SUSANA RAQUEL RAMOS LEON y Otros.

Expediente 837/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
837/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
09/06/2016

Partes del expediente

  • Susana Raquel Ramos Leon
  • SUSANA RAQUEL RAMOS LEON y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Mesa VI-B * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, nueve de junio de dos mil dieciséis. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el proveído de veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Con fundamento en el artículo décimo primero, párrafo segundo del acuerdo general conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, y de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido. En cumplimiento a lo señalado en los puntos cuarto, y vigésimo primero fracción I, del citado acuerdo general conjunto número 1/2009, toda vez que se desechó la demanda de amparo, se estima que este expediente es susceptible de destrucción. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Asimismo, se indica que, conforme a la certificación de cuenta, en el presente expediente no existen documentos considerados originales en términos del punto segundo fracción XVIII, del citado acuerdo general conjunto número 1/2009. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto décimo, fracción I, del referido acuerdo, el presente expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su destrucción. Realícese las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese...

  2. Principal

    Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veinticinco de mayo de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede, se advierte que la quejosa no ratificó el desistimiento contenido en su escrito de trece de abril pasado (foja 29), dentro del plazo legal concedido en proveído de doce de mayo del año en curso; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en dicho auto, y se tiene por no presentado el ocurso de mérito; por lo que continúese el trámite del juicio. Desechamiento. En principio, con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede examinar si existe motivo notorio, manifiesto e indudable de improcedencia. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción V, aplicada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" De los preceptos citados, se advierte que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos emitidos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; al respecto, el propio precepto legal señala qué debe entenderse por actos de imposible reparación, a saber, aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Así, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 325/2015, estableció que dentro de un procedimiento jurisdiccional o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, no es posible reclamar, de forma autónoma, una violación al derecho de petición. Que el derecho como género previsto en el artículo 8º constitucional pretende que a la petición hecha ante una autoridad le recaiga una respuesta en breve término; en cambio, los artículos 14 y 17 constitucionales, prevén el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento y el derecho de acción como especie del derecho de petición, mediante los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan las pretensiones deducidas, de manera completa y congruente con lo solicitado. El derecho al debido proceso y el derecho de acción de los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, permite al particular obtener una completa y mejor respuesta a sus pretensiones dentro de un procedimiento jurisdiccional y, por ende, una mayor protección, puesto que el derecho de petición sólo obliga a la obtención de una respuesta básica. Asimismo, los derechos consagrados en los artículos 8º, 14 y 17 constitucionales regulan cuestiones distintas (derecho de petición, el debido proceso y el derecho de acción), sin embargo, deben entenderse de manera armónica de acuerdo a su finalidad, sin que ello implique dejar de proteger al particular frente al acto de autoridad. Por tanto, la autoridad jurisdiccional o administrativa tiene la obligación de emitir la resolución correspondiente a la petición presentada de manera pronta y congruente, la cual debe atender a los plazos y términos fijados en las leyes que rigen dicho procedimiento. Ante la existencia de una norma secundaria que desarrolla de mejor forma la obligación de respuesta de las autoridades, no es dable que se impugne la violación al derecho de petición de manera autónoma, ya que el plazo, términos y modalidades bajo los cuales se regirá el actuar de la autoridad ante la cual se elevó la petición, serán conforme lo establecido por la norma secundaria y la autoridad deberá verificar en todo momento que se atienda de la mejor forma posible la solicitud del particular. De estimar lo contrario, podría suceder que la contestación, aun cumpliendo con los lineamientos constitucionales, no resuelva de mejor forma lo planteado, por no actuar conforme a la legislación ordinaria. En esas condiciones, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria; en razón de ello, si el reclamo se da dentro de un procedimiento, no se cumpliría con el requisito de procedencia del amparo indirecto consistente en la transgresión a un derecho sustantivo o que el acto hubiese dejado sin defensa al quejoso. Sin que pase inadvertido que si bien uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la omisión de dar respuesta a una petición formulada a una autoridad; sin embargo, ello por sí solo no es suficiente para considerar procedente el amparo; lo anterior, en virtud de que dicha afectación no puede verse de forma autónoma sino dentro del procedimiento en razón de los artículos constitucionales y su desarrollo en la legislación secundaria de los derechos de debido proceso y acción, por lo que no actualizaría el caso de excepción que se prevé para acudir al juicio de amparo. Bajo esas consideraciones, en el caso, de las manifestaciones de la parte promovente, bajo protesta de decir verdad, a las cuales se les confiere valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierten los antecedentes siguientes: El Juzgado Tercero de lo Civil del distrito judicial del Centro, Oaxaca, se tramita el juicio de nulidad de escritura número 32/2015, donde la quejosa es parte. Mediante escrito presentado el once de diciembre de dos mil quince, ante dicha autoridad (petición que no se ha acordado), solicitó que se diera por perdido el derecho de contestar la demanda a su contraparte en el juicio origen, al no ejercitar tal derecho en el plazo legal correspondiente. La relación previa revela que el juicio de amparo que promueve la quejosa es improcedente. Es así, pues como se expuso anteriormente, el acto controvertido en este juicio de amparo es una violación al artículo 8º Constitucional, dentro de un procedimiento judicial (juicio de nulidad de escritura) esto es, falta de contestación a un escrito, lo que revela que la omisión reclamada no tiene el carácter de "imposible reparación". En esas condiciones, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria; en razón de ello, si el reclamo se da dentro de un procedimiento, no se cumpliría con el requisito de procedencia del amparo indirecto consistente en la transgresión a un derecho sustantivo o que el acto hubiese dejado sin defensa a la quejosa. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, promovida por la quejosa Susana Raquel Ramos León. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado José Luis Evaristo Villegas, juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, asistido de la licenciada Lizeth Ortiz Segura, que autoriza y da fe. MESA AMPRO VI-B SE NOTIFICO EN TERMINOS DEL ARTICULO 27. FRACCIÓN I, INCISO b) DE LA LEY DE AMPARO

