SYLVIA JOSEFINA SAAVEDRA SÁNCHEZ y Otros.
Expediente 397/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 397/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 17/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- SYLVIA JOSEFINA SAAVEDRA SÁNCHEZ y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de junio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos se advierte que ha trascurrido el plazo de diez días previsto por el ordinal 86 de la Ley de Amparo para que la parte inconforme interpusiera el recurso de revisión en contra de la sentencia en donde se sobreseyó en este juicio constitucional, sin que la parte disidente haya impugnado esa resolución a través del citado mecanismo de defensa. I. Por tanto, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. II. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como total y definitivamente concluido. III. Ahora bien, en el presente sumario constitucional en sentencia se sobreseyó; por tanto, conforme a lo dispuesto en capítulo ocho, punto "8.1.2" 1 relativo al tratamiento de los expedientes destruibles del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, el presente asunto es susceptible de destrucción. IV. Así también, se considera que este expediente carece de valor histórico jurídico, documental o de relevancia alguna, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General en comento; de igual forma se indica que conforme a la certificación de cuenta, no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General de mérito. V. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. VI. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
"En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a las diez horas con cinco minutos del treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, junto con la Secretaria de acuerdos, Lizeth Ortiz Segura, procede a celebrar la audiencia constitucional de este juicio de amparo, sin la comparecencia de las partes. Relación de constancias. A continuación, la Secretaria hace una relación de las constancias que obran en el expediente relativo, entre las que se encuentran las siguientes: (i) demanda de amparo promovida por Sylvia Josefina, Luz Gabriela y Verónica Paula todas de apellidos Saavedra Sánchez; (ii) auto de ocho de abril de dos mil veintidós en donde se previno la demanda de amparo; (iii) escrito aclaratorio signado por la representante común de la parte quejosa Sylvia Josefina Saavedra Sánchez; (iv) auto de veinticinco de abril de dos mil veintidós, donde se admitió a trámite la demanda de amparo (v) informe justificado rendido por el Director del Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Oaxaca. Acto seguido, el Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias y toda vez que no existen actuaciones pendientes de desahogar, se ordena pasar a la siguiente etapa de la audiencia. Etapa probatoria. En esta fase la Secretaria hace constar las ofrecidas por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda y por la autoridad responsable al momento de rendir su informe justificado. El Juez de Distrito acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas y admitidas las pruebas antes relacionadas, con la precisión que tales medios de convicción, se desahogan por su propia y especial naturaleza. Y en virtud que no existe diverso medio de prueba que desahogar, se cierra el periodo de pruebas. Etapa de alegatos. La secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló. El Juez acuerda: Toda vez que las partes no ejercieron su derecho a alegar, se cierra dicho período; luego, al no existir diligencias pendientes por desahogar, se da por concluida la presente audiencia y se dicta la siguiente:S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 397/2022, promovido por Sylvia Josefina, Luz Gabriela y Verónica Paula todas de apellidos Saavedra Sánchez. ANTECEDENTES La parte quejosa reclama al Director del Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Oaxaca, la falta de contestación a su escrito petitorio de veintiuno de enero de dos mil veintidós y presentado ante la responsable el veinticuatro de enero siguiente. Por lo que ante tal omisión que la parte quejosa estima violatoria de su esfera jurídica es que acude a esta instancia constitucional. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Sylvia Josefina, Luz Gabriela y Verónica Paula todas de apellidos Saavedra Sánchez, presentaron un escrito el siete de abril de este año, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, mediante el cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto reclamado al Director del Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Oaxaca. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 1°, 2°, 8° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes del acto reclamado y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. La demanda de amparo fue turnada a este Juzgado de Distrito en esa propia fecha y por auto de ocho de abril siguiente, este órgano jurisdiccional radicó la demanda y la registró bajo el expediente 397/2022 y previno la demanda de amparo. Posteriormente, mediante escrito recibido en este Juzgado el veintidós de abril de este año la representante común de la parte quejosa Sylvia Josefina Saavedra Sánchez, desahogo la prevención formula, admitiéndose a trámite la misma por auto de veinticinco de abril siguiente, solicitando el informe justificado a la autoridad responsable y dando vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado. La audiencia constitucional, tuvo verificativo en los términos del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en contra de actos en materia administrativa y la autoridad responsable tienen su residencia en donde este Juzgado ejerce jurisdicción. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Ahora bien, del contenido de la demanda de amparo se tiene como acto reclamado: La omisión del Director del Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Oaxaca, a dar contestación al escrito petitorio de veintiuno de enero de este año y presentado ante ella el veinticuatro siguiente. De manera que, a efecto de delimitar la litis constitucional, habrá que determinar la certeza de los citados actos reclamados, en relación con las autoridades responsables. V. