Susana Rocha Rangel

Expediente 1141/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1141/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
08/11/2023

Partes del expediente

  • Susana Rocha Rangel

Actuaciones

  1. Principal

    III. En Naucalpan de Juárez, Estado de México, siendo las nueve horas con cincuenta y dos minutos del ocho de noviembre de dos mil veintitrés, hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1141/2023-III, promovido por ********************, por derecho propio, ante la presencia judicial de Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien da fe, procedió a celebrar la misma sin la asistencia personal de las partes. Acto seguido, el secretario hace una relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en este expediente. El Juez acuerda: Téngase por hecha la anterior relación para todos los efectos legales a que haya lugar. Abierto el periodo probatorio, el secretario da cuenta con las pruebas ofrecidas por la quejosa. Acto seguido, el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas y admitidas las pruebas que obran en autos, la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humana, mismas que se desahogan dada su propia y especial naturaleza y que deberán tomarse en consideración al momento de resolver. Sin más pruebas pendientes por desahogar se cierra esta etapa. Abierto el período de alegatos, el secretario hace constar que las partes no los formularon. Acto seguido, el Juez acuerda: Al no existir alegatos que deban relacionarse, se cierra esta etapa. Sin diligencias pendientes por practicar, se da por concluida la presente audiencia constitucional. A continuación, se pasa a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1141/2023-III; y, R E S U L T A N D O: I. Mediante escrito presentado el uno de septiembre de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, la cual fue turnada el cinco del mismo mes y año, a este Juzgado Federal, ********************, por derecho propio, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Director General del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios y otras autoridades. II. En proveído de seis de septiembre de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional registró la demanda de amparo bajo el número 1141/2023-III, se admitió a trámite; se solicitó el informe con justificación a las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, misma que previo diferimiento tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 37 de la Ley de Amparo; 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en virtud de que el acto reclamado tiene ejecución en la circunscripción territorial en que ejerce jurisdicción este Juzgado. SEGUNDO. A fin de fijar la litis constitucional y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa de una revisión integral de la demanda, que la quejosa reclama de autoridades del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios: ( La falta de respuesta a la solicitud de aceptación de pago de pensión por fallecimiento de pensionado, ingresada el ******************** TERCERO. No es cierto el acto reclamado al Director General y Coordinador Prestaciones y Seguridad Social, ambos del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, pues así lo manifestaron al rendir su correspondiente informe justificado, sin que la parte quejosa hubiera desvirtuado dicha negativa. En tal virtud, lo procedente es sobreseer el juicio de amparo en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/20, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, segunda parte-2, julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, consultable en la página seiscientos veintisiete, Octava Época, de texto y rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." También encuentra sustento lo anterior, en la jurisprudencia VI.2o. J/308, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 77, tomo 80, agosto de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que es del tenor literal siguiente: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." CUARTO. La Jefa de Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, al rendir su informe justificado aceptó el acto reclamado, por tanto en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene como cierto el acto que se le reclama. Lo que se corrobora con la documental que exhibió la quejosa, durante el trámite del presente juicio de amparo, documental con pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su 2° numeral. Tiene aplicación la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, página 153, 1995, de rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." QUINTO. De conformidad con el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio de garantías es una cuestión de orden público que debe estudiarse por el juzgador, aun de oficio, lo aleguen o no las partes. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia VI.2o. J/323, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, agosto de 1994, foja 87, que dispone: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." La autoridad responsable al rendir su informe justificado, invoca que se actualiza el artículo 61, fracción XX así como el numeral 107, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la parte quejosa estaba obligada a agotar el principio de definitividad, promoviendo al respecto el juicio contencioso administrativo, ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México; lo cual se estima infundado. En primer término, debe señalarse que la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, prevén que el principio de definitividad en materia de amparo consiste en la obligación de agotar los recursos o medios de defensa establecidos en la ley por virtud de los cuales los actos reclamados puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan sus efectos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer la parte quejosa, con los mismos alcances que los previstos en la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, con independencia de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con el citado ordenamiento legal. En este sentido, la Constitución Federal y su ley reglamentaria en la materia, restringen la procedencia del amparo, atribuyéndole a dicho juicio el carácter de instancia extraordinaria, es decir, de un medio de reparación de la violación de derechos fundamentales al que no se puede acudir sino cuando previamente se han agotado sin éxito las medidas ordinarias de defensa. Así, la improcedencia del juicio se genera porque no se agotaron los medios de impugnación ordinarios por los cuales los actos reclamados pudieron haber sido reparados por la propia autoridad que los emitió, o bien, por el superior jerárquico, el tribunal de segunda instancia o uno de carácter contencioso. Por tanto, el precepto mencionado prevé la improcedencia del juicio de amparo como una variante del principio de definitividad, en el supuesto de que contra el acto reclamado de tipo administrativo proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto. En ese contexto, conviene indicar que el principio de definitividad que rige al juicio constitucional encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa significa que el quejoso previo a su promoción debe acudir a las instancias ordinarias que puedan producir la insubsistencia, modificación, revocación del acto de autoridad que les produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. En el caso, la parte quejosa reclama la omisión en la que incurre la autoridad responsable al no pagarle su pensión; por consiguiente, se actualiza la excepción al principio de definitividad, relativa a que el gobernado no está obligado a agotar los medios de defensa ordinarios cuando se impugnen omisiones por parte de la responsable. Bajo ese contexto, se estima que en la especie no se actualiza otra causa de improcedencia en el asunto de mérito. Al no existir más causas de improcedencia invocadas por las partes o que se advierta la actualización de alguna, se procede al estudio del fondo del asunto. SEXTO. Se dan por reproducidos los conceptos de violación vertidos en la especie los cuales, al no existir artículo expreso en la Ley de Amparo en vigor, que señale que deba hacerse en la sentencia transcripción de ellos, de conformidad con lo que dispone la tesis jurisprudencial 477 publicada en las páginas 414 y 415, Segunda Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917- 2000, que es del tenor literal siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma." Ahora bien, del estudio integral de la demanda, se advierte que la quejosa aduce en esencia que la autoridad responsable ha omitido dar respuesta a su solicitud de aceptación de pensión para el pago de pensión por fallecimiento de pensionado que le fue decretada previamente, presentada el ********************, no obstante que tiene la obligación de regular el régimen de seguridad social a su favor y de haber cumplido con los requisitos necesarios para obtener el pago de la pensión por fallecimiento de pensionado, lo que considera transgrede en su perjuicio lo previsto entre otros numerales, lo establecido en los artículos 17 y 123, apartado B, fracción XI, inciso a), ambos de la Constitución Federal. El sintetizado concepto de violación es fundado y suficiente para conceder el amparo solicitado, atento a las consideraciones que a continuación se exponen. En principio resulta pertinente destacar que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone lo siguiente: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil." Del análisis del precepto de referencia se advierte que en él se establece: a) Un derecho a la jurisdicción que tiene todo gobernado de acudir ante los órganos jurisdiccionales previamente establecidos para el efecto de obtener una resolución sobre una pretensión, y en su caso, la ejecución forzosa de lo juzgado. b) La obligación por parte de las autoridades jurisdiccionales de conocer, substanciar y resolver los juicios que se diriman ante ellas. c) Que dicha impartición de justicia deberá efectuarse dentro de los plazos previamente establecidos en las leyes adjetivas aplicables al caso, es decir, que tanto los actos procesales que practiquen los órganos jurisdiccionales, como las resoluciones que éstos emitan, ya sean acuerdos o sentencias, se deben realizar dentro de los términos establecidos en las legislaciones procesales y de manera completa e imparcial. De lo anterior se deduce que los tribunales deben realizar