Susana Salinas Iñiguez
Expediente 1207/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 23 actuaciones registradas, la última del 18 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1207/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 18/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Susana Salinas Iñiguez
- Susana Salinas Iñiguez y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
VI. Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciocho de marzo de dos mil veintidós. Téngase al Juzgado Tercero Familiar de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, acusando recibo del oficio por el que se le devolvió un legajo certificado del expediente 39/2020 de su índice. De su contenido, se toma conocimiento y se deja sin efectos el apercibimiento decretado en este asunto. Por otra parte visto el estado procesal del juicio en que se actúa, se advierte que se encuentra concluido y obran agregadas las constancias de notificación; por tanto, háganse las anotaciones respectivas y archívese; el cual es depurable en términos del artículo 18, fracción l, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; lo anterior, en atención a que se sobreseyó y negó la protección constitucional en este juicio de amparo. Es depurable el original del incidente de suspensión, en términos del artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido en líneas que anteceden en virtud de que la medida cautelar solicitada por la parte quejosa fue concedida. En términos del artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo General, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, por lo que una vez transcurridos más de seis meses a partir de esta fecha, en su oportunidad y previo desglose, este Juzgado Federal procederá a la destrucción del mismo, conforme a los lineamientos que establece ese Acuerdo. Además de que este asunto no tiene relevancia documental para ser resguardado, ni se ubica dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 15 del aludido Acuerdo General. En cumplimento a lo establecido en el Acuerdo General, requiérase a las partes para que en el lapso de noventa días, acudan a este órgano jurisdiccional a efecto de recoger los documentos que en su caso hayan exhibido en el presente asunto, bajo apercibimiento que de no hacerlo en el término indicado, en su momento se procederá a su glose y tendrá el mismo destino del presente asunto, es decir su destrucción junto con el expediente. En el entendido de que dicha entrega se realizará únicamente los días viernes, dentro del horario establecido a este órgano jurisdiccional, y previa cita en términos del acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Asimismo tendrá que llevar a cabo las medidas sanitarias necesarias para la pandemia que prevalece, para lo cual se informa que el secretario encargado del presente expediente es Martin Peñaloza Contreras y su número de celular es 7221609445, para los efectos legales conducentes. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa y a la represente especial de la menor de identidad reservada, y por lista electrónica al tercero interesado. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
VI. Naucalpan de Juárez, Estado de México, catorce de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado de autos y toda vez que en proveído del ocho de los cursantes causó ejecutoria la sentencia dictada en este sumario constitucional; por tanto, y en atención a que no es necesaria la retención del legajo certificado del expediente 39/2020 remitido por el Juez Tercero Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, devuélvasele el mismo. Solicítese a la autoridad antes citada el acuse de recibido correspondiente, en el entendido que de no hacerlo dentro del término de tres días posteriores al en que reciba dicha constancia, se hará acreedora a una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con los artículos 236, fracción I, 237, fracción I, y 259 de la ley de la materia. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa, a la represente especial de la menor de identidad reservada, por lista electrónica al tercero interesado y por oficio a la autoridad que se cita en este acuerdo. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
VI. Naucalpan de Juárez, Estado de México, ocho de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la representante especial de la menor de identidad reservada de iniciales S. P. S., notificada en último término, interponga recurso de revisión contra la sentencia del catorce de febrero del año en curso, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que sobreseyó y negó el amparo y protección de la Justicia Federal en este juicio, ha causado ejecutoria, lo anterior hágase del conocimiento de las partes. Realícense las anotaciones respectivas; glósense a estos autos los relativos al incidente de suspensión. Por otra parte, glósese a estos autos el escrito del tercero interesado Ernesto Alejandro Pérez Gutiérrez; atento a su contenido, dígasele que deberá estarse a lo acordado en este proveído. Respecto a la devolución de los documentos que refiere, una vez que se ordene el archivo del expediente, se acordará lo correspondiente. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa, a la representante especial de la menor de identidad reservada, por lista electrónica al tercero interesado y por oficio a las autoridades responsables. Lo acordó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
