Susana Conti Magaña
Expediente 992/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 7 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 992/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 23/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Susana Conti Magaña
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó este juicio ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3, fracción XX, del Acuerdo General de mérito y que el presente sumario constitucional en sentencia se sobreseyó, quien provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el precepto 20, fracción I, del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Una vez transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. En términos de los artículos 34 y 44 del multicitado acuerdo, realícense las anotaciones correspondientes. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta se advierte que en el expediente principal del que emana el presente incidente, en esta fecha se ordenó el archivo definitivo; asimismo, que por interlocutoria pronunciada el seis de octubre de este año, se negó la suspensión definitiva solicitada. En consecuencia, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, y que en este asunto se negó la suspensión definitiva, de conformidad con los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido acuerdo, se estima que este incidente de suspensión es susceptible de destrucción, ya que encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción III del citado Acuerdo General. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en virtud que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción del cuaderno original. En términos de los artículos 34 y 44 multicitado acuerdo, realícense las anotaciones correspondientes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la cual resuelve el juicio de amparo indirecto 992/2023 promovido por ****, en contra de los actos reclamados y la autoridad responsable que más adelante se precisarán. ANTECEDENTES. De los antecedentes proporcionados por la quejosa, se desprende que el once de septiembre de dos mil veintitrés, presentó demanda de daños y perjuicios en contra de ***, mismo que por razón de turno correspondió conocer a la autoridad señalada como responsable Juez Segundo Civil de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca y Especializado en Oralidad Mercantil del Circuito Judicial de la Cuenca, bajo el número ***/***. Por lo que desde esa fecha, se ha detenido de forma total el trámite del juicio sumario civil, porque no se ha iniciado el citado expediente, ni se ha emplazado al demandado. Por ello, estima que ese ente público viola en su perjuicio los derechos fundamentales reconocidos por los artículos 1, 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. La demanda de amparo fue recibida, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, el veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. La justiciable señaló como autoridad responsable al Juez Segundo Civil de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca y Especializado en Oralidad Mercantil del Circuito Judicial de la Cuenca, Oaxaca. Como acto reclamado: La paralización del expediente civil ***/*** al no acordar la demanda inicial. La demanda fue remitida el veintiocho de septiembre pasado, quedando registrada en este órgano jurisdiccional con el consecutivo 992/2023 y fue admitida el veintinueve siguiente, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se otorgó intervención al Ministerio Público de la Federación adscrito; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. COMPETENCIA. Este Juzgado de Distrito es competente legalmente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo establecido por los numerales 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se reclama un acto que se atribuye a una autoridad que tiene su residencia en el territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los Juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Juez de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que el quejoso quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En el caso concreto, el contenido integral de la demanda de amparo, así como los datos y la información que se desprenden del expediente en el que se instrumenta este sumario da pauta a establecer que la inconforme reclama el acto siguiente: Autoridad responsable: Juez Segundo Civil de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca y Especializado en Oralidad Mercantil del Circuito Judicial de la Cuenca, Oaxaca. Acto reclamado: La omisión de acordar el escrito inicial de demanda, en el expediente civil ***/**** de su índice. V. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Al rendir su informe justificado, la autoridad responsable juez Segundo Civil de Tuxtepec y Segundo Especializado en Oralidad Mercantil del Circuito Judicial de la Cuenca, Oaxaca negó la existencia del acto reclamado. Lo anterior, pues refirió que el escrito recibido en la oficialía de partes de ese Juzgado el once de septiembre del año en curso, fue acordado el dieciocho de septiembre siguiente, formándose el expediente ***/****, el cual se encuentra en posesión del actuario para notificación y emplazamiento. De ahí que resulte inexistente el acto reclamado a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, es decir, la omisión reclamada al juzgador de origen, a la fecha en que instó la acción constitucional, ya se había dictado el acuerdo correspondiente. Lo anterior, se corrobora con las copias certificadas que adjuntó a su informe de Ley, a las cuales se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable la Jurisprudencia doscientos veintiséis, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su interior integración, publicada en la página ciento cincuenta y tres, del tomo VI, atinente a la materia Común, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, que establece: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Ahora bien, el suscrito considera que en el presente caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, en lo conducente, dispone: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.] Tal precepto, establece que en el supuesto de que no llegaran a existir los actos reclamados, sin que se probare su certeza en la audiencia constitucional respectiva, procede el sobreseimiento en el juicio de amparo. Cabe señalar, que la parte quejosa del juicio de amparo tiene la carga de la prueba, es decir, el promovente del amparo está obligado a demostrar, directamente o mediante los informes de las autoridades responsables, la existencia de los actos que impugna y a justificar con pruebas, que éstos sean inconstitucionales. Resulta ilustrativa la Jurisprudencia VI.2o.J/308, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 77, Tomo 80, Agosto de 1994, correspondiente a la Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 210769, de rubro y texto siguientes: ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados. No es obstáculo a lo anterior, que del informe justificado rendido por la autoridad responsable se observe que el acuerdo recaído al escrito de demanda, cuya omisión se reclama, no haya sido notificado al impetrante, porque, la falta de notificación no puede combatirse de forma autónoma, por no causar a la parte quejosa un daño irreparable, debido a que al ser parte del procedimiento del que emana la omisión reprochada, tiene a su alcance los medios ordinarios de defensa para hacer valer sus derechos. Apoya lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 1a./J. 7/2015 (10a.) y 1a./J. 8/2015 (10a.) publicadas en el Semanario Judicial de la Federación el diecisiete de abril de dos mil quince y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 17, Tomo I, abril de 2015, páginas 480 y 478, que establece: "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. El artículo 8o. constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; por su parte los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. No obstante ello, la autoridad está obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo 1o. constitucional, los derechos como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía. Así, al concebirse de forma armónica, se podrá resolver de mejor manera la omisión que reclama el particular dentro del procedimiento." No obstante lo anterior, se notificó por lista a la parte quejosa el auto de trece de octubre del año en curso, por el que se tuvo a la responsable rindiendo su informe justificado y remitiendo copia certificada del auto de dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés dictado en el expediente 132/2023 en el que acordó el escrito de demanda de la quejosa. DECISIÓN En consecuencia, como la parte quejosa no demostró la existencia del acto anteriormente precisado, se sobresee en el juicio por lo que hace a dicha autoridad y actos reclamados, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de Jurisprudencia número 310, consultable en la página 209, Tomo VI, Parte SCJN, Apéndice de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 394266, de rubro y texto siguiente: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. También cobra vigencia en su aplicación al caso, la tesis aislada VI.2o.A.4K que sustenta el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 903, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, febrero de 2002, Materia Común, Novena Época del siguiente tenor: PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Precisión respecto de las jurisprudencias y tesis aplicadas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis aisladas citadas en esta sentencia, anteriores a la Undécima Época del Semanario Judicial de la Federación, continúan siendo obligatorias y aplicables, en términos de los artículos Décimo y Decimoprimero transitorios, respectivamente del Decreto publicado el siete de junio de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación, por el cual, se reformó la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************en contra del acto reclamado a la autoridad responsable, por las consideraciones expuestas en el apartado V de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de octubre de dos mil veintitrés. Con fundamento en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado que rinde la juez Segundo Civil de Tuxtepec y Segundo Especializado en Oralidad Mercantil del Circuito Judicial de la Cuenca, Oaxaca y téngase como prueba de su parte la documental que exhibe, consistente en copia certificada de diversas actuaciones que integran el expediente ******************** de su índice, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional; con lo anterior, dese vista a las partes. NOTIFÍQUESE.
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