los actos procesales y emitir las resoluciones correspondientes en las contiendas sometidas a su jurisdicción, dentro de los términos y plazos que establezca la ley que los rija. Así, del texto constitucional se advierte que la expeditez debe estar presente en todo el desarrollo del procedimiento a fin de que permita resolverse el conflicto en la forma más pronta. Estos principios generales, aplicados a la materia específica, deben entenderse referidos al juicio laboral a fin de que se facilite la solución del conflicto. Asimismo, cabe señalar que respecto del cumplimiento del derecho fundamental contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no sólo se encuentran obligados a observarlo los tribunales judiciales formalmente instituidos, sino también las autoridades administrativas, que en el ejercicio de sus funciones materialmente jurisdiccionales, tienen la obligación de emitir las resoluciones correspondientes en los procedimientos planteados ante tales autoridades, así como las autoridades en el ámbito de su competencia deben dar vigencia y efectividad a dichas resoluciones. Asimismo, debe precisarse que el derecho a la pensión, se encuentra consagrado en el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Federal; este precepto constitucional, no sólo contiene las bases mínimas de seguridad social para los trabajadores al servicio del Estado, sino que del mismo también deriva el principio constitucional de la previsión social, que se sustenta en la obligación de establecer un sistema íntegro que otorgue tranquilidad y bienestar personal a los trabajadores y a su familia, ante los riesgos a los que se encuentran expuestos, orientados necesariamente a procurar el mejoramiento del nivel de vida. Ahora bien, del contenido del Manual General de Organización del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, publicado en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" del Estado de México, el veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, se tiene que conforme al número de estructura orgánica "207C0401520101L", publicada en la gaceta antes referida, corresponde al Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, entre otras funciones el calcular y determinar las cantidades a pagar para los pagos por primera vez por concepto de pensiones. Por lo que, atento a la litis planteada en esta instancia constitucional, es de considerarse que, como se aprecia de autos, la autoridad responsable ha omitido dar respuesta sobre el trámite derivado de la aceptación de pago pensión por fallecimiento de pensionado, presentada el ********************, no obstante que, conforme a las funciones previstas en la legislación aplicable al caso y constancias que obran en autos, se advierte que obra en copia certificada por la licenciada Armida Araceli Alonso Madrigal, Notaria número 144 del Estado de México, con residencia en Toluca, la solicitud de aceptación de pensión para el pago de pensión por fallecimiento de pensionado enderezada por la parte quejosa, aunado que de la documental exhibida por la quejosa en el presente juicio de amparo, se advierte el sello de recibo ante la Unidad de Atención al Derechohabiente Naucalpan, del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, sin que se encuentre acreditado que la autoridad responsable atendiera la mencionada solicitud que presentara la quejosa y se hubiera emitido la respuesta correspondiente. Documental que no fue objetada en el presente juicio, a la que se le concede valor probatorio suficiente de acuerdo con el artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, por tanto, que resulte idónea para tener por acreditado plenamente la solicitud de aceptación de pensión por jubilación, formulada por la parte quejosa ante la responsable. Por lo que, si la autoridad cuenta con diversas funciones, como lo es, el cálculo y determinación de pensiones, así como altas y bajas en la nómina de personas pensionadas, sin que al caso se advierta la determinación correspondiente al trámite otorgado a la solicitud enderezada por la parte quejosa, conforme a las constancias que obran en el presente sumario constitucional; resulta evidente que a la fecha en que este juzgado federal emite la presente sentencia, la autoridad responsable ha sido omisa en sus funciones, ya que conforme a la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, vigente, el pago para la pensión respectiva, atiende al día siguiente en que cause baja el trabajador correspondiente. Por ello, si la responsable no demostró de manera fehaciente haber realizado el pago de pensión a la parte quejosa previamente reconocido, no se dio cumplimiento a los derechos fundamentales establecidos en los artículos 17 y 123 apartado "B" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se estima que se vulneró en perjuicio de la aquí parte quejosa tales preceptos. Por tanto, si la parte quejosa no ha recibido respuesta alguna, ni la autoridad responsable ofreció algún medio de prueba para acreditar que realizó el trámite respectivo para la emisión de la resolución referente a la aceptación del pago de pensión, es evidente que la omisión reclamada lesiona el derecho a la seguridad social de la promovente del amparo, por no hacer accesible este derecho a su favor, conforme al principio de eficacia material que le es propio. Es aplicable la tesis VI.1o.230 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 189, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV-II, Febrero de 1995, Octava Época, del rubro y texto siguiente: "ACTOS NEGATIVOS, CORRESPONDE A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES LA CARGA DE LA PRUEBA DE LOS. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos imputados a las autoridades responsables, la carga de la prueba de que no existen esas omisiones o hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino a las responsables." En ese contexto, al estar en presencia de una abstención total de parte de la autoridad responsable, pues como se advirtió, ha omitido resolver lo conducente, retardando así el procedimiento tendente a obtener el pago de pensión en perjuicio de la parte quejosa, violando lo dispuesto por el artículo 17 y 123 apartado "B" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese contexto, como se adelantó, es esencialmente fundado el concepto de violación de la parte quejosa. En las relatadas condiciones, a fin de restituir a la agraviada en el goce de su derecho fundamental violado, conforme a lo que establece el artículo 77, fracción II, de la ley de la materia, procede conceder el amparo y protección de la justicia federal solicitada, para el efecto de que una vez que cause ejecutoria la presente determinación: - Se emita de forma inmediata la determinación con relación a la solicitud enderezada por la parte quejosa correspondiente a la aceptación de pensión que previamente se haya decretado en favor de la quejosa y, proceda al pago de la pensión previamente decreta. -Así como, se haga del conocimiento dentro del término de tres días la resolución que al efecto se emita con relación a la solicitud de aceptación de pensión que previamente se haya decretado en favor de la quejosa, por conducto de la Unidad de Atención al Derechohabiente en la que presentó tal solicitud. -Debiendo remitir a este Juzgado de Distrito las constancias que así acrediten lo ordenado en la presente sentencia. Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Sobresee, en términos de lo expuesto en el considerando tercero de la presente sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, por derecho propio, contra el acto reclamado a la autoridad responsable Jefa de Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, por los motivos y para los efectos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese, vía electrónica a la parte quejosa y por lista electrónica al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; así como, por oficio a las autoridades responsables. Lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, secretario quien certifica que la presente resolución, se encuentra debidamente incorporada al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Ténganse al Jefe de Servicios de Coordinación Operativa del Sistema Nacional de Afiliación y Vigencia del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y a la Subdirectora de Seguimiento Normativo de la Secretaría Técnica Normativa, dando cumplimiento a lo solicitado en auto del nueve de octubre de dos mil veintitrés; por lo que se deja sin efectos el apercibimiento con que se les previno en caso de incumplimiento. En atención a que la información proporcionada por la Subdirectora de Seguimiento Normativo de la Secretaría Técnica Normativa, se encuentra clasificada como confidencial, de conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, deberán mantenerse en sigilo los datos personales proporcionados en el original de dicho oficio; por tanto, consérvese en sobre cerrado el original de la citada comunicación. Una vez que obren la totalidad de los informes requeridos, se proveerá lo conducente. Por último, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las nueve horas con treinta y cuatro minutos del veintidós de noviembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes. Notifíquese; y mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, dos de octubre de dos mil veintitrés. Téngase al Director General, al Coordinador de Prestaciones y Seguridad Social, así como a la Jefa de Departamento de Pensiones, todos del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, rindiendo su informe justificado; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que expresen lo que a su derecho convenga. Notifíquese vía electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  4. Principal

    III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que aún no fenece el plazo concedido a las autoridades responsables en proveído del seis de septiembre de dos mil veintitrés, para que rindan su informe con justificación; por tanto, en virtud de observar las reglas esenciales del procedimiento, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las nueve horas con cincuenta minutos del diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo. Sin que sea necesario notificar esta determinación a las responsables, toda vez que dicha circunstancia no les irroga algún perjuicio. Notifíquese vía electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

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