Tania Itzel López Hernández

Expediente 317/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
317/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
16/06/2023

Partes del expediente

  • Tania Itzel López Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciséis de junio de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio número TCA/PRES/AMP/1861/2023, signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, por medio del cual informa los trámites realizados para dar cumplimiento con la ejecutoria de amparo, para lo cual adjunta las constancias que así lo ponen de manifiesto. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, uno de junio de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio número TCA/PRES/AMP/1663/2023, signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, por medio del cual informa que recibió el oficio 10581/2023, el cual no concuerda con el resultado del fallo protector emitido en el presente asunto; por tanto, se solicita a la autoridad responsable haga caso omiso de dicho comunicado y se adjunta al comunicado que derive del presente proveído, copia autorizada con firmas electrónicas del proveído de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, en que se declaró ejecutoriada la sentencia y se requirió su cumplimiento, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, y toda vez que no se interpuso recurso de revisión en contra de la resolución dictada en este juicio de amparo, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara que dicha resolución ha causado EJECUTORIA, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, en virtud de que por resolución de tres de mayo dos mil veintitrés, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa ********************; en consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contado a partir de que quede legalmente notificado del presente proveído, remitan copia debidamente certificada de las constancias con que acrediten el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo con relación con los puntos especificados de la sentencia emitida en el presente juicio, es decir: ". lo procedente es conceder la protección constitucional al quejoso ********************, para el efecto de que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, realice lo siguiente dentro del juicio ordinario laboral ********************: Realice las gestiones necesarias para lograr el verificativo de la prueba de inspección ocular pendiente de desahogo, ofrecida por la parte demandada, para lo cual se ordenó girar exhorto a la Junta Especial Número 8 de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en Lázaro Cárdenas, Michoacán; Para el caso de que la fecha cause ejecutoria la presente determinación, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, no hubiere enviado el exhorto de referencia, a fin de desahogar la prueba de inspección ocular admitida en dicho procedimiento, lo realice de inmediato. En caso de que transcurran cinco días y la Junta exhortada no realice lo encomendado, deberá realizar las gestiones necesarias para lograr su diligenciarían; para lo cual deberá hacer uso de los medios de apremio correspondientes.. Bajo apercibimiento que de no hacerlo así, sin causa justificada, con fundamento en los artículos 192, 193, 237 fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo en vigor, se impondrá una multa a la autoridad responsable de que se trata, por el equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Carta Magna, en materia de desindexación del salario mínimo, al momento de realizarse la conducta sancionada, con independencia de la responsabilidad penal prevista en el artículo 267, fracción I, de la ley de la materia. Es importante destacar que se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. Atento a que los tribunales laborales no tienen superior jerárquico para el efecto del cumplimiento de las sentencias de amparo, por tratarse de un órgano autónomo, motivo por el cual se apercibe a dicha autoridad a efecto que de no cumplir con la ejecutoria de amparo se procederá en términos de lo dispuesto por el artículo 193 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior por identidad jurídica, la jurisprudencia 2ª./J. 36/2011 (10a), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 3515, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 4 Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente dice: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo.". Notifíquese.

  4. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las nueve horas con veinte minutos del tres de mayo de dos mil veintitrés, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo número 317/2023-II, el licenciado Luis Fernando Arreola Villa, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, en unión del Secretario que autoriza y da fe, licenciado Daniel Villalobos Arenas, procede a celebrarla sin asistencia de las partes. Acto continuo, el Secretario, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, hace relación de las constancias que obran en autos y da cuenta al Juez con el escrito inicial de demanda e informe justificado rendido por la autoridad responsable. Abierto el período de pruebas, con apoyo en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas, en razón de su propia y especial naturaleza, la documental exhibida por la autoridad responsable como complemento a su informe de ley, con lo que se declara cerrado el mismo. A continuación, se abre la etapa de alegatos y el Secretario, con apoyo en el numeral 124 del ordenamiento jurídico en consulta, se hace constar que las partes no alegaron en esta instancia constitucional; por ende, se declara cerrada dicha fase. Con lo anterior, se da por concluida la presente audiencia, quedando los autos a la vista para dictar la correspondiente sentencia. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 317/2023-II, promovido por... por propio derecho, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el quince de marzo de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, el cual por razón de turno se recibió en este órgano jurisdiccional el mismo día, Tania Itzel López Hernández, por propio derecho, promovió juicio de amparo indirecto en contra del acto, traducido en una omisión, que se transcribe a continuación: ".IV.- ACTO RECLAMADO. - La dilación por parte de la autoridad responsable, por no administrar justicia en los plazos y términos que fija la supletoria Ley Federal del Trabajo, puesto que no desarrolla el juicio ordinario laboral en comento con diligencia, sino con dilación demora, fuera de los plazos y términos estipulados, puesto que, ha trascurrido el término para el desahogo de los medios probatorios ofertados y admitidos, sin embargo, no se han desahogado la totalidad de los mismos; lo que provoca que dicha autoridad responsable no cumpla con la emisión del laudo correspondiente.". Además, la parte quejosa precisó como transgredidos en su perjuicio los derechos humanos previstos en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Substanciación del juicio. Mediante proveído de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional admitió la demanda; requirió el informe justificado correspondiente; dio intervención al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y, fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual fue celebrada en términos del acta que precede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, y los diversos numerales 49 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En el presente caso, la parte quejosa reclama una omisión por parte de una autoridad administrativa que conoce de conflictos laborales, con sede en la circunscripción territorial sobre la que ejerce competencia este juzgado, por lo que se surte la competencia por territorio, materia y grado. SEGUNDO. Precisión de la omisión reclamada. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda y demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. En ese sentido, el quejoso reclama del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad: La abierta paralización del juicio ordinario laboral 663/2021, toda vez que no se han desahogado la totalidad de pruebas ofrecidas por las partes, no obstante su admisión en actuación de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. TERCERO. Existencia de la omisión reclamada. Es cierta la omisión reclamada al Tribunal responsable; no obstante que su Presidenta al rendir su informe justificado indicó que es parcialmente cierto, toda vez que a la fecha no se han desahogado la totalidad de los medios de prueba ofrecidos en el expediente laboral 663/2021, pues efectivamente, en las constancias que acompañó se aprecia que a la fecha no han sido verificados todos los medios de convicción ofrecidos por las partes. A las citadas documentales se les concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, por tratarse, en la especie, de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Página 153 del tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. Temporalidad. La demanda de amparo se presentó con la oportunidad debida, toda vez que el acto reclamado es de tracto sucesivo, porque la violación se actualiza de momento a momento, por tratarse de un hecho continuo que no se agota una vez producido, sino hasta en tanto cese la omisión de que se trata. Por tanto, no está sujeto al término de quince días a que alude el artículo y se evidencia que se promovió de manera oportuna. Resulta aplicable la tesis número III.5o.C.21 K, emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en la página 1451, Tomo XXI, Mayo de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA INTERPONERLA TRATÁNDOSE DE ACTOS NEGATIVOS Y OMISIVOS. En los primeros la autoridad se rehúsa o rechaza expresamente obrar a favor de la pretensión del gobernado; en tanto que en los omisivos se abstiene de contestar la petición del particular ya sea en forma afirmativa o negativa. En ese contexto, se afirma que contra los actos negativos sí corre el término que prescribe el artículo 21 de la Ley de Amparo, en la medida de que el gobernado resiente una afrenta con la actitud de la autoridad de no complacerlo en los términos que éste pretende, situación que se consuma en el instante de la negativa y es lo que da la pauta para establecer, a partir de que se tenga conocimiento del mismo, el plazo a que alude el referido precepto; lo que no sucede con los actos omisivos, puesto que la abstención de actuar por parte de la autoridad, que es lo que produce el perjuicio, no se consuma en un solo evento, sino que se prorroga en el tiempo de momento a momento, razón por la cual en esta clase de actos no corre el término de referencia." QUINTO. Estudio de fondo. Al no advertir de oficio causa de improcedencia que se actualice en el juicio en que se actúa, aunado a que las partes no hacen valer, este juzgador federal procede al estudio del concepto de violación que hace valer el quejoso. El concepto de violación hecho valer por la parte promovente se tiene por reproducido en este apartado como si a la letra se insertara, a fin de evitar repeticiones innecesarias, además de no ser indispensable transcribirlo, por no haber disposición expresa que obligue a hacerlo. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". El citado concepto de violación es fundado, por los motivos que se exponen a continuación. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial gratuita. La característica de prontitud comprende tanto el desarrollo del trámite o procedimiento como el pronunciamiento de la resolución respectiva a través de la cual se dirima la controversia. En sentido inverso, esta garantía constitucional impone la prohibición de tramitar y resolver controversias fuera de los términos y plazos establecidos en las leyes, es decir, no debe transcurrir demasiado tiempo para que los derechos y las obligaciones de las partes sometidos al litigio queden definidos, pues ". la justicia tardía es una forma de injusticia.". Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia IV.3º. T. J/57 sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Septiembre de 2005, página 1283 Novena Época, número de registro 177266, que dice: "JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. DEBEN ACATAR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y EMITIR SUS LAUDOS EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES. Conforme al artículo 17 de la Constitución Federal toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Ahora bien, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, como tribunales responsables de la administración de justicia en materia laboral deben acatar lo dispuesto en el citado precepto constitucional, y emitir sus laudos y resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes, independientemente de las cargas de trabajo, ya que si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera, también lo es que no es justificable un retraso prolongado para dictarse el laudo, pues ello no impide que se configure la violación a la garantía prevista en el referido artículo 17 constitucional". La Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, en su artículo 99, contempla lo siguiente: "Artículo 99. El procedimiento para resolver las controversias que se sometan al Tribunal de Conciliación y Arbitraje consistirá en la presentación de la demanda respectiva que deberá hacerse por escrito o verbalmente por medio de comparecencia; contestación que se hará en igual forma; una sola audiencia en la que se recibirán, las pruebas y alegatos de las partes, y se pronunciará resolución, salvo cuando a juicio del Tribunal se requiera la práctica de otras diligencias en cuyo caso se ordenará que se lleven a cabo y, una vez desahogadas, se dictará el laudo". Dicho numeral, en lo medular, dispone que en una sola audiencia se recibirán las pruebas y alegatos de las partes y se pronunciará la resolución correspondiente. Por su parte, los diversos artículos 104 a 107, señalan lo siguiente: "ARTICULO 104. En el caso de no lograrse el arreglo conciliatorio, el Tribunal, tendrá a las partes como inconformes y concederá el uso de la palabra al reclamante o a su representante legal para que ratifique, rectifique o amplíe su escrito inicial de demanda, en cuya ampliación sólo podrá aportar nuevos datos respecto a los hechos o incluir mayores prestaciones, sin poder demandar en ese acto a quien no haya incluido en su escrito inicial. Se concederá a las partes el derecho a la réplica y contrarréplica. En seguida se abrirá el período de ofrecimiento y admisión de pruebas; el Tribunal recibirá y calificará las mismas, admitiendo las que estime pertinentes y desechando aquellas que resulten notoriamente improcedentes, contrarias a la Ley y a las buenas costumbres o que no tengan relación con la litis. Acto continúo, señalará el orden de su desahogo, primero, las del actor y después las del demandado en la forma y términos que el Tribunal estime oportuno tomando en cuenta la naturaleza de las mismas y procurando la celeridad en el procedimiento. ARTICULO 105. En la audiencia se aceptarán las pruebas ofrecidas en ella o con anterioridad a la misma. ARTICULO 106. Los trabajadores podrán comparecer por sí o por representantes acreditados mediante simple carta poder. Los titulares podrán hacerse representar por apoderados que acrediten ese carácter mediante simple oficio. ARTICULO 107. En la etapa de desahogo, sólo se atenderán las pruebas admitidas, a menos que se refieran a hechos supervenientes, en cuyo caso, se dará vista a la contraria antes de resolver lo procedente. Se exceptúan las relativas a las tachas de testigos. (.)" A su vez, la Ley Federal del Trabajo en los ahora derogados artículos 883 y 884, fracciones I y III, aplicada de manera supletoria a la ley que rige el juicio de origen, según lo establecido en su numeral 8, señalan lo siguiente: "Artículo 883. La Junta, en el mismo acuerdo en que admita las pruebas, señalará día y hora para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas, que deberá efectuarse dentro de los diez días hábiles siguientes, y ordenará, en su caso, que se giren los oficios y exhortos necesarios para recabar los informes o copias que deba expedir alguna autoridad o exhibir persona ajena al juicio y que haya solicitado el oferente, con los apercibimientos señalados en esta Ley; y dictará las medidas necesarias, a fin de que el día de la audiencia se puedan desahogar todas las pruebas que se hayan admitido. Cuando, por la naturaleza de las pruebas admitidas, la Junta considere que no es posible desahogarlas en una sola audiencia, en el mismo acuerdo señalará los días y horas en que deberán desahogarse, aunque no guarden el orden en que fueron ofrecidas, procurando que se reciban primero las del actor y después las del demandado. Este periodo no deberá exceder de treinta días". "Artículo 884. La audiencia de desahogo de pruebas