VI. En Naucalpan de Juárez, Estado de México, siendo las doce horas con treinta y ocho minutos del catorce de febrero de dos mil veintidós, hora y fecha señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1207/2021-VI, promovido por **********, por derecho propio y en su carácter de representante de la menor de edad de iniciales **********.; Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien da fe, se procedió a celebrar la misma sin la asistencia personal de alguna de las partes. Abierta la audiencia, el Secretario hace relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en el presente expediente. Acto continuo se acuerda: téngase por hecha la anterior relación para todos los efectos legales a que haya lugar y de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, por rendidos los informes justificados que obran en autos. Periodo de pruebas. Abierto el periodo probatorio, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas las documentales ofrecidas por las partes. Sin que en el caso resulte procedente la escucha de la menor de edad de iniciales ********************., que refiere el tercero interesado Ernesto Alejandro Pérez Gutiérrez, dado que en el caso, los actos reclamados serán analizados conforme a los elementos que tuvieron a la vista las autoridades responsables para su emisión. Periodo de alegatos. Abierto el periodo de alegatos, se tienen como tal los hecho valer por las partes. Sin diligencias pendientes por practicar, se da por concluida la presente audiencia constitucional, de la que se levanta el acta para constancia legal. A continuación se procede a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 1207/2021-VI; y, R E S U L T A N D O I. El diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, se ingresó al buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, el escrito de demanda de amparo signado por ***********, por derecho propio y en su carácter de representante del menor de edad de iniciales ***********., contra actos del Juez Tercero Familiar de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan, Estado de México, y otras autoridades, mismo que fue turnado a este Juzgado de Distrito el diecinueve siguiente. II. Mediante acuerdo del veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda, la cual quedó registrada con el número 1207/2021-VI; se requirió el informe justificado a las responsables, dio la intervención correspondiente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional y se emplazó como tercero interesado a Ernesto Alejandro Pérez Gutiérrez. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 37 de la Ley de Amparo; 48 y 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, puesto que los actos reclamados fueron realizados por autoridades residentes dentro de la demarcación territorial donde este Órgano de Control Constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se advierte que la quejosa reclama lo siguiente: a). Del Juez Tercero Familiar de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan, Estado de México: - El acuerdo del nueve de noviembre de dos mil veintiuno, dictado dentro del procedimiento familiar número 39/2020, en el cual se negó suspender el convenio del régimen de visita, lo cual refiere atenta la integridad de la menor de iniciales ********************.. b) De la Notificadora y Juez, ambos del Juzgado Décimo Segundo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla: - Auto del veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, en el que se ordenó girar el oficio 3638, al Director de Seguridad Pública Municipal de Atizapán de Zaragoza, a efecto de que proporcione elementos de seguridad a efecto de poder ejecutar el convenio de convivencias de la menor de iniciales ********************. con su progenitor, y su ejecución. c) Del Comisario de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Atizapán de Zaragoza, Estado de México: - La ejecución de los actos reclamados. TERCERO. Son ciertos los actos reclamados, pues así se desprende del contenido de los informes justificados del Juez Tercero Familiar de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México; Primera y Segunda Notificadora y al Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Décimo Segundo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla; y Comisario de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Certeza que se corrobora con las constancias que en copia certificada remitieron las autoridades responsables para apoyar sus informes justificados; documentales a las que se concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 2o. de este