Susana Padilla Arana
Expediente 1098/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 10 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1098/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Susana Padilla Arana
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa, y el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, interpongan recurso de revisión contra la sentencia del siete de noviembre del año en curso, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo y se negó el amparo solicitado, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha fallo, ha causado ejecutoria. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes, glósese el cuaderno de suspensión respectivo y realícense las anotaciones conducentes. Acorde con lo anterior, al no ser necesaria la retención de las constancias que en copia certificada remitió la Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, México, en apoyo a su informe justificado integradas en los tomos I, II y III de pruebas, devuélvanse a su lugar de origen; solicitándose el acuse de recibo correspondiente. Con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del término de tres días siguientes al en que le surta efectos la notificación de este acuerdo, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con el ordinal 237, fracción I, de la legislación de amparo. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Jedry Asael Gómez Sosa, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
II. V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1098/2023-II; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. ********************, por derecho propio, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México y otras autoridades. SEGUNDO. En proveído del treinta de agosto de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional, radicó la demanda de trato, y una vez que fueron cumplimentadas las prevenciones que le fueron hechas, mediante diverso de uno de septiembre del año en curso, se admitió a trámite; solicitó su informe con justificación a las autoridades responsables; dio la intervención legal al Representante Social de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento alguno; y señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. El Juzgado Tercero de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 37 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; toda vez que el acto reclamado deriva de un proceso civil y se atribuye a una autoridad con residencia en la jurisdicción territorial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Conforme a lo que establece el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados en la demanda de amparo, se hacen consistir en: Proveídos emitidos los días veintiuno y veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, dentro del expediente 2145/2017, del índice del Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México. La notificación del acuerdo emitido el veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, dentro del expediente 2145/2017, del índice del Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México. TERCERO. La Coordinadora de Presentaciones, Comparecencias, Mandamientos Judiciales de Zona Norte con residencia en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, así como la Jueza y Actuaria, adscritas al Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, al rendir sus informes justificados aceptaron la existencia de los actos, por tanto se tienen por ciertos. Lo anterior, se corrobora con las copias certificadas que se obtuvieron de las constancias del expediente número 1245/2017, de las cuales, se aprecian los actos combatidos; documentales que tienen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°. Es aplicable, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que refiere: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. CUARTO. En este apartado debe examinarse si existe alguna causa que torne improcedente el juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, según lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo; de lo cual este órgano constitucional debe ocuparse, independientemente de que ese examen sea propuesto o no por los interesados. Tocante al acto reclamado consistente en la notificación del acuerdo emitido el veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, dentro del expediente 2145/2017, del índice del Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, a criterio de este juzgador, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. El anterior dispositivo legal, estatuye que el juicio de amparo es improcedente cuando no se respete el principio de definitividad, respecto de actos derivados de autoridades jurisdiccionales. Esta causal, a diferencia de las diversas similares que restringen el acceso al amparo en acatamiento del principio de definitividad, es específica en cuanto a que los actos impugnados emanen de una autoridad que actúe en