Susana Juárez Rojas
Expediente 461/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 7 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 461/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 15/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Susana Juárez Rojas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de julio de dos mil veintiuno. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que el quejoso interpusiera recurso de revisión contra la sentencia que sobreseyó en el juicio, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído ha causado estado. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se sobreseyó en el juicio, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
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S E N T E N C I A Mediante la que resuelve el juicio de amparo indirecto 461/2021 promovido por ***, por su propio derecho y en representación de su hija menor de edad de iniciales E.R.H.J., contra de los actos de las autoridades que se precisarán más adelante. ANTECEDENTES Según consta en autos a juicio de la parte quejosa, señala como autoridades responsables al Juez Sexto de lo Familiar del distrito judicial del Centro y al Jefe del Departamento de Salarios y Prestaciones de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Oaxaca, a quienes reclama el proveído de veintidós de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el juicio 422/2019 del índice de la autoridad judicial, en el que, según la quejosa, se le indica que ella y su menor hija únicamente recibirán el veinte por ciento del salario del demandado. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Susana Juárez Rojas, por su propio derecho y en representación de su hija menor de edad de iniciales E.R.H.J., promovió juicio de amparo indirecto mediante escrito presentado el veintisiete de abril de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, y enviado en la misma fecha a este Juzgado de Distrito, al que correspondió por razón de turno. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en el artículo 1, 4, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes Por acuerdo de once de mayo de dos mil veintiuno, previa aclaración de la demanda de amparo, este órgano jurisdiccional a quien por razón de turno correspondió conocer del asunto admitió a trámite la demanda, la cual registró bajo el expediente 461/2021; solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; dio la intervención que corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia. En auto de nueve de junio de dos mil veintiuno, se dejó de tener como autoridad responsable al Jefe del Departamento de Salarios y Prestaciones de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Oaxaca; motivo por el cual, no se hará mención de la misma, en el estudio de esta resolución debido a su inexistencia. Una vez agotados los trámites correspondientes, se llevó a cabo la audiencia constitucional en los términos del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque la autoridad señalada como responsable en este juicio de amparo indirecto tiene su residencia dentro de la demarcación territorial en la que este órgano de amparo tiene su sede y el acto reclamado surte sus efectos en el ámbito territorial dentro del cual se ejerce jurisdicción. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los Juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Juez de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que el quejoso quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En el caso concreto, el contenido integral de la demanda de amparo, así como los datos y la información que se desprenden del expediente en el que se instrumenta este sumario da pauta a establecer que la parte inconforme reclama el siguiente acto: Acuerdo de veintidós de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el juicio 422/2019, en el que, según la quejosa, se le hace del conocimiento que ella y su menor hija, recibirán únicamente recibirá el veinte por ciento del salario del demandado Miguel Ángel Hernández Tapia, dictado por el Juez Sexto de lo Familiar del distrito judicial del Centro. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Al rendir su informe justificado la Juez Sexto Familiar del distrito judicial del Centro, manifestó que es cierto el acto reclamado, de modo que lo anterior, resulta suficiente e idóneo para tener por demostrada la existencia de la determinación que le fue atribuida. La determinación anterior tiene respaldo en la jurisprudencia 278 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Con fundamento en lo previsto por el normativo 62 de la Ley de Amparo se deben analizar las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y de estudio preferente. Ahora bien, en el caso este órgano jurisdiccional considera que respecto del acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado en sentido contrario de la Ley de Amparo, los cuales disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.).". Del