Susana Rodriguez Jimenez
Expediente 1285/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1285/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Susana Rodriguez Jimenez
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos se advierte que ha trascurrido el plazo de cinco días previsto por el ordinal 98 de la Ley de Amparo para que la inconforme interpusiera el recurso de queja en contra del proveído de siete de diciembre del año en curso, en el que se desechó de plano la demanda de amparo, sin que la disidente haya impugnado esa determinación a través del citado mecanismo de defensa; en razón de lo anterior, con fundamento en lo previsto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el auto en donde se desechó de plano el escrito inicial ha causado estado. En cumplimiento a lo señalado por los normativos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el ordinal 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido, entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o bien, se haya establecido jurisprudencia por los Plenos de Circuito. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos del artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales y como en el acuerdo de siete de diciembre del año en curso, se desechó de plano la demanda de amparo, por lo que con esa resolución judicial se puso fin al juicio, sin decirlo en cuanto al fondo, en términos de lo dispuesto por los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido Acuerdo General este asunto encuadra en la hipótesis prevista por el inciso d) del numeral 21 del propio acuerdo; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación del presente auto, procédase a la destrucción de este cuaderno. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
"San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese la promoción señalada en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surta los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que la justiciable *** atiende la prevención contenida en el auto de veinticinco de noviembre pasado; en consecuencia, se tiene por cumplido el requerimiento formulado en el aludido proveído y se dicta la determinación que corresponde en cuanto al libelo inicial. Aspectos preliminares. Primeramente es necesario establecer que del contenido integral de la demanda de amparo y su aclaración se advierte que la inconforme *** reclama los actos siguientes: Del Director de la Comisión Estatal de Agua, del Director General de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca y del Presidente Municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, combate: La omisión de garantizar el suministro, el acceso y la disposición del agua potable en el inmueble ubicado en la ****. Del Director General del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores de la Delegación Oaxaca impugna: La omisión o el atraso de pagar los servicios de mantenimiento a la administración del fraccionamiento Jardines del Sur, en Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, respecto del inmueble ubicado en la ****. De **** en su calidad de Administrador, de la Administración, de la Asamblea General y del Comité de Vigilancia, todos del fraccionamiento Jardines del Sur, en Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, reclama: El corte del servicio de agua potable que se suministra en el inmueble ubicado en la ***. Ahora, es necesario establecer que conforme a lo dispuesto por los numerales 112 y 113 de la Ley de Amparo una vez presentada la demanda debe estudiarse para determinar si procede formular alguna prevención que la aclare, admitirla a trámite o desecharla de plano por actualizarse una causal de improcedencia de manera manifiesta e indudable. En lo que interesa esas normas prevén la posibilidad del desechamiento de la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que a ella se adjunten aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia siempre y cuando sea manifiesto e indudable, entendiéndose por lo primero aquello que no requiere de mayor demostración, sino que se advierte de manera clara y directa de la demanda, así como de sus anexos y, por lo segundo, aquello de lo que se tiene la certeza y la plena convicción; en ese contexto, si bien existen diversas causas que originan la improcedencia del juicio constitucional éstas no deben originar el desechamiento de la demanda a menos que su existencia sea evidente, clara y notoria porque no se debe llegar al extremo de limitar u obstaculizar el ejercicio de la acción constitucional a los particulares que estimen violados sus derechos fundamentales. Al respecto es ilustrativa la tesis aislada 2a. LXXI/2002 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por 'manifiesto' lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por 'indudable', que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En esa línea, con la finalidad de no tramitar y sujetar a las partes a un juicio que desde su promoción se aprecia inútil con el consecuente desgaste de recursos humanos y materiales, el legislador estableció la posibilidad de desechar de plano la demanda siempre que se materialice de manera manifiesta e indudable alguna de las hipótesis de inejercitabilidad de la acción de amparo previstas por el normativo 61 de la ley de la materia, el cual enlista una serie de actuaciones, cuyo origen, naturaleza o condiciones producen que no sean susceptibles de analizarse en el juicio de protección de los derechos fundamentales, es decir, respecto de los cuales no puede existir un pronunciamiento de fondo en cuanto a su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Es preciso destacar que esa actuación procesal no está limitada a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, desde luego cuando se actualicen las condiciones respectivas; lo que revela que la efectiva intención del legislador es permitir que independientemente de la razón por la que se aprecie sin lugar a dudas que un juicio es improcedente sea factible su desechamiento de plano, esto es, que se deniegue su tramitación