funciones jurisdiccionales, sean judiciales, administrativos o del trabajo, mientras que los otros supuestos, se refieren a que el acto controvertido lo produzcan autoridades administrativas. Dicho principio rector del amparo, en lo conducente, dispone que previo a la interposición de la demanda de amparo, el afectado por el acto de autoridad debe agotar los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto reclamado, siempre que tengan por objeto revocar, modificar o nulificar la resolución materia de la impugnación; esto, con la salvedad de que no se esté dentro de los casos de excepción, pues en dicha eventualidad, el quejoso estará en aptitud de elegir entre hacer valer su acción constitucional o el recurso o medio de impugnación que conforme a la ley que rija o supla al acto reclamado, sea procedente. Es de notarse que la causal en estudio, dispone el acatamiento al citado principio, sin distinguir la naturaleza del ente de autoridad responsable del acto de autoridad reprochado, por lo que esta prohibición opera, tratándose que tribunales judiciales (Poder del Judicial de la Federación actuando como autoridad de instancia, así como los del fuero local sea civiles, familiares, penales), administrativos (tribunales federales, de justicia administrativa y fiscal, agrario, entre otros) o laborales (ya sea federales o locales o burocráticos). De tal forma, quien promueva un amparo, previo a instar a la Justicia Federal sobre la cuestión de constitucionalidad, ha de agotar todas las instancias procesales tendientes a revocar, modificar, anular o invalidar el acto que se combate, y una vez que a virtud de éstas, no se hayan revertido los efectos del origen de inconformidad, procederá la demanda de amparo. Para los efectos de este principio, se entiende que un recurso o medio de defensa obliga a agotarse, únicamente cuando a través de dicho medio de impugnación el acto autoritario pueda ser revocado (cambiar en su totalidad el criterio de la resolución recurrida), modificado (hacer un cambio parcial de la resolución), anulado (dejar insubsistente el auto de autoridad); asimismo, se aclara que solo se entenderá por cumplido este requisito de procedencia, cuando el recurso o instancia legal que se haga valer y sea substanciado en todos sus términos, hasta su sentencia o resolución que lo dé por terminado. Orienta lo anterior la tesis número I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 902, tomo XV, Mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL". Para que se actualice esta causa de improcedencia es necesario que concurran las siguientes hipótesis: a) Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada, y; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Es aplicable a la anterior consideración, la jurisprudencia I. 4o. C. J/25, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1990, Octava Época, página 361, del rubro: "IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCION XIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN." Es así, que en contra de la notificación efectuada en atención al proveído de veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, en los términos que indica, procede un medio ordinario de defensa con el que puede ser modificada, revocada o nulificada. Lo anterior es así, pues en contra de la ilegalidad de la diligencia de referencia procede el incidente de nulidad de notificaciones desde la notificación practicada indebidamente, conforme a lo establecido en los artículos 1.187, 1.188, 1.189, 1.190 y 1.191 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, dispositivos que establecen lo siguiente: "Artículo 1.187.- Cuando una notificación se hiciere en forma distinta a la prevenida en este capítulo, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida." "Artículo 1.188.- El incidente de nulidad de notificación deberá promoverse dentro de los tres días de que el interesado se hizo sabedor del defecto u omisión, en caso contrario, será desechado de plano. Se hace sabedora cuando realiza promoción o acude a actuación del Tribunal." "Artículo 1.189.- El incidente de nulidad no suspende el procedimiento, pero sí suspende la citación para sentencia, hasta que aquél se resuelva en definitiva. Efectos de la nulidad." "Artículo 1.190.- Si la nulidad fuere declarada, el Tribunal determinará las actuaciones que son nulas, por estimarse que las ignoró el que promovió el incidente o por no poder subsistir, ni haber podido legalmente practicarse, sin la existencia previa y la validez de otras. Convalidación de notificación." "Artículo 1.191.