primero de los citados preceptos trascritos se establece que la improcedencia del juicio de amparo no sólo deriva de cada una de las fracciones previstas en el precepto anunciado, sino que puede tener sustento tanto en la Constitución Federal, como en la legislación de amparo. Por su parte, el diverso 107, fracción V, del ordenamiento jurídico antes invocado señala que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Aunado a lo anterior, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 37/2014 , sostuvo que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte"; que con esa aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. En el caso, las documentales remitidas por la autoridad responsable titular del Juzgado Sexto de lo Familiar del distrito judicial del Centro, así como las diversas exhibidas por la parte quejosa junto con el escrito aclaratorio de demanda, adquieren valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto por los artículos 129, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en términos de lo establecido por su numeral 2. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 sustentada por el Pleno del Alto Tribunal de la Nación, de contenido siguiente: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Sobre esa base, se estima que el acuerdo de veintidós de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el juicio 422/2019, se trata exclusivamente de una determinación intraprocesal, que no afecta de forma real ni actual ningún derecho sustantivo de la parte quejosa ni puede analizarse de forma autónoma, ya que ni siquiera se trata de una violación de carácter adjetivo pues únicamente se atienden las reglas establecidas en la legislación ordinaria para dar vista a la parte aquí quejosa con la recepción de diversos oficios y dictámenes (pruebas). Es así, porque en dicho acuerdo, en lo que interesa según la causa de pedir de la peticionaria de amparo, la autoridad responsable, ordena dar vista a las partes con el cumplimiento dado a las misivas 66/2021 y 67/2021, presentadas por el Jefe de la Unidad de Recursos Humanos dependiente de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y Jefe de Departamento de Salarios y Prestaciones de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca, circunstancia que, como se adelantó, no afecta los derechos sustantivos de la parte quejosa. Pues, en el caso particular, el acuerdo que ordenó la disminución en el porcentaje de la pensión alimenticia provisional para quedar en el veinte por ciento (quince y cinco por ciento para la menor y su madre, respectivamente) del que se queja la parte promovente del amparo, no es el señalado como acto reclamado, sino el diverso proveído de veintiocho de abril de dos mil veinte, determinación que le fue notificada desde el nueve de diciembre de dos mil veinte, a través de su autorizado para recibir notificaciones Ponciano Santiago Lorenzo, por lo que, desde esa fecha estuvo en posibilidad de impugnar tal proveído, y no lo hizo, constituyéndose así en un acto consentido. La anterior circunstancia evidencia que el proveído reclamado por la parte quejosa de veintidós de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el juicio 422/2019, por un lado, es un auto de mero trámite que da vista con oficios e informes a la parte actora y, por otro lado, es consecuencia directa de la determinación de veintiocho de abril de dos mil veinte, en la cual se ordenó la disminución de la pensión alimenticia provisional de la parte promovente del amparo. Así las cosas, el acto reclamado en esta instancia constitucional, es un acto intraprocesal que no vulnera derecho sustantivo alguno, en virtud que solo tiene efectos adjetivos, mientras que, la determinación de veintidós de abril de dos mil veinte, que ordenó la disminución de la pensión alimenticia provisional, es un acto tácitamente consentido, como lo especifica la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Consecuencia de lo anterior, en este juicio de amparo debe sobreseerse, de conformidad con lo previsto en los numerales 61, fracción XIII, 63, fracción V y 107, fracción V de la ley de la materia. En relación con la quejosa menor de edad, cabe precisar que la anterior conclusión, no le depara perjuicios en términos del artículo 4º Constitucional, en relación con la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que establecen el interés superior de la niñez como principio rector para todas las autoridades involucradas en asuntos que afectan los derechos de menores. Ello es así porque, dicho principio no implica que en cualquier juicio de amparo promovido por un menor o en su representación, el tribunal de amparo soslaye los presupuestos de procedencia del juicio y deba resolver si niega o concede la protección solicitada, ya que ese proceder equivaldría a que se dejaran de observar los demás principios constitucionales y legales, como los de seguridad jurídica e igualdad procesal, que rigen su