y la consiguiente sustanciación de un procedimiento, cuyo agotamiento en todas sus etapas a nada práctico conducirá dado que finalmente no será factible el estudio de fondo del derecho discutido. Con base en los elementos anteriores y la información que se desprende del ocurso inicial y su anexo se dicta la determinación siguiente: Desechamiento de la demanda. Con fundamento en lo estatuido por el artículo 113 de la Ley de Amparo este órgano jurisdiccional desecha de plano la demanda de amparo presentada por ****, porque respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables señalados en los párrafos precedentes se actualiza de manera manifiesta e indudable la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el arábigo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, de la propia legislación, dado que esas actuaciones no provienen de una autoridad para los efectos de este juicio de amparo. Para evidenciar tal aserto es necesario tener presente el contenido de los dispositivos citados, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.]" El segmento normativo transcrito en primer orden establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en los que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano o de la Ley de Amparo. Al respecto es necesario señalar que la improcedencia constituye un obstáculo jurídico o de hecho que impide el pronunciamiento de fondo ante la falta de oportunidad o de pertinencia de la acción constitucional intentada. Por otro lado, del precepto inserto en segundo orden se advierte que el juicio de protección de los derechos fundamentales tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución General de la República y por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. A su vez, del dispositivo 5, fracción II, de la ley de la materia se desprende que la autoridad responsable será parte en el juicio constitucional y que tendrá tal carácter con independencia de su naturaleza formal la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. La norma citada también establece que para los efectos de la ley de la materia, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de un ente público, que afecten derechos en los términos que ese ordinal dispone y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. El análisis sistemático de los preceptos citados pone de relieve que el acto de autoridad constituye un elemento fundamental para la procedencia del juicio constitucional. En otro punto, es necesario señalar que el Alto Tribunal de la Nación ha establecido que una autoridad para los efectos del juicio de amparo será el ente de hecho o de derecho que emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni requerir del consenso de la voluntad del afectado; en ese contexto, la Superioridad puntualizó que una autoridad será la que ejerza facultades decisorias que le son atribuidas por la ley y, por ende, que constituyan una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Para fortalecer lo anterior se cita la tesis P. XXVII/97 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: 'AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.', cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." Por otro lado, resulta oportuno establecer las bases para distinguir un acto de autoridad y en ese sentido es necesario acudir a la clasificación que la teoría general del derecho ha realizado respecto de las relaciones jurídicas de coordinación, de supra a subordinación y de supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares en las cuales éstos actúan en un plano similar, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí se han creado por la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, laboral y agrario en ciertos supuestos. La nota distintiva de ese tipo de relaciones es que las partes involucradas deberán acudir a los Tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas pactadas por ellas o las contempladas por la legislación aplicable; en ese contexto, ambas partes se encuentran en un nivel equivalente, lo que refleja la existencia de una bilateralidad en el funcionamiento de tales relaciones. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre los gobernantes y los gobernados en las que los primeros actúan en un plano superior respecto de los segundos en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre los cuales destaca el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y por eso el Pacto Supremo establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar de gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los Tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, las cuales también se regulan por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, en este último rubro se encuentran las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el dispositivo 105, fracciones I y II, de la Carta Magna. Desde esa perspectiva, para determinar si un acto proviene de una autoridad para los efectos del juicio de amparo es necesario distinguir la relación jurídica de donde derivó y examinar si la que se somete al escrutinio constitucional se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tienen como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. En ese contexto, debe señalarse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido como notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo las siguientes: 1. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular. 2. Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad. 3. Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. 4. Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Al respecto cobra aplicación la tesis 2a. XXXVI/99 sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal de la Nación, de contenido: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado." Igualmente resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal del País, que informa: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." De acuerdo con lo anterior para que el acto de un órgano estatal sea conceptualizado como de autoridad para los efectos de este medio procesal de tutela constitucional debe originarse con motivo de una relación de supra a subordinación, es decir, entre sujetos colocados en diferentes planos, por un lado los particulares y, por otro, el Estado investido con su imperio. En otro aspecto, para identificar si un acto se generó dentro de una relación de supra a subordinación deberá tener las características siguientes: 1. Ser unilateral, porque para su existencia y su eficacia no requiere del concurso o la colaboración del gobernado frente al cual se ejerce, es decir, su génesis sólo depende de la voluntad de la autoridad. 2. Ser imperativo, lo cual implica que la voluntad del gobernado quedará sometida a lo dispuesto por el ente público, esto es, el acto se impone aun en contra de la voluntad del particular. 3. Ser coercitivo, ya que podrá constreñir al gobernado para hacer respetar el mandato de la autoridad; en otras palabras, si el acto no se acata en forma voluntaria se podrá lograr su cumplimiento de manera coactiva a través de los mecanismos que la ley establezca, incluso mediante el uso de la fuerza pública en ciertos casos. Bajo esas premisas es inconcuso que no cualquier acto proveniente de un ente público será susceptible de ser reclamado en el juicio de protección de los derechos fundamentales, sino sólo aquél por medio del cual se afecten situaciones jurídicas abstractas (norma general) o concretas con efectos particulares (acto en estricto sentido u omisión), que es imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de tal forma que se evidencien las características señaladas en los párrafos precedentes. En ese sentido es necesario atender a la naturaleza del acto que se impugna para determinar si proviene o no de una autoridad o de un particular con carácter de autoridad responsable para los efectos del juicio constitucional. Con base en el marco jurídico expuesto es factible sostener que los actos combatidos a las responsables -Julio Cesar Alonso Martínez en su calidad de Administrador, a la Administración, de la Asamblea General y al Comité de Vigilancia, todos del fraccionamiento Jardines del Sur, en Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca- no provienen de autoridades para los efectos del juicio de amparo, dado que tuvieron su génesis en una relación de coordinación entablada entre particulares -la quejosa (como condómino) y las responsables del fraccionamiento Jardines del Sur, en Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca (como integrantes de los órganos supremo, de dirección y de ejecución del condominio ubicado en ese fraccionamiento)- en la que actuaron en un plano de igualdad, en virtud del vínculo que entre esos sujetos existe, el cual se rige por el derecho privado. En efecto, en la aclaración de la demanda la justiciable reconoce expresamente que el inmueble ubicado en la ****, respecto del cual se ostenta como propietaria está regido por el régimen de condominio; incluso, exhibe el Reglamento Interno del Régimen de Condominio del conjunto habitacional "Jardines del Sur", como normativa aplicable al bien raíz donde se localiza el departamento descrito. En ese contexto, se desprende que la inconforme tiene la calidad de condómino y las responsables del fraccionamiento Jardines del Sur, en Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, son integrantes de los órganos supremo, de dirección y de ejecución del condominio ubicado en dicho fraccionamiento. Ahora, el numeral 1 de la Ley que Regula el Régimen de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Estado de Oaxaca dispone que ese ordenamiento tiene por objeto regular la constitución, modificación, organización, funcionamiento, administración y extinción del Régimen de Propiedad en Condominio; también señala que regula las relaciones entre los condóminos y/o, poseedores y entre éstos y su administración, estableciendo las bases para resolver las controversias que se susciten con motivo de tales relaciones, mediante la mediación, conciliación y/o el arbitraje, ante el Centro de Justicia Alternativa a través de la Dirección de Justicia Alternativa dependiente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, sin perjuicio de la competencia que corresponda a otras autoridades judiciales o administrativas. Luego, el normativo 3 de esa legislación señala que la constitución del Régimen de Propiedad en Condominio es el acto jurídico formal que el propietario o propietarios de un inmueble, instrumentarán ante Notario Público declarando su voluntad de establecer esa modalidad de propiedad para su mejor aprovechamiento, y en el que, dos o más personas teniendo un derecho privado, utilizan y comparten áreas o espacios de uso y propiedad común, asumiendo condiciones que les permiten satisfacer sus necesidades de acuerdo al uso del inmueble, en forma conveniente y adecuada para todos y cada uno, sin demérito de su unidad de propiedad privativa. En tanto que el normativo 4 de la propia ley estatuye que los derechos y obligaciones de los condóminos se regirán por las disposiciones de la legislación citada, su Reglamento, el Código Civil para el Estado de Oaxaca, por la Escritura Constitutiva del Régimen de propiedad en condominio, el contrato de traslación de dominio y por el Reglamento Interno del condominio que se trate, así como las disposiciones de otras leyes aplicables. Finalmente, el arábigo 63 de la propia ley establece que la Dirección de Justicia Alternativa dependiente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial tendrá competencia en las controversias que se susciten entre los condóminos, poseedores o entre éstos, su Administrador, Comité de Vigilancia: a) por la vía de la mediación o conciliación ante la presentación de la reclamación de la parte afectada; b) por la vía del arbitraje; y, c) por la vía del Procedimiento Administrativo de Aplicación de sanciones. Ahora, debe recordarse que conforme a lo dispuesto por el arábigo 5, fracción II, de la ley de la materia será autoridad para los efectos del juicio de amparo el ente público o el particular que