ordenamiento legal. CUARTO. Previamente al estudio del fondo del asunto que nos ocupa, se deben analizar las causales de improcedencia, sea que lo hagan valer las partes o de oficio se adviertan, por ser cuestión de orden público y estudio preferente en el juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, en virtud de haberse consumado irreparablemente el auto del veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, en el que se ordenó girar el oficio 3638, al Director de Seguridad Pública Municipal de Atizapán de Zaragoza, a efecto de que proporcione elementos de seguridad a fin de poder ejecutar el convenio de convivencias de la menor de iniciales ********************. con su progenitor, y su ejecución. Dicho numeral es del siguiente tenor: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVI. Contra actos consumados de modo irreparable; [.]". Como se puede advertir de la fracción XVl del citado numeral trascrito, el juicio de amparo es improcedente contra actos consumados de un modo irreparable, entendidos estos como aquellos actos en que físicamente sea imposible que vuelvan las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En efecto, debe estimarse que el acto reclamado del que se trata quedó consumado de un modo irreparable, cuando el resultado práctico que se persigue con las sentencias de amparo es el de volver las cosas al estado que guardaban antes de la violación y esto resulta imposible de cumplir en el terreno de los hechos. Circunstancia que en el presente caso se actualiza, pues de las constancias remitidas por las autoridades responsables, se advierte que el seis de noviembre de dos mil veintiuno, se realizó la ejecución del convenio de convivencias de la menor de iniciales ********************. con su progenitor Ernesto Alejandro Pérez Gutiérrez, en cumplimiento al auto del veintiséis de octubre, en compañía del comandante y policía de genero asignados para esa cuestión, sin que se lograra su ejecución dado que nadie abrió en el domicilio en que se ordenó practicar la diligencia (fojas 188 y 189). De lo anterior, se desprende que el acuerdo del veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, en el que se ordenó girar el oficio 3638, al Director de Seguridad Pública Municipal de Atizapán de Zaragoza, a efecto de que proporcione elementos de seguridad a fin de poder ejecutar el convenio de convivencias de la menor de iniciales ********************. con su progenitor, y su ejecución, ya se ejecutó, pues las autoridades responsable se constituyeron en el domicilio de la ahora quejosa a fin de dar cumplimento a dicho mandato. Luego, el veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, se ordenó girar el oficio 3638, al Director de Seguridad Pública Municipal de Atizapán de Zaragoza, a efecto de que proporcione elementos de seguridad a fin de poder ejecutar el convenio de convivencias de la menor de iniciales ********************. con su progenitor, y su ejecución, se ha consumado de un modo irreparable, pues ni aún a través del juicio de amparo se alcanzaría a restituir a la parte quejosa en el goce de los derechos constitucionales que estimaron violados, esto es, volver las cosas al estado que tenían antes de la violación. En efecto, dicho acto se realizó en forma total con todos sus efectos y sus consecuencias jurídicas desde el momento en que las autoridades responsables se constituyeron en el domicilio de la parte quejosa, y no puede física, ni materialmente ser restituido al estado en que se encontraban antes de la violación reclamada, razón por la cual resulta improcedente el juicio de amparo. Lo anterior, pues de entrar al estudio del acto reclamado que lo es el acuerdo del veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, en el que se ordenó girar el oficio 3638, al Director de Seguridad Pública Municipal de Atizapán de Zaragoza, a efecto de que proporcione elementos de seguridad a fin de poder ejecutar el convenio de convivencias de la menor de iniciales ********************. con su progenitor, traería como consecuencia analizar situaciones jurídicas que ya se encuentran consumadas y la concesión del amparo que en su caso se otorgara no podría tener los efectos restitutorios ordenados en el artículo 77 de la Ley de Amparo, o incluso se podría llegar al extremo de afectar la situación jurídica en que se encuentra. De esta forma, en términos de lo establecido en el artículo 61, fracción XVI, se sobresee en el juicio. CUARTO. En el caso, el Juez Tercero Familiar de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan, Estado de México, al rendir su informe justificado refirió que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, bajo el argumento de que la parte quejosa debió agotar el recurso de revocación previsto en el numeral 1.362 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México. Sin embargo, dicha causa de improcedencia deviene infundada, dado que en el caso se encuentran involucrados los intereses de la menor de iniciales ********************., por lo que la parte quejosa no se