Susana Rodríguez Arreola
Expediente 1052/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1052/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 08/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Susana Rodríguez Arreola
Actuaciones
- Principal
I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, ocho de noviembre de dos mil veintiuno. Visto que transcurrió el término de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto del veinte de octubre del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Susana Rodríguez Arreola, con fundamento en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara firme ese proveído. En ese sentido, toda vez que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese; el cual es destruible en términos del artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Lo anterior en atención a que se dictó un acuerdo en el que se desechó la demanda de amparo. Además, no tiene relevancia documental para ser resguardado conforme al artículo 15 del acuerdo antes mencionado. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinte de octubre de dos mil veintiuno.Vista la demanda presentada por **********, por derecho propio, contra actos del Jefe de Departamento de Escrituración y Cancelación de Hipotecas del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Los Trabajares del Estado (FOVISSSTE) y otra autoridad; regístrese con el número 1052/2021-I y háganse las anotaciones correspondientes. En el presente asunto el acto reclamado consiste en la fijación de la cita vía internet para el uno de diciembre de dos mil veintiuno, para realizar el trámite de liquidación de crédito hipotecario del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y de Servicio Social de Los Trabajares del Estado. Al respecto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación al 77, fracción I, ambos de la Ley de Amparo. Del primero se desprende que el listado de causas de improcedencia contenido en ese artículo es enunciativo, ya que éstas puede derivar también de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o inclusive del demás texto de la Ley de Amparo. De la lectura a la segunda se obtiene que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones a derechos humanos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, así el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. Luego, se dice que es improcedente el presente asunto toda vez que para detectar cuándo se está ante una abierta dilación de un procedimiento, es válido tomar como parámetro el tiempo promedio en que se substanciará el juicio de amparo indirecto. De esa forma, se estará en posibilidad de determinar objetivamente si la violación reclamada es reparable o no, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Por ende, el juicio de amparo indirecto será procedente si la violación aducida puede ser reparada una vez que se substancie el procedimiento y cause ejecutoria la sentencia respectiva. Acorde con el artículo 117 de la Ley de Amparo, la autoridad tiene quince días hábiles para rendir su informe justificado. Si la autoridad responsable fuera notificada mañana (veintiuno de octubre), ese plazo transcurriría del veintidós de octubre al once de noviembre. En términos del segundo párrafo del artículo 117 de la legislación de amparo, entre la fecha de notificación a la quejosa del informe justificado y la de la celebración de la audiencia constitucional debe mediar un plazo de por lo menos ocho días. Suponiendo que la autoridad responsable lo rindiera el último día del plazo concedido y fuera acordado en la misma fecha (once de noviembre), la notificación a la parte quejosa sería el doce de noviembre. Por tanto, los ocho días aludidos correrían del diecisiete al veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. Para que pueda requerirse el cumplimiento a una eventual sentencia concesoria de amparo, ésta debe causar ejecutoria. De conformidad con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles (de aplicación supletoria), en relación con el diverso 86 de la legislación de amparo, si no fuera recurrida quedaría firme una vez que feneciera el plazo para interponer el recurso de revisión (diez días hábiles). Partiendo de que la sentencia fuera dictada al día siguiente de los ocho a que se refiere el segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo (veintinueve de noviembre), que sería el mismo de la audiencia y, por ende, se notificara por lista el hábil que sigue (treinta de noviembre) surtiendo efectos el uno de diciembre, causaría ejecutoria el quince de diciembre. En consecuencia, si la eventual sentencia concesoria de amparo causaría ejecutoria diez días hábiles después de la fecha señalada para realizar el trámite de liquidación de crédito hipotecario del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y de Servicio Social de Los Trabajares del Estado, se considera que jurídicamente se tornaría imposible restituir a la quejosa en el goce de la derecho humano que se estime violado, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria. En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la demanda de amparo. Téngase por autorizado al usuario que indica para la consulta del expediente electrónico de este juicio de amparo y para las notificaciones electrónicas, en virtud de que cuenta con el registro correspondiente; por lo que se instruye a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y a la Actuaria adscrita, a efecto de que realicen los registros convenientes. Se tiene por autorizada a la persona que refiere para los efectos que precisa, en la inteligencia que de ser en amplios términos, deberá contar con el registro correspondiente. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
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