se ubiquen en un plano de supra a subordinación y cuyos actos, desde esa posición creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Con base en lo anterior, es factible sostener que las actuaciones impugnadas en este medio procesal de tutela constitucional carecen de imperatividad, coercitividad y unilateralidad, por lo que es inviable considerarlas como de una autoridad para los efectos del juicio constitucional y tampoco se pueden catalogar como "actos de particulares equivalentes a los de autoridad". Es así, porque de los dispositivos citados se colige que las relaciones que se dan entre los órganos supremo, de dirección y de ejecución de un condominio y un condómino son de coordinación y los diferendos que entre los sujetos se suscite legalmente no deben resolverse entre ellos, porque para eso se han instituido diversos procedimientos en términos del precepto 63 de la de la Ley que Regula el Régimen de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Estado de Oaxaca al señalar que la Dirección de Justicia Alternativa dependiente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial tendrá competencia en las controversias que se susciten entre los condóminos, poseedores o entre éstos, su Administrador, Comité de Vigilancia: a) por la vía de la mediación o conciliación ante la presentación de la reclamación de la parte afectada; b) por la vía del arbitraje; y, c) por la vía del Procedimiento Administrativo de Aplicación de sanciones. Entonces, como Julio Cesar Alonso Martínez en su calidad de Administrador, la Administración, la Asamblea General y el Comité de Vigilancia, todos del fraccionamiento Jardines del Sur, en Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, en sus relaciones con los condóminos del condominio localizado en ese fraccionamiento no se ubican en una posición de supra a subordinación, sino en una de coordinación, dado el vínculo que entre ellos existe, es factible afirmar que esos órganos no son autoridades para los efectos del juicio de protección de los derechos fundamentales y tampoco un particular que realice actos equivalentes a un ente público. Luego, en contra de sus actos no es procedente el juicio de amparo indirecto, en términos de lo establecido por el precepto 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, de la propia legislación, porque el origen de la relación de coordinación es el régimen de propiedad en condominio de inmuebles, en la que ambos sujetos actúan en un plano de igualdad; la citada causal de improcedencia también se actualiza respecto de los actos atacados al Director de la Comisión Estatal de Agua, al Director General de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca y al Presidente Municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, porque la omisión que se les atribuye queda inmensa dentro del funcionamiento del régimen de propiedad en condominio de inmuebles que se regula por el numeral 1 de la Ley que Regula el Régimen de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Estado de Oaxaca y, por ende, los diferendos que entre ellos exista deben dilucidarse en términos del normativo 63 de la de la Ley que Regula el Régimen de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Estado de Oaxaca ante la Dirección de Justicia Alternativa dependiente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial. Ilustra lo anterior, la tesis I.8o.C.13 K (10a.), emitida por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, libro 21, agosto de 2015, tomo III, página 2132, registro digital 2009696, del tenor siguiente: "AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE UN CONJUNTO HABITACIONAL, CUANDO PRETENDE IMPONER SUS DETERMINACIONES. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1089, con el rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.", ha establecido que las notas distintivas para ser considerada autoridad responsable en el juicio de amparo, son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular, b) que esa relación nazca de una ley, la cual dote al ente de una facultad administrativa irrenunciable por nacer precisamente de la ley, c) que con motivo de esa relación, el ente emita actos unilaterales a través de los cuales modifique, cree o extinga situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del gobernado, y d) que para emitir esos actos, no requiera acudir a órganos judiciales, ni precise del consenso de voluntad del afectado. Por su parte, el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo vigente, incluyó al particular en el concepto de autoridad, cuando: dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar actos que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas del gobernado, en forma unilateral y obligatoria, o bien deje de realizar el acto que pudiera modificar o extinguir situaciones jurídicas, cuyas funciones se encuentren determinadas por una norma general (impersonal y abstracta) y deriven de una disposición jurídica de orden público y, por tanto, constituyan una potestad cuyo ejercicio es irrenunciable. Así, cuando una asamblea general de socios apercibe que en el caso de que alguno adeude una cuota ante la administración, se le bloqueará el acceso al condominio, se concluye que no puede considerarse como un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo ya que, en principio, la relación que rige a la asamblea con sus socios, no es de supra a subordinación, en tanto que aquélla no actúa de manera unilateral con relación a éstos, ni con base en una norma jurídica general que la faculte a establecer la medida en comento, sino en apoyo en una determinación tomada por la mayoría de los condóminos, que se rigen por disposiciones de derecho privado, dentro de un plano de coordinación regulado por la ley civil". Así como la diversa III.2o.C.20 C (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, Libro 11, octubre de 2014, Tomo III, página 2819, registro digital 2007698, de rubro y texto siguiente: "CONDOMINIO. EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE, FRENTE A LOS CONDÓMINOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Acorde con el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, los particulares tienen carácter de autoridad responsable, para los efectos del juicio de amparo cuando, en un plano de supra a subordinación en relación con otro, en auxilio o cumplimiento de un acto de autoridad, y en ejercicio de funciones previamente determinadas por una norma general, realicen actos equivalentes a los de una autoridad, es decir, actos unilaterales e imperativos que creen, modifiquen o extingan una situación jurídica que afecte a otro particular, y cuyas funciones están determinadas por una norma general. En ese tenor, la circunstancia de que en el acta constitutiva de una sociedad civil de condominio, se establezcan como sustento legal de su creación los artículos 1001 al 1038 del Código Civil del Estado de Jalisco, y que su integración, funcionamiento, administración, representación, facultades y obligaciones deriven tanto de ese ordenamiento legal como del reglamento interno del condominio; no otorga a los miembros del consejo de administración, frente a los condóminos, el carácter de autoridad responsable, para los efectos del juicio de amparo, porque las relaciones entre ellos son de coordinación (y no de supra a subordinación) y, por ende, pertenecen al ámbito del derecho privado; además de que las funciones de dicho órgano, están determinadas en el acta constitutiva y, por ello, deben acudir a dilucidar las eventuales controversias que en relación con los condóminos surjan ante la autoridad competente, en términos de los artículos 1029, 1031, fracción IV y 1032 del citado código". La causal de improcedencia señalada también se actualiza de manera indudable y manifiesta en cuanto al acto reprochado al Director General del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores de la Delegación Oaxaca, consiste en la omisión o el atraso de pagar los servicios de mantenimiento a la administración del fraccionamiento Jardines del Sur, en Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, respecto del inmueble ubicado en la ***, dado que tuvieron su génesis en una relación de coordinación entablada entre particulares -la quejosa (como adquirente de un crédito y deudora) y el ente responsable (como otorgante de un crédito y acreedores)- en la que actuaron en un plano de igualdad, en virtud del vínculo contractual que entre esos sujetos existe. Es así, porque la disidente expresamente señaló que adquirió el inmueble ubicado en la ***, Oaxaca, a través de un crédito que le otorgó el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; en ese contexto, se tiene en cuenta que el citado instituto es un organismo de seguridad social, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo objeto es administrar los recursos del fondo, establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente para adquirir en propiedad habitaciones, construir, reparar, ampliar o mejorar las que posean, o para destinarlo al pago de pasivos contraídos por los conceptos anteriores, y que los recursos de la subcuenta de vivienda son patrimonio de los trabajadores; por tanto, la relación entre el instituto y el trabajador derivada de un contrato de otorgamiento de crédito para la adquisición de un bien inmueble se da en un plano de igualdad, porque se celebra libre y voluntariamente entre las partes. Con base en lo anterior, es factible sostener que la actuación impugnada a la citada autoridad en este medio procesal de tutela constitucional carece de imperatividad, coercitividad y unilateralidad, por lo que es inviable considerarla como de una autoridad para los efectos del juicio constitucional y tampoco se puede catalogar como "actos de particulares equivalentes a los de autoridad". Es así, porque las relaciones que se dan entre el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y los trabajadores son de coordinación, cuando se otorga a un operario un crédito por esa dependencia; de ahí que la relación que se origina con motivo del otorgamiento de un crédito es de coordinación, al tener como origen un vínculo contractual y los diferendos que entre los sujetos contratantes se suscite legalmente no deben resolverse entre ellos, porque para eso se han instituido procedimientos jurisdiccionales en la vía ordinaria. Entonces, como el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en sus relaciones con los trabajadores a quienes les han otorgado algún crédito no se ubican en una posición de supra a subordinación, sino en una de coordinación, dado el vínculo contractual que entre ellos existe, es factible afirmar que esa dependencia no es una autoridad para los efectos del juicio de protección de los derechos fundamentales y tampoco un particular que realice actos equivalentes a un ente público. Luego, en contra de sus actos no es procedente el juicio de amparo indirecto, en términos de lo establecido por el precepto 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, de la propia legislación, porque el origen de la relación de coordinación es un acto jurídico (un crédito de vivienda derivado de una relación contractual) celebrado entre el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y los trabajadores, en la que ambos sujetos actúan en un plano de igualdad. En esos términos, se evidencia que en la especie se actualiza de manera indudable y manifiesta la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el arábigo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, de ese ordenamiento; de ahí que este medio extraordinario de defensa sea improcedente. En consecuencia, al patentizarse de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia establecida por el ordinal 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, de ese ordenamiento, en cuanto a los actos reclamados a las autoridades responsables, se desecha de plano la demanda, con apoyo en lo dispuesto por el ordinal 113 de la ley de la materia. Ilustra lo anterior, la tesis: II.2o.T.7 L (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado En Materia De Trabajo Del