encuentra obligada a agotar dicho medio de impugnación, previo a la presentación del juicio de amparo. QUINTO. Al no advertirse causa de improcedencia que se actualice, se procede al estudio del fondo del asunto. La parte quejosa aduce como conceptos de violación que: El acto reclamado no se encuentra debidamente fundado y motivado. La responsable privilegia con su actuar al tercero interesado Ernesto Alejandro Pérez Gutiérrez. Cuando exista algún indicio en que efectivamente se advierta violencia familiar, la autoridad responsable tiene la potestad de decretar alguna medida que conlleve a una buena convivencia entre la misma y su progenitor, como ordenar un proceso terapéutico de las partes, así como medidas de seguridad a efecto de conservar la dignidad y el bienestar físico y mental de la menor de iniciales ********************., y el tercero interesado Ernesto Alejandro Pérez Gutiérrez, no se evaluó o tomó terapias psicológicas, una vez que se le tuvo como generador de la violencia. Permitir que Ernesto Alejandro Pérez Gutiérrez conviva con la menor de iniciales ********************., se traspasan los limites interpuestos en el convenio, poniendo en riesgo la integridad de las partes. Los motivos de inconformidad resultan infundados, en razón de las consideraciones que enseguida se exponen. El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Mexicanos y 3o. de la Convención sobre los Derechos del Niño, prevén: Artículo 4o. Es deber de los padres preservar el derecho de los menores a la satisfacción de sus necesidades y a la salud física y mental. La ley determinará los apoyos a la protección de los menores, a cargo de las instituciones públicas.Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. Artículo 3o. 1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. 3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada. De dichos enunciados normativos deriva el principio de "interés superior de la niñez", que implica que las políticas, acciones y toma de decisiones del Estado relacionadas con menores, tengan que realizarse de modo tal que, en primer término, se busque el beneficio directo del niño o niña, protegiendo en forma extensiva y con mayor intensidad sus derechos. En la legislación local, este principio se recoge en el artículo 5.1 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, que indica: Artículo 5.1.- Las controversias sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar, se tramitarán de acuerdo con las reglas que se señalan en este Libro, y en lo no previsto, con las del Libro Segundo de este ordenamiento. Las controversias de derecho familiar se consideran de orden público por constituir la base de la integración de la sociedad, estando facultado el juzgador para actuar de oficio, especialmente tratándose de niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, en materia de alimentos, guarda y custodia, patria potestad y de las cuestiones relacionadas con violencia familiar, decretando las medidas cautelares tendientes a preservar la familia y a proteger a sus miembros. El juzgador deberá implementar las medidas de protección conducentes, a fin de garantizar el pleno goce, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Tratándose de asuntos de reconocimiento de paternidad, el juzgador no requerirá nombrar a un tutor a favor del menor, excepto cuando quien lo promueva en su nombre tenga un interés opuesto al del menor. El juez dictará las medidas tendientes a garantizar de manera provisional y definitiva el derecho de niñas, niños y adolescentes y de los padres a gozar de la convivencia familiar, velando en todo momento por el interés superior de aquellos. En suma, las normas nacionales e internacionales van encaminadas a establecer que en toda contienda judicial en que se vean involucrados derechos inherentes a los menores, debe resolverse atendiendo al principio básico de interés superior del niño. En ese sentido, el régimen de convivencia es un derecho fundamental de los menores y debe tener siempre como eje rector, el aludido principio del interés superior de éstos, el cual busca asegurar la continuidad de las relaciones personales entre los menores y el progenitor no custodio, sus abuelos y otros parientes o allegados, desde luego, sin soslayar que este derecho no es absoluto, pero tampoco está sujeto a la decisión arbitraria de cualquiera de los padres, sino que debe atenderse al caso concreto para determinarlo y puede estar limitado de forma temporal, espacial y modal, para asegurar su bienestar y su estabilidad emocional. Consecuentemente, los órganos jurisdiccionales no deben dejar abierta la convivencia entre el infante y sus padres cuando no existan las condiciones necesarias para ese efecto, sino establecer un régimen de convivencias supervisado por especialistas en la materia y de acuerdo a su prudente arbitrio, para no provocar un cambio abrupto o sorpresivo que los exponga a una situación de riesgo. Ello, porque la convivencia armónica del infante con su ascendiente, repercutirá en su desarrollo sano y