- Si el interesado ejercita la facultad procesal o cumple la carga impuesta por la resolución no notificada o notificada defectuosamente, el incidente de nulidad será desechado de plano, surtiendo ésta sus efectos como si se hubiera hecho con arreglo a la ley." Del análisis de los preceptos transcritos, se arriba a la conclusión de que en la especie concurren los requisitos exigidos para que se actualice la causa de improcedencia en estudio, pues el acto reclamado es atribuido a una autoridad jurisdiccional, esto es, a la Actuaria adscrita al Juzgado Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, con lo cual se cumple con el primero de los requisitos relacionados. El segundo de los requisitos también se presenta en el caso a estudio, si se toma en consideración el contenido de los artículos 1.187, 1.188, 1.189 y 1.190 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, del cual se advierte la procedencia de un medio de impugnación que pueden hacer valer en el procedimiento, como lo es el incidente de nulidad de notificaciones. En este orden de ideas, si el código adjetivo invocado señala expresamente en alguna de sus disposiciones la procedencia del medio de defensa legal respecto de la ilegalidad de la notificación del acuerdo emitido el veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, dentro del expediente 2145/2017, del índice del Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, en los términos que indica; así como, todas sus consecuencias legales, por lo que de acuerdo con los numerales 1.187, 1.188, 1.189 y 1.190 del código mencionado en el párrafo anterior; por tanto, resulta inconcuso la procedencia de un medio de defensa por virtud del cual puede ser modificada, revocada o nulificada la notificación practicada indebidamente; esto es, el incidente de nulidad de notificaciones previsto en el artículo en mención. La tercera hipótesis en estudio, también se actualiza en la especie, pues el incidente de nulidad de notificaciones, resulta procedente contra el acto reclamado que surge del procedimiento en que se emitió éste, puesto que debe presentarse ante el juez del conocimiento. La última de las hipótesis relacionadas, también se actualiza, en virtud de que la ilegalidad de la diligencia, puede ser modificada o nulificada, a través del incidente de nulidad de notificaciones, pues dada su naturaleza tiene como finalidad, en el caso que nos ocupa, que el juez nulifique la notificación mal practicada, si así fuera procedente. Por tanto, como el acto reclamado de que se trata en este apartado, se traduce en la ilegalidad de la notificación del acuerdo emitido el veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, dentro del expediente 2145/2017, del índice del Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, en los términos que indica; así como, todas sus consecuencias legales, y ésta puede ser impugnada mediante el incidente referido, previsto en la ley mencionada, es obvio que hubo la inobservancia del principio de definitividad que rige al juicio de garantías; por lo cual, resulta inconcuso que en la especie, se actualiza la causal de improcedencia invocada. Apoya la anterior consideración, la jurisprudencia I.6º.CJ/37, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época, página 902, del rubro siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL." Lo anterior, sin que se soslaye el contenido del acuerdo en mención, en el cual se hacen efectivos diversos apercibimientos decretados en contra de la quejosa y se ordena ejecutar medidas de apremio, sin embargo, esa circunstancia no exime a la quejosa de cumplir con el principio de definitividad al que alude el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; por tanto, es necesario agotarlo previo a acudir al juicio de amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.),sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro cincuenta y cinco, junio de dos mil dieciocho, tomo I, página ocho, con ´registro número 2017117, del rubro: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN." Máxime que la parte quejosa ostento el cargo de albacea de la sucesión en mención, quien en fecha veintiuno de agosto de dos mil veintiuno fue removida de su encargo; por consiguiente, es obvio que la demandante del amparo tiene libertad de acudir al aludido juicio a hacer valer lo que a su derecho convenga. Asimismo sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 47/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Libro V, Febrero de 2012, Tomo 2, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, cuyo rubro reza: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA." Por tanto, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo, por lo que ve al acto reclamado analizado en el presente considerando. Bajo este contexto, se estima que en la especie no se actualizan causas de improcedencia diversas a la apuntada, ni tampoco se hizo valer alguna otra por las partes en el presente juicio, en consecuencia, se procede al análisis de fondo de la cuestión debatida. QUINTO. La quejosa alegó que fueron violados en su perjuicio los derechos humanos contenidos en los artículos 1º, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación a lo previstos en los arábigos 8 y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y el numeral 