función jurisdiccional, lo que originaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XXVII.3o.130 K (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, de rubro y texto siguientes: INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ. LA APLICACIÓN DE ESTE PRINCIPIO NO IMPLICA SOSLAYAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-. Asimismo, el numeral 4o. constitucional, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 4 de diciembre de 2014, establecen el interés superior de la niñez como principio rector para todas las autoridades involucradas en asuntos de menores, bajo el cual deben tomar acciones y privilegiar los mecanismos que permitan a los infantes y adolescentes un crecimiento y desarrollo integral plenos y, en su caso, instrumentar las medidas de protección y de restitución integrales procedentes; sin embargo, dicho principio no implica que en cualquier juicio de amparo promovido por un menor, el tribunal de amparo soslaye los presupuestos de procedencia del juicio y deba resolver si niega o concede la protección solicitada, ya que ese proceder equivaldría a que se dejaran de observar los demás principios constitucionales y legales, como los de seguridad jurídica e igualdad procesal, que rigen su función jurisdiccional, lo que origina un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio. Es así, porque se ha reiterado en los criterios jurisdiccionales que para ejercer el derecho de acceso a la justicia se debe cumplir con los presupuestos procesales formales y materiales de admisibilidad y de procedencia de las acciones y de los recursos, para brindar certeza jurídica a los gobernados; de ahí que las reglas de su procedencia no pueden alterarse a través de una pretendida protección a los derechos humanos, ni aun tratándose de asuntos en los que se vean involucrados menores. Ilustra esta postura, la tesis I.2o.C.5 C (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: DERECHOS HUMANOS. EL DE ACCESO A LA JUSTICIA NO IMPLICA QUE EL JUZGADOR DE AMPARO DEBA SUBSANAR EL ERROR EN QUE INCURRAN LAS PARTES AL INTERPONER UN RECURSO NO IDÓNEO, AUN TRATÁNDOSE DE MENORES DE EDAD, ATENTO A LOS PRESUPUESTOS PROCESALES, FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y DE PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS. El artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la que nuestro país forma parte, tutela el derecho que toda persona tiene a un recurso efectivo, sencillo y rápido, ante los Jueces o tribunales competentes, a fin de defender sus derechos. Por otra parte, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, título décimo sexto, capítulo único, denominado "Disposiciones generales", específicamente de sus artículos 950, 951 y 952 se advierte que en dichos procedimientos pueden interponerse todos los recursos previstos en el código adjetivo civil (como el de apelación o revocación), de lo que se colige que esta legislación sí contempla el derecho a recursos efectivos, sencillos y rápidos, a fin de que los gobernados puedan defender los derechos que estimen tener. Por tanto, el hecho de que una de las partes interponga un recurso que no es el idóneo para impugnar la resolución de que se queja, no da lugar a que la autoridad jurisdiccional corrija el error, aun cuando se trate de menores de edad, pues para ejercer el derecho de acceso a la justicia se debe cumplir con los presupuestos procesales formales y materiales de admisibilidad y de procedencia de las acciones y de los recursos, lo que brinda certeza jurídica a los gobernados; de ahí que las reglas de su procedencia no pueden alterarse a través de una pretendida protección a los derechos humanos, por lo que si el medio de impugnación interpuesto no resulta ser el idóneo, no puede subsanarse el error por el Juez de amparo a fin de que se admita un recurso que no fue el realmente interpuesto, o bien, se resuelva un recurso que no es el que debió agotarse, pues ello atentaría contra los principios de equidad procesal y seguridad jurídica que deben observarse en materia civil. Así también, apoya el sentido de este fallo, la diversa jurisprudencia 1a./J. 90/2017 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN. SU CONTENIDO ESPECÍFICO COMO PARTE DEL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA Y SU COMPATIBILIDAD CON LA EXISTENCIA DE REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE UNA ACCIÓN. De la tesis de jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 1a./J. 42/2007, (1) de rubro: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.", deriva que el acceso a la tutela jurisdiccional comprende tres etapas, a las que corresponden tres derechos que lo integran: 1) una previa al juicio, a la que atañe el derecho de acceso a la jurisdicción; 2) otra judicial, a la que corresponden las garantías del debido proceso; y, 3) una posterior al juicio, que se identifica con la eficacia de las resoluciones emitidas con motivo de aquél. En estos