equilibrado, quien necesita del cariño y apoyo de ambos progenitores. Como criterio orientador, se cita la tesis siguiente: RÉGIMEN DE CONVIVENCIA O DERECHO DE VISITAS. ELEMENTOS A LOS QUE HA DE ATENDER EL JUEZ DE LO FAMILIAR AL MOMENTO DE MOTIVAR SU DECISIÓN. Al momento de determinar el contenido del régimen de convivencia, el juez de lo familiar deberá tener en consideración diversos elementos tales como la edad, necesidades y costumbres de los menores de edad involucrados; el tipo de relación que mantienen con el padre no custodio; los orígenes del conflicto familiar; la disponibilidad y personalidad del padre no custodio; la distancia geográfica entre la residencia habitual de los menores de edad y la del padre no custodio; y, en general, cualquier otro factor que permita al juzgador discernir qué régimen de convivencia sería más benéfico para los menores de edad involucrados. Así las cosas, tomando como base los anteriores elementos, el juez de lo familiar deberá establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que considere más adecuadas para el ejercicio del derecho de visitas, velando siempre por el bienestar del menor de edad en cuestión. Dichas circunstancias conformarán propiamente el contenido del régimen de convivencia o derecho de visitas. En este sentido, el juzgador podrá establecer que la convivencia entre los menores de edad y el progenitor no custodio tenga lugar en fines de semana, días entre semana, días de fiesta, vacaciones o días de importancia para el progenitor no custodio; que se desarrollen en la residencia del padre no custodio, del padre custodio, en un lugar distinto a los anteriores, mediante conversaciones telefónicas o por correo electrónico; determinar la necesidad de que esté presente una tercera persona; y cualquier otra modalidad que el juzgador considere pertinente de acuerdo a las circunstancias del caso concreto y a las necesidades del menor. Por otra parte, si del análisis de dichas constancias el juzgador advierte la existencia de situaciones extraordinarias en las que la convivencia con alguno de los progenitores sea más perjudicial que beneficiosa para el menor, podrá privar al progenitor en cuestión del derecho de convivencia mediante una resolución en la que exponga los hechos que indubitablemente demuestren la nocividad de la relación paterno-filial. Así como la jurisprudencia de rubro y texto: VISITA Y CONVIVENCIA DE LOS MENORES CON SUS PROGENITORES. ES UN DERECHO FUNDAMENTAL QUE TIENDE A PROTEGER EL INTERÉS SUPERIOR DE AQUÉLLOS SIENDO, POR TANTO, DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Conforme a los artículos 635 y 636 del Código Civil para el Estado de Puebla, la convivencia de los menores con sus padres y con la familia de ambos, permite el sano desarrollo de aquéllos, pues conlleva al conocimiento y trato directo que tienen los infantes con sus ascendientes y demás parientes a fin de lograr su cabal integración al núcleo familiar y obtener identidad plena al grupo social al que pertenecen. En tal virtud, el desarrollo normal de un menor se produce en el entorno de éste y su armonía con la familia y grupo social al que pertenece, que le permite y otorga la posibilidad en atención a sus capacidades físicas y mentales, para su preparación a una vida independiente en sociedad, con la percepción de respeto en razón a los derechos que les asisten a los demás; lo cual se logra alcanzar cuando se garantizan sus derechos a la vida, integridad física y mental, salud, identidad, familia y fundamentalmente la convivencia con los padres, en tanto que ello no le resulte más perjudicial que benéfico. En esos términos, el artículo 637 de la aludida codificación categóricamente establece: "No podrán impedirse, sin justa causa, las relaciones personales ni la convivencia entre el menor y sus parientes, ni siquiera cuando la patria potestad o la guarda corresponda a uno de ellos, por lo que en caso de oposición a la solicitud de cualquiera de ellos o incumplimiento del convenio en que las partes hubieren fijado el tiempo, modo y lugar para que los ascendientes que no tengan la guarda del menor lo visiten y convivan con él, el Juez de lo familiar resolverá lo conducente, en atención al interés superior del menor. ...". Por ello el tribunal contará con los medios eficaces que considere necesarios para decretar la convivencia en el modo y forma que beneficie a los menores y en caso de incumplimiento parcial o total podrá decretar las medidas de apremio que concede la ley o dar vista al Ministerio Público si del comportamiento de quien deba permitir la convivencia se desprende algún delito; y que sólo por mandato judicial expreso y fundado en causa justa podrá impedirse, suspenderse o perderse el derecho de convivencia a que se refiere dicho dispositivo legal. Atento a lo cual, el derecho de visita y convivencia con sus progenitores, debe catalogarse como un derecho fundamental del menor porque es tendente a proteger su interés superior, siendo éste por tanto de orden público y de interés social, y sólo se