoria de veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, para la elección de Magistrado de la Primera Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán, a que hace referencia el juez declinante; lo cierto es que también se puede advertir que son distintos los fines y objetivos que persiguen tanto la quejosa de dicho juicio como la del diverso1023/2017 del índice de este juzgado. Es así, porque mientras Consuelo Muro Urista, reclamó la separación en el ejercicio de sus funciones como Magistrada de la Primera Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán de Ocampo, a partir del veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, su baja en la nómina y la subsecuente suspensión del pago de sus emolumentos y prerrogativas inherentes a su cargo, así como todas y cada una de las consecuencias que se hubieran ocasionado y que en lo sucesivo pudieran ocasionarse, mediatas o inmediatas. Por su parte Susana Nidia Guillen Chávez en el juicio de amparo cuya demanda remite el juez declinante, se duele principalmente del acuerdo de trece de julio de dos mil diecinueve, por el cual se discutió, votó y designó, como magistrado de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado a J. Jesús Sierra Arias, esto es, se duele a que no resultó electo para ese nombramiento y no como la diversa quejosa, que reclamó la destitución de tal nombramiento. Por lo cual, se insiste, derivan de actos y propósitos distintos y por tanto desvinculados, de ahí que, se estima que no deben aplicarse las reglas sobre los criterios generales de relación de los asuntos, previstas en los artículos 45 y 46 del acuerdo antes referido. En consecuencia, se ordena devolver el presente asunto con sus anexos, al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, a efecto de que se pronuncie al respecto, solicitándole de la manera más atenta, haga del conocimiento de este juzgado la determinación que realice, a fin de estar en condiciones de acordar lo conducente. Con copia simple del expediente remitido, fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente para los efectos legales conducentes. Hágase del conocimiento de las partes en este asunto que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran". NOTIFÍQUESE.

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