términos, el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción debe entenderse como una especie del diverso de petición, que se actualiza cuando ésta se dirige a las autoridades jurisdiccionales, motivando su pronunciamiento. Su fundamento se encuentra en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al cual corresponde al Estado mexicano impartir justicia a través de las instituciones y procedimientos previstos para tal efecto. Así, es perfectamente compatible con el artículo constitucional referido, que el órgano legislativo establezca condiciones para el acceso a los tribunales y regule distintas vías y procedimientos, cada uno de los cuales tendrá diferentes requisitos de procedencia que deberán cumplirse para justificar el accionar del aparato jurisdiccional, dentro de los cuales pueden establecerse, por ejemplo, aquellos que regulen: i) la admisibilidad de un escrito; ii) la legitimación activa y pasiva de las partes; iii) la representación; iv) la oportunidad en la interposición de la acción, excepción o defensa, recurso o incidente; v) la competencia del órgano ante el cual se promueve; vi) la exhibición de ciertos documentos de los cuales depende la existencia de la acción; y, vii) la procedencia de la vía. En resumen, los requisitos de procedencia, a falta de los cuales se actualiza la improcedencia de una acción, varían dependiendo de la vía que se ejerza y, en esencia, consisten en los elementos mínimos necesarios previstos en las leyes adjetivas que deben satisfacerse para la realización de la jurisdicción, es decir, para que el juzgador se encuentre en aptitud de conocer la cuestión de fondo planteada en el caso sometido a su potestad y pueda resolverla, determinando los efectos de dicha resolución. Lo importante en cada caso será que para poder concluir que existe un verdadero acceso a la jurisdicción o a los tribunales, es necesario que se verifique la inexistencia de impedimentos jurídicos o fácticos que resulten carentes de racionalidad, proporcionalidad o que resulten discriminatorios. DECISIÓN Con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado en sentido contrario de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Susana Juárez Rojas, por su propio derecho y en representación de su hija menor de edad de iniciales E.R.H.J., contra el acto del titular del Juzgado Sexto de lo Familiar del distrito judicial del Centro, por los motivos expuestos en el diverso apartado VI. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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úmero de expediente: 461/2021 Acuerdo: S E N T E N C I A Mediante la que resuelve el juicio de amparo indirecto 461/2021 promovido por ***, por su propio derecho y en representación de su hija menor de edad de iniciales E.R.H.J., contra de los actos de las autoridades que se precisarán más adelante. ANTECEDENTES Según consta en autos a juicio de la parte quejosa, señala como autoridades responsables al Juez Sexto de lo Familiar del distrito judicial del Centro y al Jefe del Departamento de Salarios y Prestaciones de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Oaxaca, a quienes reclama el proveído de veintidós de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el juicio 422/2019 del índice de la autoridad judicial, en el que, según la quejosa, se le indica que ella y su menor hija únicamente recibirán el veinte por ciento del salario del demandado. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Susana Juárez Rojas, por su propio derecho y en representación de su hija menor de edad de iniciales E.R.H.J., promovió juicio de amparo indirecto mediante escrito presentado el veintisiete de abril de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, y enviado en la misma fecha a este Juzgado de Distrito, al que correspondió por razón de turno. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en el artículo 1, 4, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes Por acuerdo de once de mayo de dos mil veintiuno, previa aclaración de la demanda de amparo, este órgano jurisdiccional a quien por razón de turno correspondió conocer del asunto admitió a trámite la demanda, la cual registró bajo el expediente 461/2021; solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; dio la intervención que corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia. En auto de nueve de junio de dos mil veintiuno, se dejó de tener como autoridad responsable al Jefe del Departamento de Salarios y Prestaciones de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Oaxaca; motivo por el cual, no se hará mención de la misma, en el estudio de esta resolución debido a su inexistencia. Una vez agotados los trámites correspondientes, se llevó a cabo la audiencia constitucional en los términos del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque la autoridad señalada como responsable en este juicio de amparo indirecto tiene su residencia dentro de la demarcación territorial en la que este órgano de amparo tiene su sede y el acto reclamado surte sus efectos en el ámbito territorial dentro del cual se ejerce jurisdicción. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los Juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Juez de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que el quejoso quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En el caso concreto, el contenido integral de la demanda de amparo, así como los datos y la información que se desprenden del expediente en el que se instrumenta este sumario da pauta a establecer que la parte inconforme reclama el siguiente acto: Acuerdo de veintidós de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el juicio 422/2019, en el que, según la quejosa, se le hace del conocimiento que ella y su menor hija, recibirán únicamente recibirá el veinte por ciento del salario del demandado Miguel Ángel Hernández Tapia, dictado por el Juez Sexto de lo Familiar del distrito judicial del Centro. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Al rendir su informe justificado la Juez Sexto Familiar del distrito judicial del Centro, manifestó que es cierto el acto reclamado, de modo que lo anterior, resulta suficiente e idóneo para tener por demostrada la existencia de la determinación que le fue atribuida. La determinación anterior tiene respaldo en la jurisprudencia 278 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Con fundamento en lo previsto por el normativo 62 de la Ley de Amparo se deben analizar las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y de estudio preferente. Ahora bien, en el caso este órgano jurisdiccional considera que respecto del acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado en sentido contrario de la Ley de Amparo, los cuales disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.).". Del primero de los citados preceptos trascritos se establece que la improcedencia del juicio de amparo no sólo deriva de cada una de las fracciones previstas en el precepto anunciado, sino que puede tener sustento tanto en la Constitución Federal, como en la legislación de amparo. Por su parte, el diverso 107, fracción V, del ordenamiento jurídico antes invocado señala que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Aunado a lo anterior, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 37/2014 , sostuvo que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte"; que con esa aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. En el caso, las documentales remitidas por la autoridad responsable titular del Juzgado Sexto de lo Familiar del distrito judicial del Centro, así como las diversas exhibidas por la parte quejosa junto con el escrito aclaratorio de demanda, adquieren valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto por los artículos 129, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en términos de lo establecido por su numeral 2. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 sustentada por el Pleno del Alto Tribunal de la Nación, de contenido siguiente: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Sobre esa base, se estima que el acuerdo de veintidós de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el juicio 422/2019, se trata exclusivamente de una determinación intraprocesal, que no afecta de forma real ni actual ningún derecho sustantivo de la parte quejosa ni puede analizarse de forma autónoma, ya que ni siquiera se trata de una violación de carácter adjetivo pues únicamente se atienden las reglas establecidas en la legislación ordinaria para dar vista a la parte aquí quejosa con la recepción de diversos oficios y dictámenes (pruebas). Es así, porque en dicho acuerdo, en lo que interesa según la causa de pedir de la peticionaria de amparo, la autoridad responsable, ordena dar vista a las partes con el cumplimiento dado a las misivas 66/2021 y 67/2021, presentadas por el Jefe de la Unidad de Recursos Humanos dependiente de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y Jefe de Departamento de Salarios y Prestaciones de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca, circunstancia que, como se adelantó, no afecta los derechos sustantivos de la parte quejosa. Pues, en el caso particular, el acuerdo que ordenó la disminución en el porcentaje de la pensión alimenticia provisional para quedar en el veinte por ciento (quince y cinco por ciento para la menor y su madre, respectivamente) del que se queja la parte promovente del amparo, no es el señalado como acto reclamado, sino el diverso proveído de veintiocho de abril de dos mil veinte, determinación que le fue notificada desde el nueve de diciembre de dos mil veinte, a través de su autorizado para recibir notificaciones Ponciano Santiago Lorenzo, por lo que, desde esa fecha estuvo en posibilidad de impugnar tal proveído, y no lo hizo, constituyéndose así en un acto consentido. La anterior circunstancia evidencia que el proveído reclamado por la parte quejosa de veintidós