impedirá esa convivencia con alguno de sus padres cuando se estime razonadamente que resultaría más perjudicial que benéfico al menor. Por lo que, ante tal situación, en aras de ese supremo derecho que tienen los niños a ser amados y respetados, sin condición alguna, por regla general sus progenitores deben ejercer tanto la guarda y custodia, como el derecho de visita y convivencia, en un ambiente de comprensión y respeto para con sus hijos, procurando en todo momento su pleno desarrollo físico y mental. Y, concatenadamente, la autoridad judicial se encuentra obligada a que los menores puedan gozar de ese máximo principio de convivir con ambos padres y las familias de éstos, para lo cual debe tomar las medidas necesarias a fin de proteger ese interés superior. Expuesto lo anterior, conviene hacer alusión a los antecedentes esenciales del acto reclamado: 1.- El veintidós de febrero de dos mil veintiuno, ********************, y Ernesto Alejandro Pérez Gutiérrez, ratificaron el convenio presentado el ocho de febrero de ese año, dentro del expediente 39/2020, en el cual establecieron los puntos respecto a la convivencia de la menor de iniciales ********************., con su progenitor Ernesto Alejandro Pérez Gutiérrez (foja 14 del tomo de pruebas). 2.- El veinticinco de febrero de dos mil veintiuno fue elevado a la categoría de cosa juzgada por la autoridad responsable, ordenando el archivo del asunto como total y legalmente concluido. 3.- En auto del dos de junio de dos mil veintiuno, atendiendo las manifestaciones de Ernesto Alejandro Pérez Gutiérrez, se requirió a la quejosa para que informara el cumplimiento al régimen de convivencia decretado en el convenio ratificado el veintidós de febrero de ese año, con el apercibimiento que de no hacerlo, se aplicarían las medidas de apremio establecidas en la ley aplicable. 4.- En auto del veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, atendiendo las manifestaciones de Ernesto Alejandro Pérez Gutiérrez, se requirió a la quejosa para que en el término de tres días informara el cumplimiento al régimen de convivencia decretado en el convenio ratificado el veintidós de febrero de ese año, con el apercibimiento que de no hacerlo, se aplicarían las medidas de apremio establecidas en las leyes aplicables. 5.- Mediante escrito presentado el ocho de noviembre de dos mil veintiuno, ********************, solicitó se girara oficio al Juez Décimo Segundo de lo Familiar de Atizapán, Estado de México, a efecto de que suspendiera la ejecución del convenio respecto a las convivencias de Ernesto Alejandro Pérez Gutiérrez, con la menor de iniciales ********************., hasta en tanto esta última fuera escuchada por autoridad judicial (fojas 43 a 46 del tomo de pruebas). 6.- Por auto del nueve de noviembre de dos mil veintiuno, se negó acordar de conformidad lo solicitado respecto a la escucha de la menor, dado que el régimen de visitas y convivencias había quedado aprobado en los autos del expediente, con motivo del convenio celebrado por las partes, el cual fue elevado a categoría de cosa juzgada, el cual solo puede ser modificado en un nuevo juicio, por lo que su ejecución es de orden público y su cumplimiento es obligatorio, por lo que no se puede suspender su ejecución, quedando a salvo los derechos de las partes para que los haga valer en la forma que estime pertinentes. Determinación que constituye el acto reclamado en esta vía. Como se aprecia en los antecedentes del acto reclamado, las partes en el juicio de origen celebraron convenio en el que, entre otras cuestiones señalaron, de común acuerdo, un régimen de convivencias entre el tercero interesado, Ernesto Alejandro Pérez Gutiérrez, y su menor hija de iniciales ********************. Convenio que fue aprobado por el órgano jurisdiccional responsable y elevado a la categoría de sentencia ejecutoriada, actualizando la figura conocida como "cosa juzgada", que se refiere a la definitividad que adquieren las sentencias que emanan de un órgano jurisdiccional, cuando revisten la calidad de inatacables, esto es, cuando ya no pueden examinarse nuevamente las cuestiones que fueron objeto de análisis en aquélla y son obligatorias para quienes intervinieron en el litigio. Así, desde la fecha de la celebración del convenio de referencia, las partes en el juico de origen no hicieron manifestación alguna en torno al cumplimiento o en su caso, incumplimiento de las cláusulas establecidas. Sin embargo, *********, en diversas ocasiones solicitó se requiriera a **********, a efecto de que informara respecto del cumplimiento al convenio celebrado entre esas partes. No obstante lo anterior, hasta el ocho de noviembre de dos mil veintiuno, Susana Salinas Iñiguez, presentó una promoción mediante la cual solicitó la suspensión de las convivencias de la menor de iniciales ********************., con su progenitor Ernesto Alejandro Pérez Gutiérrez, hasta en tanto no fuera escuchada dicha menor. No obstante lo anterior, ni de autos del juicio de origen, ni del propio juicio de amparo, se advierte