  3. Principal

    Oaxaca de Juárez, Oaxaca, doce de mayo de dos mil dieciséis. Datos de la demanda. Visto el oficio signado por la secretaria de acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, residente en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria dictada en el expediente 4/2016, de su registro; del que se advierte calificó de legal el impedimento planteado por la jueza Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, para conocer de la demanda de amparo intentada por Susana Raquel Ramos León, y ordenó el returno de dicha contienda constitucional al juzgado de distrito en el Estado que corresponda. En consecuencia, téngase por recibidos el oficio y anexos de mérito; acúsese el recibo correspondiente y hágase del conocimiento del tribunal de alzada que este juzgado se avoca al conocimiento de la demanda de amparo en comento. En tales condiciones, fórmese expediente en términos del artículo 3º de la Ley de la materia y regístrese en el libro respectivo con el número 837/2016. Ratificación desistimiento. Ahora bien, a efecto de proveer en su caso sobre la admisión de la demanda intentada, y tomando en consideración que del contenido integral del escrito anexo, la quejosa Susana Raquel Ramos León, desiste del juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, requiérasele para que dentro del plazo de tres días, siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, en día y horas hábiles, comparezca debidamente identificada con credencial oficial con fotografía, al despacho de este juzgado, ubicado en Amapolas número mil doscientos dos, colonia Reforma, en esta ciudad, y en diligencia relativa ratifique el contenido del escrito de cuenta. Apercibida que de no cumplir con lo anterior, se le tendrá por no desistida y se continuará con el procedimiento del juicio hasta su conclusión. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala, y por autorizados en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo a las personas que menciona, por no contar con cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales. Consulta expediente electrónico. Se hace del conocimiento de la parte que están en posibilidad de así estimarlo, consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran su expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas en el acuerdo general adjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma el licenciado José Luis Evaristo Villegas, titular del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en la ciudad de Oaxaca de Juárez; ante la secretaria licenciada Lizeth Ortiz Segura, que autoriza y da fe. MESA AMARO VI-B SE NOTIFICO EN TERMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO

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