Tania Margarita Olguín Luna

Expediente 964/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
964/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
15/02/2023

Partes del expediente

  • Tania Margarita Olguín Luna

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, quince de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que el presente juicio de amparo se encuentra totalmente concluido, toda vez que mediante proveído de ocho de noviembre de dos mil veintidós, se ordenó el archivo definitivo del mismo; por tanto, devuélvase el cuaderno de pruebas formado con las copias certificadas del juicio ordinario laboral ********************, a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, por ser innecesario que siga obrando en autos. Finalmente, en atención al contenido de los artículos 251, 252, 253 y 260 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación y que entró en vigor el día siete de noviembre de dos mil veintidós, hágase saber a las partes, que este órgano jurisdiccional a partir del día de hoy tramitará e integrara el presente asunto a través de los medios tecnológicos y soluciones digitales; para ello, se procurará que el contenido de las promociones, los acuerdos, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos, se generen de manera electrónica; por lo que, se imprimirá únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del presente asunto. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, ocho de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, y toda vez que no se interpuso recurso de revisión en contra del acuerdo de seis de octubre de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara que dicho proveído ha quedado firme, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, en virtud de que por acuerdo de seis de octubre de dos mil veintidós, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. Vistos los autos del presente asunto y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Séptimo, numeral 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo séptimo, artículo 21, inciso b), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Notifíquese.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, trece de octubre de dos mil veintidós. Agréguese únicamente para que obre como corresponda el pedimento número 347/2022, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional; mediante el cual formula alegatos en los términos que indica; toda vez que en proveído de seis de octubre de dos mil veintidós, se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio en que se actúa. Cúmplase.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, seis de octubre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio número J3-03-03-10-2022, signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual rinde su informe justificado y remite diversas constancias del juicio ordinario laboral 3A-175/2021, de las cuales se advierte que el cuatro de octubre de dos mil veintidós, emitió el acuerdo relativo a la admisión y/o desechamiento de las pruebas ofrecidas en el citado juicio. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como pruebas de la autoridad responsable las documentales que acompaña, mismas que se admiten y desahogan dada su propia y especial naturaleza. Debido al volumen y para su mejor manejo, con tales constancias fórmese un cuaderno de prueba con carátula en la que obre los datos de identificación, respetando el número de folio, rúbrica y sello, el cual se ordena conservarlo por separado. Atento a lo anterior, en el caso concreto se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo del texto literal que dice lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" Lo anterior es así, en razón a que para que la referida causa de improcedencia se actualice, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación Constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje ahí alguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, según lo previene la jurisprudencia 198, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En ese contexto, de los presentes autos se advierte que mediante proveído de cinco de septiembre de dos mil veintidós, este Juzgado admitió la demanda de amparo promovida por Jesús Ortega Hernández, Claudia Ortega Gutiérrez y Ricardo Ortega Gutiérrez, apoderados de la quejosa Tania Margarita Olguín Luna, contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, por el acto reclamado consistente en: ".4.- ACTO RECLAMADO: LAS OMISIONES, ABSTENCIONES Y DILACIONES DE LA RESPONSABLE, DE ACORDAR SOBRE LA ADMISION Y/O DESECHAMIENTO DE LAS PRUEBAS OFRECIDAS POR LAS PARTES, DENTRO DE LOS TERMINOS Y PLAZOS SEÑALADOS POR LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y QUE EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACION QUEDARAN PRECISADOS. .". Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda y medios de convicción que obran en el presente asunto se colige que el estado procesal del juicio ordinario laboral de origen a la fecha de presentación de la presente demanda de amparo -dos de septiembre de dos mil veintidós- no se había dictado el acuerdo relativo a la admisión y/o desechamiento de las pruebas en el juicio ordinario laboral 3A-175/2021. En ese contexto, de las constancias que la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, acompañó en copia certificada, se advierte que el cuatro de octubre del año en curso, como se anticipó, la autoridad responsable dictó el acuerdo en el que determinó sobre la admisión y/o desechamiento de las pruebas, en el citado expediente laboral 3A-175/2021, de su índice; documental que merece pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2, y de la cual se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en razón a que la omisión aquí reclamada ha dejado de surtir sus efectos, por haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo promovido. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Lo anterior es así, dado que si bien es cierto, en el presente juicio, la parte quejosa señaló como acto reclamado destacado la omisión de dictar el acuerdo relativo a la admisión y/o desechamiento de las pruebas; sin embargo, atento al estado procesal en que se encuentra el juicio natural, dicha omisión desapareció, en virtud de que la autoridad responsable el cuatro de octubre del año en curso, dictó el acuerdo en el citado expediente laboral 3A-175/2021. Por lo cual, al haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó a la que motivó el amparo, es indudable que, como ya se dijo, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, motivo por el cual procede SOBRESEER en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Así como, por identidad de razón, la jurisprudencia número 10/2003, consultable a fojas 386 y 387, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En ese contexto, se deja sin efectos la fecha de la audiencia Constitucional, programada para las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL ONCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese personalmente.

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