medio de convicción alguno que permita establecer que el cumplimiento al régimen de convivencia entre del auto del veintiséis de octubre de dos mil veintiuno y su menor hija ********************. represente un peligro en el desarrollo de ésta o que pudiera ocasionar daños en su integridad física o psicológica. Más bien, los antecedentes narrados ponen de manifiesto la existencia de un conflicto entre los progenitores de la menor quejosa, pues mientras Ernesto Alejandro Pérez Gutiérrez alega que no se le permite ver a su hija y que no es su intención desligarse de sus responsabilidades; la quejosa, Susana Salinas Iñiguez, insiste en el abandono de las obligaciones adquiridas en el convenio. Sin embargo, tales circunstancias de hecho no implican la ilegalidad de la actuación reclamada, en primer término, porque el juez responsable si fundó y motivó el acto reclamado, y señaló que para llevar a cabo la modificación del régimen de convivencias acordado, ante un posible cambio en las circunstancias que lo motivaron, la quejosa tenía a salvo su derecho para hacerlo valer en otro juicio. Ciertamente, el artículo 1.213 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México prevé una excepción al principio de cosa juzgada, tratándose de asuntos como el que se examina, en que las partes tienen la posibilidad de modificar los efectos de una sentencia ejecutoriada mediante un nuevo juicio. De manera que, de estar inconforme con esa determinación, así como respecto de los términos en que fue aprobado el convenio entre las partes, la quejosa está en aptitud de controvertirlo mediante el medio legal correspondiente, o en su defecto, hacer valer el cambio de circunstancias alegado a través de una nueva contienda, en la que podrá acreditar las situaciones que, a su parecer, justifican la necesidad de adoptar medidas diversas para llevar a cabo el régimen de convivencias entre el tercero interesado y la menor ********************. Empero, en tanto eso sucede, es indudable que las partes se encuentran vinculadas al cumplimiento del convenio referido. Adicionalmente, en el caso concreto no existen elementos que pudieran revelar que el cumplimiento al régimen de convivencia decretado en el convenio ponga en riesgo la vida, la integridad personal, psicológica, o bien la formación de la menor ********************., en cuyo caso, el juez responsable estuviera en aptitud de adoptar otras medidas. Esto porque al menos hasta el dictado de este fallo, no se justifican causas de extrema gravedad que permitan considerar que existe una afectación al interés superior de la menor. De ahí que, no existen elementos que permitan establecer un riesgo inminente en la integridad de la menor quejosa con motivo de las convivencias decretadas de común acuerdo en el convenio elevado a la categoría de cosa juzgada, y por ende, en la especie, este principio debe prevalecer. Además que, como ya se expuso, la quejosa tiene a salvo su derecho para acudir en un nuevo juicio, a probar el cambio en las circunstancias que aduce, y con ello, obtener la modificación del régimen de convivencias decretado en favor de **********. Como consecuencia de lo expuesto, tampoco son aplicables los criterios que invoca la parte quejosa, relativos al interés superior de los menores pues, como ya se indicó, en virtud de que el convenio celebrado entre las partes adquirió la calidad de cosa juzgada, es indudable que debe cumplirse en sus términos, además de que, se reitera, las constancias de autos no revelan elementos que permitan evidenciar un eventual perjuicio en la menor de edad con motivo del régimen de convivencias entre ella y el tercero interesado. Lo anterior, sin soslayar las manifestaciones de la promovente en el sentido que ha sido víctima de violencia por parte de su contrario; sin embargo, no exhibe prueba alguna con la que acredite dicha circunstancia. De modo que, con ello tampoco se justifica que la convivencia entre la menor **********. y su progenitor ***********, pueda irrogarle un riesgo insuperable en su desarrollo. Aunado a que la quejosa tiene la vía expedita para hacer valer sus manifestaciones a través del medio legal que estime pertinente. En consecuencia, ante lo infundado de los conceptos de violación esgrimidos, procede negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados por Susana Salinas Iñiguez, por derecho propio y en su carácter de representante de la menor de edad de iniciales ********************. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 73, 74, 75, 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio, por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ************, por derecho propio y en su carácter de representante del menor de edad de iniciales ******., por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa, por oficio a las autoridades responsables y por medio de lista a las demás partes. Lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martín Peñaloza Contreras, Secretario quien da fe. Doy fe.
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