Segundo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, undécima época, libro 3, julio de 2021, tomo II, página 2377, registro digital 2023361, del tenor siguiente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT). NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO CUANDO REALIZA LOS DESCUENTOS EN EL SALARIO DE LOS TRABAJADORES PARA EL PAGO DE SU CRÉDITO DE VIVIENDA. El artículo 123, apartado A, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé el derecho fundamental de los trabajadores de contar con una vivienda digna y decorosa, reservándose a la ley la regulación de las formas y procedimientos conforme a los cuales los trabajadores podrán adquirir en propiedad las habitaciones a que tienen derecho; por su parte, de los artículos 2o., 3o., 5o., 41, 42, fracción II, 43 y 47 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, se advierte que el citado instituto es un organismo de seguridad social, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo objeto es administrar los recursos del fondo, establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente para adquirir en propiedad habitaciones, construir, reparar, ampliar o mejorar las que posean, o para destinarlo al pago de pasivos contraídos por los conceptos anteriores, y que los recursos de la subcuenta de vivienda son patrimonio de los trabajadores; por tanto, la relación entre el instituto y el trabajador derivada de un contrato de otorgamiento de crédito para la adquisición de un bien inmueble se da en un plano de igualdad, porque se celebra libre y voluntariamente entre las partes; en consecuencia, cuando el instituto aludido actúa en cumplimiento de sus obligaciones de ente administrador y realiza descuentos al salario de los trabajadores para el pago de esos créditos, la relación jurídica se origina en un plano de coordinación, por lo que no le reviste el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo. Notifíquese personalmente. -SE NOTIFICA POR LISTA EL PRESENTE ACUERDO EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIO A NOTIFICARSE DE MANERA PERSONAL A LAS INTALACIONES DE ESTE JUZGADO NO OBSTANTE EL AVISO Y/O CITATORIO QUE SE LE DEJO-"
- Principal
". San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibida la demanda señalada en la cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos de lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo y regístrese con el progresivo 1285/2021. Prevención. En cuanto a la admisibilidad de la demanda esa circunstancia tendrá que ser postergada, porque existen diversas irregularidades en el escrito relativo que necesitan enmendarse. El artículo 114, fracciones I, II y IV de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda en los supuestos siguientes: a) cuando haya alguna irregularidad en ese escrito; b) cuando se hubiera omitido alguno de los requisitos que el ordinal 108 de ese ordenamiento establece; y, c) en el caso de que no se haya expresado con precisión el acto reclamado. Por otro lado, el ordinal 108, fracciones III, IV y V de la ley de la materia estatuye que en el libelo inicial deberán señalarse, entre otros aspectos, i) la autoridad o autoridades responsables; ii) la norma general, el acto u omisión que de cada autoridad se reclame; y, iii) manifestar bajo protesta de decir verdad, los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. A su vez, el arábigo 5, fracción II, de la ley que rige al juicio constitucional estatuye que será parte en un medio extraordinario de defensa, la autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; también prescribe que para efectos del citado ordenamiento, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos establecidos en esa porción normativa y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En la especie, la inconforme ********** no satisfizo íntegramente los requisitos establecidos por el precepto 108, fracciones III, IV y V de la Ley de Amparo, por las razones siguientes: En el escrito inicial la disidente reclama de las autoridades que señala como responsables los actos siguientes: 1. Del Director General de la Comisión Estatal de Agua combate: "El no garantizar y proteger a favor del quejoso el derecho humano al acceso al agua potable en el interior de su departamento ubicado en calle ************; así como la omisión de no regular o supervisar la administración del servicio del agua potable o la licencia de permisos a la asamblea general del Fraccionamiento **************, dicha omisión llevada por la autoridad señalada como responsable ha permitido que el administrador general del fraccionamiento mencionado con antelación haga un uso abusivo e ilegal de su cargo, toda vez que de manera ilegal interrumpió mi derecho humano al acceso al agua potable contemplado en nuestra Constitución Federal, sin mediar un juicio previo, dejándome la autoridad responsable en un estado completo de indefensión, ya que al no estar regulada la administración y funcionamiento del agua potable de dicho fraccionamiento y menos al ver supervisión por parte de la COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, el administrador general del Fraccionamiento **************, ha violentado de manera ilegal mi derecho humano al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, ya que es un derecho humano: reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y ninguna persona o autoridad puede negarnos el acceso a ese derecho esencial para tener una vida con dignidad, siendo está la finalidad de los derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución Federal y Tratados Internacionales." 