de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el juicio 422/2019, por un lado, es un auto de mero trámite que da vista con oficios e informes a la parte actora y, por otro lado, es consecuencia directa de la determinación de veintiocho de abril de dos mil veinte, en la cual se ordenó la disminución de la pensión alimenticia provisional de la parte promovente del amparo. Así las cosas, el acto reclamado en esta instancia constitucional, es un acto intraprocesal que no vulnera derecho sustantivo alguno, en virtud que solo tiene efectos adjetivos, mientras que, la determinación de veintidós de abril de dos mil veinte, que ordenó la disminución de la pensión alimenticia provisional, es un acto tácitamente consentido, como lo especifica la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Consecuencia de lo anterior, en este juicio de amparo debe sobreseerse, de conformidad con lo previsto en los numerales 61, fracción XIII, 63, fracción V y 107, fracción V de la ley de la materia. En relación con la quejosa menor de edad, cabe precisar que la anterior conclusión, no le depara perjuicios en términos del artículo 4º Constitucional, en relación con la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que establecen el interés superior de la niñez como principio rector para todas las autoridades involucradas en asuntos que afectan los derechos de menores. Ello es así porque, dicho principio no implica que en cualquier juicio de amparo promovido por un menor o en su representación, el tribunal de amparo soslaye los presupuestos de procedencia del juicio y deba resolver si niega o concede la protección solicitada, ya que ese proceder equivaldría a que se dejaran de observar los demás principios constitucionales y legales, como los de seguridad jurídica e igualdad procesal, que rigen su función jurisdiccional, lo que originaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XXVII.3o.130 K (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, de rubro y texto siguientes: INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ. LA APLICACIÓN DE ESTE PRINCIPIO NO IMPLICA SOSLAYAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-. Asimismo, el numeral 4o. constitucional, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 4 de diciembre de 2014, establecen el interés superior de la niñez como principio rector para todas las autoridades involucradas en asuntos de menores, bajo el cual deben tomar acciones y privilegiar los mecanismos que permitan a los infantes y adolescentes un crecimiento y desarrollo integral plenos y, en su caso, instrumentar las medidas de protección y de restitución integrales procedentes; sin embargo, dicho principio no implica que en cualquier juicio de amparo promovido por un menor, el tribunal de amparo soslaye los presupuestos de procedencia del juicio y deba resolver si niega o concede la protección solicitada, ya que ese proceder equivaldría a que se dejaran de observar los demás principios constitucionales y legales, como los de seguridad jurídica e igualdad procesal, que rigen su función jurisdiccional, lo que origina un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio. Es así, porque se ha reiterado en los criterios jurisdiccionales que para ejercer el derecho de acceso a la justicia se debe cumplir con los presupuestos procesales formales y materiales de admisibilidad y de procedencia de las acciones y de los recursos, para brindar certeza jurídica a los gobernados; de ahí que las reglas de su procedencia no pueden alterarse a través de una pretendida protección a los derechos humanos, ni aun tratándose de asuntos en los que se vean involucrados menores. Ilustra esta postura, la tesis I.2o.C.5 C (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: DERECHOS HUMANOS. EL DE ACCESO A LA JUSTICIA NO IMPLICA QUE EL JUZGADOR DE AMPARO DEBA SUBSANAR EL ERROR EN QUE INCURRAN LAS PARTES AL INTERPONER UN RECURSO NO IDÓNEO, AUN TRATÁNDOSE DE MENORES DE EDAD, ATENTO A LOS PRESUPUESTOS PROCESALES, FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y DE PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS. El artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la que nuestro país forma parte, tutela el derecho que toda persona tiene a un recurso efectivo, sencillo y rápido, ante los Jueces o tribunales competentes, a fin de defender sus derechos. Por otra parte, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, título décimo sexto, capítulo único, denominado "Disposiciones generales", específicamente de sus artículos 950, 951 y 952 se advierte que en dichos procedimientos pueden interponerse todos los recursos previstos en el código adjetivo civil (como el de apelación o revocación), de lo que se colige que esta legislación sí contempla el derecho a recursos efectivos, sencillos y rápidos, a fin de que los gobernados puedan defender los derechos que estimen tener. Por tanto, el hecho de que una de las partes interponga un recurso que no es el idóneo para impugnar