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, exponiendo medularmente en sus conceptos de violación lo siguiente: El proveído emitido el veintiuno de agosto de la anualidad en curso, resulta ilegal y violatorio de los derechos humanos antes citados, toda vez que la parte quejosa exhibió la rendición de cuentas solicitada el quince de agosto de dos mil veintitrés y aunque la autoridad determinó tener por no aceptada la rendición en cita, la promovente instó recurso de revocación en contra del auto que tuvo por no admitida la rendición de cuentas y hasta que no sea resuelto no puede considerarse como no presentada la rendición. El acuerdo dictado el veinticinco de agosto del año que transcurre, no puede tomar en consideración el diverso de veintiuno el mismo mes y año, en virtud de no haber sido notificado de manera personal, no obstante la quejosa ha dado cumplimiento al mandato ordenado y se encuentra pendiente el recurso de revocación instado en contra del proveído que determinó inadmitir la rendición de cuentas. Puesto que el acto reclamado consistente en el proveído emitido el veinticinco de agosto del año que transcurre, resulta ser una consecuencia directa el diverso de veintiuno de agosto de la anualidad en curso, aunado a la conexidad que guardan los planteamientos expuestos en sus conceptos de violación, a efecto de eficientar el estudio de los mismos, se procede a su análisis de manera conjunta. Los argumentos esgrimidos por la quejosa son infundados, aún y cuando los mismos sean suplidos en su deficiencia en virtud de lo prevista por la fracción IV del artículo 79 de la Ley de Amparo en vigor. Ello es así, porque el auto que en esta vía constitucional se combate, es en el que se hizo efectivo el apercibimiento que previamente se anunció al aquí quejoso, esto es, el acto reclamado no puede desvincularse de los autos de fecha veintisiete de junio y seis de septiembre de dos mil veintidós, en el primero de ellos se le requirió por el cumplimiento de la interlocutoria de catorce de diciembre de dos mil veintiuno y se apercibió para el caso de incumplimiento, y en el segundo se hizo efectivo el citado apercibimiento a la parte quejosa, éste último a su vez recurrido mediante incidente de revocación, mismo que una vez que fue tramitado bajo los lineamientos que establece el código adjetivo de la materia, fue resuelto por interlocutoria de cuatro de noviembre del mismo año, en el sentido de declararlo improcedente y confirmar el contenido del acuerdo combatido, resolución que tomó firmeza por diverso emitido el uno de diciembre de dos mil veintidós. Así es, como se estableció en párrafos que anteceden, en aquel auto se requirió a la parte demandada aquí quejosa, para que cumpliera la obligación de rendición de cuentas impuesta, y en esa medida hizo del conocimiento de la obligada a ello, esto es, a la parte quejosa, que en caso de no cumplir con lo anterior, le impondría una medida de apremio consistente en doce horas de arresto que deberá cumplir en los separos de la Policía Municipal de Cuautitlán, México Luego, se advierte que dos de diciembre de dos mil veintidós, notificó por medio de lista y boletín el proveído en que tomó firmeza la resolución interlocutoria en cita, por lo que en el auto que aquí se combate, únicamente se dio trámite al apercibimiento ya decretado, y el cual se encuentra firme. Bajo el contexto anterior, es inconcuso que la determinación de veintiuno de agosto de dos mil veintidós, en la que solamente se dio trámite al apercibimiento, no puede desvincularse del proveído en que fue enterada la quejosa de que, en caso de incumplir, se le impondría la medida de apremio anunciada, sino que guarda una estrecha relación, porque únicamente materializa la consecuencia del acuerdo previamente dictado. De ahí que, en el auto que se da tramite al apercibimiento, no es factible exigir que se colme en forma exhaustiva la obligación de fundamentación y motivación preceptuada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que en el acto reclamado basta la cita del auto en que se hizo el mencionado apercibimiento, toda vez que éste no es más que una consecuencia natural y directa de aquél y, como se analizó previamente, el auto de requerimiento y apercibimiento una vez que fue combatido mediante el recurso ordinario (recurso de revocación), así como el juicio de amparo indirecto (amparo indirecto 83/2023-II del índice de este Juzgado de Distrito), se encuentra firme. Con base en lo anterior, debe considerarse que el apercibimiento consiste en una prevención de naturaleza especial, que realiza la autoridad a la persona a quien va dirigido aquél, en el cual se le especifica que, de no hacer o no desplegar una conducta que debe cumplirse, concretándose en una advertencia conminatoria, que habrá de materializarse, en la medida en que se cumpla o no, lo requerido por la potestad. En las anotadas condiciones, es inconcuso que, al ser el acto aquí reclamado una consecuencia