2. Del Director General de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca impugna: "La omisión de no garantizar y proteger a favor del quejoso el derecho humano al acceso al agua potable en el interior de su departamento ubicado en calle *********************, el cual adquirí a través del INFONAVIT, toda vez que ha sido omiso en su actuar respecto a supervisar y verificar el cobro justificado del servicio del agua potable dentro del FRACCIONAMIENTO *************, ya que el administrador del fraccionamiento mencionado con antelación de manera dolosa y abusando de su cargo, pretende cobrar una cantidad de dinero que no adeuda, obligando al quejoso a cubrir dicho pago, cortando y transgrediendo mi derecho humano al acceso de agua potable garantizados y contemplados en el artículo 4" párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la OBSERVACIÓN GENERAL N 15 (2002) ONU, EL DERECHO AL AGUA (ARTÍCULOS 11 Y 12 DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES); por omisión de la autoridad responsable, a su obligación respectiva de promover, garantizar, proteger y respetar mi derecho humano de que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho, es decir, las autoridades responsables me dejan en estado de indefensión ante un particular, pues he sido sancionado por un particular, sin tener este las facultades o el imperio del cual se revisten las autoridades para hacer cumplir sus determinaciones, tal y como se precisará en la secuela de la demanda de amparo que se presenta. 3. Del Presidente Municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, reprocha: "La omisión de no garantizar a favor del quejoso el derecho humano al acceso al agua potable en el interior de su departamento ubicado en ************, así como la omisión de no regular y supervisar, la administración y cobro del agua del FRACCIONAMIENTO ************, dicha omisión ha traído como consecuencia que sea violentado y trasgredido mí derecho humano al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, por parte del administrador general del fraccionamiento en mención, dejándome con su actuar en un completo estado de indefensión ante este particular que realiza actos de autoridad sin previo juicio, violentando los derechos humanos del de la voz, como la dignidad de mi familia." 4. Del Director General del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores de la Delación en Oaxaca reprocha: "El atraso de los pagos de la cuota de mantenimiento a la Asamblea General del **************, toda vez que el administrador general del fraccionamiento con antelación interrumpió mi derecho humano al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, de manera ilegal y justificándose que tengo un adeudo, el cual no es cierto ya que atreves de mi crédito hipotecario ********** que tengo con el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), se han cubierto los pagos de mantenimiento, como de mi departamento ubicado en la *************, teniendo mi crédito hipotecario al corriente." 5. Del Asamblea General del fraccionamiento **********, ataca: "La determinación de ejecutar, violentar y transgredir mi derecho humano al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, reconocido y garantizado en el artículo 4 párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 1, 2, 3, 4, 6, 10, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25 de la OBSERVACIÓN GENERAL N 15 (2002) ONU, EL DERECHO AL AGUA (ARTÍCULOS 11 Y 12 DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES), realizando Justicia por su propia mano, acto que se encuentra prohibido en nuestra Constitución Federal en el primer párrafo del artículo 17." 6. Del Comité de Vigilancia del fraccionamiento *************, impugna: "La omisión de vigilar y supervisar el actuar del administrador general el C. *************, dicha omisión ha traído como consecuencia la violación a mi derecho humano al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, reconocido y garantizado en el artículo 4 párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 1, 2, 3, 4, 6, 10, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25 de la OBSERVACIÓN GENERAL N 15 (2002) ONU, EL DERECHO AL AGUA (ARTÍCULOS 11 Y 12 DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES." 7. De *************, en su carácter de Administrador del fraccionamiento *************, y de la Administración de ese fraccionamiento combate: "La determinación de ejecutar, violentar y transgredir mi derecho humano al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, reconocido y garantizado en el artículo 4 párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 1, 2, 3, 4, 6, 10, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25 de la OBSERVACIÓN GENERAL N 15 (2002) ONU, EL DERECHO AL AGUA (ARTÍCULOS 11 Y 12 DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES) realizando Justicia por su propia mano, acto que se encuentra prohibido en nuestra Constitución Federal en el primer párrafo del artículo 17." Ahora, la lectura de las inserciones anteriores da pauta a establecer que la justiciable no precisó qué acto o actos reclama de cada una de las autoridades que designa como responsables, porque el señalamiento que realiza es genérico de modo que impide advertir si lo que ataca de cada autoridad es una acción u omisión, lo cual es necesario conocer para estar en aptitud de identificar cuáles son los actos que formarán la litis constitucional. Por otro lado, debe señalarse que la justiciable se ostenta como propietaria del departamento ubicado en la calle *************a, sin que haya expuesto porque el Director General de la Comisión Estatal de Agua y el Director General de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, como autoridades estatal y municipal distintas de la localidad en donde se ubica el citado inmueble tienen participación en los actos que les reprocha en términos de lo señalado por el normativo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, puesto que de acuerdo con las facultades de esos órganos no puede concebirse su intervención en las actuaciones que la disidente señala. Por otro lado, la justiciable omitió señalar, como antecedentes de los actos reclamados, si el bien raíz del cual se ostenta como propietaria se encuentra sujeto a un régimen de condominio y cuál es la normativa o los estatutos que rigen la vida interna del edificio donde se encuentra su inmueble, lo que es necesario saber para poder advertir cuál es el origen de los distintos órganos del fraccionamiento *************, que señala como responsables y, en su caso, conocer