se llevará a cabo conforme a las siguientes normas: I. Abierta la audiencia, se procederá a desahogar todas las pruebas que se encuentren debidamente preparadas, procurando que sean primero las del actor e inmediatamente las del demandado o, en su caso, las que hubieren sido señaladas para desahogarse en su fecha; (.) III. Si las pruebas por desahogar son únicamente copias o documentos que deban remitir autoridades o terceros, la Junta los requerirá en los siguientes términos: a) Si se tratare de autoridades, la Junta las requerirá para que envíen dichos documentos o copias y, si no lo cumplieren, a solicitud de parte, la Junta lo comunicará al superior inmediato para que se le apliquen las sanciones correspondientes; y b) Si se trata de terceros, la Junta dictará las medidas de apremio correspondientes, hasta que se logre la presentación de las copias o documentos respectivos; (.)" De tales artículos, en lo que interesa, se desprende la dilación procesal que deben llevar a cabo los Tribunales laborales; se destaca que cuando no es posible desahogar los medios de convicción ofrecidos en una sola audiencia, se señalará los días y horas en que deberán desahogarse, en un periodo que no deberá exceder de treinta días, procurando la celeridad del procedimiento. En el caso, se desprende que en la audiencia de pruebas, alegatos y resolución, verificada el veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, dentro del juicio laboral 663/2021, se admitieron los medios de prueba ofrecidos por las partes, los cuales fueron los siguientes: De la parte actora: 1. Confesional -desahogada el cuatro de enero de dos mil veintitrés-; 2. Documental -sin especial verificativo-; 3. Testimonial -desistió en audiencia de cuatro de enero de dos mil veintitrés-; y, 4. Instrumental pública de actuaciones, así como presuncional en su doble aspecto -sin especial verificativo-. De la parte demandada: 1. Confesional -desahogada el cuatro de enero de dos mil veintitrés-; 2. Instrumental pública de actuaciones, así como presuncional en su doble aspecto -sin especial verificativo-; 3. Inspección ocular, la cual se encuentra pendiente de desahogo. Expuesto lo anterior, se tiene que en el caso se encuentra pendiente de desahogar la prueba de inspección ocular ofrecida por la parte demandada, para lo cual se ordenó girar exhorto a la Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en Lázaro Cárdenas, Michoacán, a fin de que se constituya en las instalaciones de la demandada y desahogue los puntos en que versará la prueba; sin que haya mayor evidencia de su envío, menos aún de su desahogo. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos. Tales consideraciones dieron génesis a la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro digital 2019400, de contenido literal siguiente. "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador". En el caso, entre el veintidós de septiembre de dos mil veintidós -fecha de admisión de pruebas- y este día en que se resuelve, median siete meses y seis días, lo que evidencia que transcurre en demasía el referido plazo fijado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el trámite de las etapas procesales que rigen el controvertido laboral de origen. Así, es claro que el actuar del Tribunal responsable violenta los derechos fundamentales antes expuestos, específicamente, el derecho humano de celeridad en la impartición de justicia contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual entre otros aspectos, conlleva la obligación a cargo de los órganos jurisdiccionales a ministrar justicia en los plazos establecidos en la ley según se expuso previamente. Consecuentemente, lo procedente es conceder la protección constitucional al quejoso Tania Itzel López Hernández, para el efecto de que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, realice lo siguiente dentro del juicio ordinario laboral 663/2021: Realice las gestiones necesarias para lograr el verificativo de la prueba de inspección ocular pendiente de desahogo, ofrecida por la parte demandada, para lo cual se ordenó girar exhorto a la Junta Especial Número 8 de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en Lázaro Cárdenas, Michoacán; Para el caso de que a la fecha en que cause ejecutoria la presente determinación, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, no hubiere enviado el exhorto de referencia, a fin de desahogar la prueba de inspección ocular admitida en dicho procedimiento, lo realice de inmediato. En caso de que transcurran cinco días y la Junta exhortada no realice lo encomendado, deberá realizar las gestiones necesarias para lograr su diligenciación; para lo cual deberá hacer uso de los medios de apremio correspondientes. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia establecida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis con registro digital 2005150, de contenido literal siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013". Lo anterior, a fin de restituir al quejoso en el goce del derecho transgredido, de conformidad con el numeral 77, fracción II, de la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Tania Itzel López Hernández, en contra del acto reclamado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, con base en las razones expuestas en el último considerando de la presente resolución y para los efectos precisados en su parte final. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado LUIS FERNANDO ARREOLA VILLA, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, ante Daniel Villalobos Arenas, Secretario que autoriza y da fe Wordsise/fef

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