inmediata, natural y directa de los acuerdos previos, en que se advirtió a la ahora quejosa que, en caso de incumplir con la conducta requerida, se le impondría una medida de apremio y a los cuales les reviste el carácter de firmes, por lo que no puede exigirse a la autoridad responsable la fundamentación y motivación en el auto que dio trámite al apercibimiento, toda vez que la quejosa tuvo conocimiento del requerimiento en que se sustentó, de tal suerte que su efectivización no es sino una consecuencia de la omisión e incumplimiento a lo solicitado por la Juzgadora primigenia, no obstante el anuncio del apercibimiento. Cabe resaltar que resultan de igual manera inatendibles por parte de este juzgador las manifestaciones que expone la promovente tendientes a combatir la ilegalidad que dice comete la autoridad responsable al emitir las actuaciones combatidas, puesto que contra el auto que tuvo por no admitida la rendición de cuentas se interpuso recurso de revocación, mismo que dice se encuentra pendiente de resolverse, lo anterior es así, toda vez que como bien refiere la promovente, el recurso de revocación fue interpuesto contra el acuerdo de dieciséis de agosto del año que corre y no así en contra de los proveídos controvertidos en este sumario constitucional, aunado que a la fecha en que recae la presente resolución, ya fue resuelto, de manera desfavorable a su parte, el citado medio de impugnación con fecha treinta y uno de agosto del año que corre. Es aplicable la jurisprudencia XXI.1o. J/19, del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, publicada en la página mil ciento treinta y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIV, correspondiente al mes de septiembre de dos mil uno, del tenor literal siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE, COMBATIENDO EL FONDO DEL ASUNTO, NO ATACAN LAS CONSIDERACIONES QUE LA RESPONSABLE TOMÓ EN CUENTA PARA DECLARAR INOPERANTES LOS AGRAVIOS ESGRIMIDOS. Si la responsable emite declaratoria de inoperancia respecto de los agravios formulados, y el quejoso esgrime argumentos orientados a combatir el fondo del asunto, mas no a desvirtuar las consideraciones que aquélla tomó en cuenta para dictar el fallo reclamado, ello trae como consecuencia que los conceptos de violación se estimen inoperantes.". Sobre tales premisas, dado lo ineficaz de los conceptos de violación, lo que procede es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitado. Negativa que se hace extensiva a los actos reclamados a la diversa autoridad Coordinador de Representaciones y Mandamientos Judiciales en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, en virtud de los mismos no fueron impugnados por vicios propios, si no como una consecuencia directa de los acuerdos reclamados en esta instancia constitucional. Sirve de apoyo, por el criterio que la informa, la tesis de jurisprudencia número 88, que se lee en la página 70, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, cuyo texto es el siguiente: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS.- Si la sentencia de amparo considera violatoria de garantías la resolución que ejecutan, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de ejecución, si no se reclaman, especialmente, vicios de ésta." Por lo expuesto y fundado se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo, promovido por ********************, por derecho propio, en contra del acto reclamado y autoridad responsable precisados en el considerando cuarto de la presente resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, contra los actos y autoridades responsables, precisado en el considerando último de esta resolución y por los motivos ahí expuestos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Jedry Asael Gómez Sosa, Secretario adscrito a este Juzgado Federal, quien da fe hasta el día de hoy treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, en que se terminó de engrosar la presente sentencia. Doy fe.
- Principal
II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, del que se advierte que el ocho de septiembre del año en curso, se dio vista a las partes, con el informe justificado rendido en autos y constancias remitidas en su apoyo, por tanto, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las nueve horas con cuarenta y cuatro minutos del dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Jedry Asael Gómez Sosa, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Incidental
II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Téngase a la Jueza Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, México, informando que se da por notificada de la suspensión definitiva decretada en esta incidencia, así como comunicando las gestiones conducentes a efecto de cumplir con dicha determinación. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Jedry Asael Gómez Sosa, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
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