la resolución de que se queja, no da lugar a que la autoridad jurisdiccional corrija el error, aun cuando se trate de menores de edad, pues para ejercer el derecho de acceso a la justicia se debe cumplir con los presupuestos procesales formales y materiales de admisibilidad y de procedencia de las acciones y de los recursos, lo que brinda certeza jurídica a los gobernados; de ahí que las reglas de su procedencia no pueden alterarse a través de una pretendida protección a los derechos humanos, por lo que si el medio de impugnación interpuesto no resulta ser el idóneo, no puede subsanarse el error por el Juez de amparo a fin de que se admita un recurso que no fue el realmente interpuesto, o bien, se resuelva un recurso que no es el que debió agotarse, pues ello atentaría contra los principios de equidad procesal y seguridad jurídica que deben observarse en materia civil. Así también, apoya el sentido de este fallo, la diversa jurisprudencia 1a./J. 90/2017 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN. SU CONTENIDO ESPECÍFICO COMO PARTE DEL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA Y SU COMPATIBILIDAD CON LA EXISTENCIA DE REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE UNA ACCIÓN. De la tesis de jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 1a./J. 42/2007, (1) de rubro: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.", deriva que el acceso a la tutela jurisdiccional comprende tres etapas, a las que corresponden tres derechos que lo integran: 1) una previa al juicio, a la que atañe el derecho de acceso a la jurisdicción; 2) otra judicial, a la que corresponden las garantías del debido proceso; y, 3) una posterior al juicio, que se identifica con la eficacia de las resoluciones emitidas con motivo de aquél. En estos términos, el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción debe entenderse como una especie del diverso de petición, que se actualiza cuando ésta se dirige a las autoridades jurisdiccionales, motivando su pronunciamiento. Su fundamento se encuentra en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al cual corresponde al Estado mexicano impartir justicia a través de las instituciones y procedimientos previstos para tal efecto. Así, es perfectamente compatible con el artículo constitucional referido, que el órgano legislativo establezca condiciones para el acceso a los tribunales y regule distintas vías y procedimientos, cada uno de los cuales tendrá diferentes requisitos de procedencia que deberán cumplirse para justificar el accionar del aparato jurisdiccional, dentro de los cuales pueden establecerse, por ejemplo, aquellos que regulen: i) la admisibilidad de un escrito; ii) la legitimación activa y pasiva de las partes; iii) la representación; iv) la oportunidad en la interposición de la acción, excepción o defensa, recurso o incidente; v) la competencia del órgano ante el cual se promueve; vi) la exhibición de ciertos documentos de los cuales depende la existencia de la acción; y, vii) la procedencia de la vía. En resumen, los requisitos de procedencia, a falta de los cuales se actualiza la improcedencia de una acción, varían dependiendo de la vía que se ejerza y, en esencia, consisten en los elementos mínimos necesarios previstos en las leyes adjetivas que deben satisfacerse para la realización de la jurisdicción, es decir, para que el juzgador se encuentre en aptitud de conocer la cuestión de fondo planteada en el caso sometido a su potestad y pueda resolverla, determinando los efectos de dicha resolución. Lo importante en cada caso será que para poder concluir que existe un verdadero acceso a la jurisdicción o a los tribunales, es necesario que se verifique la inexistencia de impedimentos jurídicos o fácticos que resulten carentes de racionalidad, proporcionalidad o que resulten discriminatorios. DECISIÓN Con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado en sentido contrario de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Susana Juárez Rojas, por su propio derecho y en representación de su hija menor de edad de iniciales E.R.H.J., contra el acto del titular del Juzgado Sexto de lo Familiar del distrito judicial del Centro, por los motivos expuestos en el diverso apartado VI. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se observa que la parte quejosa no hizo manifestación alguna en relación a la vista que se le dio con la inexistencia de la autoridad que señaló como Jefe del Departamento de Salarios y Prestaciones de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Oaxaca. En consecuencia, con fundamento en el artículo 5, fracción II, y 108 fracción III, de la Ley de Amparo, interpretados en sentido contrario, se hace efectivo el apercibimiento decretado en acuerdo de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, y se deja de tener como responsable a la aludida autoridad, únicamente los efectos de este juicio de amparo. NOTIFÍQUESE.
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