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO La autoridad al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado, en virtud que refirió haber dado contestación al escrito petitorio de la parte quejosa mediante oficio 401.2C.8-2022/162, el cual fue notificado a la disidente de manera personal en el domicilio indicado por ésta el doce de mayo de este año. No obstante lo anterior, toda vez que la contestación del ocurso petitorio se dio a conocer a la parte quejosa hasta el doce de mayo del año en curso, resulta evidente que a la fecha en que se promovió la demanda de amparo aun subsistía el acto reclamado -esto es el siete de abril de dos mil veintidós-, por lo cual, se desvirtúa la negativa de la autoridad responsable y se tiene por cierto el acto reclamado. Certeza que además, se corrobora con las constancias que acompañó a su informe justificado donde se advierte la notificación de que se trata; documentales a las que se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°. VI. ESTUDIO DE LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, en principio, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa; de orden público y estudio preferente. Lo anterior encuentra sustento jurídico en la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, localizable en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte TCC, página 553, materia Común, Octava Época, bajo el rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." El suscrito advierte que respecto del acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.).". El referido precepto legal transcrito, prescribe que el juicio de amparo no tiene razón de ser cuando ha desaparecido su objetivo, que es el de volver las cosas al estado que tenían antes del surgimiento del acto reclamado, si éste es de carácter positivo, o de forzar a la autoridad responsable a realizar la conducta que indebidamente omitió, si el acto es de carácter negativo, pues resultaría contrario a la naturaleza del juicio que el mismo fuese seguido sin ninguna finalidad práctica; por lo que resulta justificado que el juicio de amparo se torne improcedente cuando hayan cesado los efectos de los actos reclamados, como ocurre en el presente caso. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable al momento de rendir su informe justificado, mismas que tienen valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 1978 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se desprende que el doce de mayo del año en curso, la autoridad responsable notificó a las disidentes el contenido del oficio 401.2C.8-2022/162, a través del cual da contestación al escrito petitorio de veintiuno de enero de este año. En ese contexto, se estima que han cesado los efectos del acto reclamado en estudio, pues la responsable subsanó la omisión de la cual se duele la parte quejosa, en virtud de haber dictado y notificado el oficio por medio del cual dio contestación al escrito petitorio de las quejosas. En consecuencia, resulta evidente que la inactividad reclamada, traducida en la conducta omisiva que conforma la Litis del presente asunto, ha dejado de existir puesto que dicha autoridad se pronunció en el sentido de realizar una conducta que extinguió la desatención que originó el acto reclamado a estudio. De ahí, que se insiste, cesaron los efectos del acto reclamado a la autoridad responsable, habida cuenta que se constituyó una nueva situación jurídica que destruyó la inactividad procesal reprochada. Lo anterior, porque de alguna manera, se repuso a la parte solicitante del amparo en el goce de los derechos fundamentales violados como si no hubieran existido el acto omisivo reclamado, ya que se constituyó una nueva situación jurídica que definitivamente los destruyó, como si se hubiera otorgado la protección constitucional. En efecto, debe concluirse que los actos reclamados cesaron en sus efectos; máxime, que ningún caso tendría examinar la inactividad reclamada si los efectos de esa conducta quedaron destruidos en forma total e incondicional y no dejaron huella en la esfera jurídica del solicitante de la tutela constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 193758, que dice CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal En consecuencia, como se anticipó, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por cuanto hace al acto reclamado a la autoridad señalada como responsable, de ahí que, debe decretarse el sobreseimiento en el presente juicio, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de dicho ordenamiento legal. Apoya este criterio la tesis 2a./J. 9/98, integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, Tomo VII, Febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que reza SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo En ese orden, resulta innecesario ocuparse de analizar la constitucionalidad de lo reclamado, puesto que no es propio de los fines del amparo realizar el estudio de fondo respecto de actos que han quedado sin efecto y, por lo tanto, ya no ocasionan agravio alguno al quejoso. Sustentan lo aquí vertido, las tesis 509 y 1028, consultables en las páginas 335 y 708, respectivamente, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del tenor literal siguiente "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. VII. DECISIÓN Por consiguiente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio constitucional en que se actúa. Sobreseimiento que se decreta en términos de lo previsto en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, conforme a lo expuesto en el apartado VI de este fallo. Por lo expuesto y fundado se RESUELVE UNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********, por las consideraciones expuestas en el considerando VI de esta resolución. Notifíquese."
