Susana del Carmen Hernández Arreortua

Expediente 724/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
724/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
13/08/2018

Partes del expediente

  • Susana del Carmen Hernández Arreortua

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de agosto de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede y toda vez que en proveído de veintiséis de julio de dos mil dieciocho, en el que se desechó la demanda de garantías, no fue recurrido conforme al artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo; se declara que ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido. En cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este juzgador determina que el presente expediente por sus particularidades, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del citado acuerdo, y es por tanto, susceptible de destrucción. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que dentro del término de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Se hace constar que en el presente expediente no fueron exhibidos diversos documentos originales por las partes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    PREVIO AVISO.- San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de julio de dos mil dieciocho. Agréguese el oficio de cuenta que suscribe la secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, con residencia en esta población, al que acompaña el juicio de amparo 622/2018, promovido por Susana del Carmen Hernández Arreortua, contra los actos reclamados a la juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro y otras autoridades, dentro del expediente 900/2016. Por compartirse el criterio del juzgado de Distrito oficiante, con apoyo en el artículo 46, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintidós de junio de dos mil quince, se acepta dicho asunto, por haber conocido previamente este juzgado del expediente de amparo 426/2017, en el que se impugnan actos derivados del juicio familiar aludido; acúsese recibo y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 724/2018. Examinada en su integridad la demanda de garantías, se advierte que es notoria la improcedencia de la acción constitucional, y por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, debe desecharse la misma. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el arábigo 61, fracción XXIII, en relación con el 5º, fracción I, de la ley en cita, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". (.) "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (.)". En la especie, la parte solicitante de la tutela constitucional reclama, en esencia: La falta de actuación eficaz y coercitiva por parte del juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, con residencia en la ciudad de Oaxaca, dentro del expediente familiar 900/2016, para lograr el cumplimiento del acuerdo de fecha catorce de diciembre de dos mil dieciséis, en el que ordenó el pago de una pensión provisional a favor de la quejosa, y giró oficio al Instituto Mexicano del Seguro Social, para efectuar el descuento al salario del demandado; y La falta de ejecución de los diversos oficios girados para ese efecto al Instituto Mexicano del Seguro Social (oficios 0143/2017, 1667/2017, 979/2018 y 1454/2018). De lo anterior se estima que los actos reclamados no son susceptibles de ser combatidos a través del juicio de amparo biinstancial, puesto que la omisión de que se trata requiere forzosamente de la intervención del juzgador familiar de instancia, quien a través de su imperio legal debe emplear cualquiera de los medios de apremio previstos en el numeral 79 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, para obligar a las autoridades a quienes giró diversos oficios para efectuar el descuento al salario del demandado, cumplan oportunamente con sus determinaciones. El arábigo citado señala lo siguiente: "Artículo 79.- Los Jueces, para hacer cumplir sus determinaciones, pueden emplear cualquiera de los siguientes medios de apremio que juzguen eficaz: I. La multa hasta el importe de veinticinco salarios mínimos, que se duplicará en caso de reincidencia; II. El auxilio de la fuerza pública; III. El cateo por orden escrita, y IV. El arresto hasta por treinta y seis horas. Si el caso exige mayor sanción, se dará vista el Ministerio Público". Lo anterior encuentra sustento además en la jurisprudencia I.6º.C. J/18 visible en la página 687 del Tomo X, Agosto de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de epígrafe y texto: "MEDIOS DE APREMIO. SU FINALIDAD CONSISTE EN HACER CUMPLIR LAS DETERMINACIONES DE LA AUTORIDAD JUDICIAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, debe destacarse que los medios de apremio que regula dicho numeral, tienen como finalidad conseguir el cumplimiento de las determinaciones que dicten los Jueces, obligando a las personas a través de tales medios a que los acaten; pero para ello se requiere en primer lugar que se dé la existencia previa del apercibimiento respectivo; en segundo término que conste en forma indubitable que a quien se pretenda imponer la medida correspondiente, conozca a qué se expone en caso de desacato o resistencia a lo que ordena la autoridad judicial; y, en tercer lugar, que la persona a quien se imponga la sanción, sea la que efectivamente se haya opuesto a la diligencia u orden de que se trate y no persona distinta." Así como la diversa tesis sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 492, del Tomo XXXII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que señala: "MEDIOS DE APREMIO. La facultad que tienen los Jueces para usar de medidas de apremio a fin de hacer cumplir sus determinaciones, no significa que sea potestativo para ellos el mandar o no, que se cumplan sus determinaciones; lo que es potestativo es la elección de la medida de apremio más adecuada para el caso, y la negativa a dictar esas medidas, cuando se desobedezcan sus mandamientos y las soliciten los interesados en su cumplimiento, constituye una violación de garantías." De igual forma, robustece lo precedente la tesis que se invoca por las razones que la informan, publicada en la página 361 del Tomo X, Julio de 1992, del Semanario Judicial de la Federación cuyo rubro y texto son los siguientes: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO, NECESARIO ES EL IMPULSO PROCESAL DE LA PARTE INTERESADA.- En la etapa de ejecución de sentencia, en un juicio mercantil, se ordenó la entrega de un permiso de explotación forestal al interventor judicial; y en la demanda de amparo, se señala como acto reclamado el incumplimiento de las autoridades responsables a la orden del juez; debe decirse que el quejoso, antes de optar por el juicio de garantías, debe impulsar procesalmente al juzgador para el cumplimiento de su determinación y el logro de su derecho; pues de lo contrario, el juez de amparo se convertiría en simple ejecutor del juez de instancia, mismo que para el cumplimiento de sus órdenes, en forma ordinaria tiene la fuerza del imperio legal, teniendo cabida el juez federal de amparo en esos casos, en forma excepcional, una vez que agote los recursos los recursos legales." En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia analizada, con apoyo en el arábigo 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de garantías. En otro aspecto, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, por autorizados a María del Carmen López Jiménez y Carlos Ruiz Ramírez, con las facultades del artículo 12 de la ley de la materia, y sin las mismas a las restantes personas que designa. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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