las disposiciones que rigen al inmueble del cual se ostenta como propietaria. En otro punto, en cuanto al acto combatido al Director General del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores de la Delación en Oaxaca la inconforme no proporcionó los elementos necesarios para advertir si la actuación que combate de esa autoridad tiene un origen en algún acto jurídico o contrato en donde se haya estipulado obligaciones a cargo de esa dependencia en cuanto a las cuotas de mantenimiento y tampoco exhibió algún acuerdo de voluntades en donde se hayan establecido esos deberes a cargo de la referida autoridad. En esos términos, se requiere a la promovente para que por escrito dentro del plazo de cinco días con las copias de traslado necesarias cumpla integrante los requisitos legales señalados, en los términos siguientes: 1. Deberá precisar qué acto o actos reclama de cada una de las autoridades que designa como responsables, de modo que pueda advertirse si lo que ataca de cada autoridad es una acción u omisión, lo que es necesario conocer para estar en aptitud de identificar cuáles son los actos que formarán la litis constitucional. 2. Tendrá que manifestar bajo protesta de decir verdad porque el Director General de la Comisión Estatal de Agua y el Director General de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, como autoridades estatal y municipal distintas de la localidad en donde se ubica su inmueble -Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca- tienen participación en los actos que les reprocha en términos de lo señalado por el normativo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, para lo cual deberá tener en cuenta las facultades de esos órganos y el ámbito territorial en el que ejercen su competencia tales entidades públicas. 3. La disidente deberá señalar bajo protesta de decir verdad, como antecedentes de los actos reclamados, si el bien raíz del cual se ostenta como propietaria se encuentra sujeto a un régimen de condominio y cuál es la normativa o los estatutos que rigen la vida interna del edificio donde se encuentra su inmueble, lo que es necesario saber para poder advertir cuál es el origen de los distintos órganos del fraccionamiento *************, que señala como responsables y, en su caso, conocer las disposiciones que rigen al inmueble del cual se ostenta como propietaria; en este punto deberá exhibir la normativa o los estatutos que rigen la vida interna del edificio donde se encuentra su departamento. 4. La inconforme tendrá que manifestar bajo protesta de decir verdad, como antecedentes de los actos reclamados, si la actuación que combate del Director General del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores de la Delación en Oaxaca tiene un origen en algún acto jurídico o contrato en donde se haya estipulado obligaciones a cargo de esa dependencia en cuanto a las cuotas de mantenimiento respecto del inmueble del que se ostenta como propietaria y deberá exhibir el acuerdo de voluntades en donde se hayan establecido esos deberes a cargo de la referida autoridad. 5. La promovente deberá señalar bajo protesta de decir verdad, como antecedentes de los actos reclamados, si la Asamblea General, el Comité de Vigilancia, *************, en su carácter de Administrador y la Administración, todos del fraccionamiento *************, se rigen por algún estatuto aplicable en el edificio en donde se encuentra su inmueble y deberá exhibir la documentación que contenga esa normativa para poder contextualizar la forma en la tienen intervención en los actos atacados. En ese contexto, se apercibe a la parte quejosa que en el caso de que no atienda la prevención realizada, la demanda se tendrá por no presentada, en términos de lo dispuesto por el dispositivo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento al promovente que el ordinal 261, fracción I, de la Ley de Amparo dispone que se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la conducta sancionada, a la parte quejosa si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con los actos reclamados; en este punto, debe tenerse en cuenta que los escritos inicial y aclaratorio integran la demanda y deben considerarse indefectiblemente como un solo documento. Lo expuesto se sustenta la jurisprudencia P./J. 35/2001 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL ESCRITO INICIAL Y SU ACLARACIÓN NO PUEDEN DESVINCULARSE NI ANALIZARSE POR SEPARADO, YA QUE AMBOS INTEGRAN AQUÉLLA. Al tener el escrito aclaratorio de una demanda de amparo indirecto su origen en una irregularidad del escrito inicial, ya sea porque éste no cumplió con todos los requisitos previstos en el artículo 116 de la Ley de Amparo, o bien, porque con él no se exhibió el número de copias a que se refiere el artículo 120 de tal ordenamiento legal, y que su propósito es el de subsanar tales vicios, puede concluirse que no pueden desvincularse, analizarse o considerarse por separado, pues ambos escritos integran la demanda de amparo y, consecuentemente, deben ser considerados indefectiblemente como un solo documento." Domicilio y autorizados de la parte quejosa. Se tiene como domicilio procesal de la inconforme el que indica en su ocurso y como su autorizado en términos amplios del ordinal 12 de la Ley de Amparo únicamente a ************, porque su cédula profesional ********* aparece registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho y al resto de las personas que la disidente señala como sus autorizados en términos restringidos de los normativos 12 y 24 del citado ordenamiento, porque sus cédulas profesionales no se encuentran registradas en el aludido sistema, ni acreditó que se encuentran legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal, en el caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el Titular de este juzgado se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo, consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran su expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Notifíquese personalmente."
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