- Principal
MESA VI-A. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de mayo de dos mil veintidós. Con fundamento en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad descrita en la cuenta rindiendo su informe justificado y ofreciendo como pruebas de su parte la documental que anexa sin perjuicio de hacer relación de la misma en la audiencia constitucional. Con lo anterior, dese vista a las partes. Domicilio y delegados. Por otra parte, con fundamento en los numerales 9° y 28 fracción I de la ley de la materia, téngase a la autoridad oficiante designando como delegados a las personas que menciona y como domicilio el que indica, que es el oficial. Correo electrónico y número telefónico. En otro punto, en cuanto al correo electrónico y número telefónico que proporciona, con fundamento en los artículos 4º y 17 de la Constitución Federal, 3º, 15, 27, fracción II y 28, fracción III, de la Ley de Amparo, 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes, el llevar a cabo las notificaciones y entrega de oficios de manera impresa en papel, se autoriza a la autoridad de referencia, para que reciba toda clase de notificaciones y acusen recibo de las que sean remitidas por este juzgado, en cuyo caso el actuario llevador del presente asunto deberá asentar la razón respectiva. En ese sentido, para dar oportunidad que la parte quejosa se imponga del contenido del informe y pruebas indicadas en párrafos que anteceden, la audiencia constitucional prevista para el diecinueve de mayo de este año, se difiere anticipadamente y en su lugar se señalan las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración. Notifíquese personalmente.
- Principal
AVISO. MESA VI-A. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de mayo de dos mil veintidós. Con fundamento en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad descrita en la cuenta rindiendo su informe justificado y ofreciendo como pruebas de su parte la documental que anexa sin perjuicio de hacer relación de la misma en la audiencia constitucional. Con lo anterior, dese vista a las partes. Domicilio y delegados. Por otra parte, con fundamento en los numerales 9° y 28 fracción I de la ley de la materia, téngase a la autoridad oficiante designando como delegados a las personas que menciona y como domicilio el que indica, que es el oficial. Correo electrónico y número telefónico. En otro punto, en cuanto al correo electrónico y número telefónico que proporciona, con fundamento en los artículos 4º y 17 de la Constitución Federal, 3º, 15, 27, fracción II y 28, fracción III, de la Ley de Amparo, 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes, el llevar a cabo las notificaciones y entrega de oficios de manera impresa en papel, se autoriza a la autoridad de referencia, para que reciba toda clase de notificaciones y acusen recibo de las que sean remitidas por este juzgado, en cuyo caso el actuario llevador del presente asunto deberá asentar la razón respectiva. En ese sentido, para dar oportunidad que la parte quejosa se imponga del contenido del informe y pruebas indicadas en párrafos que anteceden, la audiencia constitucional prevista para el diecinueve de mayo de este año, se difiere anticipadamente y en su lugar se señalan las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración. Notifíquese personalmente.
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